Claudio Espinoza Araya[1] y Magaly Mella Abalos[2]

Recibido: 15-08-2013; Aceptado: 23-09-2013

 

Presentación

El presente artículo tiene como eje central la revisión del Decreto de Ley 2.568, dictado en plena dictadura militar, 1978/1979. Dicho decreto buscó liquidar la propiedad colectiva de las tierras indígenas, convirtiéndolas en propiedad individual y sometiéndolas a las reglas del mercado. Se trata de una ley que si bien contó con el apoyo de unas cuantas organizaciones mapuches, encontró el rechazo de la mayoría de ellas. En este sentido se percibe cómo en un clima de enorme represión, la sociedad mapuche fue capaz de reorganizarse y levantar una bandera de lucha, oponiéndose a la división de sus tierras y, más aún, construyendo una demanda autonómica que es posible encontrar hasta el día de hoy.

Este hecho particular, creemos, se inserta en una historia de más larga duración con dos componentes muy claros. El primero de ellos es la idea de que el Estado se ha relacionado con los mapuches fundamentalmente a través de leyes y, lo segundo, es que los mapuches constituyen un pueblo que ha mostrado a lo largo de toda su historia una enorme capacidad de adaptación y resistencia. Creemos que durante la dictadura estos dos elementos están muy presentes.

Se observa además que los mapuches durante toda su historia moderna intentaron aproximarse a la sociedad y Estado chilenos. Que queda la sensación que tanto el Estado como la sociedad no los quisieron escuchar. Parece ser que cuando más oídos encontraron fue en el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo ese periodo fecundo fue demasiado corto. La dictadura acabó con tales procesos y continuó, de una manera brutal, con un objetivo implícito que siempre parece haber estado presente en el accionar del Estado chileno: la completa integración de los mapuches a la sociedad nacional. Este intento, entonces, se hizo a partir del sometimiento de la propiedad comunitaria mapuche al mercado liberal de tierras.

Sin embargo, los mapuches, que no han sido nunca objeto, sino sujetos también de los procesos que los han involucrado, mostraron una vez más una capacidad impresionante de adaptación y resistencia, oponiéndose, a través de diversos medios, a la dictadura militar.  Se generó de este modo un movimiento de resistencia que perdura hasta el día de hoy, cuando todavía es posible ver las herencias de la dictadura, por ejemplo en el multiculturalismo de corte neoliberal.

 

Mapuches, Estado y sociedad chilena

Las dinámicas de la sociedad mapuche son incomprensibles si no se presta atención a las relaciones establecidas, primero, con el Estado colonial y luego con la sociedad y el Estado chilenos. Su configuración contemporánea, como la de gran parte de los pueblos del mundo, se construyó dentro de los alcances del despliegue estatal, característica clave de la modernidad.

En este sentido, se observa que los mapuches han buscado históricamente establecer relaciones con el Estado y la sociedad dominante, bien que se analice tales procesos en términos de cierto co-protagonismo de los mapuches o bien como sujetos subalternos insertos en estructuras de poder. Al revés, el Estado chileno desplegó una labor homogeneizadora en todo el territorio, especialmente allí donde hubo población culturalmente diversa, utilizando para ello una serie de mecanismos de dominación, principalmente de carácter jurídico.

La relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se origina en el momento mismo en que se concreta la independencia y se constituye el Estado nacional, es decir en las primeras décadas del siglo XIX. No obstante, esa primera aproximación tuvo un carácter más bien discursivo, donde el elemento central se relacionó con la inclusión en el ámbito simbólico de los mapuches al imaginario nacional (Pinto, 2000; Gallardo, 2001). Con el tiempo esta relación se fue materializando y adquiriendo un carácter conflictivo que perdura hasta el día de hoy.

Al momento de la independencia chilena, los nuevos gobernantes miraron hacia el territorio mapuche, que se había mantenido como territorio autónomo e independiente durante toda la colonia, tratando de asociar la lucha independentista con la férrea oposición de los mapuches al control hispano. Se produjo en esos años una alta valoración del pueblo mapuche, relevando su carácter indómito, que no se entrega a poder extranjero, e incluyéndolo en el discurso patriótico como los altivos luchadores por la libertad. Sin embargo, cuando las tropas chilenas arrinconaron a las últimas fuerzas realistas en la frontera del territorio mapuche, los mapuches actuaron en coherencia con los tratados alcanzados durante la colonia y pelearon, mayoritariamente, a favor de los españoles. Este hecho, enmarcado en lo que se conoció como la ‘Guerra a Muerte’, hizo decaer en el imaginario nacional la figura del mapuche, dando paso en la segunda mitad del siglo XIX, a todos los estereotipos derivados del paradigma evolucionista.

Los mapuches, al oponerse a los intereses del centro del país, pasaron de ser el sustento heroico de la independencia a convertirse en las fuerzas bárbaras que impedían la construcción de la nación. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, justo cuando ocurre la crisis económica provocada por la caída de los mercados californiano y australiano y que el territorio mapuche comenzó a ser visto como un manantial desaprovechado de recursos y materias primas (Pinto, 1992), esta visión evolucionista, difundida principalmente a través de El Mercurio de Valparaíso (Pinto, 2000), se convirtió en la justificación precisa para tomar medidas que acabaran con la ‘barbarie’ y permitieran la explotación moderna de dichos recursos y la construcción de un país ‘civilizado’.

De este modo, será durante la segunda mitad del siglo XX cuando, de manera dramática, la relación entre Estado chileno y pueblo mapuche se materialice a través del proceso conocido como La Pacificación de la Araucanía, proceso que consistió en la invasión y reducción del territorio mapuche a manos del ejército de Chile. La primera alerta ocurrió antes, en 1852, cuando el Estado, al intentar regularizar la situación jurídica de las tierras al sur del río Bío Bío -frontera norte del territorio mapuche-, dictó una ley donde se creaba la Provincia de Arauco y, junto a ello, autorizaba al Presidente de la República para reglamentar el gobierno de las fronteras y la protección de los indígenas con el objetivo de proveer a su más pronta civilización (Hervé y Urrejola, 1994).

Entre 1866 y 1883 se dictaron una serie de leyes a través de la cuales se declaró como propiedad del fisco todo el territorio mapuche y se creó la Comisión Radicadora de Indígenas, la que tuvo por fin establecer a los mapuches en reservaciones a través de los denominados Títulos de Merced para, en paralelo, desarrollar un programa de colonización, chilena y extranjera, en las tierras que quedaron en manos fiscales.

Este proceso, ocurrido entre 1884 y 1929, fue acompañado por innumerables atropellos e injusticias hacia los habitantes del país mapuche. Entre otras consecuencias, los mapuches  perdieron cerca del 95% del territorio que poseían en el lado occidental de la cordillera de los Andes[3], pasando del control de aproximadamente 10.000.000 de hectáreas, a poseer legalmente alrededor de 500.000[4]. Posteriormente, dichas tierras volvieron a ser objeto de usurpación por parte de particulares. Tal cual quedó establecido en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (Bengoa, 2004), ese proceso de invasión y usurpación del territorio mapuche es el que ha motivado hasta la actualidad los conflictos entre mapuches y Estado chileno.

Como es fácil imaginar, este proceso tuvo consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad mapuche, no sólo en lo económico y territorial. Sin embargo no es este el espacio para tratar tales aspectos. Hay numerosos estudios que abordan este tipo de cuestiones y el mismo Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato es contundente al respecto. En estas líneas sólo se hace referencia a estos hechos históricos con fines analíticos que buscan contextualizar las raíces del movimiento mapuche y algunas de sus expresiones durante la dictadura del general Pinochet.

Frente a los hechos, el pueblo mapuche respondió con la emergencia de una serie de organizaciones políticas. Fue la necesidad de defensa por parte de las comunidades mapuches frente a la reducción territorial  y a los atropellos que dicho proceso implicó, lo que explica el surgimiento de dichas organizaciones (Foerster y Montecinos, 1988: 14), las que, prontamente, entraron a contender –casi siempre en alianza con los partidos políticos- en el escenario político nacional.

De este modo surgieron organizaciones tales como la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, la Sociedad Mapuche de Protección Mutua (posteriormente Federación Araucana), y la Unión Araucana. Dichas agrupaciones, si bien diferían en muchos de sus planteamientos, mostraban un elemento común que tiene que ver con cierta adaptación de la sociedad mapuche a la lógica del Estado chileno para alcanzar sus objetivos. Es lo que Bengoa (1999) ha denominado como la lucha por la integración respetuosa de los mapuches a la sociedad chilena, queriendo señalar con ello el intento de las organizaciones mapuches por participar de la vida política nacional, adoptando, coincidentemente, el mismo modo organizacional de las organizaciones chilenas de aquella época[5].

Sin embargo esta situación comenzó a cambiar  a fines de la década de 1960 y principio de 1970. A juicio de Bengoa (1999) este nuevo ciclo se inicia con el agotamiento del indigenismo Coñoepanista[6], pues si bien hubo logros durante el periodo que va desde 1930 hasta fines de la década de 1960, tales logros tuvieron un alcance muy  limitado. Sus escasos resultados fueron el motor que provocó un primer giro de las movilizaciones mapuches.

Es así como muchos mapuches intentaron en esa época conseguir que se respeten sus derechos y obtener respuesta a sus demandas y reivindicaciones por la vía de los hechos. Esto se tradujo en acciones concretas: las ‘tomas’ o ‘recuperaciones’ de fundos que estaban en manos de particulares, pero que formaban parte de la propiedad mapuche estipulada en los Títulos de Merced (Bengoa, 2004: 413).

En cualquier caso las tomas de tierra no eran sólo una cuestión mapuche. Era el tiempo en que en el país se discutía la Reforma Agraria, proceso que iba a poner fin al sistema hacendal[7]. El primer proceso de reforma agraria, durante el gobierno de Alessandri (1958-1964) no tuvo mayores consecuencias, de hecho recibió el nombre de reforma de macetero. Durante el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) se buscó beneficiar a 100.000 campesinos, sin embargo sólo se benefició a cerca de 30.000. Ante la frustración que provocó el escaso alcance de esta reforma, se provocó una gran demanda social para el inicio del gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Muchas de estas demandas se canalizaron a comienzo y durante el gobierno de Allende  por la vía de los hechos. Los mapuches, una vez más, no estuvieron ajenos a estos procesos nacionales.

El gobierno de la Unidad Popular respondió a esta demanda aumentando considerablemente el ritmo de las expropiaciones, lo que para el caso mapuche se tradujo en el denominado cautinazo. Antes, en las elecciones de 1964, el entonces candidato a la presidencia, Salvador Allende, se había comprometido ante los mapuches a dictar una nueva ley indígena que contemplara la restitución de todas las hectáreas usurpadas de los Títulos de Merced (Correa, et al, 2002: 249). Cuando en la siguiente elección (1970) asume Allende, y considerando que la ley indígena de ese momento no contemplaba la restitución de tierras, se decide no esperar la aprobación de la nueva ley promovida por el presidente Allende y se aplica la Reforma Agraria para la restitución de las tierras mapuches. Jacques Chonchol, Ministro de Agricultura de ese entonces, se desplaza al sur del país y se instala en la zona del Cautín, ciudad de Temuco (de ahí el nombre de cautinazo). Chonchol, por aquella época, lo explicaba del siguiente modo: “…cuando haya un fundo en esta zona que ha sido expropiado en el cual haya tierras usurpadas, lo primero que vamos a hacer, antes de constituir asentamiento, es restituir las tierras a las comunidades que han sido usurpadas” (citado en Correa, et al, 2002: 250). A pesar que no se restituyó todo lo que se demandaba, sí se hizo con una cantidad importante, cerca de 80.000 hectáreas, de 100.000 que se denunciaban y reclamaban como hectáreas usurpadas (Bengoa, 2004: 413).

Este periodo marcado por el llamado cautinazo, dejó al menos tres consecuencias concretas. Se logra, en primer lugar, una importante restitución de tierras. Como segunda cuestión se produce un fortalecimiento organizacional mapuche, creándose la Confederación Nacional Mapuche, organización que ejercerá una fuerte presión para cambiar la ley indígena 14.511 -creada en 1961. Finalmente se dicta en 1972 la nueva ley indígena Nº 17.729.

Sin necesidad de entrar en detalles, puede decirse que dicha ley contemplaba un significativo número de medidas tendientes a mejorar la situación de los pueblos indígenas en Chile, lo que en palabras de Rupailaf (2002) la situaba en la vanguardia de las políticas indígenas latinoamericanas. Sin embargo este período fue demasiado breve. El golpe militar en septiembre de 1973 acabó con tales procesos, dando paso a un nuevo ciclo en las relaciones entre mapuches y Estado.

Hacia fines del período de la Unidad Popular (1970-1973), y a raíz de las acciones concretas de parte de algunos sectores de la sociedad mapuche, sumado al clima ‘revolucionario’ que se vivía en la época, en el centro del país se había formado un nuevo imaginario respecto de los mapuches, se pensaba que en la Araucanía, ‘plagada de revolucionarios indígenas’[8], había un conflicto armado (Bengoa, 1999: 156). La represión en esta zona comenzó incluso antes que se diera el golpe de Estado (Correa, et al, 2002). Después del golpe la represión, al igual que en el resto del país, fue brutal[9].

Entre las consecuencias concretas que se producen a partir del golpe militar se cuenta, en primer lugar, el proceso de contrarreforma agraria llevado a cabo por los militares, lo que significó revocar los acuerdos expropiatorios y la devolución de las tierras recuperadas por las comunidades mapuches. Muchas de estas tierras fueron luego traspasadas a empresas forestales. En segundo lugar, se aprecia un retroceso en materia de legislación indígena. Durante el gobierno de Allende se había creado el Instituto de Desarrollo Indígena, órgano encargado de todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas. El gobierno militar lo suprime, con lo cual la ley 17.729 de 1972, a pesar de seguir vigente en esos años, no tuvo ninguna aplicación práctica (Rupailaf; 2002); en tercer lugar, se produce la desarticulación del movimiento indígena a través de medidas represoras[10] y, por último, se dicta el decreto ley de 1978 –Nº 2.568-, que produjo la división y liquidación de las comunidades mapuches, legitimando la propiedad privada al interior de los Títulos de Merced. Además esta ley implicó un duro golpe al tema del reconocimiento, pues tal como lo planteaba el Ministro de Agricultura de la época, la nueva ley implica un nuevo enfoque: en Chile no hay indígenas, son todos chilenos (Rupailaf, 2002).

Fue este nuevo escenario lo que provocó un cambio en las aproximaciones de la sociedad mapuche hacia el Estado y la sociedad nacional. Si hasta antes del golpe militar primaron los intentos de integración, después de esa fecha, y como producto de los elementos que acabamos de enumerar, la movilización se va a caracterizar por una voluntad “de separación de la cultura mapuche de la chilena, por la afirmación de las propias características indígenas y por el rechazo de la asimilación” (Bengoa, 1999: 163)[11].

Será sobre todo la ley 2.568 de división de comunidades, la que geste un nuevo cuadro de movilización mapuche. El 12 de Octubre de 1978 se reúnen en Temuco mapuches de 90 comunidades de las regiones del Bío Bío y de La Araucanía para analizar el anuncio de la ley. Como resultado de esa reunión se crean los Centros Culturales Mapuches, primera organización mapuche en oponerse a la dictadura militar (Mella, 2001).

Foto de dirigentes de Ad Mapu cuando se fueron a entrevistar con el Ministro Lenín Lillo. El Diario Austral de Temuco. 29 de junio de 1983. Aparece con manta José Santos Millao, a la izquierda Rosamel Millamán y atrás Domingo Gineo.

Los Centros Culturales Mapuches, reuniendo a dirigentes con trayectoria y otros que recién se iniciaban, asumieron una posición culturalista para oponerse a la división de las comunidades mapuches, generando con ello un movimiento étnico de larga duración (Bengoa, 1999: 172). A diferencia de lo que había ocurrido en épocas pasadas donde los mapuches se habían plegado a otras luchas sociales, a partir de la década de 1980 el movimiento va a estar caracterizado por la distancia con otros grupos, remarcando su diferencia étnica y levantando reivindicaciones autónomas. Las décadas siguientes estarán marcadas por esta distancia.

 

Decreto de Ley 2.568 y nuevas organizaciones mapuches

En términos históricos, el Decreto Ley de 1978 constituyó, de manera solapada, una nueva usurpación legal de las tierras mapuches. Escrito bajo una mirada liberal, promovió la división de la tierra comunitaria para liberalizarla y establecer a sus ocupantes indígenas como particulares. En concreto representó un intento por culminar un proceso que se había iniciado hace varias décadas atrás.

Sucede que la primera Ley de división de tierras comunitarias se dictó en 1927, cuando todavía existían 3.078 reducciones. Al derogarse dicha ley en 1934, gracias a la acción de las organizaciones mapuches de la época que se oponían a la división de sus tierras, quedaron 2.116 comunidades indivisas. Con el Decreto Ley de Pinochet se reimpulsó la división, intentando abarcar esta vez la totalidad de las comunidades indígenas existentes. No obstante lo anterior, y como muestra fehaciente de la heterogeneidad histórica de la sociedad mapuche, emergieron organizaciones que apoyaron las ideas del régimen militar y otras, como los Centros Culturales Mapuches y Ad Mapu, que se opusieron y resistieron dichas medidas.

Durante el periodo de la Dictadura Militar es posible identificar ocho organizaciones mapuches que tuvieron un rol destacado en el escenario político nacional. Estas organizaciones fueron los Consejos Regionales Mapuche (que contienen a su vez, los Consejos Provinciales y Comunales Mapuche), la Sociedad Araucana, los Centros Culturales Mapuche, Ad Mapu, Nehuén Mapu, Calfulicán, Lautaro Ñi Ayllarehue, y por último, el Movimiento de Unidad Mapuche Independiente (MUMI).

Estas organizaciones se manifestaron desde distintas posturas políticas e ideológicas sobre diversos ámbitos de interés, por ejemplo, sobre las repercusiones del Decreto de Ley 2.568, en concreto, sobre la división de las comunidades mapuches; la represión del gobierno militar a las organizaciones opositoras, la revitalización y protección de la cultura mapuche, el problema de la pobreza y, finalmente, sobre la necesidad de un cambio de gobierno a uno democrático. De todo lo anterior, sólo lo relativo a la cultura constituyó una reivindicación común a todas ellas.

El siguiente cuadro representa la trayectoria de las organizaciones identificadas en el periodo.

Fuente: Elaboración propia

Las cuatro primeras organizaciones, surgidas durante la primera etapa de la dictadura, asumieron posiciones tanto a favor como en contra de ésta. El Consejo Regional Mapuche y la Sociedad Araucana fueron organizaciones cercanas al Régimen. Por el contrario, los Centros Culturales Mapuche y Ad Mapu, como organizaciones de izquierda, manifestaron tempranamente su resistencia al despojo legal de las tierras.

El Consejo Regional Mapuche fue una organización que dependía de la Intendencia de la IX Región de La Araucanía y que tuvo por función contrarrestar la rearticulación de líderes mapuches que, inmediatamente después del golpe de Estado y en distintos sectores rurales de la región, comenzaron a agruparse, gestando una fuerza social étnica. En este sentido fue completamente funcional a la dictadura militar. Sus principios fueron la integración del pueblo mapuche a la sociedad chilena como forma de alcanzar el desarrollo y su forma de trabajo consistió en delegar funciones en otros niveles organizativos, como los consejos provinciales y comunales mapuches.

Fotografía Consejo Regional Mapuche. Es del 2 de abril de 1983, tomada desde el Diario Austral de Temuco, con autorización de la Biblioteca Nacional. Al centro se encuentra Mario Raymán Gacitúa, presidente del Consejo Regional Mapuche, a la derecha aparece Sergio Liempi y a la izquierda Juan Neculmán.

En una línea similar estaba la Sociedad Araucana, una organización compuesta por profesionales, abogados y profesores mapuches, que aparecieron en escena para  orientar a la sociedad mapuche en materias económicas, sociales y educacionales. Aspiraron a que el pueblo mapuche viviera un proceso de integración y desarrollo económico regional. Para esto se vincularon con el Consejo Regional Mapuche como una forma de incidir en el gobierno militar, opinando y demostrando por medio del desarrollo de sus investigaciones cuáles eran las necesidades más apremiantes de su pueblo.

En una posición distinta, y bajo el alero del Obispado de Temuco, surgió en el año 1978 la organización Centros Culturales Mapuches. Esta organización respondió a la imposición de políticas asimilacionistas impulsadas por el régimen militar. Como ya se señaló, los Centros Culturales congregaron a importantes líderes mapuches que tuvieron una trayectoria importante en el movimiento desarrollado en el contexto de la Unidad Popular, pero también reunió a jóvenes formados en liderazgo y derechos humanos por los profesionales del Obispado de Temuco. Muchos de ellos se encuentran hasta el día de hoy vinculados al trabajo político del pueblo mapuche.

De los Centros Culturales surgió la organización Ad Mapu, la que mantuvo durante todo el periodo militar una férrea defensa a la propiedad comunitaria de la tierra y una postura de oposición al régimen militar, representando a más de 1.350 comunidades. A pesar de definirse como una organización autónoma, también contó con el apoyo del Obispado de Temuco. La agrupación se basó en principios reivindicativos culturalistas, los que con el paso de los años fueron adoptando principios autonomistas.

Desde los anuncios del Decreto Ley en 1978 hasta que se ratifica en 1979, los Centros Culturales Mapuche dieron a conocer su rechazo en múltiples declaraciones públicas. En ellas el decreto fue caracterizado como parcial, al no considerar la situación socioeconómica de la sociedad mapuche, quienes constituían –y lo siguen haciendo- el grupo social más postergado del sistema socioeconómico. Además, al hacer referencia a la libre tenencia de tierra, no consideró que las tierras parceladas quedarían al arbitrio de la economía de libre mercado en el marco de un contexto económico nacional muy competitivo.

El general Pinochet en un acto masivo en la ciudad de Villarrica, firmando el Decreto de Ley 2.568. El titular del Diario Austral de Temuco señaló: “Pueblo Mapuche tiene igualdad de derechos. S.E. firmó ayer Ley Indígena en Villarrica”. 23 de marzo de 1979 (Mella, 2001).

A partir del año 1980 las organizaciones contrarias al Decreto de Ley se movilizaron aún más para intentar derogarlo y frenar las divisiones que ya se estaban llevando a cabo en las comunidades. Estas movilizaciones se extendieron a lo largo de todo el gobierno militar, aumentando progresivamente la participación mapuche. Es más, al momento de identificar algunos fraudes contenidos en la referida ley, por ejemplo los famosos arriendos de la propiedad de la tierra a 99 años, se sumaron a las voces críticas incluso las organizaciones alineadas al régimen, como el Consejo Regional, quienes solicitaron al gobierno establecer el arriendo de las tierras sólo por tres años (Mella, 2001).

Sin embargo el proceso continuó desarrollándose a pesar de la oposición de las organizaciones mapuches, de hecho en 1987 ya se habían contabilizado la entrega de 74.000 títulos de dominio individuales. La forma de contrarrestar la oposición de las organizaciones fue la misma que ocupó el régimen para intentar socavar el movimiento social: la represión.

 

Represión y Resistencia etnopolítica

Durante la primera mitad de la década de 1980 las manifestaciones de los sectores contrarios a la aplicabilidad del Decreto fueron sistemáticas. El Régimen reprimió especialmente a Ad Mapu que lo cuestionó y comunicó cada uno de los atropellos que sufrían. En el escenario nacional también se iniciaron movilizaciones contrarias a la dictadura, apareciendo observadores internacionales y gestándose apoyos de distintos sectores de la sociedad chilena.

Un primer hecho que alertó sobre la represión que se desataría sobre la organización Ad Mapu fue el allanamiento de su sede en una supuesta búsqueda de material subversivo. José Santos Millao, su presidente, declaró que la "sede, antes ni ahora, ni en adelante, será un centro subversivo. Nuestra organización lucha por las reivindicaciones de nuestra raza" (Mella, 2001). Lo más grave vendría tiempo después, en 1984, cuando al igual que sucedía en todo el país, en extrañas circunstancias muere un estudiante de Pedagogía de la Universidad Católica de Temuco, Manuel Melín Pehuén, integrante de Ad Mapu. En paralelo la sede de la organización siguió siendo asaltada y allanada.

Los dirigentes mapuches planificaron nuevas acciones, entre ellas una asamblea nacional que contó con la asistencia de 240 delegados indígenas nacionales. Solicitaron al gobierno regional autorización para efectuar una concentración pública en la plaza de la comuna de Teodoro Schmidt, cuestión que, obviamente, fue rechazada. A pesar de lo anterior, los dirigentes lograron que las resoluciones de la asamblea fueran publicadas en El Diario Austral de Temuco, entre ellas, la creación de un día nacional del pueblo mapuche, la organización de grupos de autodefensa, el llamado al retorno de los exiliados y el apoyo al paro nacional realizado en marzo de 1984. Además, como gesto simbólico, durante el desarrollo de la Asamblea Nacional se quemaron algunos Títulos de Dominio como rechazo a la división de sus comunidades.

Foto de José Santos Millao después de su confinamiento: 29 de agosto de 1986. El Diario Austral de Temuco. Segundo relegamiento del dirigente.

A pesar del hostigamiento al que fueron sometidos los miembros y dirigentes de Ad Mapu, estos trataron insistentemente de reunirse con las autoridades regionales para manifestar su preocupación por la seguidilla de atentados y amenazas que estaban sufriendo y, además,  pedir que se investigara la muerte del estudiante de Pedagogía. Frente a la indolencia de las autoridades, los dirigentes recurrieron  a las Naciones Unidas para informar sobre los atropellos de que son víctimas. 

Se produjo en esos años una transición en el carácter de las demandas, pasando de unas demandas de corte más culturalista a unas de orden político. En concreto, Ad Mapu anunció la realización de una asamblea de carácter  extraordinario para analizar la situación de persecución que estaban enfrentando algunos de sus integrantes, la contribución que harían  al ‘Paro Nacional’ y la participación mapuche en un futuro gobierno democrático (Mella, 2001).  A los pocos días de este anuncio fueron detenidos y acusados de activismo político los siguientes dirigentes; Vilma Maliqueo, Lucía Huenullán, Francisco Painevilo, Aurelio Lincoñir, Rosamel Millamán, Lucy Traipe, Aucán Huilcamán, José Huenchuán, José Santos Millao, Domingo Gineo y Juan Neculqueo. A pesar de esta situación y luego de la liberación de casi todos los dirigentes, a excepción de Juan Neculqueo, de igual manera se llevó a cabo esta asamblea extraordinaria,  participando casi un centenar de dirigentes mapuche.

La detención de Juan Neculqueo motivó a que un grupo de jóvenes mapuches protestara frente a la Intendencia exigiendo su liberación. Esto condujo a un enfrentamiento con las fuerzas policiales, quedando varios jóvenes detenidos. El mismo día, 26 de abril de 1984, se dio aviso público sobre la relegación de los dirigentes de Ad Mapu, Domingo Gineo y Santos Millao, que fueron llevados al desierto, en  la localidad de Baquedano, Región de Antofagasta, donde permanecieron detenidos 90 días por instrucciones directas del Ministerio del Interior. Los acusaban de ser los cabecillas de un grupo que provocó actos de violencia en la comuna de Tirúa, el día 27 de marzo de ese 1984, lo que en verdad correspondió a una versión local del primer paro nacional realizado en el país.

El encarcelamiento y permanente hostigamiento de los dirigentes de Ad Mapu no paralizó las actividades políticas programadas por la organización, por el contrario, se continuaron realizando y emitiendo opiniones de protesta hacia el régimen militar. En este contexto Ad Mapu recibió a los primeros observadores de Naciones Unidas que llegaron al país para informarse sobre la situación en que se encontraba su pueblo. En junio de 1984, visita la región de La Araucanía Gonzalo Taborga, quien fuera Secretario Internacional de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  De su visita concluyó que "la visión es dramática, aterradora, realmente vergonzosa para la sociedad chilena, existe una represión histórica e institucionalizada, es una situación de exterminio de una cultura que si no ha desaparecido es por el gran sentido de dignidad humana que tienen"(Mella, 2001).

Al tiempo otro observador de derechos humanos visitó Chile con los mismos fines. Su viaje se concentró en la zona de Isla Huapi, algunas comunidades de la comuna de Tirúa y otras cercanas a la comuna de Temuco. Se trató del canadiense Del Anaquad, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de su país, quien después de recorrer las comunidades hizo un llamado al Gobierno militar para que derogue el Decreto Ley 2.568, catalogándolo como un sistema de distribución de tierras absolutamente injusto. Consideró que en Chile el pueblo mapuche era víctima de un fuerte racismo, que sus derechos políticos como pueblo estaban reprimidos y que era necesario un cambio en el escenario político de manera de posibilitar su autodeterminación (Mella. 2001).

Con la visita de estos observadores de derechos humanos, se da comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre las organizaciones mapuches y el régimen militar en particular, y con el Estado chileno en general. Se trató, como ha sido una constante histórica, de una etapa compleja donde las organizaciones mapuches mostraron una amplia heterogeneidad, pues mientras hubo organizaciones que levantaron la bandera de la autonomía, otras continuaron defendiendo el régimen y sus políticas.

Por ejemplo el Consejo Regional Mapuche señaló como falsa la supuesta represión del gobierno a los mapuches, argumentando que se trataba del control lógico del estado a quienes cometen actos de indisciplina. Además, llamó a ignorar a los dirigentes que incitan a huelgas y actividades políticas y, por el contrario, defender el gobierno de Pinochet, pues lo consideraban “un gobierno bondadoso con los mapuches” (Mella, 2001). Esta actitud de defensa del régimen militar se mantuvo con los años y se intensificó a medida que se acercó el plebiscito de 1988.

Mario Raymán, presidente de esa organización, gestionó diversos actos de apoyo a Pinochet, entre ellas dos mil firmas de apoyo para su reelección como mandatario de la nación. Una vez que Pinochet pierde el plebiscito, las muestras de apoyo no pararon, ya que el Consejo Regional Mapuche llamó a los dirigentes y sus comunidades a continuar unidos para ganar las siguientes elecciones presidenciales que se efectuaron el año 1989. Entre otras actividades, algunas organizaciones y comunidades mapuches, distinguieron al dictador como Gran cabecilla del pueblo mapuche.

“Presidente Pinochet es nombrado Principal Gran Cabecilla del Pueblo Mapuche. Una machi y un cacique le entregan un manto y un bastón de mando. Fuente: Diario El Sur, 17 febrero de 1989”(Foerster y Menard, 2009).

Por otro lado, 1984 marcará un hito en cuanto se expresó por primera vez, de manera pública, la demanda autonómica como un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Desde entonces la demanda se extendió a la mayoría de las organizaciones que se oponían al régimen. El presidente de Ad Mapu, José Santos Reinao lo planteaba del siguiente modo: "Tenemos una política clara y definida en torno a este régimen y creo que la seguiremos teniendo frente a los futuros regímenes, en el sentido de que si no considera la participación y el reconocimiento de nuestro pueblo, vamos a luchar igual (...) ninguno de nosotros desea la violencia, pero en la medida que han tratado de socavar la dignidad y han tratado de exterminarnos, es donde nuestro pueblo ha salido a luchar por sus reivindicaciones y es ahí donde a veces se producen hechos de violencia que no están en nuestros planes"(Mella, 2001) . Esta línea de demanda política, con algunos matices, estará presente hasta el día de hoy.

 

Los límites del multiculturalismo neoliberal

Incluso en los peores momentos de su relación con el Estado, la dictadura militar, los mapuches intentaron articularse a las instituciones estatales y tratar, desde allí, enmendar rumbos que afectaban su propio devenir,  pero sin duda, como afirma Bengoa (1999) no fueron escuchados. Por el contrario, en medio de la represión, se impuso un modelo que no sólo afectó el presente de la sociedad mapuche, sino que lo proyectó hacia el futuro.

El fin de la dictadura expuso, como señalamos, la heterogeneidad de aproximaciones políticas de la sociedad mapuche. Mientras algunas organizaciones apoyaron hasta el final al general Pinochet, otras se resistieron y actuaron en concordancia con ello. Muchas de estas organizaciones, a pesar de plantear demandas y reivindicaciones particulares de tipo étnicas, se articularon a otras fuerzas políticas para derrotar a la dictadura a través de la vía electoral.

Con el retorno de la democracia en Chile se observó un marco que, en principio, abrió posibilidades a las demandas del mundo mapuche, aunque con el tiempo dicho marco mostró tener un techo muy bajo. La transición democrática supuso un nuevo escenario para todas las fuerzas sociales de la sociedad chilena. Los mapuches no estuvieron al margen. Las fuerzas políticas opositoras al régimen militar acogieron en su programa de gobierno las demandas indígenas, cuestión que quedó sellada en el Pacto de Nueva Imperial de 1989, entre el entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin y las organizaciones y comunidades mapuches.

Este pacto se tradujo concretamente en dos instancias[12]: La ley indígena Nº 19.253 aprobada en 1993, que impuso al Estado el respeto, protección y promoción de los derechos y culturas indígenas y sus tierras[13], y en la creación, a través de la misma ley,  de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre cuyas tareas principales se encuentra la restitución y compra de tierras para las comunidades afectadas por la escasez de ellas.

A pesar de todas las limitaciones de la Ley y de las críticas realizadas con el tiempo a la CONADI, se trató de un cuerpo legal que permitió posicionar la temática indígena en el Estado mismo, otorgando un marco legal para el reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas del país (Campos, 2008: 406). A partir de este momento puede hablarse del inicio de políticas multiculturales por parte del gobierno chileno, en el sentido de las definiciones expuestas por algunos liberales comunitaristas como Kymlicka o Taylor, de manejo de las diferencias culturales en el espacio público, otorgando derechos específicos con base en el reconocimiento de estas diferencias culturales, cuestión que se observó también en otros países del continente (Agudelo y Recondo, 2007:57).

Sin embargo esta incipiente política multicultural, tanto en Chile como en la región, mostró prontamente su limitado alcance, consolidando de este modo un multiculturalismo oficial (Hernández, Paz y Sierra, 2004), caracterizado por mostrarse proclive a ciertos procesos de reconocimiento y de ciertos derechos estratégicos (en el caso mapuche, como un incipiente y limitado reparto agrario) pero no así en cuanto a los de redistribución, dejando pendiente cuestiones relativas a la desigualdad económica e injusticia social, entre otros aspectos (Díaz-Polanco, 2004). Así por ejemplo, el proceso de restitución de tierras caminó a paso lento, lo que provocó que muchas comunidades indígenas comenzaran a presionar a los gobiernos de la Concertación ocupando las tierras donde ellos tenían claridad de posesión. Junto con ello comienzan a hacerse sentir más intensamente la demanda por el reconocimiento como pueblo y/o nación mapuche y por la autonomía. Paralelamente surge y se agudiza con el tiempo un conflicto en torno a la construcción de represas en tierras pehuenches –el conocido caso Ralco- que conllevó más movilizaciones mapuches y que  permitió cierta consolidación de un discurso unitario mapuche.

Respecto a este conflicto de las represas en el Alto Bío Bío, ejemplo paradigmático de las relaciones entre el Estado y pueblo mapuche, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), decidió no ‘intervenir’ en el conflicto, señalando que se trataba de un litigio entre particulares y que por tanto el Estado nada podía hacer. Los particulares que intervenían, valga la aclaración, eran por una parte la transnacional Endesa, y por la otra, una decena de familias pehuenches empobrecidas que no querían dejar sus tierras. Sin embargo el gobierno de Frei, a su modo, sí intervino en dicho conflicto. La Ley Indígena imponía al Estado el deber de proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y por su equilibrio ecológico. A propósito de la construcción de la segunda represa en la cordillera pehuenche –la central Ralco-, uno de los estudios de impacto ambiental rechazó la construcción de la represa pues afectaría territorios indígenas y pasaría por encima de la ley 19.253. Dos directores de la Conadi, nombrados por el mismo presidente Frei, se opusieron a la construcción. Estos directores mapuches –Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura- fueron removidos de sus cargos y reemplazados por funcionarios proclives a la construcción.

Como señal de protesta, las movilizaciones mapuches fueron en aumento y se volvieron materia de discusión nacional. A fines de la década de 1990 los medios de comunicación acuñaron el concepto de veranos calientes, queriendo aludir a las acciones que se comenzaron a observar en la Araucanía, donde supuestas personas mapuches (encapuchadas) invadían predios forestales y cortaban y quemaban los bosques de pinos y eucaliptos. El gobierno creó mesas de diálogos donde se invitó a  dirigentes mapuches, pero paralelamente decidió aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado[14]. Muchos líderes mapuches fueron encarcelados por esta ley y muchos otros pasaron a la clandestinidad.

Aunque públicamente Frei señalaba la imposibilidad de intervenir en el conflicto Ralco, los hechos anunciaban cuál era su apuesta. El último día de su mandato el presidente de la república firmó el decreto que permitía la construcción de la represa. Así, finalmente “en el año 2001 se vieron ingresar los gigantescos generadores de energía por los caminos de la zona pewenche, con camiones que avanzaban lentamente protegidos por la policía fuertemente armada, mientras los indígenas ocultos tras la espesa vegetación arrojaban palos y piedras” (Campos, 2008: 408).

Estos hechos volvieron a generar una enorme desconfianza de ciertos sectores mapuches hacia la institucionalidad estatal. Todo lo cual llevó a más movilizaciones. Además se produce en esos años un quiebre de las negociaciones con los sectores más radicalizados del movimiento mapuche: creándose la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto Arauco Malleco (CAM), quienes deciden cortar el diálogo con la institucionalidad estatal, auto-declarándose como antisistémicos y comienzan a actuar por la vía de los hechos, arraigándose con ello, la imagen mediática del mapuche rebelde (Foerster y Vergara, 2002).

En este contexto se instaura el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). Al inicio de su gobierno, el presidente señala que un tema prioritario será la situación de los pueblos indígenas. Para ello decide crear una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que apoye al gobierno en la elaboración de una nueva política hacia los pueblos indígenas.

Esta comisión se crea en Enero de 2001 y culmina en Octubre de 2003[15]. A pesar que los informes de la Comisión –sobre todo el de historia y el de aspectos jurídicos- fueron contundentes en cuanto al diagnóstico del conflicto, así como en la elaboración de recomendaciones, la realidad mostró un estancamiento en medidas satisfactorias de las demandas indígenas que asomaban en el discurso público. El gobierno de Lagos respondió con un programa de inversión social millonario, denominado Programa Orígenes, financiado  por un crédito del BID por US$80 millones y por aportes del gobierno chileno de US$53 millones. Este programa, destinado a los pueblos indígenas aymara, atacameño, quechua y mapuche en el área rural, comenzó a ser ejecutado el año 2001, y continuó hasta aproximadamente el 2010.

Sin embargo, paralelamente el gobierno de Lagos recurre a una fuerte represión policial de las protestas mapuches, aplicando además la Ley antiterrorista –creada en dictadura- en contra de algunos dirigentes mapuches[16]. Esta forma de operar consolidó lo que se ha denominado la judicialización o criminalización de las demandas mapuches, junto con evidenciar una estrategia precisa por parte de los gobiernos de Frei y Lagos, caricaturizada como del garrote y la zanahoria, en el sentido de,  por un lado crear instancias de diálogo y reconocimiento, mientras que por otro aplicar medidas represoras (Campos, 2008). Esta estrategia gubernamental se ha mantenido invariable durante los gobiernos posteriores, léase, el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y el de Sebastián Piñera (2010-2014).

Desde un plano más analítico se observa que con el retorno de la democracia surge un primer período que permite la consecución de ciertos logros por parte del movimiento mapuche. Por ejemplo se logra modificar la ley 2.568 que desprotegía las tierras indígenas y se la reemplaza por una nueva que busca protegerlas y ampliarlas. Se crea una institucionalidad al interior del Estado, dirigida en parte por los propios indígenas con el fin de incidir en las políticas que les conciernen. Sería, parafraseando a Toledo (2005: 72), el ciclo de la década ganada.

Sin embargo, prontamente sobreviene un segundo momento donde se constata que las políticas estatales resultan insuficientes y de limitado alcance. Las políticas multiculturales del Estado chileno no dan cabida a las demandas políticas de los pueblos indígenas, expresadas particularmente por el pueblo mapuche. Frente a la movilización mapuche, la institucionalidad creada por el propio Estado es suspendida y se hace necesario recurrir a la otra cara del aparato estatal: el uso de la violencia para reprimir los elementos que entren en contradicción con sus intereses. El Estado actúa represivamente frente a un conflicto de tipo étnico ‘cerrado’ en el que se niega la dimensión étnica (Bengoa, 2005: 126). Sobreviene entonces la desilusión del multiculturalismo (Burguete, 2008) que parece situarnos, ya no en una década ganada, sino más bien en la era del indio permitido (Hale, 2004), y su contraparte, el indio prohibido y reprimido.

Manifestación del Consejo de Todas las Tierras el año 2000 en el centro de Santiago de Chile. (Mella, 2001).

El escenario progresista en materia de legislación indígena parece tener su frontera allí donde se topa con el modelo neoliberal. Los derechos de controlar recursos reales funcionan mientras se trate de recursos no estratégicos (Gledhill, 2004), pero cuando éstos son materia de interés para el Estado o para el sector privado, se acaba el progresismo y se recurre a todo tipo de argucias para su apropiación. El caso de Ralco es reflejo por excelencia de lo que aquí se señala. Lo mismo puede decirse del conflicto de comunidades mapuches y empresas forestales.

Ahora bien, y a pesar de este escenario histórico lleno de limitaciones y que abre las puertas del pesimismo para las organizaciones indígenas, éstas, una vez más, han desplegado nuevas formas de luchas y estrategias de resistencia, cristalizándose en movimientos sociales que expresan una alta capacidad de actuar políticamente frente al Estado y los distintos gobiernos (Bello, 2008). Los mapuches, una vez más, han mostrado su alto poder de resistencia y han generado nuevas y variadas formas de lucha. La pregunta que surge es, qué tipo de respuesta encontraran en el futuro próximo.

 

Cómo citar este artículo:

ESPINOZA ARAYA, Claudio; MELLA ABALOS, Magaly, (2013) “Dictadura militar y movimiento mapuche en Chile”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 17, octubre-diciembre, 2013. ISSN: 2007-2309. Consultado el

Consultado el Viernes, 19 de Abril de 2024.

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