Instituciones de defensa de la comunidad
l universo etnocultural y la problemática rural de América Latina merece nuestra atención académica y preocupación ciudadana. Destacaremos en esta oportunidad la emergencia, proyección, retos y riesgos que enfrentan las organizaciones surgidas por iniciativa de los pueblos y de las minorías étnicas en los espacios rurales del continente para enfrentar la ausencia del Estado y la triple ofensiva del capital depredador trasnacional, asociados o no a los neoterratenientes, el narcotráfico y las organizaciones criminales. Las guardias comunitarias serán, juntas con una multitud de otras formas de resistencia cultural, el centro de nuestro Dossier.
El punto de partida de los textos que en seguida se presentan reiteran el hecho de que el Estado no funciona y que a los ciudadanos en los espacios rurales les son recortados sus derechos, además de carecer de la protección y la seguridad que les prometen las cartas magnas de sus respectivas repúblicas y la suscripción de los convenios internacionales, entre los cuales destaca el 169 de la OIT.
La mayoría de los pobladores rurales está compuesta por ciudadanos en situación vulnerable, principalmente campesinos e indígenas. La vulnerabilidad depende de su mayor o menor acceso a la tierra y al agua, de los poderes fácticos que controlan los mercados y los flujos productivos agropecuarios. La situación ha llegado al extremo de que esos ciudadanos rurales, adscritos al pueblo, han tenido que organizarse para enfrentar a estas fuerzas que atentan contra sus derechos humanos y políticos, incluidos los gobiernos y sus aparatos de fuerza.
La situación se ha vuelto el pan de cada día en nuestro México (no quiero omitir mencionar el insulto subliminal que es la expresión «el pan de cada día» en la tierra de las tortillas), pero alcanzó mucho más allá de las fronteras del país. Podemos decir que es una situación que en su forma actual tiene su origen en el momento del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció un nuevo orden mundial, con una serie de instituciones centrales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, la más importante de todas, la Organización de Naciones Unidas, que es realmente una ficción pues, por un lado, no se trata de «naciones», sino de «estados». En este nuevo orden mundial, el poder, con sus diversos rostros, borra fronteras, soberanías y conculca derechos, impulsando formas de control social precarias desde los aparatos gubernamentales. En este punto, el drama de las poblaciones rurales latinoamericanas no difiere mucho del que viven otras localidades urbanas subalternas en otros continentes. En uno y otro espacio, el poder que se ejerce es excluyente y acentúa sus prácticas coercitivas y violentas. Una serie de movimientos que van desde la malograda «Primavera Árabe» a los movimientos populares en España y en Grecia, entre muchos otros lugares. Por otro lado, los casi doscientos estados organizados en la ONU son cualquier cosa, menos «unidos», más bien se encuentran en un estado de agonía muy similar a la de su antecesor, la Liga de las Naciones, y redibuja parecidas excrecencias autoritarias y genocidas aunque a escala limitada. Hoy en día existe un enorme número de movimientos populares que intentan alcanzar por lo menos una pequeña parte del poder sin la intervención del estado o, más bien, en una confrontación con el estado y los poderes fácticos, entre los que destaca el capital minero trasnacional.
En todas estas «instituciones de defensa de la comunidad», como han sido llamadas en otra ocasión, hay un detalle que llama la atención. Es muy claro que se trata de instituciones de resistencia que, en algunos casos, llevan uniforme y armas, como la policía comunitaria en el estado mexicano de Guerrero, o la disciplina y fuerza disuasiva o de confrontación de la ronda campesina en Cajamarca, Perú. No son casos aislados, se multiplican con sus particularidades en muchos otros escenarios rurales del continente.
En casi todos los casos estudiados constatamos la existencia de una tradición de resistencia, enlazada a la sabiduría popular y comunitaria, incomprensible y ajena al pensamiento de la clase política y la burocracia gubernamental. La defensa no se limita a acciones militares y policíacas, en casi todos los casos incluyen proyectos de desarrollo y actividades culturales, tal como se ha revelado recientemente en México a través de: el movimiento de Pancho Villa en el norte de la República y el movimiento de resistencia en la Sierra Norte de Puebla. Se trata de una nueva manera de potenciar la identidad comunitaria con un alto grado de conciencia ecológica.
Merece destacarse igualmente, desde la perspectiva de la tradición étnica y el proceso ritual que le corresponde, el movimiento en Defensa de Wirikuta, la policía de los comca’ac en Sonora, así como la defensa ecológico-cultural de los pobladores de Cherán, convirtiendo en realidad y opción alternativa, las promesas incumplidas del gobierno, al mismo tiempo que han reafirmado su propia autonomía.
Sorprende, desde el escenario colombiano, lo que acontece en el Valle del Cauca, en el cual el movimiento de los indígenas nasa ha llegado a crear y desarrollar una escuela crítica de alternativa sobre usos y costumbres, modelando especialistas en el derecho tradicional nasa, con título de licenciados.
Hay que mencionar que la situación cambia a una velocidad tan vertiginosa que los textos etnográficos al ser publicados, quedan readascritos, a pesar de la intencionalidad de sus autores al campo de la historia reciente. Esta apreciación es ratificada por el tenor de los textos que versan acerca de sus manifestaciones comunitarias en México (Guerrero y Michoacán) y Brasil (Río de Janeiro).
A cada momento se abren nuevos frentes y se hacen nuevas alianzas en los escenarios nacionales latinoamericanos o de otros continentes. La situación en México es casi tan volátil como en Ucrania y en la franja de Gaza, en territorio Palestino. La guerra y el genocidio marcan la diferencia. Desde la perspectiva continental, ejemplos de este proceso de cambios vertiginosos, nos los advierten las autodefensas en Michoacán. El Dr. Mireles, su principal líder, hasta hace pocos meses, aliado de los gobiernos estatal y federal, ha sido encarcelado, vilipendiado, aislado y silenciado. De manera análoga en el Perú, Gregorio Santos, el presidente regional de la región de Cajamarca (que, por cierto, es un veterano integrante de la ronda campesina), ha sido encarcelado también. El dato no es menor, considerando que en los espacios comunitarios de Cajamarca nacieron las rondas campesinas, que luego se extendieron a otras regiones. No nos extrañe la aparición de noticias preocupantes procedentes de las favelas de Río de Janeiro o del archipiélago de la resistencia campesina que dirige el Movimiento Sin Tierra.
Nuestros lectores podrán apreciar la problemática de las guardias comunitarias, gracias a los casos nacionales elegidos y las contribuciones brindadas por los antropólogos y estudiosos: Brasil (Ali Ruíz Coronel); Colombia (Guillermo Padilla); México (Irene Álvarez, Antonio García Espinoza, Lilián González Chávez, Milton Gabriel Hernández, Ana Hilda Ramírez Contreras y Andrés Carlos Vázquez Murillo); y Perú (Leif Korsbaek).
Coordinador: Leif Korsbaek
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