“Pol Pot camina por los Andes”. Sobre la construcción periodística de la masacre de Lucanamarca y sus efectos en los usos políticos del pasado[1]

"Pol Pot Walks the Andes". On the journalistic construction of the Lucanamarca massacre and its effects on the political uses of the past

"Pol Pot anda através dos Andes." Na construção jornalística do abate de Lucanamarca e seus efeitos sobre os usos políticos do passado

Rigoberto Reyes Sánchez[2]

RECIBIDO: 15-12-2016 APROBADO: 10-01-2017

 

Comentario inicial

Desde hace al menos 20 años se vive un auge de políticas de memoria impulsadas por los gobiernos de diversos países de América Latina. Este creciente interés por conocer y preservar el recuerdo de los pasados dolientes de la región (dictaduras, conflictos armados, masacres) se ha reflejado no sólo en comisiones de esclarecimiento histórico, juicios a los perpetradores y resarcimiento a las víctimas, sino también y de manera creciente en la edificación de museos y lugares de memoria (jardines, plazas, memoriales, etcétera). En este proceso la memoria, cuya naturaleza es inestable, emocional, fragmentaria, cambiante, va dando paso a un fenómeno completamente distinto; los usos públicos del pasado,  implementados por los propios estados. Ya no se trata de un recuerdo vivido o transmitido de generación en generación, sino de una pedagogía oficial sobre el modo correcto de entender el pasado y sus lecciones. En casos extremos, estas políticas se insertan dócilmente en lo que en su tiempo Theodor Adorno llamó “industrias culturales”, ahora globalizadas y financiadas principalmente por gobiernos de países europeos y organismos internacionales. Esto ha  generado  una homogeneización arquitectónica y curatorial de  los espacios así como el surgimiento de un nuevo tipo de turismo: en algunas ciudades de la región los museos de memoria se incluyen en las guías de turistas como una actividad más para pasar el tiempo.  Se puede hablar en este sentido de la consolidación de una “industria de la memoria” impulsada por los estados con apoyo de organismos internacionales y  alimentada por el mercado global del turismo y el consumo cultural. Desde luego  este fenómeno posee implicaciones afectivas y políticas;  en estos espacios se suelen configurar victimarios monstruosos,  víctimas dignas de ser homenajeadas y víctimas que merecen el repudio y el olvido por ser “impuras” o colaborar en la violencia, así como visiones únicas sobre las causas y los efectos de los conflictos, las masacres y los regímenes autoritarios. La lección que parecen emanar estos espacios parece unívoca: las ideologías del pasado (llámese comunista  o de derecha dictatorial) generan necesariamente violencia y crueldad, por lo que nunca más se deben intentar tales estrategias: la única vía que queda abierta y que puede observar y juzgar el pasado es la de la democracia de participación restringida vinculada a un régimen de mercado más o menos regulado que actualmente opera en la región.

Hay sucesos que se vuelven hegemónicos y ejemplarizantes. Son reducidos a una efeméride que llena de estremecimiento: un golpe de estado, un asesinato político, una masacre,  un atentado, etcétera.  Aparecen como acontecimientos que hablan por sí mismos, sin mayores matices, sin embargo los escuetos relatos o las imágenes infamantes con las que son representados por la industria de la memoria ocultan una serie de complejidades, huecos y puntos ciegos contenidos en la historia. Para lograr desmantelar el discurso de la industria cultural  es posible practicar una suerte de genealogía[3] para observar el modo en que se fue construyendo la narración y el sentido de tales sucesos a lo largo de los años y qué actores intervinieron y qué otros fueron excluidos o silenciados. En el presente artículo se abordará un caso concreto: la masacre de Lucanamarca perpetrada en 1983 por la organización político-militar del Partido Comunista del Perú, conocido como “Sendero Luminoso” contra la población de Lucanamarca en Ayacucho a comienzos de lo que se denominado Conflicto Armado Interno. Esta matanza masiva ocupa ya un lugar central en las “políticas de memoria”  del conflicto. La masacre ha sido usada  reiteradamente por políticos y periodistas como “memoria  aleccionadora” cuya función es recordar dramáticamente la “demencia” y “salvajismo” de Abimael Guzmán  y los militantes de la organización. Su sola mención en ocasiones sirve para silenciar las voces que intentan matizar o complejizar los estudios sobre la organización, su estrategia y las motivaciones de sus militantes. Por otra parte, para los partidarios de Abimael Guzmán, muchos de ellos agrupados en el Movimiento Pro Amnistía y Derechos Fundamentales, MOVADEF,  la masacre fue un tropiezo en el camino, un “exceso” lamentable  pero comprensible en el marco de un proceso de Guerra Popular, así lo dijo Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán y dirigente del MOVADEF [4].  Como se podrá advertir, estas dos versiones  aparentemente contrapuestas operan de un modo similar; reducen el acontecimiento a un escueto relato útil para las urgencias políticas de cada grupo  y con ello barren la posibilidad de un análisis más detenido que ayude a comprender la dinámica de esta guerra en términos históricos, estratégicos y tácticos, más allá de pasiones políticas o estratagemas emocionales.  El objetivo fundamental de este artículo es analizar críticamente la manera en que esta masacre fue “construida” por los diarios de aquél momento, pues ahí puede hallarse el inicio de elaboraciones, omisiones e imposiciones posteriores. 

 

Entre el miedo, la censura y la indiferencia: Periódicos, periodismo y violencia política a inicios de 1983

A comienzos de abril de 1983 los principales diarios del Perú  daban una amplia cobertura principalmente a tres hechos noticiosos;  el desproporcionado aumento a los precios del azúcar y la devastación  provocada en diversas regiones del país por deslaves masivos de lodo, tierra y agua conocidos popularmente como huaycos, además del desbordamiento del río Rímac en Lima debido a las lluvias torrenciales que comúnmente azotan al centro del Perú en esa época del año.  Fue en ese marco noticioso que se produjo la masacre de Lucanamarca la cual tuvo en un principio una discreta cobertura mediática, sobre todo si se compara con la que registró otro acontecimiento violento que tuvo lugar un par de meses atrás también en una comunidad altoandina del departamento de Ayacucho; la masacre de Uchuraccay, en la que un grupo de comuneros asesinó brutalmente a ocho periodistas de distintos medios peruanos junto a su guía y otro comunero vinculado al Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Se trató de un error con consecuencias atroces, pues los habitantes de esta comunicad quechua hablante (descrita por el propio SL como una base de apoyo en Huanta (CVR, 2003:125))  organizaron un comité de autodefensa para combatir a Sendero Luminoso, para ello recibieron apoyo y consejos de miembros de las Fuerzas Armadas quienes les habrían dado la instrucción de asesinar a cualquier persona desconocida que se acercara a la comunidad a pie, pues se trataría de subversivos[5]. La práctica del asesinato por motivos políticos no fue, sin embargo, un hecho aislado sino que desde hacía algún tiempo las ejecuciones extrajudiciales en la zona se habían hecho cada vez más comunes, atrocidades que eran aplaudidas e incluso alentadas por los sinchis, el jefe político-militar y el propio presidente de la república (Degregori, 2013:50).  

La noticia de los asesinatos en Uchuraccay tuvo una importante repercusión mediática y conmocionó a la opinión pública  tanto a nivel nacional como internacional pues se interpretó como un atentado contra la libertad de prensa y cómo un llamado de alerta sobre la expansión de la violencia fratricida exacerbada por una supuesta diferencia cultural, pues buena parte de los relatos e investigaciones iniciales afirmaban que existía una diferencia civilizatoria insalvable entre los sujetos urbanos (víctimas)  y los comuneros quechuas (victimarios), una interpretación que, aunque popular en aquel momento, ha sido ampliamente refutada más tarde[6].  Aquella matanza generó una ola de indignación nacional, especialmente profunda entre la izquierda intelectual. Hubo también reacciones internacionales de repudio, una carta firmada por algunos intelectuales radicados en México puede ilustrar el clima que se produjo:

[Pedimos al Gobierno] que esclarezca con nitidez los sucesos, sancione ejemplarmente a los responsables materiales y políticos de los mismos y garantice, sin cortapisas, la libertad de prensa, sin la cual no puede hablarse de una verdadera democracia (…) [hacemos un] llamado a los organismos internacionales que cautelan en el mundo los derechos humanos, para que con su labora colaboren a impedir que la hermana república del Perú ingrese en el peligroso camino que ha conducido al establecimiento de regímenes autoritarios en otras partes del continente (Diario Marka, 17 de marzo de 1983:4).

 

Entre los firmantes de esta misiva se encontraban Ruy Mauro Marini, René Zavaleta y Armando Bartra, además de organizaciones como el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM),  y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile. Esta carta dirigida al gobierno encabezado por Fernando Belaúnde Terry es un buen ejemplo de la  interpretación que hizo la izquierda de la matanza: se responsabilizaba ambiguamente al gobierno de las muertes pues se sospechaba que detrás de los comuneros se encontraba la policía o el ejército, además el asesinato múltiple se interpretó como un atentado autoritario contra la prensa en un contexto histórico en el que, como consecuencia de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense, las dictaduras militares dominaban la geografía latinoamericana. Interpretaciones tamizadas además por la reivindicación de los Derechos Humanos, una perspectiva que en esos años se había extendido por la región, sustituyendo o moderando la retórica de la revolución armada sin cuartel que fue hegemónica entre buena parte de la izquierda revolucionaria en décadas anteriores.

Al interior del Perú la matanza alertó a periodistas y organizaciones políticas que creyeron ver en ella un peligroso indicio de un posible vuelco autoritario en el país[7]. Una multitud de desplegados, interpretaciones y posicionamientos se levantó en el país. Por otro lado, El modus operandi  de Sendero aún causaba desconcierto y confusión entre la izquierda peruana, sus acciones espectaculares  y  espantosos atentados (como la liberación de 130 presos del penal de Huamanga y el asesinato de Walter Wong, director del Instituto Nacional de Cultura)  generaban reacciones diversas que iban desde la admiración hasta la estupefacción y el rechazo, sin embargo tras Uchuraccay las críticas y acusaciones se dirigieron contra el gobierno y las fuerzas del orden, tal como lo señaló la Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación en el Perú  en 1989:

[a principios de los ochenta] Se contemplaba a Sendero Luminoso como una amenaza menor y se temía más la ‘militarización’ y el posible fin de la vida democrática por un autoritarismo nacido para enfrentar la subversión. Los ejemplos de Uruguay y Argentina estaban muy presentes (Acevedo, 2002:37). 

 

En sus conclusiones sobre el caso Uchuraccay, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación subrayó la responsabilidad de ciertos medios de prensa en la difusión de esta interpretación:

En su afán de esclarecer los hechos, los medios de prensa de oposición construyeron la tesis de la responsabilidad militar, argumentando así su rechazo a la «guerra sucia» y transmitiendo a la opinión pública una versión sobre lo ocurrido que con el paso del tiempo se convirtió en un sentido común bastante extendido (CVR, 2003: 170).

 

Un caso ejemplar de esta interpretación difundida mediáticamente es la primera plana del diario La República (un periódico de centro-izquierda) del 31 de enero de 1983; en ella una imagen en gran formato del rostro maltratado y sin vida del reportero Willy Retto ocupaba buena parte de la superficie, el titular exclamaba “¡Bestias!”, mientras que en letras más pequeñas se delineaba una hipótesis  “Según comuneros Sinchis azuzaron la matanza”, cabe señalar que a través de una diferenciación tipográfica y de tamaño, el diario hizo resaltar más la versión que la fuente (ver fig. 1). De este modo, el periódico lanzaba una versión de lo sucedido,  y además caracterizaba a los victimarios como sujetos deshumanizados, una descalificación que parecía ser sustentada por las brutales marcas de violencia que exhibía el rostro del reportero aunadas a la imagen de una rudimentaria hacha con la que supuestamente lo habrían asesinado. Así, contrario a lo que podría aparentar en un primer momento, en esta primera plana no se describía a la víctima, sino que trazaba un retrato fantasmal del victimario.

Fue quizá este tipo de significación política de la violencia, reforzada por el dramático registro fotográfico[8],  la que logró que estas muertes terribles pudieran ser reconocidas como dignas de ser lloradas y reivindicadas por intelectuales, periodistas y buena parte de la izquierda organizada. Algo que no solía ocurrir con otros muertos históricamente olvidados, como los campesinos de Tambo y Vilcashuamán.

 Aún a principios de abril esporádicamente aparecían nuevas notas periodísticas que seguían el caso de Uchuraccay y el trabajo de la Comisión Investigadora de los Sucesos establecida por el gobierno de Belaunde, pero pocos medios cubrían de manera sustancial el progresivo aumento de la violencia en Ayacucho que fue en escalada tras el decreto presidencial que comisionó a las fuerzas armadas el orden interno en Ayacucho y Andahuaylas a partir del 31 de diciembre de 1982.

La República, 31 de enero de 1983
Imagen 1. La República, 31 de enero de 1983.

La notable escasez de notas fidedignas relacionadas con la violencia que azotaba al departamento andino se explica fundamentalmente por tres factores; 1) el miedo que se generó entre el gremio periodístico tras el asesinato de los ocho periodistas  quienes, por cierto, viajaron a Uchuraccay buscando hacer un reportaje sobre un enfrentamiento entre senderistas y comuneros, 2) las restricciones de acceso y salida de personas que impusieron las fuerzas armadas en las llamadas “zonas de emergencia”, situación que se agravó tras el asesinato de los ocho periodistas pues, como documentó la CVR, después de esa matanza el Comando Político-Militar restringió aún más el acceso del periodismo  “lo cual llevó a que muchas masacres cometidas en los años siguientes no fueran conocidas” (CVR, 2003:170)  y 3) motivos ideológicos, pues mientras un diario de izquierda como Diario Marka reducía la trascendencia de los crímenes del PCP-SL, otros como El Comercio ignoraban las atrocidades perpetradas por las Fuerzas Armadas. Eran momentos de fijar una postura editorial y ésta se definía  tanto en la manera en la que se cubría el conflicto, como en los comentarios editoriales; el ámbito periodístico se transformó en un frente de batalla en la construcción de acontecimientos relevantes de este conflicto que crecía aceleradamente[9].

 A estos factores, se pueden añadir otros más que abonan a comprender la situación, Jorge Acevedo Rojas (2002) en su investigación sobre la manera en que la prensa cubrió la violencia política en  Perú agregó, entre otros, los siguientes: las agrestes características geográficas de las zonas de emergencia en la sierra y la selva, además de la  notable falta de apoyo económico que padecían muchos de los corresponsales en Ayacucho.  Por su parte,  Aase Hjelde en su trabajo sobre periodismo en Ayacucho (2008) destacó también la falta de fuentes de información fidedignas pues muchas veces las únicas  disponibles eran la propaganda difundida por los implicados  y los rumores, otro rasgo importante que subraya la periodista fue la censura y la autocensura debida a los peligros a los que se exponían tanto los periodistas como sus informantes  pues podían ser amedrentados o incluso asesinados, un caso ejemplificador fue el del periodista Luis Morales Ortega, corresponsal en Ayacucho de El Diario Marka  a quién el general Noel hostigó e incluso llegó a acusar  de “violación del secreto profesional”[10] en marzo de 1983 como forma de represaría por su investigación que cuestionaba la versión oficial de lo acontecido en Uchuraccay, el periodista finalmente fue asesinado varios años más tarde (1991) por miembros del ejército[11].

Finalmente, se puede añadir un aspecto significativo; las diferencias culturales expresadas en las barreras idiomáticas, pues pocos periodistas limeños comprendían el quechua que se habla en esa zona del país, por ello su capacidad para generar empatía y encontrar fuentes confiables se reducía, en este aspecto los periodistas locales tenían cierta ventaja al conocer el territorio, compartir el idioma y el repertorio cultural andino, además de poseer las redes familiares y amicales necesarias para ahondar en el entramado más íntimo del conflicto, sin embargo esta aparente ventaja contrastaba con la notable preferencia que sentían las autoridades militares hacia algunos periodistas y fotógrafos  llegados de Lima y que laboraban para importantes medios nacionales, como la revista Caretas, de tal suerte que tanto los reporteros locales como los foráneos gozaban de ciertos privilegios y al mismo tiempo padecían carencias informativas importantes que redundaron en notas muchas veces plagadas de supuestos, aseveraciones sin sustento, fuentes sin contrastar  y exotizaciones del otro andino al que se le solía caracterizar de manera ambivalente; a veces noble e ingenuo, otras salvaje y violento, pero siempre ubicado al margen o al rezago de la historia. Desde luego hubo también admirables excepciones, algunos periodistas se internaron en el corazón de esta violencia predatoria logrando extraer algunos relatos e imágenes del sufrimiento y la crueldad humana.  Más aún, en este periodo y a pesar de todo,  fueron precisamente los  periodistas quienes se acercaron de manera más consistente al conflicto,  a diferencia de buena parte de la academia institucional, cuyas preocupaciones de investigación eran muy distintas[12]

 

Las primeras interpretaciones de la masacre de Lucanamarca en las columnas periodísticas

-Primeras planas y primeros relatos

La masacre de Uchuraccay produjo un efecto mediático y político sin precedentes desde la aparición pública del PCP-SL, se puede afirmar incluso que el asesinato de estos ocho periodistas a manos de campesinos quechuas generó un cataclismo profundo que metió en una difícil encrucijada al gobierno y a las fuerzas del estado ocasionándoles un gran desprestigio. Además, según Carlos Iván Degregori, a raíz de este acontecimiento se dio la primera incursión consistente de los investigadores sociales peruanos al estudio del conflicto armado. Sus análisis, posicionamientos e interpretaciones aparecieron tanto en medios masivos como en otros espacios más especializados, además un grupo de antropólogos participó en las investigaciones de la Comisión Especial para el esclarecimiento de lo ocurrido en Uchuraccay, colaboración que el propio Degregori calificó como “poco afortunada” (2001: 46) debido a que sus conclusiones se encontraban plagadas de esencialismos y explicaciones aún cargadas por un prejuicioso indigenismo característico de la antropología local de la primera mitad del siglo XX. Repasar las  abundantes reacciones e investigaciones suscitadas tras el caso Uchuraccay permite dimensionar las reacciones tras la masacre de Lucanamarca a la luz del clima noticioso  e intelectual que vivía el Perú a comienzos de 1983.

Así, las notas sobre precios y catástrofes naturales profusamente ilustradas ocupaban importantes espacios en los periódicos de circulación nacional, mientras que los reportes sobre la violencia  política solían ser escuetos e imprecisos. En 1989 la DESCO  enlistó 15 acontecimientos importantes relacionados con la violencia política acaecidos entre el 26 de enero y el 3 de abril de 1983, sin embargo su impacto mediático fue casi nulo. Las notas periodísticas de estos hechos muchas veces se basaban exclusivamente en la información triunfalista difundida por las Fuerzas Armadas al mando del infame General (r) de Brigada Clemente Noel Moral[13] o, en el otro extremo, en fuentes no identificadas aparentemente ligadas al senderismo. Es en este marco de visibilidad y legibilidad mediática que se produjo la masacre de Lucanamarca, un Distrito  altoandino de difícil acceso desde la ciudad de Huamanga situado en la provincia de Víctor Fajardo[14], territorio ubicado dentro de la llamada “zona de emergencia”. Los perpetradores comenzaron su marcha asesina la mañana del 3 de abril de 1983 en las inmediaciones del distrito y huyeron de la cabecera municipal bien entrada la tarde, alrededor de las 17 horas,  dejando tras de sí decenas de cuerpos mutilados y desfigurados por los machetazos y hachazos. Poco después algunos heridos fueron atendidos en una posta médica en la cercana localidad de Huancasancos, mientras que otros fueron trasladados al Hospital Regional Base de Ayacucho, ubicado en la ciudad capital de Huamanga,  sin embargo las primeras notas periodísticas sobre el ataque fueron publicadas hasta el 5 de abril en los diarios El Comercio (de tendencia oficialista), La República (centro) y Diario Marka (izquierda)[15]. Estos medios dedicaron parte de su primera plana al acontecimiento, aunque describiéndolo de manera diferenciada.  Por ejemplo, el diario La República tituló así la nota: “Sendero vuelve al ataque MATAN A 45 EN AYACUCHO. 200 saquean e incendian municipio, viviendas y tiendas”, destacando el número de víctimas y victimarios, además de otros actos de destrucción que otorgaban a la masacre una dimensión arrasadora,  por su parte el titular principal del  Diario Marka   decía: “SENDERO MATA 45 EN FEROZ OFENSIVA. Columna de 200 senderistas atacó pueblo de Lucanamarca. Sinchis salen en su búsqueda”, si bien es cierto que los datos son idénticos a los publicados por La República  la expresión “feroz ofensiva”  remite a la terminología usada en la jerga militar para referirse al enfrentamiento desplegado contra un enemigo combatiente, idea reforzada por el balazo desplegado en la parte superior del diario  en el que se especula que las “víctimas serían paramilitares”. En el otro extremo de la construcción política del acontecimiento, El Comercio se plegó completamente a la versión oficial que interpretó la masacre como una cruel manifestación de la locura senderista perpetrada contra inocentes indígenas andinos que no quisieron someterse, en su titular afirmaban: “TERRORISTAS VICTIMAN A 45 campesinos de Lucanamarca. En represalia porque pidieron protección de las fuerzas del orden“,     es de destacar que fue el único medio que calificó a los perpetradores como “terroristas”, un apelativo que pronto se masificará a lo largo del país llegando a convertirse prácticamente en un sinónimo de senderista.  En ningún caso se incluyeron imágenes relacionadas con la masacre el día 5 de abril.

En los días siguientes los detalles de la masacre se fueron filtrando  poco a poco a la prensa. La zona de la masacre se mantenía en estado de sitio, por lo que los periodistas no tenían ninguna posibilidad de acceder a ella, salvo una notable excepción; el 5 de abril el general Clemente Noel arribó a Lucanamarca en un helicóptero acompañado de algunos periodistas de la revista Caretas (Falconi, Jiménez y Alfaro, 2007: 123) entre ellos el conocido fotógrafo Oscar Medrano. El resto de medios que no gozaron de esta prebenda recurrieron principalmente a las siguientes fuentes de información: 1) informes del ejército, 2)  voceros y funcionarios de gobierno, 3) testimonios de sobrevivientes atendidos en Huamanga y 4) algunos informantes particulares. En su minuciosa tesis de licenciatura (2011), Luis Antonio Benavides Parra, llegó a la conclusión de que en el caso de esta masacre los principales medios impresos recurrieron de manera diferenciada a las fuentes,  otorgándoles además una validez estratificada, construyendo representaciones mediáticas del acontecimiento profundamente divergentes. El Comercio otorgó mayor validez a los comunicados del ejército, aunque también recurrió a otras fuentes oficiales y en mucho menor medida a informantes particulares, por su parte La República lanzó críticas tanto a Sendero Luminoso como a la política antisubversiva desarrollada por el Estado, recurriendo a una mayor variedad de fuentes, entre las que destacó la voz de los sobrevivientes atendidos en Huamanga. El Diario Marka fue el único que especuló sobre la existencia de paramilitares y ofensivas mutuas, pero su versión se fue matizando conforme pasaron los días, llegando a condenar la masacre, aunque tarde y discretamente. Sus fuentes fueron mayormente informantes particulares “confiables”, en menor medida también se valió de fuentes oficiales comúnmente recuperadas para contrastar y apuntalar los testimonios de sus informantes.

-Un acontecimiento inimaginable.

Así, el acontecimiento se fue construyendo mediáticamente fundamentalmente a través de voces oficiales y breves relatos de algunos de los pocos heridos que fueron atendidos en la capital del departamento, configurando  un acontecimiento estrechamente ligado a la narrativa estatal la cual  comenzaba a dar un viraje en la interpretación del conflicto, conformando una semántica de guerra que se implantó de forma más decidida y violenta a partir de ese momento primero en Ayacucho y más tarde en el resto del país. De nuevo las voces de los campesinos quechuas fue marginada, y en las pocas ocasiones en las que aparecía sólo operaba como una narrativa de duelo, un lamento indiferenciado que contribuía a la construcción de relatos sentimentales de la masacre, desindividualizando al sujeto concreto para ubicarlo como una suerte de portavoz abstracto del sentir de la comunidad.  La notable ausencia de imágenes, salvo aquellas en las que aparecía el general Noel, contribuyó a que el hecho se mantuviera también de cierto modo fantasmagórico. En contraste con las descarnadas imágenes de Uchuraccay, en este caso no existió un registro fotográfico contundente, situación que  dado el marco de visibilidad que se estaba configurando en aquel momento, seguramente contribuyó a que la noticia tuviera un impacto emocional en la población bastante discreto pues, en palabras de Susan Sontag, en el mundo moderno “la noción misma de atrocidad, de crimen de guerra, está relacionada con la expectativa de los indicios fotográficos. Tales indicios, por lo general, son de algo póstumo; los restos, por decirlo así” (Sontag, 2004: 38), en tal sentido,  “las fotografías de lo atroz ilustran y también corroboran” los discursos. Desde luego, existieron imágenes, pero  se trató de registros muy posteriores a la masacre que además circularon desfasados de las primeras notas sobre el caso.

Otro aspecto importante fue que en general no hubo posicionamientos públicos ni desplegados por parte de organizaciones sindicales, políticas y civiles. Lo cual marcó una importante diferencia con  lo sucedido tras el asesinato de periodistas en Uchuraccay meses antes.  Esto se debió, como se ha mencionado anteriormente, a que buena parte de la izquierda y las organizaciones populares aún tenía reservas en cuanto a criticar frontalmente al PCP-SL, además de que existía un profundo recelo hacia las acciones de la policía y el ejército. Otros sectores creían aún que Sendero Luminoso era más bien un montaje de la derecha para desestabilizar la débil vida democrática del país.

-La voz de los sobrevivientes a través de los corresponsales. 

Como se ha mencionado aquí y en otros trabajos (Benavides, 2011) (Kazuco, 2011), la voz de los sobrevivientes fue una de las fuentes a las que recurrieron los periódicos que reportaron la masacre. Estas voces, empero, fueron recuperadas y usadas de maneras muy diversas, a las víctimas directas de la violencia, se les caracterizó con mayor o menor cuidado: a veces incluso su nombre propio se desvaneció o se transcribió con errores. En las notas revisadas los medios nunca erraron en escribir el nombre del General Noel o el “Presidente Gonzalo”,  pero el nombre de aquél hombre con un machetazo en la cabeza internado en un precario hospital parecía no requerir precisión, a veces apareció como un accesorio que podría  darle mayor credibilidad a una nota perdida en páginas interiores. Hay sin embargo, un rasgo  común en la manera en que estas voces fueron insertadas en las notas periodísticas: siempre aparecen en calidad de víctimas. Para los medios impresos, y a través de ellos para el país entero, la voz de los comuneros de Lucanamarca sólo existió cuando se situó en el lugar de la víctima que sobrevivía en lo que la revista  Caretas calificó  de “pueblo trágico”.

En este caso varios medios reiteraron y  actualizaron un viejo lugar común: el pueblo andino es un pueblo trágico y su voz suele ser un lamento largo, un lamento histórico que viene de generaciones. Es comprensible que en este caso la voz del “otro” haya figurado exclusivamente en su estatuto de vida dañada pues fue precisamente eso lo que lo volvió visible (legible) para el resto, por ello es pertinente matizar. Sería sencillo descalificar el trabajo periodístico por este tratamiento, pero en verdad los comuneros entrevistados eran víctimas, en verdad ese pueblo fue el escenario de la destrucción, ¿el hecho de que los medios los exhibiesen como tales revela sólo un prejuicio o un lugar común?, no necesariamente, pues como escribió recientemente José Carlos Agüero: “La ‘construcción de la víctima’ no fue sólo un proceso discursivo. La víctima se construyó antes (o simultáneamente a su nombre) al sufrir los cuerpos y las voluntades la coerción” (2015:75). Es decir, estas personas ya habían sufrido, sus vidas ya se encontraban trastocadas, no se convirtieron en víctimas por la intervención mediática, sino por la violencia. La víctima existía antes, el problema es cómo fueron representadas o usados sus testimonios, lo terrible fue que fueran sometidos a un “victimocentrismo” mediático que les arrebataba cualquier agencia y particularidad.  En lo que sigue se hará un sucinto recorrido por las voces de estas víctimas recogidas por corresponsales en Ayacucho de los diarios El Comercio, La República y El Diario Marka[16] con el objetivo de conocer qué función jugaron en la construcción mediática del acontecimiento, es decir, cómo se inscribió  “la palabra del subalterno” en el entramado narrativo configurado por las notas de prensa, una trama (en el triple sentido de tejido, narración y confabulación) que le otorgó visibilidad nacional a la masacre.

El 8 de abril el diario El Comercio publicó en su sección policiaca una nota titulada “Senderistas cometieron la masacre porque Lucanamarca no se sometió” (1983: A-11), en ella el diario, a través de su enviado Javier Ascue Sarmiento, construyó la versión de que la masacre fue una venganza del PCP-SL contra una comunidad que se rebeló ante él.  En esta nota, antecedida por otras más y algunos artículos de opinión escritos en el mismo tenor, se recurría como única fuente a los testimonios del alcalde de la comunidad “Alberto” Tacas Rojas[17]  y del joven campesino Marcelino Casavilca Quinchos, ambos sobrevivientes de la matanza que en ese momento se encontraban convaleciendo en el hospital regional. En esta breve nota se atribuyen interpretaciones del hecho al mandatario local sin citar textualmente sus palabras. Tal es el caso de la tesis central que sostiene la publicación:

El cruel asesinato de inocentes perpetrado por senderistas en Lucanamarca fue una venganza de los subversivos porque el pueblo no aceptó sus imposiciones, manifestó en un dramático relato el alcalde de dicha comunidad Gualberto Tocas Rojas, quien salvó milagrosamente de morir (El Comercio, 1983: A-11).

 

Sin embargo, cuando el testimoniante detalla la brutalidad de los atacantes, su voz sí es recuperada, probablemente para otorgarle mayor dramatismo al relato:

Nosotros estábamos a diez kilómetros de distancia del pueblo cuando escuchamos el ruido de explosiones y tableteo de metrallas. Al acudir en auxilio de la población fuimos interceptados en el camino por otro grupo que nos atacó y dio muerte a varios campesinos (…) Perdí el conocimiento (…) por eso me dieron por muerto y me abandonaron. Alcancé a escuchar que todo el pueblo sería arrasado por traidor y cómplice en la muerte de varios senderistas en meses pasados (El Comercio, 1983: A-11). 

 

El testimonio del joven Marcelino de 26 años es aún más descarnado en su precisión sobre el despiadado proceder de los asesinos:

Con hacha y machete golpearon y dieron muerte a los pobladores, ensañándose con niños, mujeres y ancianos indefensos (…) Los atacantes se reían y gozaban al dar muerte a los campesinos. Parecían locos (…) frente a mí  (…) cayeron tres personas decapitadas con hachazos y un niño acribillados con metralleta. Entonces sentí un golpe de hacha y un tiro contra mí y quedé desmayado (El Comercio, 1983: A-11).

 

Los relatos de estos dos hombres brindan, además de un acercamiento dramático y terrible a la masacre, algunos datos valiosos para la reconstrucción de los hechos; por ejemplo describen puntualmente el método y los instrumentos de la matanza, con lo que queda claro que se trató de una acción coordinada y realizada inescrupulosamente contra una población desarmada, contradiciendo otras versiones que insinuaban la existencia de un enfrentamiento. Es de destacar también que en  ningún momento se recuperó la voz propia de los testimoniantes en lo referente a la supuesta motivación de Sendero para perpetrar la masacre, esta versión parece más bien parte de la línea editorial del periódico plasmada en una nota robustecida por las palabras de los sobrevivientes, pues esta misma versión fue sostenida por el diario en notas anteriores y artículos de opinión[18]

Fue la primera vez que este diario recabó las palabras de los sobrevivientes de esta masacre. Ese mismo día se incluyó otra breve nota sobre el caso, también firmada por el ya reconocido periodista Javier Ascue[19]. En este breve texto periodístico titulado “Después de la masacre se llevaron el ganado” es citado el testimonio de Oswaldo Alloca García, también sobreviviente de la masacre. En su relato, el pastor de 45 años de edad denunció que los senderistas habían robado ganado tras la matanza:

Vi cuando los atacantes entraron al pueblo diciendo palabras soeces y amenazando de muerte a la población. Uno de los senderistas se acercó a mí levantando el hacha. Después no me acuerdo de nada (El Comercio, 8 de abril de 1983: A-11).

 

Además de esta denuncia, la nota rescata su lamento: “Yo soy un pobre pastor, no sé por qué me han querido matar. Se llevaron mis ovejas” (1983: A-11). Se reseñan además las vivencias de otro campesino al que identifican como Edmundo Camassa Sumari[20]. En este caso el  periodista narra la historia de cómo el campesino fue capturado y atacado junto con otras personas,  sin recurrir a la cita textual, sin embargo resulta valioso el testimonio  pues se trata de la primera vez en que se relata la historia de esta persona que tiempo después cobrará gran relevancia gracias al trabajo de Óscar Medrano y a las “políticas de memoria” emprendidas a principios del siglo XXI.

El 12 de abril  de nuevo Javier Ascue publicó en El Comercio algunos testimonios de los pobladores. En esta nueva nota incluida en la sección policial (A-9) se reportó que fueron internados en el hospital de Ayacucho otros 3 sobrevivientes de la matanza. Entre los heridos se encontraba una joven madre de un niño de cuatro años,  llamada Basílica Huancahuari Morales[21], la primera –y única- mujer sobreviviente  cuyo testimonio fue recabado por un medio impreso en los días posteriores al ataque. A través del periodista, la mujer relató cómo su hijo fue arrojado al suelo y atacado con un hacha, logrando sobrevivir. Su voz de consuelo fue recuperada textualmente hacia el final del relato:   “Cuál sería mi alegría en medio de la tragedia –dijo- al despertar y ver a mi pequeño con vida, aunque mucha sangre salía de su cabecita” (12 de abril de 1983: A-9). Finalmente el periodista también recogió una voz  poco escuchada en los conflictos, la de un  niño llamado Wilmer. Según Ascue, el niño expresó en quechua su dolor pronunciando las siguientes palabras: “los malos pueden regresar y matar a mamá”.

En estas breves notas publicadas en El Comercio, los relatos de los sobrevivientes son recabados por Javier Ascue, quien les agrega un breve contexto y algunas libertades interpretativas. Se trata de las pocas historias a las que los periodistas tuvieron acceso, es decir, aquellas que narró gente que salió de la llamada Zona de emergencia. Los fragmentos de los testimonios que Ascue transcribió comparten un rasgo; todos poseen cierto valor informativo y al mismo tiempo una enorme carga dramática que sitúa el hecho noticioso a una escala humana, a veces casi sentimentalista. Ya sea de manera intencionada o no, estas notas además contribuyeron al establecimiento de la versión oficial según la cual los senderistas aparecían como asesinos dementes sedientos de venganza mientras que los comuneros eran caracterizados como víctimas inocentes (e ignorantes) que ingenuamente quisieron oponerse a la violencia de un ente externo que los asediaba.

Por su parte, el recién fundado diario La República recogió algunas declaraciones oficiales y datos provenientes de fuentes no reveladas llamadas “informantes de confianza”, además expresó su indignación en sus notas y en su apartado editorial, sin embargo no recurrió a la cita textual de ningún testimonio de sobrevivientes o comuneros en los días siguientes al ataque. Tampoco apareció el nombre de ningún corresponsal en Ayacucho por lo que es posible pensar que no contaban con uno especialmente para dicha tarea, o al menos no con el reconocimiento y habilidades que Ascue le brindaba al diario El Comercio, otra posibilidad es que el anonimato tanto de las fuentes como del periodista haya sido una estrategia de seguridad, como ha sucedido en tantos otros conflictos armados.

Por lo regular las referencias al testimonio en este diario fueron ambiguas, como en la primera nota sobre el acontecimiento publicada el 5 de abril, en ella se detallan las rutas por las que huyeron los asesinos subrayando que se trataba de “una zona inaccesible, según manifestaron varios campesinos que los vieron ingresar por esos parajes agrestes” (5 de abril de 1983: 7), en este caso la precisión de los caminos por los que supuestamente escaparon los perpetradores contrasta con lo difuso de la fuente.  En una nota posterior, los comuneros fueron retratados como una multitud temerosa y silenciosa que huía del horror:

Mientras tanto, centenares de familias campesinas de las comunidades de esas provincias iniciaron hoy un éxodo masivo hacia los centros urbanos de Cangallo y Huancapi, en busca de protección policial, temerosos de ser atacados por ‘Sendero Luminoso’ (La República 6 de abril de 1983:6).

 

A pesar de surgir en el relato, estos cuerpos errantes no son convocados a hablar, aparecen en medio de la nota como una legión de seres enmudecidos. En este caso el periodista parece haber estado muy cerca de los hechos, pero su presencia es también la de un testigo silencioso que se limita a describir la dramática situación de los entierros que se llevaron a cabo días después de la masacre: “Gran parte de las víctimas fueron enterradas hoy, tarea que culminará mañana, en medio de desgarradoras escenas de dolor protagonizadas por los deudos de los muertos” (1983:6). Tampoco hay imágenes de estas escenas al parecer presenciadas por el periodista anónimo, en su lugar la nota es acompañada por fotografías de militares en la zona. En  publicaciones posteriores se mantiene el mismo patrón, por ejemplo en una nota publicada el 7 de abril (La República, 1983: 3) se ofrece una lista pormenorizada de los heridos atendidos en Huancasancos y en Ayacucho, así como una lista de los comuneros asesinados, inclusive se ofrece el nombre del sanitario encargado de la atención de los heridos y la identificación de los cadáveres (Rigoberto Vivanco Núñez), sin embargo nuevamente no se revelan fuentes, ni hay citas a testimonios y una vez más el reportero es anónimo. Un tratamiento equivalente recibían también las notas que recurrían a fuentes “allegadas a los círculos de poder” del ejército y el gobierno. En síntesis se puede afirmar que  La República, a pesar de la notable escases de testimonios en sus notas, mantuvo una cobertura detallada y consistente del acontecimiento noticioso, además de sostener una postura crítica tanto hacia Sendero como hacia la actuación oficial.  En este  caso el seguimiento noticioso se centró en el proceso amplio de violencia política y las secuelas del ataque, recurriendo de manera menos dramática a las descripciones de los hechos, lo cual parece reflejar, más que una voluntad individual de reporteros anónimos, la línea editorial del diario.

Una cobertura muy distinta fue la desplegada por El Diario Marka, un periódico en el que en ese momento confluían diversas corrientes de izquierda (principalmente de Izquierda Unida), algunas de las cuales mostraban simpatía por el proyecto senderista[22]. Quizá debido a este inicial entusiasmo, el diario solía desconfiar de las versiones oficiales que hablaban de atentados y asesinatos por parte del PCP-SL, por ello en un primer momento (1980-1981) en sus notas solían acusar a la derecha de perpetrar dichos ataques como estrategia de desestabilización, una táctica común en otros países de la región, como Chile y Argentina. En 1982 la figura de Sendero era un poco más nítida, al menos debido a acciones espectaculares como el asalto a la cárcel de Huamanga, estas acciones aunadas al despiadado accionar de las fuerzas del orden generaron un incremento en el apoyo urbano a esta organización, el cual se vio reflejado también en El Diario[23]. Ya para 1983 varios colaboradores manifestaban importantes divergencias con Sendero Luminoso, a pesar de ello  el nuevo gobierno y las fuerzas armadas suscitaban mayor recelo, una postura comprensible si se toma en cuenta el marco histórico nacional (un reciente retorno al gobierno civil y la memoria de una “guerrilla heroica”[24]) y regional (los países vecinos controlados por dictaduras militares, en Centroamérica algunas guerrillas aún disputaban el poder a gobiernos autoritarios). Al interior del diario había discusiones acaloradas sobre Sendero, sin embargo predominaba una opinión común entre la izquierda del momento descrita por Carlos Iván Degregori así: “lo veían como un grupo guerrillero equivocado pero impulsado por el anhelo de transformación social del país” (2013: 51).

El Diario había reportado anteriormente otros sucesos violentos ocurridos en la comunidad de Lucanamarca ese mismo año achacados a los sinchis, sin embargo una revisión histórica más detallada apunta a que se trataron de resoluciones violentas de viejos conflictos comunitarios, al cobijo del nuevo ambiente de guerra. En su primera nota sobre la masacre el diario recurrió a “versiones extraoficiales” para apuntalar la versión de que se trató de un enfrentamiento entre paramilitares y senderistas. En publicaciones posteriores tal versión se fue matizando y corrigiendo, señalando también la importante presencia de militares y policías tanto en Lucanamarca como en la ciudad de Huamanga, todo ello sin recurrir a testimonios de sobrevivientes, abrevando principalmente de fuentes oficiales, como la del titular del Interior Fernando Rincón Bazo y del propio Clemente Noel. También recurrió a fuentes “extraoficiales”, centrando su cobertura en las consecuencias represivas que trajo la masacre, no sólo en Lucanamarca sino en todo el departamento de Ayacucho, en su afán por demostrar la brutalidad del estado, este periódico ostensiblemente ignoró la voz de las víctimas y los sobrevivientes e incluso minimizó la crueldad senderista al subrayar casi exclusivamente las atrocidades cometidas por los sinchis y el ejército, calificadas a veces como “genocidio” contra el pueblo[25].

Algo similar ocurrió con las imágenes; en su inmensa mayoría las fotografías son de efectivos militares, en  otras pocas aparecen las víctimas de la violencia de Estado, pero no hay ninguna de familiares, víctimas o sobrevivientes de los ataques senderistas. Ya para el 16 de abril El Diario consolidó su postura respecto a la violencia política, planteando una interpretación editorial en clave de la Teoría de los dos demonios: “la verdad es que las víctimas de ambos bandos son, en su abrumadora mayoría, humildes campesinos que nada tienen que ver con los sinchis ni con los senderistas” (16 de abril de 1986:6). Una definición del conflicto poco consecuente, sobre todo si se toma en cuenta la tendencia política de El Diario,  pues según datos de The Peru Report recuperados por DESCO,  la gran mayoría de asesinados en el conflicto en ese año fueron miembros del PCP-SL (261), seguidos de civiles (951) y finalmente fuerzas del orden (65) (DESCO, 1989:36). 

Resulta sintomático que, de los tres diarios revisados, el único que acogió de manera sostenida y explícita la voz de los sobrevivientes y comuneros haya sido precisamente aquél más ligado al oficialismo. Se trata además del diario con mayor antigüedad y corresponsales más experimentados, lo cual puede contribuir a explicarlo, sobre todo si se toma en cuenta que apenas en 1980 el presidente Belaunde devolvió al país la libertad de prensa tras un periodo de censura que afectó sobre todo a diarios pequeños (CVR, 2003c: 491),  sin embargo resulta más determinante la propia línea editorial del diario, pues la derecha y el oficialismo fueron los sectores que más amplia difusión dieron a los ataques senderistas en años en los que una parte de la izquierda aún mantenía ciertas expectativas o incluso afinidades con el PCP-SL.

 

  1. El Reportaje de Caretas y la versión oficial. Un comentario final.

Pronto las notas sobre la masacre se fueron haciendo cada vez más escuetas en todos los periódicos, hasta languidecer y desaparecer casi por completo a los pocos días, sin embargo el 11 de abril la masacre volvió a ubicarse en el espacio noticioso gracias a la revista Caretas. Ilustración peruana que consagró su número 743 al caso, bajo el sensacionalista título de “Genocidio en Lucanamarca” (ver figura 2). Esta revista de gran difusión nacional y poseedora de una amplia red de contactos en las altas esferas del poder, consiguió presentar el primer reportaje desde el lugar de los hechos.  Más que un amplio documento escrito, se trata de una suerte de fotoreportaje hecho por el reconocido fotógrafo Óscar Medrano, en cuyas imágenes aparecen por primera vez las víctimas en su comunidad, son rostros llenos de dolor de hombres y mujeres que aparecen en escenas dramáticas captadas en los escenarios mismos del horror. El portafolio de imágenes que parece  tener una clara intensión testimonial está acompañado por un emotivo reportaje escrito por dos columnistas destacados de la revista; Gustavo Gorriti[26] y Benito Portocarrero. En su artículo titulado “La matanza de Lucanamarca”, los autores detallan el suceso  y otorgan nombre propio a sus protagonistas, se consignan correctamente varios de los nombres de los muertos y heridos durante la matanza, asimismo se traza una breve historia de esta comunidad a la que califican de progresista. Es una narración cuidadosa que además transmite el testimonio de un sobreviviente anónimo, aunque presumiblemente se trata del alcalde Gualberto Rojas herido en la nuca, cuya imagen aparece en el reportaje[27]. Sin un comentario introductorio, este testimonio abre relatando la incursión senderista, pero además revela los ingenuos y heroicos intentos de autodefensa dirigidos por  él:

Yo organicé a la gente con honda nomás. Creíamos que sólo 3 o 4 tenían balas y les íbamos a hacer gastar las balas, para después atacar. Pero, cuando ellos empezaron a avanzar, nosotros cinco tiramos piedra, piedra. Ellos dispararon bala, harta.  Ninguno cayó ahí (…) Nos acomodaron en el rincón de la plaza. Al ratito llegaron nuestros hermanos que habían corrido. A ellos pusieron de columna también en la puerta de la iglesia y luego mandaron echarse a la gente, con la mano en la nuca. Al resto nos pusieron en el rincón, inmóviles.  (Caretas, 1983: 15).  

Caretas No. 743
Imagen 2. Caretas No. 743. 

Luego el breve relato se centra en describir el proceder de los senderistas, calificados de “terroristas” por los reporteros, pero no por el sobreviviente:

De nosotros, a muy pocos han masacrado; pero a quienes han traído aprisionados, a ellos, a todititos han masacrado. A base de hacha primero  han iniciado. Cuando ya no hacían nada con hachas, un sujeto de ellos, uno medio flaco, agarró uno así como el que llaman FAL. Con eso desde la puerta de la iglesia comenzaron a disparar. De ellos sólo vive Marcelino. El resto ha muerto. (Caretas, 1983:16).

 

Este relato es particularmente importante en la construcción mediática del acontecimiento puesto que  muestra a un personaje con agencia y capacidad de decisión, distanciándose de otros relatos en los que sólo se pone en relevancia el sufrimiento de haber sido víctima. El montaje  que crea una relación estrecha entre el relato y las imágenes contribuye además a generar un efecto de cercanía y transparencia, algo que, desde luego, es sólo una ilusión que oculta la serie de mediaciones que se tejen entre el momento del relato y su representación escrita, entre el sujeto que enuncia y el personaje de su narración, entre el instante y el encuadre fotográfico, etcétera. Finalmente en este artículo también se hace una primera aproximación a la  voz del perpetrador pues tras recoger varios testimonios se obtuvo el grito de guerra que los senderistas lanzaban mientras ejecutaban la masacre: “Huancasancos, Sacsamarca, Lucanamarca serán polvo. Nadie los podrá defender” (Caretas, 1983: 18). Estas exclamaciones recabadas contribuyen a pensar en los atacantes como implacables sujetos sedientos de sangre, lo cual permite a los periodistas concluir el artículo haciendo una arriesgada comparación con el régimen impuesto por los jemeres rojos en Camboya, para ellos en ese momento ya  “Pol Pot camina los Andes” (Caretas, 1983:18). Esta asimilación resulta desproporcionada en ese momento del conflicto, además de que no parece ingenua; transforma a este grupo de senderistas en una suerte de sujeto monstruoso, un Pol Pot-horda que, debido a la manera en que está estructurado el enunciado, parece un ser descomunal que camina por los senderos de unas tierras que le son ajenas, pues él, este cuerpo colectivo-Pol Pot, es un ser ajeno, extraño, extranjero.

Este reportaje de Caretas es sin duda el trabajo periodístico más consistente hecho en los días siguientes a la masacre, otorgando valiosa información de primera mano y dando por primera vez imagen al acontecimiento, sin embargo es evidente que existe un profundo sesgo en la información y las imágenes, así como en lo relatado en los testimonios. Esto se debe a las  particulares condiciones de enunciación, acotadas y dirigidas por distintos poderes. Se trató de un acercamiento privilegiado  pues los periodistas de la revista arribaron a la comunidad a bordo de un helicóptero del ejército acompañados del General Noel y su equipo. Esto no es un dato menor, pues hace evidente la existencia de un filtro mediático que se tradujo en una construcción visual y narrativa única del acontecimiento,  aprobada y supervisada por los agentes del estado. En este sentido, independientemente de las intenciones individuales, los periodistas de Caretas no fisuraron “el archipiélago de excepciones” (Bauman, 2008), sino que operaron dentro de él,  formando un “cerco mediático” que cimentó narrativa y visualmente la versión oficial. Se puede pensar este caso, incluso, como uno de los más tempranos ejemplos de lo que recientemente Judith Butler ha llamado “periodismo incorporado” (2010), es decir, aquél que forma parte de uno de los frentes de batalla, por lo que no sólo respalda su versión sino que viaja con él y acepta sus condiciones, como un destacamento mediático de las fuerzas del orden que en su aparente explicitud fotográfica y cercanía emocional, blinda el acontecimiento. De tal suerte que incluso el testimonio recogido, más allá de su franqueza, fue insertado en un entramado escritural que coincidía completamente con las versiones oficiales.  Aún ahora esta versión del acontecimiento es la más extendida mediáticamente, por lo que es posible afirmar que, a pesar de los intentos de algunos diarios, fue precisamente este abordaje de Caretas el que logró conformarse como el relato “oficial” del acontecimiento y uno de los pilares centrales de las “políticas de la memoria” estatal de comienzos del siglo XXI.  Pocas veces se matiza dicha versión y nunca se le compara con la disputa que en aquél momento se libró entre distintos medios que aportaban información borrada de la tardía versión de Caretas y el ejército.

Investigaciones más recientes realizadas por distintos estudiosos sociales y organismos de derechos humanos han develado la complejidad del conflicto en Lucanamarca, así como la serie de matanzas perpetradas en la población antes y después de la masacre reseñada y que no tuvieron ninguna repercusión mediática. Asimismo se ha documentado, incluso por la CVR, la serie de violencias que sufrió la comunidad largos años bajo el control del Estado que impuso un estado de excepción intermitente que se prolongó hasta finales de la década.  Sin embargo todos estos avances no han fisurado la versión oficial descrita por Caretas de la mano del ejército y aceptada generalmente en los museos, muestras de arte y de fotografía, generando un relato ejemplarizante en el que los perpetradores parecen actuar con demencia contra un pueblo primitivo ubicado al margen de la historia y los cambios políticos, un relato de víctimas y victimarios totales que no atiende a la complejidad cultural de la localidad ni a las redes amicales ni familiares ahí imbricadas y que tampoco se pregunta por los cambios emprendidos a raíz de la masacre al interior del propio PCP-SL, ni por la capacidad de agencia de los actores dentro de la propia comunidad la cual fue bastante relevante. Sin duda el discurso hegemónico ofrece una versión que sigue generando dividendos para algunos sectores del país que se nutren de ciertos usos públicos del pasado atroz del país.

 

Notas:

[1] Este artículo es parte de una tesis doctoral que realizo en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM bajo la dirección de la Dra. Maya Aguiluz Ibargüen.

[2] Sociólogo. Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[3][3] Tomo esta noción de la obra de Michael Foucault quien a su vez se inspira en la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. De modo general, el método genealógico foucaultiano puede describirse como una estrategia de crítica del presente a través de los documentos del pasado y del análisis de los poderes que intervinieron en su conformación como archivo, así como de las dinámicas que hicieron posible que ciertas voces se impusieran sobre otras haciendo hegemónicos no sólo ciertos relatos de los acontecimientos sino un lenguaje cargado de poder; un discurso. 

[4] Entrevista personal, 2016. Lima, Perú.

[5] Esta versión ha sido ampliamente documentada en una investigación hecha  recientemente por los periodistas Jaime y Víctor Tipe Sánchez (2014), la cual recurre a documentos inéditos y testimonios clave que anteriormente no habían sido recogidos. 

[6] La importante resonancia mediática de este acontecimiento y las diversas expresiones de repudio que suscitó y sigue suscitando la matanza contrasta  con la poca claridad histórica que se ha tenido respecto a los perpetradores, los autores intelectuales y sus causas.  Esta falta de una versión documentada y libre de estigmatización se ha ido subsanando en años recientes. Destaca el trabajo de Ponciano del Pino (2001) en el que estudia los usos de la memoria a través de análisis de la configuración y dinámica de las memorias “públicas”,  “privadas” y “ocultas” en la comunidad, además de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003: 121-182) y más reciente el ya mencionado estudio de Tipe Sánchez (2014). 

[7] Por su parte, en una interpretación igualmente impregnada de la lógica del frente latinoamericano de la Guerra Fría, el presidente Belaunde sostenía que se trataba de una ofensiva orquestada desde el exterior y probablemente financiada desde Cuba y Colombia.

[8] Me refiero  a las fotografías captadas por Willy Retto momentos antes de su ejecución. Estas imágenes potentes por su estatuto de precariedad  y urgencia  que se hicieron públicas en mayo de ese año se han convertido en íconos centrales en la construcción de la memoria visual del Conflicto Armado Interno. Asimismo, como sostiene Ponciano del Pino, han funcionado como una suerte de “evidencia” de la participación de Sinchis (fuerzas contrainsurgentes de las guardias civiles) en la matanza: “Para las familias de los periodistas, al observar en algunos cuerpos de los campesinos mayor proporción de tamaño, objetos como pantalones de fábrica, reloj, daban evidencia de la participación de los Sinchis disfrazados con ponchos de campesinos en la matanza” (Del Pino, 2001:26).  

[9] Sobre las diferencias en cuanto a la cobertura periodística de la violencia política es de destacar la tesis realizada por Claudia Kazuko Almeida Goshi para obtener el grado de licenciatura en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  En esta investigación titulada “Análisis crítico de los discursos sobre las tragedias de Uchuraccay, Lucanamarca y Putis en la prensa escrita de Perú” (2011) la autora analiza las prácticas discursivas  y los usos del lenguaje usados para narrar estos episodios de violencia en los diarios El Comercio, Expreso, La Prensa y El Diario Marka, llegando a la conclusión de que en muchas ocasiones la manera en que se redactaban las notas contribuía a la naturalización y legitimación de una violencia estructural profundamente racista. Otra investigación destacable es la tesis de licenciatura en Comunicación Social (UNMSM) elaborada por Luis Antonio Benavides Parra sobre la cobertura periodística en los casos de Lucanamarca y Cayara (2011).

[10] Ver Diario Marka, miércoles seis de abril de 1983, p. 3.

[11] A este respecto ver el apartado “2.73. Las ejecuciones extrajudiciales de Luis Morales Ortega, la familia Solier, Leonor Zamora y otros (1991)” del  Informe Final de la Comisión dela Verdad y Reconciliación (2003b) Tomo VII.

[12] Una honesta y aguda (auto) crítica a esta “ceguera” de la academia ante el conflicto la relata Carlos Iván Degregori (2011:29-73).

[13] Acusado posteriormente de múltiples crímenes como tortura, desaparición y asesinato de decenas de personas durante su gestión como jefe político-militar de Ayacucho en 1983, uno de los años más violentos de todo el conflicto armado en dicho departamento, el número de muertos puede dar una idea del crecimiento de la destrucción en ese breve periodo: en 1982 la DESCO documentó 193 víctimas, mientras que en 1983 la cifra aumentó a 1,979, en su mayoría “presuntos subversivos” (1, 226) (DESCO, 1989:43).  El general Noel Moral falleció en 2005 sin ser procesado penalmente.

[14] Más tarde ese mismo año cambió de adscripción provincial y ahora pertenece a la provincia de Huancasancos, situación que ha generado ciertos conflictos intercomunitarios.

[15] Usualmente se identifica a este diario como vocero del PCP-SL, sin embargo no fue tomado por esta organización sino hasta 1986. En 1983 colaboraban en él voces tan ajenas y críticas a Sendero como César Levano y Carlos Iván Degregori.

[16] Se han seleccionado estos tres por haber sido los primeros en reportar del hecho a nivel nacional.  Un trabajo aún por hacer sería estudiar cómo se reportó la masacre en los periódicos locales ya que, como documentó Aase Hjelde (2008), su situación  era muy distinta.

[17] El nombre correcto es Gualberto Tacas Rojas quien en ese momento contaba con 45 años, según documentos de la comunidad. Ver archivo 080305 Lucanamarca-7, del Centro de Documentación de la defensoría del Pueblo.

[18] Ver nota del 5 de abril (basada fundamentalmente en datos del comando de la zona de emergencia) y  la Editorial del diario del 6 de abril (1983: A-2).

[19] Su fama y prestigio fue creciendo tras su intrépida cobertura del terremoto que azotó Yungay en 1970. Años después volvió a cobrar cierta visibilidad tras salvarse de la masacre de Uchuraccay por no haber podido entrar al auto que lo acercaría, junto con sus compañeros más tarde asesinados al poblado.

[20] En realidad se trata de Edmundo Camana.

[21] Probablemente  se trata de la misma mujer que la COMISEDH registró como asesinada en 1990 con el nombre de  Baselisa Huancahuari Morales (COMISEDH, 2002: en línea).

[22] Esta pluralidad fue deshecha en 1986, año en el que el PCP-SL tomó el control de El Diario.

[23]  Sobre los virajes de El Diario en el período 1980-1983, ver: (Gran Combo Club, 2014: en línea). Un ejemplo de esta afinidad puede ser el artículo “Morir a los diecinueve. Edith Lagos: así comienzan las leyendas” (El Diario Marka, 8 de enero de 1983: 18) en el que Rosa Málaga comienza a erigir el martirologio en torno la joven militante abatida  por la Guardia Republicana del Perú en el departamento de Andahuaylas. Edith Lagos fue una de las pocas figuras visibles del PCP-SL que generaron un amplio apoyo social tras su muerte; el entierro en Ayacucho fue multitudinario.  Aún hoy son depositadas flores en  su tumba ubicada en el cementerio de Huamanga. Sobre la  construcción de un símbolo-mártir en torno a Edith Lagos ver (Guerrero, 2003).

[24] El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una guerrilla inspirada en la revolución cubana que operó en el Perú durante los años sesenta.  Un reciente estudio de Jan Lust (2013) ofrece una lectura detallada y sistemática de esta  y otras organizaciones.

[25] Ver nota “¡Genocidio!, bombardean 6 pueblos y matan 200” en El Diario Marka, 13 de abril de 1983, p. 3.

[26] Quien años más tarde publicó uno de los primeros trabajos ampliamente documentados sobre el PCP-SL Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú (1991).

[27] Además en declaraciones más recientes, Gualberto ha relatado una historia similar.  A este respecto ver el archivo 201149. M2-2002-09-05-1, del centro de documentación de la Defensoría del Pueblo.

 

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El Comercio, 8 de abril, sección Policía, A-11.

El Comercio, 12 de abril, A-9.

El Diario Marka, 8 de enero de 1983, p. 18

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Tesis:

Almeida Goshi, Claudia Kazuko (2011) Análisis crítico de los discursos sobre las tragedias de Uchuraccay, Lucanamarca y Putis en la prensa escrita de Perú. Lima,  Tesis para obtener el grado de licenciatura en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Benavides Parra,  Luis Antonio (2011) Las comunidades campesinas de Ayacucho, caso Lucanamarca y Cayara, en las publicaciones periodísticas de los diarios El Comercio, La República y el Diario MarKa entre 1980 y 1992. Lima, Tesis para obtener el grado de licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 

Archivo:

Centro de Documentación de la Defensoría del Pueblo. Archivo 080305 Lucanamarca-7.

Centro de Documentación de la Defensoría del Pueblo. Archivo 201149. M2-2002-09-05-1.

 

Cómo citar este artículo:

REYES, Rigoberto, (2017) ““Pol Pot camina por los Andes”. Sobre la construcción periodística de la masacre de Lucanamarca y sus efectos en los usos políticos del pasado”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 30, enero-marzo, 2017. Dossier 20: Herencias y exigencias. Usos de la memoria en los proyectos políticos de América Latina y el Caribe (1959-2010). La conflictiva y nunca acabada disputa por las memorias en América Latina. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 28 de Marzo de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1422&catid=62