Pacarina del Sur
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Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo XX. Los casos de España y Argentina

Este artículo realiza una primera aproximación comparada a la historia de dos experiencias de exilios masivos del siglo XX: el exilio republicano de la guerra civil española y el exilio argentino del terrorismo de Estado de los años setenta. El trabajo tiene tres partes. En la primera se pone en discusión las posibilidades y peligros que comporta hacer una historia comparada de los destierros español de 1939 y argentino de 1976. La segunda reconstruye en forma sucinta ambas experiencias exiliares tratando de dar respuestas situadas a preguntas centrales para el estudio de los exilios ¿quiénes se exiliaron?, ¿cuántos?, ¿cómo salieron?, ¿durante qué período? y ¿por qué? En la tercera, que actúa como cierre, se ponen en discusión algunas hipótesis sobre las memorias del exilio elaboradas por las respectivas sociedades de origen de cara a comprender a qué responden sus singularidades y cuáles son los puntos de confluencia entre ambos casos.

Palabras clave: exilios, historia comparada, España-Argentina, guerra civil, terrorismo de Estado

 

Suele afirmarse que los historiadores son hijos de su tiempo y que cada presente reescribe el pasado atendiendo a sus preocupaciones, inquietudes, urgencias y demandas.

¿Cuáles son las reverberaciones de este comienzo de siglo, caracterizado por el movimiento de cientos de miles de trabajadores, culturas nómades y desplazamientos masivos de población por hambrunas, catástrofes naturales, guerras y conflictos étnicos, sobre aquel pasado reciente de los exilios de habla hispana de los fascismos y sus regímenes autoritarios satélites en los años 1930 y de las dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional en los setenta?; ¿en qué medida los actuales flujos migratorios globales y los procesos de desterritorialización y reterritorialización que los acompañan y sus efectos sobre las subjetividades, las economías o la reconfiguración de las esferas pública y política, estimulan a historiadores y cientistas sociales a enfocarse en aquella coyuntura del siglo XX en la que los exilios dejaron de ser el camino de figuras eminentes de la política, los ejércitos o la cultura para convertirse en una práctica represiva sistemática en el contexto de otras estrategias de aniquilamiento, exclusión política y limpieza del enemigo interior en el marco de la Guerra Fría?; ¿qué nos dicen los actuales “vagabundos” (Bauman, 2005) –aquellos sujetos que se mueven empujados por una situación que no les ofrece perspectivas en sus países de origen o residencia y cuyo desplazamiento no es expresión de libertad, ni son bienvenidos en ninguna parte –, sobre los “apátridas” (Arendt, 1987), aquellos que huían despavoridos en la Europa de los totalitarismos de entreguerras o sobre los “subversivos en fuga” de los Estados terroristas del Cono Sur de la década de 1970?

Más allá de las diferencias sustantivas entre la nueva lógica organizadora[2] que conocemos como “globalización” en la que se mueven los actuales “sujetos en tránsito” (Fernández Bravo, Garramuño y Sosnowski, 2003), y el viejo sistema internacional donde se produjeron los exilios masivos de los fascismos europeos y de las dictaduras conosureñas, la puesta en diálogo de ambos procesos diaspóricos abre una agenda de problemas que los historiadores podemos usar para interrogar con otras claves y desde otros ángulos objetos de más o menos amplia instalación en nuestras historiografías nacionales.

Consideramos que este presente puede contribuir a reconocer que los exilios por su cualidad móvil suelen empobrecerse si los reducimos al marco de análisis estatal, ya que son procesos que involucran vínculos de interdependencia más allá de las fronteras políticas, en orden al diseño de estrategias de visibilización internacional, de lucha antidictatorial y de cooperación y solidaridad intercomunitaria. En cambio, una indagación atenta al interjuego de escalas (nacional, pero también local, transnacional y regional) puede resultar más útil para dar cuenta de un fenómeno complejo y poliédrico. Lo mismo cabe señalar con respecto a explorar los exilios en la larga duración y a sumar las dimensiones comparadas al campo de los destierros.

Desde esta perspectiva, este artículo intenta hacer una primera aproximación comparada a la historia de dos experiencias de exilios masivos del siglo XX: el exilio republicano de la guerra civil española y el exilio argentino del terrorismo de Estado de los años setenta.

El trabajo se divide en tres partes. La primera está dedicada a ponderar el lugar de la comparación en la historia de los exilios y las posibilidades y peligros que comporta hacer una historia comparada de los destierros español de 1939 y argentino de 1976. La segunda, en la que sin pretender alcanzar un nivel de comparación sistemática, se ponen en diálogo ambas experiencias de exilio interrogándolas desde aquellas cuestiones que permiten recortar el fenómeno de la emigración política de otros viajes y desplazamientos, a saber las formas y condiciones de la partida, el compromiso y/o la identidad política de los que convirtieron en viajeros forzados o condicionados por la violencia, el trabajo político en el exterior, etc. Se trata aquí de responder a preguntas que dan cuenta del “dato duro” en ambos exilios –¿quiénes se exiliaron?, ¿cuántos?, ¿cómo?, ¿durante qué período?, ¿por qué?– de cara a comprender zonas comunes y singularidades, en orden a mostrar la heterogeneidad de trayectorias y experiencias que encierran/solapan las nociones “exilio republicano” o “exilio de la guerra civil española” y “exilio del terrorismo de Estado” o “exilio antidictatorial de 1976”. La tercera se aproxima a las memorias públicas de ambos exilios en cada sociedad de origen no tanto para explicar cuál es el lugar de los exilios republicano español y antidictatorial argentino en los relatos que cada sociedad ha ido tejiendo desde la contemporaneidad del fenómeno hasta hoy, sino con el propósito de sugerir algunas hipótesis para una agenda de estudios comparados de las memorias de los exilios masivos del siglo XX. En tal sentido, se busca arrojar luz sobre los trabajos de la memoria de las que fueron experiencias paradigmáticas de exilios en cada contexto nacional, de cara a obtener explicaciones y/o reformular las preguntas que los investigadores[3] interesados en las memorias de los exilios solemos realizar: ¿en qué medida los contenidos privilegiados de las memorias de los exilios guardan relación con la magnitud del acontecimiento, la dinámica de las respectivas memorias sociales sobre la resistencia política y la violencia del Estado, con la existencia o no de “emprendedores de memoria” (Jelin, 2002), con una cualidad intrínseca del fenómeno exiliar (naturaleza flotante, poliédrica, descentrada, contrapuntística (aquí-allá, antes-ahora) que dificulta su inscripción en los relatos sociales de la Nación, etc.?

 

1. Comparando exilios masivos

Para los historiadores, el uso de la comparación ha formado parte de su arsenal analítico desde que, en la segunda década del siglo XX y a impulso de las nacientes Ciencias Sociales, Clío intentó dejar de identificarse con lo político, lo cronológico y lo acontecimental y a la vez demoler “los anticuados compartimientos topográficos” (Bloch, 1928: 44) en los que había encerrado el pasado, para explorar nuevos continentes en los que lo social pudiera explicarse en forma más acabada. Pero siendo un programa que tiene casi un siglo en la historiografía y aunque existen ámbitos en los que los estudios comparados han avanzado significativamente (colonización y frontera, esclavitud y pluralismo étnico, excepcionalidad nacional, feudalismo y capitalismo, transiciones dictadura-democracia, diásporas, religiones primitivas, entre otras), la comparación no deja de ser un camino plagado de dificultades y riesgos que no pocas veces la Historia evita transitar temiendo empobrecer lo contingente por la excesiva generalización o anular la diferencia detrás de analogías engañadoras.

Más allá de los resguardos ante los peligros del anacronismo, la construcción de una historia inmóvil o la constatación de similitudes que resultan de forzados paralelismos, una Historia comparada que no se afane en la reducción de lo complejo a un común denominador, sino que ancle su interés en la “tensión persistente entre similitud y diferencia” (Elliott, 1999: 237) puede ser provechosa no sólo para evitar caer en la postulación de excepcionalidades nacionales o en lecturas fatalistas que divorcian la reconstrucción histórica de la contingencia y ponen lo ocurrido en el plano del “deber ser” o de la “única alternativa”, sino para descubrir nuevas claves de inteligibilidad que permanecen solapadas en lecturas reducidas al marco nacional-estatal.

En el desarrollo de este género historiográfico mucho se ha discutido respecto de la pertinencia de comparar universos sociales temporal y geográficamente lejanos. En 1928, Marc Bloch distinguía dos tipos de comparación. Una orientada a poner en diálogo universos cronológica y espacialmente próximos, intentado reconocer préstamos, influencias mutuas o acciones sincrónicas de las mismas causas en sociedades diferentes ubicadas a ambos lados de una frontera política. Y otra, a la que consideraba un escenario menos seguro porque apuntaba a la comparación de universos lejanos en el tiempo y el espacio, donde resultaba difícil reconocer analogías por influencias mutuas y estaba más sujeta a caer en anacronismos.

Este trabajo se propone transitar por esta segunda forma de comparación, intentando reconocer similitudes y diferencias en dos sociedades que vivieron procesos de violencia estatal sistemática y en las que el exilio fue una práctica más del esquema de aniquilamiento y clausura política y, a la vez, una alternativa que una vasta proporción de población transitó como expresión de resistencia y oposición tras una derrota política y/o militar. No intentamos mostrar influencias, apropiaciones, articulación de redes personales, políticas o profesionales entre España y Argentina o construcción de espacios de representación compartidos por los exiliados de ambos países[4], sino reconocer en dos universos estatales y en dos coyunturas de las respectivas historias nacionales en las que el exilio asumió un carácter masivo, cómo operó en cada contexto esta práctica de represión y resistencia política y cómo cada sociedad ha ido dando sentido al evento en la historia de los trabajos colectivos de memoria respecto a esos capítulos de sus pasados recientes de los que los destierros forman parte.[5]

Asimismo, se trata de una comparación factible en atención a los siguientes factores recortados en dos planos de análisis, esto es, atendiendo, por un lado, a las cualidades inherentes a los casos de estudio y, por el otro, a la pertinencia de las preguntas que ordenan la comparación y que se sustentan en la perspectiva del historiador.[6]

En primer lugar, se trata de dos capítulos de la historia de las huidas masivas de población del siglo XX. Este fenómeno tuvo su origen en la Europa Oriental durante la Primera Guerra Mundial, cuando en el contexto del genocidio perpetrado por el Imperio Turco que lanzó al destierro a miles de armenios, se inauguraba un escenario de millones de otros desplazamientos forzados (griegos, búlgaros, rusos blancos derrotados de la guerra civil tras el estallido de la Revolución bolchevique) como parte de la reestructuración del mapa del viejo continente que atravesaba la desintegración de sus antiguos imperios (turco, austrohúngaro y zarista).

Para la Segunda Guerra Mundial, los destierros se transformaron en experiencias cotidianas y pasaron a involucrar a toda Europa. La avanzada nazi-fascista generó una nueva ola de desplazados y apátridas que incluyó a checos, polacos, judíos austríacos y judíos alemanes, italianos antifascistas y alemanes antinazis.[7] El destierro español de la guerra civil no sólo un capítulo más de la gran diáspora de la “guerra civil europea” (Traverso, 2009), sino el de más larga duración y el primero que afectó a Europa occidental.

La “ampliación de la esfera público-política” (Franco y González Bernaldo, 2004: 19) con la consiguiente participación ciudadana de sectores hasta entonces excluidos de ella; el impacto societal de los procesos de descolonización en el Tercer Mundo; la persistencia de una concepción de “guerra total” inaugurada por las dos conflagraciones mundiales donde los medios industriales de destrucción diluyeron la distinción entre combatientes y civiles, son sólo algunos de los factores que explican por qué el siglo XX puede definirse como el siglo de los “refugiados”, esos “rebaños de personas inocentes y despavoridas que necesitan de la ayuda internacional” (Said, 1984: 5).

Desde la segunda mitad del siglo XX, América Latina y en concreto el Cono Sur se incorporaron al ciclo de matanzas industriales y desplazamientos forzados de población cuando en el marco de la Guerra Fría, las FFAA de la región –autoerigidas en guardianas ante la amenaza comunista y en soportes de los valores de la Nación occidental y cristiana– lograron hacerse con el control total del Estado para convertir a su maquinaria, en muerte sistemática, secuestro, tortura, desaparición forzada de personas, exclusión política y reconfiguración violenta de las relaciones sociales, económicas y culturales. En este marco, salieron al exilio decenas de miles de brasileños, chilenos, uruguayos y argentinos. Si tras los golpes de 1973 en Uruguay y Chile, Argentina se transformaba en país de refugio, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, en un clima de estupor y desconcierto, la situación política del país propició la huida de cientos de uruguayos y chilenos residentes, que reiniciaban el camino del éxodo forzoso, seguidos de cerca por miles de argentinos que se dispersaron por todos los continentes.

El segundo factor que torna pertinente la comparación tiene que ver con el lugar que cada uno de estos exilios ocupa en la historia emigratoria de los respectivos países de origen y en la coyuntura mundial.

Si en el contexto de una Europa caracterizada por la anomia, las violencias caliente y fría, las dictaduras, la aniquilación, las revoluciones, los bombardeos, los combatientes irregulares y los apátridas (Traverso, 2009: 70 y ss), el exilio de la guerra civil española es apenas un capítulo más; para la historia peninsular, la diáspora de 1939 destaca por su magnitud, duración en el tiempo, efectos demográficos en tanto pérdida de capital humano que afectó al mundo del trabajo, la política y la cultura y, en no menor medida, por su impacto “en las relaciones hispano-francesas en los años siguientes a la contienda civil y las hispano-mexicanas durante decenios enteros” (Rubio, 1977: 7).

Poco tenía que ver este exilio de la única guerra civil del siglo XX surgida de un golpe militar fallido (Casanova, 2002: 4) con las emigraciones políticas de la larga serie de conspiraciones militares y guerras civiles de la España decimonónica que solían terminar con amnistías. Tampoco resulta fácilmente comparable con la cadena de éxodos que lo precedieron y han sido considerados síntomas de la “intolerancia política” (Vilar, 2006) que desde el siglo XV forzaron la salida de judíos, moriscos, austracistas de la guerra de sucesión, jesuitas, afrancesados tras la derrota napoleónica, liberales tras el fracaso del Trienio Liberal y empujados por la acción del despotismo legitimista, carlistas derrotados a finales de la década de 1830 por los liberales, republicanos huidos tras la restauración monárquica de Alfonso XIII (1875-1931) y perseguidos por la dictadura militar de Primo de Rivera de 1923.

Finalmente, la trascendencia del proceso exiliar de 1939 debe medirse en función de la significación que tuvo el acontecimiento guerra civil española –origen del destierro– en tanto punto de inflexión, momento bisagra o frontera –aquel que marca la caída de las democracias liberales frente a los nacionalismos autoritarios (Dreyfus Armand, 2010: 27)–, no sólo para la historia de España, sino para la historia mundial. Como umbral de la Segunda Guerra y del enfrentamiento fascismo-antifascismo que marcó como clivaje de conflicto buena parte del siglo XX, esta conflagración en principio definida como guerra doméstica o guerra fraticida, rápidamente se internacionalizó no solo por la implicación de las grandes potencias al lado de cada uno de los bandos enfrentados (la URSS con el republicano; la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler con el nacional), sino por la numerosa y heterogénea participación de voluntarios extranjeros de más de 50 países que se sumaron a las fuerzas de la República (franceses, alemanes, austríacos, italianos, ingleses, estadounidenses, argentinos, mexicanos, cubanos, polacos, abisinios, húngaros, suecos, suizos, holandeses, rumanos, entre otros) y que conformaron las “Brigadas Internacionales”. A los efectos multiplicadores que tuvo la presencia de combatientes voluntarios –que derivó en una corriente de solidaridad humanitaria, ayuda material, agitación política desde las sociedades de origen de los brigadistas–, la guerra civil española sumó la implicación de intelectuales, escritores y periodistas de renombre internacional (Ernest Hemingway, Georges Orwell), y en no menor medida fotógrafos y documentalistas (Robert Capa) que transformaron la guerra en un acontecimiento mundo y el voluminoso éxodo pirenaico, epílogo de la derrota republicana, en el “exilio por definición” (Duarte, 2002: 57). Todos estos elementos explican no sólo la importancia del acontecimiento para la historia política nacional y sus peculiaridades en la matriz emigratoria española, sino también y, en no menor medida, su visibilidad a escala mundial.

El caso del exilio argentino reitera algunas de las notas enunciadas para el destierro republicano, aunque no es menos cierto que introduce fuertes contrastes. En principio, la Argentina conoció experiencias de salidas forzadas, huidas, ostracismos, expatriaciones voluntarias y destierros-expulsiones desde los inicios de su vida independiente en los tempranos años diez del siglo XIX. Con estos amplios precedentes de exilios, el que se articuló en torno al golpe de Estado de 1976 poco tiene que ver con el de los personajes conspicuos de la política caídos en desgracia o el de referentes interdictos de la cultura o el de los militares derrotados de los ejércitos de la independencia o de las guerras civiles del siglo XIX (Moreno, Lavalle, Lamadrid, San Martín, Rivadavia, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Rosas, para mencionar unos pocos). Aunque la larga historia argentina de exilios reconoce algunos capítulos previos de emigraciones políticas colectivas (éxodo jujeño de la década de 1810, los “proscriptos de 1837” que huyeron/fueron expulsados por el gobierno de Juan Manuel de Rosas, el exilio de la Resistencia peronista tras el golpe militar de la llamada “Revolución Libertadora” que derrocó a Juan D. Perón, entre otros), en general antes de 1976, el destierro había sido un camino habitual, pero que con preferencia transitaban protagonistas identificables de la esfera política, militar o cultural. Se trataba de “opciones” individuales en el contexto de sociedades que reconocían al exilio como castigo excelso, y a la vez de una práctica habitual (pero exclusiva) de la lucha política y que servía para morigerar el conflicto en sociedades con representación ciudadana restringida y fuertes dosis de autoritarismo. En este sentido, la Argentina no fue ajena al ritmo mundial que desde los años treinta del siglo XX hizo de esta penalidad política que había comprendido a grandes hombres, intelectuales o minorías, un movimiento masivo y anónimo, habitado por “refugiados”, esto es, por personas que huían por razones políticas, morales o raciales (Schwarzstein, 2001a).

El destierro de 1976 asumió no sólo un perfil sociodemográfico y político novedoso respecto de los precedentes y se tornó un movimiento denso, sino que se concretó como fenómeno subterráneo y clandestino –formas que fueron funcionales a un Estado terrorista que hizo de la desaparición forzada de personas, de la impunidad y del secreto, sus señas de identidad–.

De este modo, el del ‘76 introducía dos novedades respecto de los exilios argentinos que lo precedieron. Por un lado, su magnitud demográfica. Por el otro, su composición y carácter crecientemente anónimo y “democrático”, en tanto estaba alimentado por miles de historias de intelectuales, artistas, científicos, publicistas, pero también de gente común que integraba la polifacética militancia política, social, sindical o barrial de la Argentina de los años setenta.

Si ser un exilio originado en un golpe castrense no parecía introducir novedades en la historia nacional, las peculiaridades que asumió el régimen militar de 1976 a 1983 marcaron un punto de inflexión en la historia de los destierros. Este Estado que institucionalizó con carácter permanente y oculto las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal y en el que el terror fue pilar y no mero instrumento contingente –que sirvió no sólo para eliminar a los opositores, sino para amedrentar e inmovilizar a la población– también formateó la modalidad de los exilios, cuyo sentido y lógica no pueden divorciarse de la muerte administrativa, los asesinatos masivos y clandestinos, la internalización social del miedo y el quiebre de los lazos de solidaridad societal.

El exilio argentino que comenzó como un lento goteo en los años previos al quiebre institucional y se transformó en los primeros tiempos de la dictadura en un movimiento constante y desordenado que con fluctuaciones se extendió hasta 1983, se inscribe en un momento bisagra de la historia latinoamericana en el que, tras la Revolución Cubana y bajo el imperio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se articuló otro escenario de la Guerra Fría que involucraba a las Fuerzas Armadas en la “lucha contra la subversión”. Sin dejar de ser un fenómeno conosureño, el exilio argentino expresa ciertas marcas propias que sólo pueden leerse a la luz de las formas represivas que privilegiaron los militares argentinos que extremaron los métodos clandestinos, extrajudiciales y anticonstitucionales y que más allá de mantener una fachada de legalidad, trataron de evitar la condena internacional que ya recibían sus vecinos por los cientos de presos políticos, los fusilamientos masivos o la espectacularidad de los bombardeos y optaron por la “discreción” y la “circunspección”.[8]

Si las salidas subrepticias, solapadas, camufladas bajo la forma de viajes turísticos y con identidades falsas traman el proceso exiliar argentino –que reconoce un número exiguo de asilos diplomáticos, refugiados de ACNUR, “opcionados”[9] y desconoce la pena del destierro dentro del entramado “legal” del “Proceso de Reorganización Nacional”–, estas formas concretas de viajes forzados/condicionados resultaron funcionales a una sociedad atravesada por el terror donde la violencia operó en buena medida en la clandestinidad y el secreto (“desaparecidos” y “centros clandestinos de detención”), aunque no eludió la mostración del poder omnímodo que los militares pretendían tener sobre la vida y la muerte de los habitantes.

Así, teniendo en cuenta las cualidades inherentes a los casos seleccionados, podemos afirmar que su comparabilidad deriva de ser dos fenómenos que comparten como mínimo ser los exilios nacionales de mayor peso demográfico en las respectivas historias demográficas, que en su composición social ambos introdujeron una ruptura en las historias emigratorias de sus países de origen y que fueron síntomas de momentos bisagra de las respectivas historias nacional, regional y mundial. Asimismo, ambos casos forman parte de una misma matriz: la de ese mundo que “se acostumbró al destierro obligatorio y a las matanzas perpetradas a escala astronómica, fenómenos tan frecuentes que fue necesario inventar nuevos términos para designarlos: ‘apátrida’ y ‘genocidio’.” (Hobsbawm, 1998: 58).

Sin embargo, reconocer esas similitudes y zonas comunes no debe hacernos olvidar que existen considerables diferencias entre ellos. Uno es un proceso que deviene de la derrota militar y política de una guerra civil, guerra total, popular y a la vez abiertamente declarada por los “sublevados” contra la institucionalidad republicana; y el otro surge en el marco de la intensificación de la violencia política primero desde la periferia del Estado y luego desde su centro mismo y tras el golpe militar que hizo del exilio un eslabón más de una política sistemática de eliminación de la oposición, en la que el exilio pareció operar como una estrategia de “bajo costo”[10].

Pero si obviamos las cualidades propias de los universos seleccionados, la factibilidad de la comparación dependerá de la pertinencia de las preguntas, y en nuestro caso, como ya adelantamos, esas preguntas iluminan dos nudos de los debates historiográficos nacionales. La primera apunta a responder la cuestión de ¿quiénes son exiliados en cada contexto de violencia política? La segunda, atendiendo a ver cómo operaba el exilio en cada sociedad y cómo lo entendían los actores involucrados (exiliados-poderes exílicos y testigos-“otros”), intenta explicar ¿cuál ha sido el lugar del exilio en las memorias colectivas de la violencia y la resistencia política que españoles y argentinos han ido construyendo?

 

2. De golpes militares, guerra civil y represión sistemática: ¿quiénes, cómo y por qué se exiliaron españoles y argentinos?

Si un exilio es un viaje no deseado fundado en la violencia política que explica la salida (expulsión/huida) y la imposibilidad del retorno, ¿en qué se diferencian y en qué coinciden los contextos violentos que explican los exilios español de 1939 y argentino de 1976?

En la historiografía hispanoamericana solemos referir al éxodo español masivo de los años treinta como “exilio republicano”, “exilio de 1939”, o “exilio de la guerra civil”. Sin embargo, cuando lo miramos detenidamente, constatamos que este proceso de emigración forzada no en toda España fue resultado de la guerra civil y no se concentró sólo en el invierno de 1939. De la misma manera, si bien tuvo como protagonistas privilegiados a los partidos políticos del Frente Popular (socialistas, comunistas, republicanos) y llevó al destierro a toda la institucionalidad republicana (presidente de la República, presidentes de los gobiernos central y autonómicos catalán y vasco, Diputación de las Cortes, etc.), también estuvo integrado por fuerzas que por derecha y por izquierda habían cuestionado esa institucionalidad republicana y hasta su proyecto, habían protagonizado el proceso revolucionario que se vivió sobre todo en Madrid y Cataluña tras el fracaso de la sublevación en el norte de África en julio de 1936, o, como mínimo y ya en el destierro, pero bastante tempranamente, abandonaron la defensa del régimen republicano como condición para el retorno.

Columna de refugiados, Gerona, 1939. (Fotografía reproducida del libro: PAZ, Abel,
The Spanish Civil War, [pertenece a la colección del Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis en Amsterdam] Paris, Hazan, 1997, p. 190.

Estas constataciones obligan a repensar el fenómeno “exilio de 1939” atendiendo a caracterizar el proceso de violencia que vivió la Segunda República, para  complejizar la explicación del destierro junto a la guerra civil, yendo más allá del campo de batalla, del desenvolvimiento de las acciones bélicas, de su epílogo y de la derrota militar del bando republicano.

Si tras el fracaso del golpe militar del 18 de julio de 1936, la fractura del ejército entre “leales” y “facciosos” provocó el estallido revolucionario en una coyuntura de fuerte movilización obrera y debilidad del gobierno de la República, y buena parte de España comenzó a vivir una larga y cruenta guerra civil, hubo regiones en las que casi de inmediato triunfaron los “sublevados” y allí sólo hubo represión (amplias zonas de Andalucía y Extremadura, Galicia, Navarra, Oviedo, Álava, León, Castilla La Vieja, Canarias y Baleares) y desplazamientos condicionados por el miedo a las represalias. Paralelamente, donde los “facciosos” no triunfaron y los militares leales conservaron el control del Ejército, la población civil se movilizó, asaltando depósitos de armas que fueron distribuidas entre militantes políticos y sindicales. En regiones como Cataluña y Madrid y partes de Aragón se estableció, al menos durante el primer año de guerra, un poder dual: el de la legalidad republicana y burguesa y el del poder revolucionario (Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, Consejo de Aragón, etc.) que pulverizó el monopolio de la violencia legítima. Si el Estado subsistió en la zona republicana, lo hizo cercado por la revolución y sin recursos para imponerse sobre el territorio leal y en medio de disputas entre el gobierno central y el de la Generalitat catalana. En esas regiones, se vivieron tempranos desplazamientos de población hacia la zona nacional y exilios exteriores de sectores afectos al bando franquista y/o temerosos de caer bajo el “terror caliente” (Casanova, 1999: 128) (julio-diciembre de 1936) por su pertenencia a clases acomodadas (terratenientes, industriales), por haberse desempeñado como alcaldes de partidos de derecha como la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), Acción Popular o Falange Tradicionalista, por haber sido parte de la Guardia Civil o alguna otra institución represiva del Estado o por integrar el clero regular o secular. También engrosaron las filas de este exilio los que temían ser alistados en la guerra, los que querían seguir ejerciendo su profesión en libertad y los que habían huido en el verano de 1936 en pleno “alzamiento nacional”, que emigraron a Italia o Francia y operaron internacionalmente a favor de los “sublevados” o se refugiaron en embajadas como las de la Argentina.

Si como afirma Santos Juliá hubo diferentes guerras civiles según las regiones y como sostienen Francisco Moreno (Juliá, 1999) y Francisco Espinosa no pocas veces el excesivo foco en la guerra civil contribuye a ocultar que antes hubo un golpe de Estado y que allí donde los “sublevados” triunfaron más que guerra hubo una “brutal involución por la fuerza” (Espinosa, 2006: 353), entonces cabe pensar el exilio en una temporalidad que incluya la totalidad de la guerra civil (1936-1939) y también los años cuarenta. Así, se impone reconocer diversos exilios. Por un lado, los de la represión sistemática donde los “sublevados” triunfaron. Luego, los de la violencia revolucionaria. Por supuesto, los de la guerra en sí misma y los avances territoriales de las fuerzas “nacionales”[11]. Y finalmente, la gran estampida pirenaica que se concentró en apenas un par de semanas entre finales de enero y principios de febrero de 1939, pero sin olvidar los exilios (huidas) que se desgajaron en los años cuarenta y que fueron consecuencia de la acción terrorista del Estado franquista[12] y sus violencias física, económica, laboral, ideológica y judicial.

Aún si dejamos de lado a monárquicos, políticos de derecha, clérigos, encargados de fábricas y talleres, sectores acomodados de la burguesía industrial y agrícola y personas comprometidas con los insurgentes que salieron entre 1936-1937, el exilio de los años treinta no es sólo el “río de personas” o la “marea humana” a la que se refería Antoni Rovira i Virgili (1976) en sus memorias. Si bien el éxodo de más de 450.000 personas cruzando los Pirineos entre el 28 de enero al 10 de febrero de 1939 se impone por su dramatismo, no todos los que salieron fueron combatientes de la mítica batalla del Ebro. En este proceso, hubo otros exilios, menos numerosos, menos visibles, desperdigados en el tiempo, que si bien también son consecuencias de la derrota republicana, no forman parte de la “retirada” –como llamaron los franceses al destierro de 1939–, porque su detonante fue el temor a una política de represión sistemática e indiscriminada por parte de los vencedores.

Atendiendo a la “campaña de cosificación y degradación de los vencidos” implementada por el régimen franquista que dejó a los llamados “antiespañoles y escoria comunista” (Moreno, 1999: 278) pocas alternativas de salvar la vida o conservar la libertad, puede entenderse que el movimiento que llevó fronteras afuera en unos pocos días a casi el 2 % de la población –aunque meses después más de la mitad de los refugiados había regresado y el destierro de larga duración no representó más del 1%– fuera no sólo “desmesurado” sino también muy heterogéneo. Entre sus protagonistas figuraban cargos de responsabilidad política en el gobierno del Estado, militantes políticos de los partidos integrados al Frente Popular, militantes sindicales del anarquismo, comunismo o socialismo y militares republicanos, soldados regulares o milicianos, pero también vastos sectores sociales –incluido jornaleros sin tierra, obreros y campesinos– que salieron por miedo a las represalias, civiles que ni combatieron ni tuvieron peso o visibilidad política y que creyeron encontrar refugio en Francia y que cuando no lo obtuvieron y fueron alojados en campos de internamiento en el sur del país sufrieron la persecución conjunta de las policías nazi y franquista o padecieron el aislamiento social por su condición de “indeseables” o “apátridas” y optaron por una peligrosa repatriación a España y someterse a la maquinaria de aniquilación y reeducación del régimen franquista.[13].

Apenas unos pocos miles de los que llegaron a Francia pudieron reemigrar a terceros países, embarcándose principalmente hacia México, Chile o República Dominicana[14], pero también a Inglaterra, EEUU y otros países europeos.

En definitiva, si en el contexto de violencia que explica los exilios españoles la guerra civil es la piedra angular –y eso introduce una peculiaridad en tanto son exilios de una guerra declarada (por la Junta de Burgos, el 28/7/1936), que se libró en los campos de batalla y que terminó con la derrota republicana, la “retirada” de los vencidos a Francia y la declaración de la Victoria por parte de las fuerzas franquistas (1/4/1939)–, existen otros componentes a tener en cuenta. No hay que olvidar la represión indiscriminada que se impuso en las regiones donde el golpe triunfó y donde técnicamente no se dio la fractura social ni el conflicto violento de masas que se vivieron en las zonas que quedaron en manos de los republicanos. Donde los golpistas triunfaron, la violencia fue parte integral de la nueva situación política. El Movimiento que inició su andadura con el golpe castrense perpetró asesinatos arbitrarios y “paseos”, aplicó la ley de fugas, para luego dar una cobertura “legal” a la represión que habilitó a matar, torturar, encarcelar en forma indefinida y forzar al exilio a cientos de miles de españoles por casi cuarenta años. Por tanto, más allá de las víctimas de los combates abiertos, la guerra de trincheras, o incluso de los bombardeos y los exilios de los protagonistas de la guerra, los combatientes (fuerzas regulares o milicianos) y los cargos de responsabilidad política y sindical, hay que pensar en estas otras violencias y su impacto en la producción de exilios.

Si bien tras la “Victoria” (1/4/39) y cuando los últimos contingentes de huidos habían logrado salir desde Cartagena y otros puertos mediterráneos hacia Argelia, Túnez y Marruecos, Franco decidió cerrar la frontera pirenaica para evitar la salida de “rojos”, el entramado represivo del nuevo Estado (Ley de Responsabilidades Políticas, 9/2/1939; Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, 1/3/1940; Ley de Seguridad del Estado, 29/3/1941 y Ley de Orden Público, 30/6/1959) contempló al exilio en diversas modalidades. Así, la “Ley de Responsabilidades Políticas” que castigaba a “subversivos” y “opositores” al “Movimiento Nacional”, en grado de acciones concretas o pasividad grave, fijaba penas de “extrañamiento perpetuo del territorio nacional”, al tiempo que incluía medidas limitativas del derecho de residencia, como la relegación a las posesiones españolas del norte de África, el confinamiento a pueblos que no eran los de residencia o nacimiento del represaliado antes de su detención y destierro. Esto sin considerar la represión laboral, incluyendo restricción al ejercicio profesional y la depuración (como la que sufrió el magisterio) y la represión económica con pérdida total o parcial de bienes que, en algunos casos, y más temprano que tarde, generó algunos exilios que se sucedieron en los años cuarenta.

Aunque el primer franquismo intentó evitar la salida de población, en un contexto de hambre y de represión extrema –que incluía encarcelamiento, batallones disciplinarios, estigmatización, depuración, relegación, confinamiento, consejos de guerra y sentencias de muerte bajo el imperio de la justicia militar y del estado de guerra que se prolongó hasta 1948–, los individuos diversificaron y redefinieron sus estrategias de supervivencia. Además de las salidas estratégicas de los guerrilleros comunistas que operaban entre el sur de Francia y el Valle de Arán y las huidas que apelaban a la clandestinidad o a burlar las restricciones que afectaron sobre todo a los jóvenes en edad militar, otros pocos españoles lograron salir al exilio e incluso llegar a Argentina, Brasil o Venezuela apelando a viejas estrategias migratorias como las “cartas de llamada” y la activación de redes familiares. No hay que olvidar que ya en 1948, Franco firmó los primeros tratados bilaterales de emigración –el primero con el presidente Juan D. Perón–, que si bien pretendían controlar y ordenar los flujos de salida de población, no pudieron evitar la emigración espontánea en la que salieron –a pesar de los controles– algunos exiliados políticos.

Por una parte el régimen franquista intentó impedir la salida de “rojos” tras conseguir la “Victoria” y penalizó las salidas de la “zona nacional” o del territorio español[15], pero por la otra, comprendió claramente la dimensión punitiva del exilio territorial, no sólo por las penas de destierro/relegación que aplicó a quienes ya habían purgado en las cárceles franquistas y que tras quedar en libertad no podían regresar a sus pueblos, sino que hasta bien avanzados los años sesenta del siglo pasado, mantuvo la Comisión Dictaminadora de Exilio Político que exigía informes y avales a alcaldes y Guardia Civil sobre aquellos que residían fuera del país y que manifestaban voluntad de regresar. No hay que olvidar que, como explica Conxita Mir, para el régimen, el exilio operó también como válvula de escape y por eso se afanó en dificultar el retorno de los derrotados.[16]

Si bien en la Argentina de los setenta “se impuso la representación de una fractura fundamental, un desacuerdo básico en la comunidad política que tenía a la guerra civil como un horizonte mas o menos explícito” (Vezzetti, 2010: 88), sus exilios no se explican por un estado de guerra abierta, declarada, con batallas identificables y dos bandos sociales enfrentados o de fractura de las Fuerzas Armadas entre “leales” y “facciosos”[17]. En nuestro país, los exilios están ligados directamente a la violencia ejercida por el Estado, primero a partir de la acción de bandas criminales paraestatales como la Triple A y luego tras el golpe y con el control total del poder, desde la articulación de una violencia estructural, no episódica, que se constituyó en pilar fundamental de la dominación castrense.

Si los exilios españoles de los años treinta son algo más que la consecuencia de la guerra civil, los argentinos de los años setenta tampoco se circunscriben al golpe, porque las dinámicas terroristas del Estado entroncaron claramente con las prácticas violentas de los grupos parapoliciales y paramilitares (Alianza Anticomunista Argentina, Comando Libertadores de América, Comando Moralizador Pío XII, Comando Anticomunista, Concentración Nacionalista Universitaria, etc.) que hicieron su aparición en los últimos meses del gobierno de Juan D. Perón y que alcanzaron su clímax bajo la presidencia de María Estela Martínez y produjeron antes del 24 de marzo de 1976 un lento goteo de exilios. Esta diáspora, fruto del clima de intolerancia, intimidación, amenazas, asesinatos, torturas, listas negras y bombas, estuvo integrada por militantes sindicales y políticos de larga trayectoria y compromiso ligados al peronismo de izquierda y a Montoneros, pero también de la izquierda marxista y hasta del radicalismo. En número significativo también salieron periodistas, intelectuales, artistas y hasta deportistas. Para algunos, éste fue el inicio de un largo destierro. Otros volvieron al país y fueron nuevamente represaliados, se vieron imposibilitados de trabajar o debieron volver a marchar al exilio.

Ya antes del golpe, pero sobre todo desde que las Fuerzas Armadas ocuparon el centro del Estado, aunque la represión apuntó a eliminar a los sectores más activos y combativos de la sociedad, militantes de las organizaciones armadas y sus periferias, activistas políticos de la izquierda en general, activistas sindicales y miembros de organizaciones humanitarias, su accionar terrorista se extendió a familiares, amigos, vecinos o personas directa o indirectamente relacionadas con los reprimidos, e incluso personas que eventualmente podían convertirse en testigos molestos o fueron confundidas con otras y que constituyeron las llamadas “víctimas casuales” (Calveiro, 1995: 44-45).

Se trató de una represión planificada, sistemática, no circunscripta a determinados lugares geográficos y a la vez masiva,[18] aunque como en el caso español, el carácter político de la persecución dio cabida a un “enemigo” a aniquilar, anular o expulsar del espacio público de perfiles lo suficientemente amplios y difusos como para que una parte considerable de la sociedad creyera estar en peligro.[19] El carácter subterráneo y negado de la violencia con dosis justas de exhibición y espectacularidad, así como sus aspectos arbitrarios, actuaron como multiplicadores del miedo, modificando los comportamientos y las relaciones sociales. En este contexto donde el terror operaba conformando nuevos sujetos políticos, se perfiló un exilio cuantitativamente importante que llegó a representar entre el 1 y el 2 % de la población (Marmora y Gurrieri, 1988: 475 y Lattes y Oteiza, 1987: 21-22), conformado por miles de salidas individuales o de pequeños grupos y con escasos exilios organizados. Se trató de una emigración en cuentagotas y conformada por miles de salidas forzadas/condicionadas que se sucedieron a lo largo de toda la etapa dictatorial, aunque tuvieron un clímax entre 1976-1979.[20] Estudios realizados para España y México muestran las transformaciones demográficas sufridas por las antiguas colonias de residentes argentinos en el cuatrienio posterior al golpe de Estado y en coincidencia con la etapa de represión política más extendida y sistemática en la Argentina. A partir de 1980, la relativa relajación de la persecución, unida a algunas liberaciones de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo o de prisioneros retenidos en los centros clandestinos, y el progresivo deterioro de las condiciones de vida y asfixia profesional resultado del fracaso del proyecto económico de Martínez de Hoz, modificaron la composición y la intensidad de la diáspora, aunque no detuvieron su flujo.

Si la magnitud del evento emigratorio fue consecuencia de la decidida política de exterminio político que materializó la primera Junta Militar, las formas de concretar el exilio son subsidiarias del “ejercicio de una forma novedosa de la muerte por causas políticas: su práctica clandestina” (Crenzel, 2008: 27). Si las miles de acciones individuales que conformaron el fenómeno colectivo del exilio dictatorial remiten a la violencia y al miedo, sus formas fueron tan heterogéneas como las trayectorias políticas y vitales de sus protagonistas en la Argentina previa al golpe. Hubo huidas del horror de la tortura, de la desaparición-reaparición y otras de la represión laboral por la aplicación de la “Ley de Prescindibilidad”.[21] Hubo expulsiones oficiales para no nacionales y salidas condicionadas por amenazas explícitas o veladas dirigidas a los propios actores de la diáspora o marcadas por la desaparición de compañeros de militancia o trabajo, amigos y familiares. Hubo cuasi expulsiones que encerraban retornos imposibles (“opcionados”) y hubo exilios del miedo que parecieron viajes convencionales. Hubo salidas ilegales y “turísticas”. Hubo partidas angustiadas por la incertidumbre de no saber si sería posible cruzar la frontera o atravesar el control migratorio. Y también hubo asilos diplomáticos y salidas protegidas al amparo de Naciones Unidas.

Si algo identifica al exilio dentro del universo de los viajes y desplazamientos, es que se trata de una emigración política. ¿Pero qué es lo político de esa emigración? ¿Remite a la condición de militante y/o combatiente del exiliado, condición que lo ha convertido en blanco de expulsión o de persecución política? ¿Incluye sólo a quienes ocuparon cargos expectantes de responsabilidad política y/o militar en la coyuntura previa a la partida forzada o puede involucrar a aquellos otros que huyeron por miedo a las represalias? ¿Lo político remite a la salida de instituciones políticas (gobierno, parlamento, partidos) o puede involucrar sectores que concibieron su salida como forma de resistencia política y de oposición al régimen dictatorial aunque no estuvieran encuadrados ni formaran parte del gobierno depuesto? ¿Resulta indispensable para identificar a un exiliado político que haya emprendido el viaje con la consciencia de estar tomando una decisión política o es posible que alguien resignifique más tarde y fronteras fuera, una salida en principio fundada en el miedo y el agobio, en expresión de resistencia y oposición? ¿En que medida lo político del exilio refiere a ser el epílogo de un proceso político, esto es, la expresión de una derrota?

La puesta en diálogo de las experiencias exiliares española y argentina pueden dar algunas pistas. Para el caso de los exiliados republicanos, la pertenencia y/o adscripción política de los desterrados resulta evidente.[22] En principio, salieron de España los cargos de los gobiernos central, autonómicos y municipales, la dirigencia política de los principales partidos del arco parlamentario, los cargos de responsabilidad en el Ejército republicano,  las dirigencias sindicales y una vasta militancia intermedia y de base filiada con las fuerzas del Frente Popular, aunque también salieron militantes anarquistas, de la Confederación Nacional del Trabajo-Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI) e incluso de fuerzas catalanas de derecha (Lliga Catalanista).

Pero si algo refuerza lo político del exilio republicano es que se exiliaron las instituciones de la República completas, de los gobiernos central, vasco y catalán, el Presidente de la República y las Cortes. La institucionalidad del exilio republicano no sólo impactó sobre la posibilidad de hacer de este éxodo un movimiento organizado, donde medió una orden de salida, sino que, incluso hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial –y aún después – y más allá de los conflictos entre las fuerzas políticas, pudo organizar y sostener económicamente la evacuación de los que estaban refugiados en Francia, vía reemigración a terceros países y cuando la amenaza nazi se abatió sobre territorio galo. Los famosos “barcos del exilio” (Sinaia, Mexique, Ipanema, Winnipeg, etc.) no podrían explicarse sin la existencia del Servicio de Emigración o Evacuación de Republicanos Españoles (SERE), controlado por el presidente del gobierno de la República, Juan Negrín, y de la Junta de Auxilio a Republicanos Españoles (JARE), liderada por el socialista Indalecio Prieto.

El último exilio argentino contrasta en forma notable. Como señalaba la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) de Madrid, las filas del exilio argentino se nutrieron de los cuadros superiores y medios de las organizaciones armadas que salieron en los meses inmediatos al golpe, algunos pocos políticos de las estructuras partidarias tradicionales –aunque no los que ocupaban cargos centrales en el gobierno o en la oposición–, y mayoritariamente de profesionales, intelectuales y artistas perseguidos, amenazados o agobiados por la falta de libertades y que integraban de manera más o menos cercana la prolífica militancia social, barrial, cultural, sindical, profesional y religiosa de la época.

Si en el pasado no pocos presidentes y personalidades de la primera línea política habían debido marchar al exilio, el del ‘76 no excluyó a políticos del radicalismo y del peronismo en el gobierno o la oposición legales, pero afectó preferentemente a militantes de organizaciones no integradas al arco parlamentario o en la clandestinidad, y a buena parte de sus apoyos sociales, directos o difusos. Hay que tener en cuenta que la violencia estatal tuvo un objetivo preciso: eliminar a la militancia armada y desarticular el movimiento social que desde el centro de estudiantes, la universidad, el sindicato, la práctica profesional, las organizaciones barriales, la guerrilla o la Iglesia del Tercer Mundo y desde diversas tradiciones ideológicas (izquierda peronista y no peronista) y con diferentes metodologías, preconizaba un horizonte de cambio que podía resumirse en la “Argentina Justa, Independiente y Soberana” y en la “marcha hacia el Socialismo” o la “Liberación Nacional y Social”. En ese sentido, el exilio argentino de los setenta tuvo peculiaridades que lo diferencian también del que se desató en Chile tras el golpe de Pinochet.

En este exilio confluyeron los que huían de la represión, algunos por sus propios medios y otros con la ayuda de gobiernos extranjeros, partidos políticos y organizaciones humanitarias del mundo; los que salieron usando su pasaporte y fingiéndose viajeros o turistas y los que lo hicieron en forma clandestina; los que salieron de la cárcel o de los “chupaderos” y los que cargaron con la expulsión de la Junta Militar que les aplicó la “opción”. Se agolparon en el destierro los miles que pasaron por el aeropuerto de Ezeiza; los que zarparon del puerto de Buenos Aires en los vetustos barcos de la naviera italiana que unía el lejano sur con los puertos europeos de Lisboa, Barcelona y Génova y los que usaron autos particulares, colectivo, lancha, caballo o mula o cruzaron a pie las fronteras terrestres con Uruguay, Brasil o Bolivia. Pocas de estas experiencias remiten a un exilio organizado que fue el que involucró a dirigentes de las organizaciones revolucionarias (especialmente de Montoneros) y algunos cuadros intermedios del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En este caso, las estructuras partidarias decidieron sacar del país a ciertas figuras para ponerlas a resguardo y preparar la contraofensiva militar.

Si un exilio como el español de 1939 –de sus dirigencias políticas y sindicales, de los altos mandos militares y de un gobierno depuesto y sus instituciones representativas (gobierno, parlamento, partidos)– no ha estado ajeno al debate historiográfico y político –incluyendo temas como la necesidad de la partida cuando la caída de la República aún no era un hecho definitivo o sobre la condición de exiliado de aquellos “huéspedes ilustres” que salieron del país con pasaporte, en coche y con recursos económicos–, ¿qué queda para el exilio argentino que preferentemente afectó a la militancia revolucionaria (armada y no armada) que operaba ya en la clandestinidad, a sus dirigencias pero especialmente a amplios sectores ligados a sus frentes de masas o de superficie, sectores que en algunos casos estaban atravesando un proceso de divorcio de sus organizaciones de pertenencia o referencia, ya sea por un cuestionamiento profundo (político, ideológico, ético) a la tentación por la violencia y en concreto a la deriva militarista, o ya sea por el impacto del terror sobre la cotidianeidad militante?

En definitiva, ¿cómo pensar lo político para el caso argentino cuando no se exiliaron las estructuras partidarias, que aunque se vieron afectadas porque la Junta Militar no sólo decretó la suspensión de sus actividades y tipificó la actividad política como delito e inmovilizó sus fondos, sino que también encarceló, asesinó o forzó la salida del país de algunos dirigentes de los partidos tradicionales, no orientó su persecución prioritariamente sobre ellas? Hay que recordar que no todos los partidos políticos recibieron el mismo trato en los primeros años del “Proceso de Reorganización Nacional”: hubo agrupaciones disueltas, otras prohibidas y otras que pudieron seguir funcionando legalmente, aunque con fuertes limitaciones tales como la prohibición de tener locales partidarios públicos.[23]

La complejidad del universo de la militancia argentina de los setenta es tal que debemos reconocer que no todos los que militaban estaban encuadrados políticamente y muchos mantenían compromisos más laxos, pero no por eso menos intensos en su acción colectiva en el barrio, la universidad, la iglesia o el sindicato. Asimismo, es importante remarcar que lejos de lo que denunciaba la dictadura, no todos los militantes fueron combatientes armados, aunque todos fueron calificados de “subversivos” y por lo mismo, objeto de persecución y exilio. Si estas complejidades han dificultado entender ciertas salidas de la Argentina como emigraciones políticas, el hecho de que la mayoría de los exiliados no fueran parte del gobierno elegido democráticamente y más tarde depuesto, los obligó a acreditar su condición de derrotados y en no menor medida de opositores, considerando, además, que una vasta proporción se filiaba con el peronismo que en el escenario internacional equivalía a fascismo o populismo y era, además, el signo político del gobierno de la derrocada María Estela Martínez de Perón. Por si esto fuera poco, buena parte de esa militancia política, sindical, estudiantil, profesional e intelectual en el exilio se identificaba o simpatizaba con organizaciones como el PRT-ERP, Montoneros, Peronismo de Base, Partido Obrero o Palabra Obrera que, a diferencia de los militantes socialistas y comunistas, carecían de hermanos ideológicos claros. Este hecho, si bien no obturó la posibilidad de construir espacios de solidaridad política internacional, determinó que las redes transnacionales se definieran en términos amplios o humanitarios y no por afinidad ideológica.

Por último, de cara a pensar el impacto que sendos exilios tuvieron sobre sus sociedades de origen, vamos a comparar su incidencia por clases y regiones.

Encarnación Lemus explica que la España de 1939 vio desterrarse no sólo a la sociedad en todas sus clases, grupos de edades y en un amplio espectro político-ideológico, sino a sus instituciones autonómicas y hasta “una concepción completa del Estado, la República social y democrática, […] junto con el gobierno que la sustenta”, y no en menor medida, una cultura y una lengua (Lemus, 2002: 160-161).

En tal sentido, este exilio fue un acontecimiento que atravesó social, económica y profesionalmente a la sociedad española. Si las riadas humanas que atravesaron las fronteras pirenaicas a principios de 1939 estuvieron formadas por funcionarios públicos, intelectuales, maestros, profesores universitarios, periodistas y políticos, en su mayoría este exilio estuvo integrado por personas pertenecientes al sector secundario (trabajadores industriales, de las obras públicas, la construcción, la minería y la electricidad), seguidos por agricultores y trabajadores del sector primario y por último por sectores del transporte (Villarroya i Font, 2002: 55). En tal sentido, puede hablarse no sólo de la transversalidad social del exilio republicano, sino de su carácter popular, aunque algunos historiadores consideran que si bien es cierto, la condición de exilio popular no se mantuvo en todas las geografías de la diáspora. Para Dora Schwarzstein, se dio una división socioprofesional entre los que permanecieron en Europa y los que embarcaron para Latinoamérica vinculada al capital material, pero también simbólico (político, de relaciones profesionales, familiares, laborales, etc.) que el candidato a emigrar pudo poner en juego para burlar las restricciones que manifestaban buena parte de las legislaciones migratorias de los países del subcontinente (Schwarzstein, 2001b: 82). En los españoles llegados a Latinoamérica, el perfil social promedio era el de personas pertenecientes a sectores económicos medios o altos, con niveles medios o superiores de educación y que en proporción no desdeñable habían pasado por la universidad. En una densidad muy poco significativa encontramos trabajadores manuales, obreros o campesinos.[24]

Ilustración de “La coupe déborde, Videla”, publicado durante la
campaña de boicot al Mundial de Futbol de 1978, Francia.

En contraste, si el exilio argentino de 1976 afectó a toda la pirámide social, lo hizo con grados de incidencia muy disímiles. En la salida pesó un criterio de selectividad social. Como decía el periodista y escritor Vicente Zito Lema, el destierro fue un camino para periodistas, escritores, universitarios, abogados, profesores y maestros, artistas, psiquiatras, psicólogos y psicoanalistas. Los obreros también salieron, pero “viajar es costoso y escapar a las dictaduras muy difícil” (Zito Lima, 1978: 27). Si la alta proporción de estudiantes, intelectuales, profesionales y técnicos que conforman el exilio argentino resulta congruente con la incidencia de la desaparición forzada sobre ciertos sectores como profesionales, docentes, artistas y periodistas (19,3 %) y estudiantes (21 %), la representación de obreros en el exilio dista mucho del 30 % de desaparecidos pertenecientes al sector de los trabajadores industriales. Es claro que la escasa presencia de sectores populares entre los exiliados argentinos se explica no por haber quedado al margen de la maquinaria del Estado terrorista, sino por sus menores posibilidades económicas para escapar de ella. En líneas generales, el exilio argentino representó mayoritariamente a una población de adultos jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, de sectores medios y con estudios secundarios, terciarios o universitarios.

A diferencia de los exilios históricos, el del ‘76 cubrió en su diáspora toda la geografía del mundo, desde Suecia o Estados Unidos hasta Australia, y desde México o Brasil hasta Francia, España o Italia. Esa dispersión no excluyó la existencia de geografías destacadas. España y México concentraron el mayor número de expatriados. En tanto Francia, por el peso que históricamente había tenido la embajada argentina, reforzada por la instalación del Centro Piloto de País[25], concitó la atención mundial y multiplicó la visibilidad del exilio. La dispersión y la imposibilidad de transformar el destierro en una retaguardia, un espacio en los países limítrofes desde donde luchar política o militarmente como había sido durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852) o más recientemente durante la “Revolución Libertadora” (1955-1958), no sólo fue algo inesperado, sino un motivo adicional de desazón para los que huían. La interconexión entre los despotismos del Cono Sur vedaba esta posibilidad o cuanto menos la dificultaba, haciendo de países como Brasil fundamentalmente trampolines para destinos más seguros en México, Venezuela, Israel o Europa Occidental. A diferencia del caso de los republicanos, no puede destacarse una diferencia de clase en el exilio de argentinos en Europa y América Latina.[26]

Respecto a la forma en que el exilio afectó la geografía de los países de origen, digamos que si bien en ambos casos atravesó todo el territorio nacional, mientras España tuvo algunas regiones que sufrieron el mayor drenaje de población (Cataluña, Aragón, Levante) –y esto tuvo que ver con el desenvolvimiento de los frentes de guerra–; en la Argentina, la incidencia del exilio fue mayor en las grandes ciudades, afectando prioritariamente a la Capital Federal y el conurbano bonaerense, seguido por los principales núcleos urbanos de la provincia de Buenos Aires (La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca) y del interior del país (Córdoba, Rosario y Santa Fe).

 

3. Memorias del exilio en España y Argentina, de las luchas políticas al dolor y viceversa. A manera de cierre

Si bien la memoria no opera por reproducción de lo ocurrido, sino tejiendo puentes significativos donde cada presente construye un pasado en función de intereses, demandas y expectativas siempre cambiantes y siempre conflictivas, ¿en qué medida las peculiaridades de cada una de las experiencias exiliares analizadas han incidido en los relatos que españoles y argentinos han ido organizando en torno a sus respectivos exilios paradigmáticos?

Con el simple propósito de abrir una agenda para trabajar en forma comparada las memorias del exilio en España y Argentina y sin pretensión de encarar un trabajo pormenorizado, en las páginas que siguen intentaremos señalar algunas de las marcas más relevantes de las luchas por el sentido del pasado exiliar en ambos países, ingresando preferentemente de la mano de la historiografía. Entendemos que el discurso histórico es un vector más de sentidos sobre el pasado y que si bien su impacto en la construcción de memorias sociales es muy relativo, no es menos cierto que la historiografía entendida como “operación” (De Certeau, 1985), siempre habla respecto de la sociedad en la que se produce.

Más allá de asumir la memoria en su historicidad, pluralidad y conflicto, podemos preguntarnos si la marca de un evento en la memoria colectiva depende de la magnitud del acontecimiento, del grado de afectación social y geográfica, de su naturaleza traumática, trágica, violenta o dramática, de su condición de situación límite, de su novedad respecto a la historia previa y/o de que haya sido registrado en su contemporaneidad.

A primera vista, los dos exilios serían eventos cuantitativamente equivalentes, no sólo si tomamos las cifras absolutas que manejan las historiografías española y argentina, sino si tenemos en cuenta la incidencia del destierro sobre la población total de los respectivos países de origen. Estos exilios representaron entre el 1 y el 2 % de la población total de cada unos de los Estados.

Sin embargo, pronto surgen las diferencias. En primer lugar, el lapso de tiempo en que se concretó el éxodo español de 1939 no excedió las dos semanas. En el caso argentino, las salidas se sucedieron a lo largo de varios años, aunque hubo coyunturas con alta densidad de huidas (1976-1978), pero ni siquiera en esos momentos, los exiliados se aglomeraron intentando pasar una frontera terrestre, ni unos pocos pasos limítrofes, ni en el aeropuerto de Ezeiza que a la sazón fue la puerta más transitada por los desterrados.

El impacto de la riada humana atravesando los Pirineos catalanes en el invierno de 1939 tuvo no sólo componentes dramáticos claros por las condiciones en que se concretó, sino que encierra otro plus: fue un hecho masivo, masividad que marcó no sólo a los protagonistas, sino a la sociedad española e internacional, cuanto más fue un hecho registrado, documentado y fotografiado y que por el carácter internacional que había asumido el conflicto, no dejó indiferente a las sociedades de los países implicados. Evidentemente, la masividad del evento y su concentración en un lapso temporal muy corto guardan estrecha relación con el hecho de que este exilio fue –más allá de otras formas de violencia concurrentes con la guerra territorial que también provocaron exilios en esa coyuntura– consecuencia de la derrota militar de un conflicto abierto y de una guerra popular. La avanzada definitiva de los vencedores sobre las regiones aún en poder del gobierno legal y legítimo de la República forzó la retirada militar y, a la vez, la estampida de una vasta proporción de población civil de todas las clases sociales, de personas claramente comprometidas con el gobierno republicano (sus partidos, sindicatos, de los que se habían desempeñado como funcionarios en escuelas, dependencias públicas, etc.), o cercanas a los valores que la República defendía, y otras que simplemente huyeron por miedo a ser represaliados por haber nacido o haberse quedado en territorio no nacional. Pero esta masividad no puede explicarse además sin entender que los gobiernos central y autonómicos y las organizaciones representativas de la República (partidos y sindicatos) dieron la orden de emprenderlo. Fue sin duda un fenómeno organizado.

En el caso argentino, el impacto demográfico se diluyó, primero, en las miles de acciones individuales que integraron la corriente del exilio y, segundo, en la clandestinidad y el secreto en que se desarrolló, sea por el propio impacto del terrorismo del Estado sobre los comportamientos sociales, sea por las dinámicas organizativas de buena parte de los que partieron al destierro, muchos de los cuales ya habían perdido sus vínculos orgánicos o la cobertura de los cuadros superiores de las organizaciones de pertenencia y deambulaban entre la desprotección y la clandestinidad. Ya explicamos que salvo algunos dirigentes de Montoneros y del PRT-ERP que iniciaron su viaje hacia México, Italia o Cuba por mandato de las organizaciones que decidieron sacarlos preventivamente del país para garantizar su continuidad política y para preparar la nueva etapa de la lucha revolucionaria, el resto de los exilios se decidieron en forma individual o familiar y aun los que se discutieron en los ámbitos de militancia, casi siempre se concretaron apelando a redes informales que no incluyeron prioritariamente los lazos políticos previos. La no organización, la clandestinidad y el secreto contribuyeron a diluir el carácter colectivo del evento y eso, sin duda, ha habilitado lecturas que han tendido a dejarlo en el plano de las “opciones individuales”, olvidando o negando que tuvo un denominador común: “la situación de violencia generalizada que conmovió al conjunto de la sociedad argentina” (Gramuglio, 1981: 14).

Y he aquí lo que considero el nudo gordiano del trabajo y una de las hipótesis que pretendo instalar para su discusión: que el exilio republicano tenga una impronta más fuerte en la memoria de los españoles que lo que el último exilio antidictatorial tiene en el recuerdo de los argentinos guarda relación estrecha con las peculiaridades de la situación de violencia que originó cada evento.

Antes de pasar a desarrollar este argumento, quizás convenga remarcar que planteo una comparación macro y que esta afirmación amplia reclama matices ligados a la necesidad de ver cada evento en su duración[27] –el español comprendió tres generaciones (casi 40 años, 1939-1975) y el argentino, una (9 años para incluir los exilios más largos, 1974-1983) – y las memorias en sus fases (etapas de recalentamiento/enfriamiento memorial) y en sus contenidos (también dinámicos y siempre conflictivos).

La pregunta que se impone es ¿qué legitimidad de origen proyecta una guerra civil y cuál proyecta otra situación de violencia política, por caso la de la Argentina previa al golpe y sobre todo la de un Estado que tuvo como política la desaparición forzada de personas (Crenzel, 2008: 27)? ¿En qué medida una huida que claramente es percibida desde la contemporaneidad del hecho –por protagonistas y testigos– como una secuela de un conflicto armado abierto en el que los bandos están claramente definidos y donde la derrota es efectivamente constatable legitima de manera diferencial las salidas forzadas respecto al caso argentino, donde sin haberse declarado una guerra civil, la idea de la “guerra no era patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas y la guerrilla y parecía traducirse en [una] diversidad de acontecimientos de violencia política” (Crenzel, 2008: 31)?

Si la multiplicación de actos de violencias insurgente y paraestatal en la sociedad argentina antes del golpe de Estado es un elemento a tener en cuenta para entender los sentimientos de buena parte de la clase media, también se puede comprender que en un contexto en que las Fuerzas Armadas prometían restablecer el orden y en el mundo eran aplaudidas porque en el golpe del 24 de marzo de 1976 no había habido sangre (Cox, 2002), los que marchaban al destierro no gozaran de crédito social de buena parte de la sociedad argentina y que les costara obtenerlo en el exterior. Su condición de derrotados quedaba opacada, su carácter de víctimas era discutible, su identidad de luchadores no sólo era tema de debate al interior de la militancia, sino que la sociedad los consideraba cobardes que habían mandado a la muerte a miles de jóvenes inocentes, imagen que el poder militar estimuló, reforzando la ilegitimidad de las salidas y mostrando que marchaban los “subversivos”, los únicos culpables del caos y de la violencia vivida, que, además, pronto se transformarían –para el discurso de denuncia militar- en promotores de la “campaña antiargentina”.

No hay que olvidar que si para los derrotados de España el carácter de la dictadura franquista siempre fue claro y que la guerra civil fue por definición una guerra popular, en la Argentina gran parte de sociedad recibió con alivio la intervención militar, y en un ambiente atravesado por el terror, primaron la prudencia, la cautela y la ambigua sensación de que estar concediendo el beneficio de la duda a una corporación que tenía una larga historia de intervenciones políticas, mientras se percibía –en grados variables– que el terror era ubicuo y podía afectar a todos. La incertidumbre de la nueva muerte política –la desaparición forzada de personas– y el ejercicio clandestino y anónimo de la represión, así como la negación y la arbitrariedad con la que se movían las Fuerzas Armadas, contribuyeron a la desarticulación de las redes sociales, a la modificación de las pautas de convivencia, y en el contexto de una sociedad cada vez más opaca, más individualista y más privatizada, las salidas al exilio también fueron invisibilizadas o naturalizadas, bajo el ropaje de huidas cobardes de “subversivos” o de meros viajes turísticos.[28] Operación a la que contribuyeron –con fines no sólo diferentes sino claramente contrapuestos– exiliados, familiares, amigos, conocidos y compañeros de militancia y, por supuesto, el propio Estado terrorista.

Para finalizar quiero poner a discusión otra hipótesis de trabajo en relación a las memorias sociales de los últimos exilios políticos español y argentino: que en España se ha construido una memoria más fuertemente política que ha derivado tanto en la publicación de testimonios y memorias que rescatan a los exiliados como opositores antidictatoriales y como combatientes y dirigentes políticos, como en el desarrollo de un capítulo dentro de la historiografía del exilio republicano centrado en personalidades de la política, ideologías en la diáspora, funcionamiento de las instituciones republicanas en el exterior y comportamiento y disputas entre líderes, partidos políticos y sindicatos en los países de destierro.

Desde mi perspectiva, esta diferencia podría deberse a varios factores. Por un lado y como ya explicamos, podría ligarse a las peculiaridades de la política de la España republicana y de la Argentina previa al golpe de Estado. Por otro lado, podríamos pensar esta marca en relación con el carácter organizado e institucional del exilio republicano español a diferencia de lo ocurrido en el caso argentino. Finalmente, podría atribuirse la menor politicidad al desigual desarrollo de las historiografías sobre sendos exilios. Si bien en el caso español podemos remontarnos a la década de 1970 para encontrar las primeras obras sobre el exilio de la guerra civil (Javier Rubio, Patricia Fagen, José Luis de Abellán, y en el caso argentino, las primeras investigaciones académicas tienen poco más de una década (Margarita del Olmo Pintado, Pablo Yankelevich, Marina Franco, Silvina Jensen), no hay que olvidar que ya en las primeras historias sobre el caso republicano se le daba un lugar relevante a la política en el exilio, entendiendo por tal desde la institucionalidad y la sucesión de gobiernos republicanos, los conflictos entre los partidos y en menor medida la participación de los españoles en la Resistencia francesa y en la lucha armada antifranquista (guerrilla, etc.). Más allá de entender que la presencia de estos temas pudo ser el emergente de una forma de hacer Historia centrada en los grandes hombres y en los derroteros político-institucionales, no es menos cierto que ya en la producción memorial casi contemporánea a la salida de España, estaban inscriptas estas marcas de lo político.

En el caso argentino se observa un proceso en parte diferente y en parte hijo del desenvolvimiento historiográfico español. En ambos países, el exilio de intelectuales, profesionales y artistas –lo que llamamos exilio de la ciencia y la cultura– ha tenido (y tiene) un lugar destacado y quizás en ambos casos marque la senda más prolífica. Esto resulta coherente no sólo con la presencia de estos sectores sociales en ambas diásporas, sino porque ellos son los “dueños de la palabra” por antonomasia y en algún sentido los encargados de dar cuenta de la experiencia vivida o las figuras de referencia a la hora de que otros escriban la Historia.

También las historiografías de ambos destierros se han ocupado –por razones a veces coincidentes y otras no– de explorar las relaciones entre exilio e identidad y, en este contexto, de entender las estrategias de adaptación o las formas de inclusión de los expatriados en las sociedades de destino y las relaciones entre dueños de casa y recién llegados y los caminos por los cuales los desterrados se han transformado (o no) en ciudadanos en los países de residencia.

Pero si para el exilio republicano, estas dos áreas de investigación tempranamente estuvieron acompañadas por una historia netamente política, en el caso argentino, ésta ha tardado en llegar y esto es, en cierto modo, coherente con lo que ha pasado a nivel de la producción testimonial (memorias, autobiografías, entrevistas personales) acerca del exilio, donde la presencia de políticos, el relato de las militancias en la Argentina antes de la partida o la referencia a su condición de opositores antidictatoriales sólo se ha ido manifestando muy recientemente.

Sin duda podría argüirse que esa despolitización de las memorias (sociales/históricas) en el caso argentino guarda relación con el hecho de que esa emigración del miedo sólo convocó a la acción política exterior a unos pocos y que la militancia exiliar que para algunos fue un puente tendido hacia la Argentina, un camino inexorable señalado por su historia personal y por el compromiso con los compañeros muertos o detenidos, para muchos fue algo extemporáneo y algo que, poco a poco, fueron abandonando para concentrar sus energías en lo personal, laboral y familiar. Sin embargo, cuando analizamos el caso español no sólo se repite el hecho de que la participación en la resistencia exterior fue una actividad de pocos, sino que conforme pasaban los años se dio la desaparición biológica de la generación que había sido protagonista de la Segunda República y de la guerra civil, mientras la generación de los hijos, si hacía política, no la hacía sólo ni principalmente pensando en Franco y en el país de origen del que los padres habían salido de forma violenta.

Considero que en el caso argentino, la débil marca política del exilio en la producción memorial e historiográfica no puede divorciarse de algo que excede la pregunta sobre el evento, su magnitud, composición, formas de salida y hasta origen, y que tiene que ver no sólo con las particularidades del momento histórico en que se dio el exilio argentino, sino incluso con los efectos de esa coyuntura sobre los trabajos sociales de la memoria e incluso sobre las formas regladas de saber sobre ese pasado exiliar.

Sin duda cuando los españoles se exiliaron, se vivía y se contaba una historia/Historia de “héroes”, batallas e ideologías. Después del Holocausto y con una nueva consciencia de lo vivido, el siglo XX en todos sus eventos violentos ha pasado a ser el siglo de las catástrofes y de sus víctimas (Traverso, 2009: 12).

El campo de las memorias de los últimos exilios español y argentino muestra la tensión entre estos dos paradigmas. Pensamos que la comparación pormenorizada de la historia de las memorias sociales de los exilios republicano español y antidictatorial argentino puede mostrar la riqueza de estos movimientos, sus vaivenes, sus potencialidades y sus impactos en las subjetividades, las políticas públicas y en la escritura de la Historia.

Mientras asistimos hoy en España a una etapa de eclosión de la memoria de la guerra civil y el franquismo y la sociedad se pregunta sobre un pasado que algunos consideran que ha cerrado en falso, y cuando bajo la “Ley de reconocimiento y extensión de los derechos a las víctimas de la guerra civil y la dictadura” –más conocida como “Ley de la Memoria Histórica” (octubre 2007)– se trazan políticas de reconocimiento y resarcimiento de exiliados, niños de la guerra, brigadistas internacionales, presos en campos de concentración, maquis, guerrilleros y asesinados durante la guerra, el franquismo y la transición, en Argentina el debate sobre el pasado reciente –incluido el exilio– busca otros caminos y otras claves de lectura.

Curiosamente, mientras al compás del debate social marcado por el deber de memoria la primera historiografía del exilio argentino ha construido un exilio de víctimas, intentando situarlo como fenómeno colectivo dentro de la historia de la represión y no como capricho, opción fácil o defección traidora de individuos especiales o alternativa para intelectuales snobs –y hoy esas lecturas conviven con otras miradas que desde la academia al registro testimonial oscilan entre la reconstrucción pormenorizada de las militancias o el análisis del exilio como espacio de derrota y las lecturas celebratorias o demonizadoras de los exiliados-héroes–, España parece estar transitando un camino inverso, aunque aún no estamos en condiciones de ponderar su impacto sobre la construcción de memorias y saberes sobre el exilio.

¿Qué efectos de sentido generarán estos nuevos derroteros? ¿Se producirá en el caso español una despolitización del relato de la diáspora republicana? ¿En qué medida la politicidad de la memoria del exilio español está garantizada por el hecho que representaba al gobierno legal y legítimo, que salieron instituciones y que los valores que representaba la Segunda República, más allá del cambio de régimen y de que hoy exista una monarquía constitucional, otorga a aquellos sujetos una legitimidad superior para encontrar un lugar en la Historia y en las memorias sociales? Y en el caso argentino, ¿qué posibilidad tiene la historiografía del último exilio de mirar lo político siguiendo la ruta abierta por los debates sociales e históricos sobre el exilio republicano, pero sumando cuestiones como los imaginarios, las culturas o las identidades políticas? Sólo algunos interrogantes para una agenda en construcción de los exilios en clave comparada.

 


Notas:

[1] Silvina Jensen. Doctora en Historia por  la  Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, vive en Bahía Blanca, donde se desempeña como Profesora  de Historia de la Historiografía y Metodología  de la Investigación Histórica en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y es investigadora del CONICET. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y varios libros, entre otros La huida del horror no fue olvido. El exilio político  argentino en Cataluña (1973-1983) (Editorial Bosch, Barcelona, 1998), La provincia flotante. Historia de los exiliados argentinos de la última dictadura militar en Cataluña (1976-2006) (Casa Amèrica Catalunya, Barcelona, 2007) y Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura (Buenos Aires, Sudamericana, 2010). En coautoría destacan los Exilios. Destinos y experiencias bajo la dictadura militar junto a Pablo Yankelevich (Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007) y Presència catalana al món junto a Oriol Dueñas y bajo la dirección de J.M. Solé i Sabaté y A. Segura i Más (Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008). Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] “Se trata de redes y configuraciones multifacéticas transfronterizas que en algunos casos incluyen órdenes normativos y que conectan procesos, instituciones y actores subnacionales o nacionales, pero no necesariamente mediante el sistema formal interestatal. A modo de ejemplo cabe mencionar las redes transfronterizas de activistas comprometidos con causas específicas y localizadas que tiene un programa global implícito o explícito, como organismos de defensa del medio ambiente o de derechos humanos”. (Sassen, 2010: 22.)

[3] Para un estudio de las memorias sociales y públicas de los exilios republicano y argentino de 1976, puede consultarse entre otros Sánchez Cuervo, 2004; López, 2004; Faber, 2004; Ferriz Roure, 2004; Mateos, 2007a y 2007b; Allier Montaño, 2008; Jensen, 2008; Franco, 2010.

[4] Para una primera aproximación a las relaciones España-Argentina, vide entre muchos otros: Pérez Herrero, 1988; Clementi (coord.), 1991; Sánchez Albornoz, 1992; Zuleta, 1999; Lago Carballo y  Gómez Villegas (eds.), 2007; Jensen, 2004. Para las relaciones España-Uruguay, entre las últimas publicaciones vale consultar Coraza de los Santos, 2008.

[5] Vale mencionar como antecedente de esta propuesta una investigación de Clara Lida (2002) donde compara los exilios argentino y español que llegaron a México.

[6] Según Rustow (1968), la comparabilidad es una cualidad que le confiere la perspectiva del historiador.

[7] “Se ha estimado que en mayo de 1945 había en Europa alrededor de 40,5 millones de desarraigados, sin contar los trabajadores forzosos no alemanes y los alemanes que huían ante el avance de los ejércitos soviéticos. Unos 13 millones de alemanes fueron expulsados de las zonas del país anexadas a Polonia y la URSS, de Checoslovaquia y de algunas regiones del sureste de Europa donde estaban asentados desde hacía largo tiempo. Fueron absorbidos por la nueva República Federal de Alemania, que ofreció un hogar y la condición de ciudadano a todos los alemanes que decidieran ir allí, de la misma forma que el nuevo Estado de Israel ofreció el “derecho de retorno” a todos los judíos.” (Hobsbawm, 1998: 59).

[8] En la revista Carta Política (abril 1977: 25), Mariano Grondona analizó las razones por las cuales el país era acusado en el exterior y propuso fórmulas para contestar las críticas. El periodista comparaba el comportamiento externo (denuncia internacional) - interno (lucha contra los “enemigos”) de los gobiernos chileno y argentino. Para el director de Carta Política, el ejemplo chileno de “Militancia-Desafío” no había sido efectivo y se imponía una política internacional de “discreción”, coherente con la actitud de “moderación” en lo interno. ¿Qué entendía por “discreción”? “No hacer ruido, no exagerar los enfrentamientos, hablar en voz baja y sin llamar la atención.” ¿Qué entendía por “moderación”? “Sin modificar el rumbo de la lucha antisubversiva y el carácter de la fuerte autoridad política, habrá que evitar en este caso los excesos que permitan a nuestros atacantes externos la multiplicación de las denuncias”. “Chile ha circulado bajo Pinochet, más de una vez, por la vía de la militancia-desafío, al defender su caso con energía en los foros internacionales y al explorar en lo interno nuevas formas políticas, quizás corporativas que excluyen a la ortodoxia democrática. La Argentina actual ha escogido preferentemente hasta ahora la fórmula discreción-moderación...”

[9] La “opción” es un derecho contemplado por la Constitución Nacional (artículo 23) que en caso de conmoción interior, el presidente tiene la prerrogativa de declarar el estado de sitio y en este marco está autorizado a trasladar a detenidos considerados peligrosos dentro del territorio del país y eventualmente puede concederles el beneficio de salir del mismo. Si el estado de sitio rigió desde 1974 y no fue levantado hasta el 10 de diciembre de 1983, el gobierno militar aplicó la opción no sólo de forma discrecional sino que la suprimió en varias ocasiones para los detenidos sin causa ni proceso. Según denunciaba Amnistía Internacional, la Junta Militar no sólo anuló retrospectivamente y por decreto el derecho de opción –hecho que bloqueó las opciones concedidas con anterioridad al golpe–, sino que a lo largo del tiempo hizo uso discrecional del mismo, aprobando únicamente aquellas solicitudes que, a su juicio, no ponían en peligro la seguridad de la Nación.

[10] En palabras de Hebe de Bonafini, Reencuentro, Buenos Aires, diciembre 1984: 1.

[11] A lo largo de la guerra civil y mientras los “sublevados” avanzaban en el control del territorio, hubo exilio internos. Entre 40.000 y 50.000 personas se desplazaron de una zona a otra para ponerse a resguardo.

[12] Como explica Francisco Moreno (1999: 279), la violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento”.

[13] Como explica Julián Casanova (2002), de los 200.000 que habían pasado a Francia y regresaron de forma inmediata a España, muchos pasaron por las cárceles franquistas.

[14] Según Dora Schwarzstein (2001b: 33), aproximadamente 30.000 personas fueron las que embarcaron hacia países de Latinoamérica.

[15] LA “Ley de Responsabilidades Políticas” penalizaba el “haber salido de la zona roja después que el Movimiento Nacional hubiera entrado en ella y hubiera permanecido en el extranjero más de dos meses, retrasando indebidamente su entrada en territorio nacional”. Cabe señalar que al músico Pau Casals, el franquismo le aplicó una pena de 250.000 pesetas por “separatista”, “por huido al extranjero”, por haber dado conciertos en el Liceu de Barcelona a trabajadores, soldados, oficiales del ejército, en presencia de Azaña y Negrín y por haber contribuido con su prestigio artístico internacional a mantener la ficción de que “la horda era algo civilizado” (Mir, 2002: 153).

[16] “Para los guardianes del nuevo orden, la decisión de abandonar el país que tomaron muchos republicanos vino a facilitar sus pretensiones de limpieza política y moral, sin importarles agrandar durante tantos años el drama que supuso la inviabilidad del regreso de tantos transterrados. Es cierto que la mítica cifra de 500.000 exiliados cruzando la frontera en 1939 ha quedado reducida, a raíz del regreso casi inmediato al que muchos optaron, a las más creíble de 150 mil personas, pero no lo es menos que, para la mayoría de los que quedaron fuera, el retorno devino imposible.” (Mir, 2002: 151).

[17] Para una lectura de lo ocurrido en Argentina como guerra civil, Vide, Moyano, 1999.

[18] Comparando la situación argentina con la guerra civil española, el Ministro de Planeamiento de Videla, el General Genaro Díaz Bessone (1996: 11) afirmaba: “Ni como los españoles, cuya dura contienda interna de 1936-1939 dejó un saldo que oscila, según diversos autores, entre 300.000 y 1.000.000 de muertos. Las cifras nuestras son, por cierto, muy inferiores.”

[19] En la España franquista, el mismo carácter omnicomprensivo del enemigo del orden, hizo que muchos murieran porque creían no haber cometido ningún crimen. Josefa Armangué, esposa del ingeniero Santiago Rubió i Tudurí, que vivió su exilio en Argentina, explicaba en sus memorias que “el franquismo no només matava els qui tenien les mans brutes de sang”. Sólo haber ocupado un cargo público en el período 1931-1939 o haber luchado con el ejército republicano como mero reclutado, podía convertirlos en presas de las leyes de Responsabilidades Política o Represión del Comunismo o de los temidos consejos de guerra, farsas de justicia que siempre terminaban con el reo fusilado. (Armangué, 1981: 56 y 64.)

[20] El bienio 1976-1978 concentró casi el 70 % de los exilios; en tanto que entre 1974 y 1975 salió un 12% y entre 1979 y 1980, el 18 %. (Maletta, Szwarberg y Schneider, 1986: 296.)

[21] La “Ley de Prescindibilidad” (25/3/1976) autorizaba a dar de baja por razones de seguridad a cualquier empleado público sospechado de estar vinculado a “actividades de carácter subversivo” o a “actividades disociadoras”.

[22] Sin embargo, existe un rico debate historiográfico respecto a quien considerar exiliado político o sea quiénes son los “auténticos exiliados”. Para Javier Rubio, entre los exiliados hay que incluir a mujeres, niños, ancianos, soldados, milicianos y civiles válidos y heridos. En cambio, Alicia Alted considera que sólo cuentan los que cumplieron funciones de responsabilidad política o militar durante la guerra. Finalmente, Dora Schwarzstein afirma que son exiliados tanto los que salieron forzosamente como los que partieron a ejercer la resistencia política.

[23] Recordemos que la Junta ilegalizó a los partidos marxistas maoístas y trotskistas (Comunista Revolucionario, Comunista Marxista Leninista, Socialista de los Trabajadores, Obrero Trotskista y Política Obrera) y suspendió las actividades de otras agrupaciones marxistas (Partido Socialista Popular, Movimiento al Socialismo para la Liberación Nacional, Socialista Unificado y Comunista).

[24] Esta lectura confronta con la de Francisco Caudet que sostiene que el exilio republicano en Latinoamérica estuvo conformado sustantivamente por “una ciudadanía de obreros, campesinos y cuadros medios de distintas profesiones”. Desde su perspectiva, aún considerando intelectual a todo aquel que acreditaba una formación universitaria o superior, no eran más de un 28 %. (Caudet, 2005: 387).

[25] Como parte de su campaña de contrainformación, a mediados de 1977 el Poder Ejecutivo creó en la sede de la Embajada argentina en París, el Centro Piloto. Según Silvia Agulla, hermana del periodista de Confirmado Horacio Agulla, la tarea del Centro fue “desinformar” contra la “campaña antiargentina” que se había destapado en Europa.  Sin embargo, muy pronto una parte del Centro Piloto pasó a realizar otras tareas: infiltrar las comunidades de exiliados e impulsar el proyecto político del Almirante Massera. Para un estudio pormenorizado. (Franco, 2008: 212-230).

[26] Para una comparación de la composición social de dos casos de último exilio argentino (México y Cataluña), vide Jensen y Yankelevich, 2007: 209-251.

[27] No estoy discutiendo aquí el final del exilio en términos subjetivos, sino simplemente considerando la suspensión de las condiciones políticas que originaron las salidas forzadas/condicionadas. Para el caso argentino, en un sentido amplio el límite lo marca la asunción de Raúl Alfonsín como primer presidente electo. Para España, la muerte de Franco (20/11/1975) o las primeras elecciones democráticas del 15 de Junio de 1977, cuando fue electo Adolfo Suárez.

[28] El político radical exiliado afirmaba: “... es útil tener en cuenta una advertencia de Jean Paul Sartre: para que el fascismo crezca es necesario una sociedad trabajada durante mucho tiempo, preparada durante años a la pérdida relativa de la capacidad de horrorizarse ante la violencia, la tendencia de casi todos los sectores a clasificar las muertes en ´deseables´ e ´indeseables´, el acostumbramiento a los excesos del poder” (Terragno, 1981: 128).

 

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