General Morales Bermúdez: la huella de sus víctimas

Este artículo rescata la figura del dictador peruano Morales Bermúdez, a propósito de las pasadas y actuales denuncias de desapariciones forzadas en la Argentina y las redes de la represión en Sudamérica durante las décadas de 1970 y 1980.

Palabras clave: exilio, represión, memoria, dictadura, Plan Cóndor

 

Sin proponérselo Pacarina del Sur invocó al demonio y para desgracia del ex-dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, salieron de los sótanos víctimas de la represión que parecían ya olvidadas. Hace algunos meses, en un número anterior de nuestra revista, se examinó el caso del refugiado político argentino Carlos Alberto Maguid, detenido y desaparecido en la ciudad de Lima, en abril de 1977, por un grupo operativo del ejército de Perú que actuó a petición expresa de la dictadura argentina.[1] A mediados del mes de febrero de este año se reabrieron dos causas, una por la detención ilegal y desaparición de exiliados políticos argentinos en junio de 1980, y otra demanda originada por la denuncia sobre el traslado ilegal de presos políticos peruanos a la norteña provincia de Jujuy con el fin de que el gobierno del general Videla se encargara de la eliminación física de los prisioneros. Estaba previsto que al amparo de la cobertura que ofrecía la borrachera mediática de la Copa del Mundo 1978, que ese año se disputaba en territorio argentino, la desaparición de los detenidos políticos se borraría pronto de las páginas de la prensa, ocupada en menesteres menos dramáticos, y también de la memoria colectiva. Pero la historia tomó otro curso y los fantasmas regresan para atormentar la pacífica vejez  del dictador peruano que a sus 90 años creyó estar más allá del bien y del mal. Vale la pena entonces refrescar los hechos que están nuevamente en manos de la justicia.


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En mayo de 1978 el régimen del general Morales Bermúdez preparó un magno operativo que de haber resultado exitoso hubiese sido la perla de la corona del Plan Cóndor. De manera ultra-secreta y por iniciativa de los organismos de seguridad del Perú, se acordó con sus pares de  Argentina, la detención y ejecución clandestina de un grupo de militantes políticos y militares opositores al gobierno instaurado en Lima en febrero de 1975, después del derrocamiento del régimen nacionalista del general Juan Velasco Alvarado. Dos integrantes del grupo de políticos y activistas secuestrados recuerdan aquel episodio. En declaraciones al medio Diario 16, Javier Diez Canseco y Ricardo Lettis reconocen que siguen vivos por caprichos del azar. Como parte de su relato, ambos testigos coinciden en señalar que el argumento que esgrimió el gobierno de Morales Bermúdez – era solo la “deportación” de dirigentes subversivos que perturbaban la trabajosa transición política destinada a reinstalar el sistema democrático en Perú – resulta falso y que en realidad lo que se montó fue el arresto ilegal de un grupo de personas y su traslado a la provincia argentina de Jujuy donde debían ser desaparecidos por un comando del ejército.

Lettis recuerda la composición heterogénea de los secuestrados, entre otros se encontraba el periodista conservador Alfonso Baella Tuesta, entonces director del diario El Tiempo y dos altos oficiales de la marina que habían sido activos colaboradores del gobierno del general Velasco Alvarado, mientras que otros diez prisioneros eran dirigentes de agrupaciones de izquierda. Según el testimonio de los hoy testigos de la causa, esta mixtura conspiró contra la secrecía del operativo y ciertos medios políticos de Lima supieron a tiempo las verdaderas intenciones del traslado de los presos  a territorio argentino. [2]

Otros protagonistas del caso, como Genaro Ledesma y Ricardo Napuri, candidatos a la Asamblea Constituyente de 1978, también aportaron su versión de los hechos. En declaraciones al diario argentino Clarín el pasado 27 de febrero, Napuri un veterano militante de izquierda de 87 años, relató al citado matutino lo ocurrido en esa ocasión:”Éramos 13 opositores al régimen. Algunos de izquierda, otros derechistas, dos líderes sindicales y un periodista […] nos engrillaron a los asientos de un avión Hércules militar. Aterrizamos en Jujuy y nos llevaron al Regimiento 20 de Montaña, donde un coronel nos dijo que éramos prisioneros de guerra y que las dictaduras de Perú y Argentina habían pactado intercambiar prisioneros en el marco de la guerra contra el comunismo”.[3] Se trataba de la estrategia de seguridad regional acordada por los regímenes militares de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay, bajo el soporte de un esquema de colaboración en materia de espionaje, delación y secuestro de opositores políticos que se denominó Plan Cóndor.

Pero las cosas no salieron como quería el gobierno peruano y algunos medios políticos limeños filtraron la información, el tema  alcanzó entonces más notoriedad de la esperada y la presión internacional para dar con el paradero de los secuestrados se incrementó. El 9 de junio, tras dos semanas de permanecer detenidos en Argentina de manera ilegal, el gobierno de Videla decide sacarse el paquete de encima y opta por “expulsar” a los ciudadanos peruanos  a distintos países de Europa.[4] Con el aporte de estos testimonios el juez argentino Norberto Oyarbide abrió una causa penal y citó a declarar al anciano ex-dictador Morales Bermúdez y algunos funcionarios de su gobierno.

Los contratiempos del operativo de mayo de 1978  no desanimaron al dictador peruano y su colaboración en materia represiva como uno de los puntales del Plan Cóndor  dio sus frutos trágicos dos años después. En junio de 1980 saltó a la luz pública otro escándalo de secuestros y asesinatos de exiliados políticos argentinos en Lima. Para desdicha de los perseguidos, esta vez, como en el caso Maguid,  el “Cóndor” alcanzó a sus presas.

Federico Frías, un cuadro medio de la estructura de Montoneros que realizaba tareas de  enlace entre las unidades internas de esa organización  y la “base Lima”, fue detenido a mediados de abril de 1980. En el infierno de la tortura ofreció información que poco después, resultaría sustantiva para el diseño del operativo de localización y secuestro de un grupo de militantes montoneros que radicaban de manera transitoria en Perú o solo se encontraban de paso, como parte del “contra-seguimiento” obligado para evitar su identificación en el proceso de regreso o salida del territorio argentino. Los datos recabados por el Batallón 601 de Inteligencia Militar resultó de tal relevancia que el 15 de mayo de ese año el mismísimo dictador Videla se comunicó con el general Morales Bermúdez para solicitar autorización de llevar a cabo el secuestro y traslado de los opositores políticos detectados en Lima. La jerarquía política y militar de los actores involucrados demuestra la importancia del operativo en marcha, por el lado argentino fue designado el general Albano Harguindeguy – Ministro del Interior – como responsable de monitorear las acciones y como contraparte peruana asumió la responsabilidad el general Juan Schrot Carlín quien rendiría cuenta de la marcha de las operaciones al jefe del ejército Pedro Richter Prada y al coronel de informaciones Martín Martínez Garay.


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Las acciones se dividieron en tres etapas: intercepción y arresto de los integrantes de Montoneros que llegaban a Lima a encontrarse con sus compañeros establecidos en Perú; obtención de información bajo  tortura en las instalaciones del ejército en Playa Hondable y traslado hasta Argentina para hacer entrega de los prisioneros al régimen de Videla.

El 7 de junio de 1980 un avión Hércules del ejército argentino desembarcó al secuestrado Federico Frías en la base militar de Las Palmas, a partir de ese momento las detenciones se produjeron en cascada y con  pocos día de diferencia. Julio César Ramírez fue arrestado en Miraflores, la joven militante María Inés  Raverta cayó inmediatamente después y la señora Noemí Gianotti de Molfino fue arrancada de su casa pese a que un diputado electo alcanzó a dar aviso a algunos medios de prensa. Si bien no se pudo salvar la vida de la señora Molfino, esta denuncia posibilitó que el principal objetivo de la operación, el secuestro de Roberto Cirilo Perdía – responsable financiero y miembro de la Conducción Nacional de Montoneros – no se alcanzara. Puesto en alerta por los trascendidos, Perdía no acudió a la cita donde un comando conjunto estaba esperándolo para detenerlo.

El destino de los montoneros secuestrados fue su asesinato después de haber pasado  por un vía crucis que incluyo su internación en territorio boliviano de paso hacia la frontera con Argentina. De Ramírez, Raverta y Frías no quedan rastros, el único cuerpo recuperado fue el de la señora Molfino que apareció  en un departamento de Madrid el 24 de julio de 1980, mientras la dictadura argentina trataba de explicar el crimen como un acto de venganza o ajuste de cuentas, entre integrantes de la propia organización Montoneros.

La cooperación, tanto en las tareas de inteligencia como en la decisión de encubrir el secuestro de los opositores políticos al régimen del general Videla, es una prueba concluyente de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Cóndor. Así lo entienden la jueza italiana Luisianna Figliola y el juez argentino Norberto Oyarbide quienes abrieron sendas causas y llaman a rendición de cuentas al exdictador peruano, a numerosos funcionarios de su gobierno y a un número no menos importante de colaboradores de la dictadura del general Videla.

Es posible que los tiempos propios de un proceso judicial, sean demasiado estrechos para que los inculpados conozcan la sentencia de los jueces, pero de lo que no dudamos es que los artífices de esos gobiernos genocidas sepan, aún en el ocaso de sus vidas, que ya recibieron la condena de la opinión pública democrática y de las nuevas generaciones  que hoy recuperan las calles detrás de las banderas de la justicia social y la unidad latinoamericana.

 


Notas:

[1] Candia, José Miguel, “Caso Maguid: el eje Lima-Buenos Aires”, Pacarina del Sur, Núm. 7, abril-junio de 2011. En línea: http://www.pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/242-caso-maguid-el-eje-lima-buenos-aires

[2] www.diario16.pe/noticia/13846-la-historia-de-los-secuestrados-por-el-plan-condor

[3] Clarín, Buenos Aires, 27 de febrero de 2012

[4] El Comercio, Lima, 26 de mayo de 1978

 

[div2 class="highlight1"]Cómo citar este artículo:

CANDIA, José Miguel, (2012) “General Morales Bermúdez: la huella de sus víctimas”, Pacarina del Sur [En línea], año 3, núm. 11, abril-junio, 2012. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Viernes, 29 de Marzo de 2024.
. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=432&catid=4[/div2]