Pacarina del Sur
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La coyuntura del retorno (1982-1984). Desarticulación y judicialización en la travesía de los exiliados argentinos

The situation for the return (1982-1984). Disarticulation and judicial dimension in the return from Argentinians exiles

A situação para o retorno (1982-1984). Dissolução e experiências judiciais de exilados argentinos

María Soledad Lastra[1]

RECIBIDO: 13-09-2016 APROBADO: 09-11-2016

Resumen

Resumen: Este artículo analiza el proceso de retorno del exilio político argentino en la coyuntura de 1982 a 1984. Explora los intentos de organización de los exiliados para su regreso y el escenario político de punición que pesó sobre muchos retornos. El artículo postula que los retornos del exilio sufrieron de una fuerte desarticulación política que se tradujo como un regreso “desorganizado”. Junto a ello, examina las experiencias de judicialización de muchos retornados para mostrar cómo el regreso del exilio no fue un tema de agenda para el nuevo gobierno democrático.

Palabras claves: retornos del exilio, Argentina, Transición democrática, experiencia, judicialización.

 

Introducción

Desde 1982 con la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas y la aceleración del proceso que llevaría al retiro de los militares del poder estatal, el país estuvo atravesado por múltiples conflictos vinculados a la herencia represiva de la dictadura militar. Además de la desaparición de personas, de los niños apropiados, de los presos políticos y de las evidentes consecuencias psicofísicas que había tenido la tortura para muchas personas que habían sido secuestradas durante el período de terror estatal, la sociedad argentina se vería convulsionada por el regreso de miles de connacionales, exiliados principalmente en Europa y en América Latina.

El regreso del exilio lejos está de poder considerarse el capítulo de cierre de la experiencia exilar. La bibliografía especializada ha demostrado que, más allá de la nacionalidad del exiliado, el regreso siempre se encuentra sujeto a las condiciones políticas del país al que se regresa, a los modos en que se realiza el viaje de vuelta, a los aspectos materiales y simbólicos que entretejen las tramas de recepción en el país de origen y a los efectos represivos que cada exiliado y cada familia ha llevado consigo en el viaje exílico y que, en muchos casos, conlleva un tiempo y un proceso de superación complejo.  

Este artículo se propone analizar dos problemas que han predominado en el retorno del exilio argentino: la cualidad desarticulada y judicializada de la vuelta. Nos interesa adentrarnos en el mundo del retorno construido de cara a la inmediata transición para problematizar qué dilemas y conflictos enfrentaron los exiliados a la hora de definir su regreso; con qué recursos contaron, qué información tenían en relación a la posibilidad de volver al país y, cómo, en esa apretada coyuntura política, se fueron condensado sentidos de sospecha y de amenaza que operaron restándole receptividad a los retornos. Intentaremos mostrar que los exiliados argentinos regresaron sin encuadres institucionales y de forma “invisibilizada”, tanto en su aspecto social como simbólico y político. Junto a ello, nos detendremos en algunos problemas centrales de judicialización de esos retornos, para analizar cómo ello se vinculó con la receptividad social y política de esos regresos. Nos centraremos en la coyuntura transicional de 1982 a 1984, pues han sido los años de auge de la apertura política –con la retirada de los militares y la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia- y por lo tanto, de mayor ímpetu y fluidez en la oleada de regresos. Trabajaremos con entrevistas, prensa de la época y documentos producidos por los exiliados en distintas partes del mundo.

Imagen1. Raúl Alfonsín con exiliados argentinos en Madrid. <em>La Voz</em>, 13 de junio de 1984.
Imagen1. Raúl Alfonsín con exiliados argentinos en Madrid. La Voz, 13 de junio de 1984.

 

La desarticulación del retorno

El 10 de diciembre de 1983, con la asunción del nuevo presidente Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical), ha sido señalado como el acontecimiento político que inauguró la oleada de retorno de los exiliados argentinos. Sin embargo, los especialistas en el tema han demostrado que los retornos comenzaron mucho antes de este hecho, principalmente desde la derrota de la Guerra de Malvinas.[2]

El retorno del exilio fue siempre un tópico de debate al interior de las comunidades argentinas exiliadas. La misma condición del exilio, como una experiencia que se define por el deseo y la esperanza de volver, hace del retorno un elemento presente desde el mismo momento de la partida. Sin embargo, los retornos no están enlazados a una decisión definitiva, pues en muchos casos se produjeron regresos “de visita”, para “ver cómo estaban las cosas” y realizar un diagnóstico sobre la situación del país.

En México, por ejemplo, desde 1980, la Casa Argentina de Solidaridad (CAS) ya había comenzado a discutir la posibilidad del retorno al país y algunos de estos debates se desarrollaron en las páginas de la revista Controversia, editada por los miembros de esta comunidad de exiliados desde el año anterior. En marzo de 1980, Controversia iniciaba una sección llamada “el exilio y el retorno”; en ella, Sergio Bufano escribía a los exiliados argentinos alertando acerca del destiempo en el que se encontraban las ideas políticas desde el exilio con respecto a lo que sucedía efectivamente en Argentina, destiempo que funcionaría como un limitante del diálogo entre quienes retornaban y quienes habían permanecido en el país. Al respecto, el autor se preguntaba: “¿cómo integrar el provincianismo del exilio a la experiencia, al conocimiento, para ubicarse en la política real de Argentina?” (Bufano, 1981:16).

Por su parte, Osvaldo Bayer lanzaba la propuesta de un regreso en conjunto e invitaba a los exiliados argentinos a unirse a esa lucha a partir de un retorno que debía ser pensado en su dimensión política, como un regreso de intelectuales capaces de integrarse a la lucha por los derechos humanos: “anunciarlo [el retorno] públicamente, sin esconder nada y allá llegados, seguir juntos. Establecer una organización de intelectuales antifascistas donde las armas serán la solidaridad internacional” (Bayer, 1980:7). Bayer rechazaba la idea de formar un gueto de exiliados retornados a la vez que alentaba el diseño de un plan político de regreso que debía concretarse para el siguiente aniversario del golpe militar, el 24 de marzo de 1981. El trasfondo de este plan tenía como principal objetivo, evitar las fracturas entre “los de adentro y los de afuera”, para demostrarle al pueblo argentino que los intelectuales del exilio saben también estar al frente. Esta dimensión fue retomada por Mario Molina y Vedia en un número posterior de Controversia, para profundizar aún más en el sentido del regreso, postulando que éste debía “plantearse y resolverse en el plano de las organizaciones de la resistencia argentina con criterios y pautas de lucha revolucionaria […] tenemos derecho a vivir en nuestro país, volvamos a luchar que ese es el deber” (Molina y Vedia, 1980).

El signo que el retorno condensaría entre 1980 y 1981 no sería el mismo que un año después, pues ocurrido el fracaso militar en Malvinas, la idea del retorno se aceleraría y tomaría mayor impulso de cara a la contienda electoral y con el triunfo de Alfonsín.

A partir de junio de 1982, los exiliados se enfrentaron a un marco de retorno distinto a los anteriores, sin embargo, sus coordinaciones para volver no fueron exitosas. En el caso del partido radical (UCR), no existieron manifestaciones conjuntas para organizar el regreso de sus exiliados. El ex senador Hipólito Solari Yrigoyen –exiliado en Francia- había realizado algunas declaraciones sobre la salida democrática, señalando la necesidad de que se ofreciera una red de garantías para el retorno del exilio en el nuevo Estado de derecho.[3] Sin embargo, los espacios creados por los radicales en el exilio, como la Oficina Internacional de Exiliados del Radicalismo Argentino (OIERA) y La República, no convocaron a un regreso coordinado o a formar un espacio de diálogo para intercambiar información. Así lo recuerda también un exiliado en París y cercano a Solari Yrigoyen: “no hubo un llamado formal [del partido UCR], hubo bueno, comentarios: hay que volver, volvemos” (Entrevista a A.T., 5/09/2013, La Plata).

Por su parte, los exiliados vinculados al movimiento peronista realizaron algunas declaraciones conjuntas sobre el deseo de regresar pero ello no llegó a concretarse en una vuelta coordinada. Por ejemplo, a finales de noviembre de 1982 se realizó en París el Tercer Encuentro Peronista Europeo,[4] en el cual se discutió la unificación de algunas consigas que debería asumir el nuevo gobierno democrático y se impulsó una convocatoria para que todos “los exiliados peronistas” retornaran al país. Este sector del peronismo en el exilio solicitaba a sus líderes residentes en Argentina que incluyeran al regreso como una de las prioridades del movimiento y del Partido Justicialista:

El III Encuentro Peronista europeo decide:

1. Reivindicar el derecho de los exiliados a formar parte de la lucha en Argentina y del proceso de democratización, apuntando a que esa tarea pueda hacerse en el país en un pie de igualdad con el conjunto del pueblo Argentino (sic).

[…]

4. Exigir a las autoridades de nuestro Movimiento y en particular a las de nuestro PARTIDO JUSTICIALISTA (sic) que asuman y desarrollen esta tarea en pos del retorno sin condiciones de todo el exilio argentino. (III Encuentro Peronista Europeo, París, 28/11/1982, Fondo Colección del Exilio Argentino, BDIC).

 

Por otro lado, este reclamo parece haber encontrado eco en los dirigentes que habían viajado para estar en ese encuentro. Así lo manifiesta C.A:

Pero lo que unificó todas las expectativas fue la asumición (sic) política del retorno al país. Lo expresaron reiteradamente los dirigentes que vinieron de allí: “deben volver para sumarse a la lucha final contra quienes oprimen a nuestro pueblo. Deben volver cuanto antes porque aquí está una parte de los mejores cuadros del peronismo. Nosotros nos comprometemos a trabajar allá para que ustedes retornen sin ningún tipo de trabas”. El Encuentro decide entonces que ha llegado el momento de ejercitar el derecho a regresar a vivir a la Patria y como militantes políticos plantearse el reencuentro en las estructuras del Movimiento en el territorio. (C.A, “Exilios peronistas: llegó la hora del retorno”, s/f, Fondo Colección del Exilio Argentino, BDIC).

 

Otra fue la experiencia de una parte del exilio peronista en México que intentó crear una organización de exiliados argentinos para el retorno que tampoco tuvo mayor alcance. Este proyecto se había iniciado en el mes de mayo de 1982, impulsado por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA) ya que se estimaba que “el problema de las Malvinas nos da el margen para pensar en un retorno” (Secretaría de Gobernación, Informe, 1982, México).[5] Dos días antes del cese de la guerra, se realizó una reunión de la Comisión Pro Retorno en la que un exiliado alertó sobre la escasa convocatoria que tenían esas asambleas y sobre la poca utilidad que tenía para los argentinos exiliados en México discutir en esos marcos sin tomar decisiones prácticas sobre el regreso. Así se afirmaba que encuentros de tal naturaleza era necesario realizarlos “cuando surjan hechos políticos relevantes en nuestro país, porque con estas asambleas lo único que estamos haciendo es caer en el aburrimiento” (Secretaría de Gobernación, Informe, 1982, México). El hecho político llegó a la brevedad con la derrota de Argentina en la guerra, pero la Comisión Pro Retorno no prosperó. 

Otros intentos provinieron de organizaciones que no tenían una vinculación explícita con alguna de las corrientes políticas “tradicionales”. Por ejemplo, la Comisión Argentina por el Derecho al Retorno de todos los Exiliados (CADRE), situada en Venezuela, se preparaba para retornar difundiendo un comunicado de prensa:

el retorno de los exiliados es un derecho que no admite “listas especiales”, ni puede condicionar el camino a la democracia en nuestro país […] recurrimos a todas las fuerzas democráticas y populares venezolanas de América Latina y el mundo, para que nos apoyen en esta sentida reivindicación de millares de argentinos que fueron expulsados o huyeron del país, escapando a la posibilidad certera de ser asesinados o desaparecidos. (El Diario de Caracas, 12/12/1982).

Imagen 2. Augusto Comte, Mohamed Banamar, Susana Miguez, Octavio Carsen y Jorge Graciarena. Imagen de <em>Boletín OSEA</em>, 1984. Archivo CELS.
Imagen 2. Augusto Comte, Mohamed Banamar, Susana Miguez, Octavio Carsen y Jorge Graciarena. Imagen de Boletín OSEA, 1984. Archivo CELS.

En la misma sintonía que CADRE, el exilio argentino en Francia creó el Grupo de Trabajo por el Retorno de los Exiliados en Francia (GTREF), constituido por miembros de la  Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), del Centre Argentin d'Information et Solidarité (CAIS) y de la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos en Argentina (COSOFAM). Una solicitada publicada en el periódico Clarín (26/10/1983) expresaba los deseos de retornar de este grupo y reclamaba al gobierno electo que cuidara determinadas condiciones para que esto fuese posible: el derecho de todos los argentinos a retornar sin exclusiones, el desmantelamiento del aparato represivo y de la legislación represiva, la no sanción de nuevas leyes que restrinjan las libertades democráticas, aparición con vida de los detenidos-desaparecidos, la derogación de la ley de autoamnistía, libertad de todos los presos políticos y gremiales y juicio y castigo a los culpables (GTREF, Solicitada, noviembre, 1983). El GTREF se propuso tomar contacto con organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité Inter-Mouvements Auprés Des Evacues (CIMADE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores francés para informarse sobre las ayudas y comunicar las dificultades que tenían para el regreso. Una de las reuniones convocadas tuvo como principal objetivo, informar a los exiliados sobre los modos de resolver las trabas legales. Sin embargo, no se tienen registros en Argentina de los alcances de este grupo de trabajo.[6]

Hasta la fecha no contamos con documentos que confirmen una continuidad en el trabajo de todas estas organizaciones, pero sí podemos remarcar la existencia de una idea transversal a todas ellas: el reclamo por un retorno “sin condiciones”, en los que no haya discriminaciones, ni exclusiones. Esta persistencia en las declaraciones de los comités argentinos manifiestan la clara preocupación ante la posibilidad de que un sector del exilio no fuese “bien recibido” o que directamente no pudiera ingresar. ¿Qué respuestas obtuvieron por parte de la clase política en Argentina? ¿Cómo se fueron produciendo los retornos en ese contexto de reclamos y escasa organización?  

Si miramos el peronismo, podemos destacar una posición dual con respecto al retorno. Por un lado, el dirigente peronista Italo Luder distinguía entre los argentinos que podrían retornar y los que, “por subversivos”, no podrían hacerlo. Así explicaba: “si el peronismo gana las próximas elecciones todos los argentinos que están en el exterior, en la medida que no estén comprometidos con hechos subversivos, serán recibidos cuando quieran volver” (Clarín, 26/08/1983). Dentro del peronismo fue sólo el movimiento Convocatoria Peronista el que, alarmado por la magnitud de los argentinos que se encontraban en el exterior, propuso estimular un retorno selectivo que recuperara a los argentinos con determinadas capacidades “vitales” para el desarrollo autónomo de la nación (Mármora, et. al., 1987: 27), de manera que el exilio no fue un tema de preocupación para el Partido Justicialista.

En el caso del radicalismo, el presidente electo, Raúl Alfonsín había realizado una invitación para que los argentinos que estaban en el exterior regresaran, y que lo hicieran para desarrollar en el país “todo el trabajo que ahora desarrollan brillantemente en beneficio de otros pueblos” (Crónica, 11/12/1983). Como hemos mostrado en otros trabajos (Lastra, en prensa), al gobierno radical le preocupó principalmente el retorno de los migrantes calificados y el de los dirigentes de la “subversión”. Esta preocupación se fortaleció por el anuncio público del regreso de Montoneros y de otros dirigentes de organizaciones de lucha armada (Clarín, 22/11/1983 y 2/12/1983). En este último aspecto al nuevo gobierno le interesaba que los “subversivos” regresaran para ser juzgados en el marco de una política de penalización de las acciones de violencia política ocurridas en el pasado.

Si por un lado, los exiliados argentinos carecieron de una buena receptividad por parte de los partidos políticos para poder concretar sus regresos, por el otro, también se produjeron silenciamientos y enfrentamientos al interior de otras organizaciones de militancia. Así lo recuerda Emilio de Ípola cuando señala que en Argentina existía el “bando de los quebrados o traidores [y] el bando de los dogmáticos, obsecados y entre esos dos bandos no existía ninguna relación ni hubo nunca un diálogo” (Entrevista a Emilio de Ípola, Memoria Abierta, 2006). Vinculado al problema de la derrota, otro exiliado en Suecia señala en su experiencia de retorno la imposibilidad de continuar la militancia: “todos los compañeros de niveles de la organización que quedaron acá no jugaron a ninguna alternativa. Hicieron el rejunte y acá en Mendoza se acomodaron ellos, entraron al Ministerio, entraron acá, allá y sí se fueron yendo y había gente del ´83, ´82 nuevas, mucha gente intelectual de teatro que se arrimaron ahí y bueno (…) quedó la dirigencia sola con el aparato, entonces quedaste en nada, y ahí se siente la derrota” (Entrevista a Nilo Torrejón, Memoria Abierta, 2008).

A medida que los exiliados comenzaban a retornar, en Argentina se fueron dando algunas incipientes respuestas ante lo que se temía sería un regreso masivo y desorganizado. Sin embargo, algunas medidas fueron poco efectivas. Incluso, a pesar de que en 1984 se creó la Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (CNRAE) (Decreto 1798/84 - 8/06/1984), las comunicaciones entre el Estado y los exiliados para organizar sus regresos fueron débiles y fragmentarias, en gran parte porque la principal función de este organismo fue asesorar y estudiar los problemas normativos de la población que regresaba (Reencuentro, núm. 2, diciembre 1984). El escaso poder resolutivo de la CNRAE y la ausencia de una comunicación fluida con los retornados, impactó en las modalidades y en los tiempos –postergados- del regreso de muchas familias argentinas. La contracara de esa ausencia estatal fue el trabajo llevado adelante por la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino (OSEA), un espacio creado a mediados de 1983 para atender a los exiliados, que fue integrado por distintos actores de la sociedad civil, del Centro de Estudios Legales y Sociales y de organismos de derechos humanos.

Imagen 3. Pintada del Partido Radical por el regreso de Solari Yrigoyen. <em>La República</em>, mayo de 1983.
Imagen 3. Pintada del Partido Radical por el regreso de Solari Yrigoyen. La República, mayo de 1983.

OSEA tuvo entre sus primeras tareas, la de gestionar habeas corpus preventivos a favor de los exiliados para que la justicia indicara si corrían el riesgo de ser detenidos en su ingreso al país. Además, la Oficina se ocupó de informar a los argentinos que pensaban regresar cuáles eran las condiciones “reales” en las que se encontraba el país para que pudieran elaborar algún “plan de retorno” evitando los regresos “desorganizados” o “impulsivos”[7]. Por su parte, la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), consideraba que uno de los problemas en la atención a retornados argentinos consistía en que muchos regresaban de forma impulsiva o bien, con un “proyecto bajo el brazo” que no se ajustaba a la realidad del país. Así, la coordinadora de CAREF en 1984, aclaraba: “algunos venían muy ilusionados con que bueno, habían sacado un título en el exterior o habían desarrollado algunas nuevas habilidades laborales, que podían armar proyectos, acá llegaban a un país que estaba destruido económicamente […] y pedaleando en el aire” (Entrevista a María Amelia Sosa, 22/12/2011, Buenos Aires). Para CAREF y OSEA, fue a partir de 1985 y 1986 que los retornos se realizaron con una mejor planificación (OSEA, Informes a HEKS y Diakonía 1987/1988).[8]

La fuerte desarticulación que caracterizó el retorno de los argentinos llamó la atención de los organismos de asistencia en Suecia. Así, por ejemplo, Diakonía, señalaba:

De la investigación que realizamos a retornados se desprenden […] la carencia de una preparación adecuada y pertinente para una verdadera reinserción de los individuos, la decepción producto de una realidad ideologizada, el menoscabo de los cambios producidos en la realidad del país que dejaron al salir al exilio y a su vez de los cambios que experimentaron ellos mismos durante su exilio, junto a la falta de una participación pleno de la familia en la toma de decisión. (Diakonía, “El retorno: un desafío”, Estocolmo, 1988).

 

En ese sentido, parte de esta experiencia argentina sirvió en algunos casos, para diseñar programas de acompañamiento al exiliado que volvía con el fin de evitar regresos espontáneos e impulsivos.

Pero si los exiliados argentinos desconocían las “verdaderas” condiciones en las que se encontraba el país, esto también tenía que ver con la escasa receptividad que demostró la sociedad argentina ante el fenómeno del retorno. El premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, señalaba que existía una desinformación muy grande sobre el tema del exilio, ligada en parte a la identificación que sufrían los exiliados como agentes “subversivos”, lo cual generaba un fuerte rechazo por parte de la sociedad (Reencuentro, núm. 2, diciembre 1984). Los integrantes de OSEA consideraban que era urgente contrarrestar ese “desconocimiento total de la población de lo que fue y es realmente el exilio” (OSEA, correspondencia enviada, 29/06/1984). Para ello, entre 1984 y 1988, la Oficina editó el Boletín Reencuentro y se realizaron intervenciones de concientización en programas radiales, cartillas y conferencias de prensa. Se trataba de “difundir la problemática sobre el exilio-retorno y sus consecuencias sociales para recuperar la riqueza del tema y tratando de que [fuera] incorporada a la memoria histórica del pueblo argentino para que estas violaciones no vuelvan a ser cometidas” (OSEA, Balance, 1985). Así, mientras se difundía información puntual sobre los regresos y la reinserción, también se pretendía visibilizar las dimensiones traumáticas del exilio, tratando de romper los estigmas que pesaban sobre esta experiencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los retornados evaluaron que el alcance de esa tarea de difusión había sido limitado; por ejemplo, en un encuentro de intercambio sobre la experiencia de asistencia recibida, consensuaron que OSEA había sido la única instancia de orientación para los exiliados pero que los mecanismos de información no habían sido fluidos ni habían llegado a todos los lugares del interior del país dejando muchos casos “irresueltos” (OSEA, Segundas Jornadas sobre Problemas de Exilio y Repatriación en Argentina, Informe interno, 1988).

Frente a otros casos del Cono Sur, los retornos de exiliados argentinos tuvieron poca visibilidad en la prensa de la época. A excepción del regreso de figuras públicas de la ciencia y la cultura y algunos dirigentes políticos y sindicales, los retornos de la “gente común” no contaron con un registro mediático ni quedaron huellas de recepciones multitudinarias como en otros casos.[9]

El ex senador Solari Yrigoyen indicaba que la mayoría de los regresos habían sucedido de una forma “inadvertida” porque habían sido los mismo exiliados los que decidieron regresar anónimamente: “ninguno quería volver en un avión que fuera esperado por periodistas y filmado por televisión” (Solari Yrigoyen en Parcero et. al, 1985: 143).

El anonimato o invisibilidad en la que se produjeron los regresos, puede tener que ver también con la misma posición adoptada por la comunidad de exiliados. Por ejemplo, una exiliada en México recuerda: “Quería no tener que volver a explicar mi historia a cada minuto, que es la condición del exiliado. No tener que justificarme... bueno, volví, igual me tuve que justificar por todo este quilombo que se había armado [...] de que nos habíamos ido, que los que se habían quedado [en Argentina]... todas ridiculeces”. (Entrevista a Norma Osnajanski, Buenos Aires, 2001, Memoria Abierta). 

Como explica Silvina Jensen, los argentinos que regresaban del exilio “contribuyeron de manera no reflexiva con la desnaturalización de su salida contada como mera presencia en el exterior o mediante la articulación de un relato que silenciaba las razones y la verdadera naturaleza del exilio” (Jensen, 2014:185). Lo político, que está estrechamente enlazado al momento de la salida, a las causas que empujaron a muchos argentinos a dejar el país, quedaba así oculto y disfrazado detrás de las historias narradas por los que volvían. Esa construcción de una identidad “apolítica” permitió a los retornados del exilio evitar la instancia de “tener que dar explicaciones” ante distintos grupos sociales –tanto familiares, como de militancia o laborales- que no mostraban el interés por escuchar. Lo político del exilio quedaba diluido en la experiencia migratoria más general.

Si bien las experiencias de retornos fueron múltiples y heterogéneas, podemos identificar que uno de los trazos gruesos del caso argentino fue este carácter desarticulado y de escasa contención. Una desarticulación que no sólo fue interna de los exiliados a la hora de coordinar su regreso, sino mucho amplia y que los afectó en el lazo político y social con Argentina como país receptor. A ello también debemos agregarle un importante componente de judicialización, como veremos a continuación.

 

Los retornos judicializados 

A las dificultades materiales para organizar el regreso, se sumaron en no pocos casos, los temores a que en el regreso se vivieran nuevas experiencias represivas. Como señalan Bernetti y Giardinelli (2003), estos miedos influyeron en las evaluaciones internas que cada exiliado pudo hacer antes del regreso. No se trataba de temores infundados, pues existieron importantes problemas legales y de orden judicial que los esperaban en Argentina.

Ante la presencia del exilio, el presidente Alfonsín y otros voceros del radicalismo señalaron que, a su regreso, la justicia convocaría a los “subversivos” para que rindieran cuentas de su responsabilidad por los hechos violentos del pasado. El decreto 157/83[10] puede ser reconocido como el puntapié inicial de una serie de medidas que afectaron la vida política y personal de muchos exiliados y sus planes de regreso.

Estas políticas e imaginarios, abonaron a las dificultades del regreso. Por ejemplo, en la embajada argentina en México se produjo un conflicto que develaba esta lógica: el consulado había rechazado extender los pasaportes y visas a argentinos exiliados en México y también se había negado a recibir las declaraciones de una ex detenida-desaparecida que había sido puesta en libertad en 1982 y que se había exiliado en dicho país. En la prensa argentina se preguntaban “¿en qué quedamos?”: “los actuales funcionarios del proceso no han leído las declaraciones del futuro ministro del Interior o bien han decidido continuar con la línea de acción dictatorial que provocó el exilio político o económico de más de dos millones de argentinos” (La Voz, 28/11/1983). Ante las dificultades que impedían el regreso, también los exiliados nucleados en torno a la CAS en México, exigieron que se “repararan las consecuencias del exilio”, empezando por la derogación de las disposiciones legales que impedían la obtención de las visas y pasaportes, para apuntar principalmente al desmantelamiento del aparato represivo ilegal, garantizando “la vida, la libertad política y de expresión […] y la vigencia de los derechos humanos” (Clarín, 9/12/1983). Sin embargo, como recuerda el escritor Noé Jitrik (en Gómez, 1999), el gobierno argentino y la prensa “se hicieron los sordos” ante el exilio argentino.

Imagen 4. Regreso de Raimundo Ongaro. <em>La Voz</em>, 18 de marzo de 1984.
Imagen 4. Regreso de Raimundo Ongaro. La Voz, 18 de marzo de 1984.

El gobierno argentino tuvo algunas medidas que repararon los conflictos legales de los argentinos, sin embargo, muchas de ellas fueron tardías y otras significaron trámites muy engorrosos (Mármora et. al, 1987). Además, existieron algunas continuidades en la persecución y criminalización de los exiliados que fueron impidiendo o postergando sus retornos.

En 1984, Octavio Carsen –abogado y coordinador de OSEA- denunciaba que todavía existían importantes restricciones que impedían el tranquilo reingreso al país de los exiliados. Por un lado, respecto a los pasaportes, el Ministerio del Exterior no impartía instrucciones a la Policía Federal para que se borraran automáticamente de los prontuarios policiales los pedidos de captura dispuestos desde 1976 al 10 de diciembre de 1983 por las autoridades militares. Por el otro lado, resaltaba el carácter urgente que tenía informar sobre la pérdida de vigencia de los pedidos de captura que fueron amnistiados en 1973 y que en 1984 seguían funcionando “produciendo demoras innecesarias en el otorgamiento de los pasaportes tanto por la Policía Federal como por los Consulados en el exterior” (OSEA, Correspondencia enviada, 29/06/1984, Archivo CELS).

Excepto en los casos que contaron con la condición de refugiados reconocida por el ACNUR y que les permitió obtener un pasaporte de regreso con garantías legales para entrar al país, existieron otros retornos afectados por las dificultades judiciales. Nos referimos a los regresos que necesitaron de una resolución judicial para realizarse, por ejemplo, a través de habeas corpus preventivos, una práctica que se volvería fundamental para muchos exiliados en 1983 y 1984. El más reconocido es el caso de Hipólito Solari Yrigoyen, que tenía oficialmente prohibido el ingreso al país debido a que su exilio se había iniciado por medio de la “opción” [11]. A mediados de 1982 un grupo de figuras políticas importantes[12] en Argentina presentó un recurso de habeas corpus solicitando que se permitiera su regreso, demanda que sólo fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia a mediados de 1983. Las dificultades para el regreso de Yrigoyen se resolvieron cuando “la Corte Suprema de Justicia reconoció la arbitrariedad de las persecuciones” que había sufrido el senador (Clarín, 12/06/1983). Alconada Aramburu había salido en su defensa en todo ese proceso, enfatizando en repetidas ocasiones que se trataba de una figura política pública “referente de la democracia argentina” y que, en su exilio, había sido apoyado por importantes funcionarios y políticos del orden internacional por ese mismo carácter (La República, núm. 21, agosto, 1982: 12).

Otro caso emblemático fue el de Raimundo Ongaro, ex secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) de los Argentinos y de la Federación Gráfica Bonaerense y uno de los “opcionados” de la dictadura militar. En 1975 se había exiliado en Perú, trasladándose luego a Europa. Los vaivenes judiciales a los que estuvo sujeto el retorno de Ongaro le merecieron la siguiente reflexión: “el magistrado por informes del PEN [Poder Ejecutivo Nacional], manejado por la dictadura militar, siguió considerándome una persona peligrosa, que mi ideología era subversiva y que era un apoyo para grupos violentos, por lo que denegó la posibilidad de mi retorno” (Ongaro en Parcero et. al., 1985: 120). Aunque posteriormente, en la Cámara de Apelaciones se aprobó este recurso y Ongaro pudo regresar en marzo de 1984, la imagen social de la “subversión” y de los retornos como amenazas, continuarían operando en la esfera pública durante todo el gobierno de Alfonsín.

Por fuera de los casos emblemáticos, existió un amplio universo de retornos “anónimos” que también fue judicializado. Así lo demuestra el trabajo legal realizado por OSEA que, entre 1983 y 1984, tramitó dos mil habeas corpus preventivos (OSEA, Informe, 1986). Estos trámites, no sólo tenían un fuerte impacto emocional en los exiliados, en sus experiencias de destierro y en sus expectativas de regreso, sino que además, implicaban costos económicos para la Oficina y para el exiliado, y llegaban a prolongar por muchos meses la organización del regreso (OSEA, Informe final, 1988: 11).[13]

La posibilidad de ser detenidos al ingresar al país fue una realidad para muchos retornados del exilio. Una encuesta realizada por OSEA a finales de 1984, demostraba que el 11% de 90 casos entrevistados contaba con pedidos de captura vigentes y que alrededor de un 20% manifestaba sentir problemas de inseguridad para poder retornar. Esta “sensación” se materializaba en algunas irregularidades que habían vivido los entrevistados a la hora de gestionar su regreso legal (OSEA, “Diagnóstico de la población retornada del exilio”, Informe, 1985). Por ejemplo, algunas personas habían recibido un pasaporte marcado por el consulado argentino, a otros se les había retenido el documento a la hora de renovarlo mientras que, en otros casos, directamente se les había negado la posibilidad de gestionarlo. Problemas de este tipo se tradujeron en que la vuelta estuviera marcada por el temor. Un testimonio que así lo expresa, es el de Graciela Daleo, cuando comenta:

Temíamos que nos abrieran causas a quienes empezábamos a volver; incluso tuvimos una entrevista cuando Solari Yrigoyen viajó [a España] como embajador itinerante enviado por Alfonsín. De todos modos, presenté un habeas corpus preventivo y no había causa judicial contra mí, entonces mi temor se traslada, no tanto al tema de las causas judiciales –que eran una amenaza posible- sino a la cuestión del secuestro; no tanto la posibilidad de que me mataran, sino otra vez el secuestro, la tortura […] En esos años les abrieron causas a varios compañeros, o directamente les metieron causas previamente existentes. Tenía mucho miedo de volver, pensaba “me van a secuestrar, me van a meter en cana. ¿A qué país vuelvo? ¿Qué voy a hacer sola sin la organización? (Daleo en Levy, 2013: 50-51).

 

Si la judicialización no fue la regla general del retorno argentino, debemos tener en cuenta que tampoco fue una experiencia menor. Un dato que nos permite relativizar su presencia lo brinda OSEA, que en total asistió a 10 mil personas en todos los aspectos de la reintegración –social, educativa, laboral, entre otros- (OSEA, Informe final, 1988: 35), mientras que, en su primer año de trabajo dio curso a dos mil habeas corpus, lo que arroja una magnitud nada despreciable de casos judicializados. Esto no significa que todos los exiliados hayan pasado por presentaciones judiciales para poder regresar, pero la cualidad judicializada del retorno en Argentina que no existió de la misma manera en otros casos del Cono Sur (Lastra, en prensa). Este es uno de los elementos que podrían explicar también la desarticulación y escasa receptividad que tuvo el regreso del exilio en este país.

Imagen5. Solari Yrigoyen declara que los exiliados pueden volver. <em>Clarín</em>, 18 de enero de 1984.
Imagen5. Solari Yrigoyen declara que los exiliados pueden volver. Clarín, 18 de enero de 1984.

A las demandas impulsadas por los abogados, el Estado no respondía positivamente. Al respecto, Horacio Ravenna nos explicaba:

si hay una orden de captura es un tema judicial y la verdad es que, en términos personales, quiero decir esto porque no sé qué puede haber hecho otro funcionario, pero yo no me metía en eso porque no me parecía adecuado aparecer preguntándole a la justicia “che, pero esta orden de captura ¿es verdadera o no?” Si había una orden de captura, la orden de captura estaba, nosotros aspirábamos a que todo el tema de la persecución a la gente que se había tenido que exilar se desactivara pero para eso había todo un sistema judicial en el que yo, como un Director General de Derechos Humanos de Cancillería, no podía meterme, ¿no? Era la situación… yo les explicaba la verdad, les decía: miren, búsquenlo por otro camino, uno puede hacer peticiones y decir “esto es una orden de captura de la dictadura que la democracia no la puede sostener, digamos, yo eso podía argumentarlo al interior del gobierno pero no podía darle garantías a nadie del exterior sobre eso. Porque además, de verdad, cuando nosotros asumimos, todo el aparato venía de la época de la dictadura así que no hubo una renovación inmediata. (Entrevista a Horacio Ravenna, 3/12/2012, Buenos Aires).

 

Las barreras legales no sólo limitaban el arribo al país sino que potenciaban la judicialización de la militancia y del exilio, a partir de nuevas detenciones que se realizaban en los aeropuertos y pasos fronterizos. Muchas de estas detenciones, como explicaba Ravenna, se desprendían de prácticas informales sedimentadas en las mismas instituciones estatales que evidenciaban la permanencia de sentidos y modos de proceder propios del régimen de facto anterior. Ante esa situación, las modificaciones realizadas en las altas esferas de la justicia no necesariamente significaban un cambio rotundo en las prácticas cotidianas del personal y los jueces del ámbito judicial y mucho menos en las de la policía, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado

¿Por qué un gobierno que invitaba a los argentinos a volver, los obligaba a transitar por un camino de judicialización? Aquí debemos tener en cuenta que los imaginarios sobre la “subversión” y las posibles amenazas al orden social de quienes retornaban, eran sostenidos también por los partidos políticos, no sólo por la corporación militar. En un simposio celebrado en 1984, Federico Storani (UCR) señalaba: “creo que el sector mayoritario [del exilio] comparte un enfoque de reivindicación democrática, por eso tenemos actualmente una política de repatriación; si pensáramos que se trata de un exilio 'desestabilizador', 'tirabomba', no lo repatriaríamos” (Storani en Bruno et. al, 1985: 77).

La débil inscripción del retorno en la agenda del peronismo en el país, puede explicarse también por las fuertes tensiones internas que vivía el movimiento con el surgimiento de la fracción “renovadora”. Así, por ejemplo, Julio Bárbaro reconocía que no sólo era el tema del exilio sino la cuestión de los derechos humanos en general la que había quedado regazada en los intereses del peronismo y que fue “llevado adelante por un sector”. Sobre esto expresaba: “fue un tema aislado […] recuerdo que en el ciclo de charlas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el peronismo no tenía mucha voluntad de participación y fue el caso en el que generosamente me cedieron el lugar para que fuera expositor. No eran muchos los honores que allí estaban en juego” (Bárbaro en Bruno, et. al., 1985: 30).

La ausencia del tema del exilio para el peronismo debe leerse también en las respuestas generales que el partido estaba dispuesto a dar ante las demandas sociales por una revisión de los crímenes de la dictadura militar, entre las que se cuenta el apoyo que otorgaron a la Ley de Pacificación Nacional (Ley 22.924) -conocida como “ley de autoamnistía”-, sancionada por los militares en septiembre de 1983 para clausurar todo tipo de acciones penales por delitos cometidos en la “lucha antisubversiva”. En plena coyuntura electoral, la controversial posición del peronismo en el país, generó importantes debates al interior de la comunidad de exiliados argentinos produciendo en algunos casos una ruptura irreversible con el movimiento. Al respecto, Mempo Giardinelli recuerda:

cuando se abre el proceso electoral de 1983, al principio en el exilio mexicano ganábamos los peronistas, pero sucedió que con el transcurso de la campaña el crecimiento de Alfonsín fue muy notable. […] Luder era bastante impresentable y además habían muerto algunas grandes figuras del exilio, como Héctor J. Cámpora, a quien velamos en la CAS. También había muerto Rodolfo Puiggrós en 1980, y eso fue un mazazo para el COSPA donde era la figura más respetada”. (Entrevista a Mempo Giardinelli, en La Barraca, 27/04/2014).

 

La notable distancia política que creció entre el peronismo y un sector del exilio argentino, fue potenciada por la ausencia o la pérdida de liderazgos que permitieran aglutinarlos en el retorno. Las rupturas que vivió el peronismo[14] también se vivieron al interior de otros espacios políticos, sociales y culturales, dejando a los exiliados que regresaban sin estructuras de pertenencia y contención (OSEA, Balance, 1985). 

La clave judicializada de los retornos del exilio fue cambiando de dirección a lo largo de todo el gobierno de Alfonsín. En su informe de cierre, OSEA (1988) señalaba que entre 1985 y 1987 se habían desacelerado las consultas referidas a los impedimentos legales y, en su lugar, habían aumentado los casos de personas que habían retornados con habeas corpus preventivos aprobados y que fueron detenidas por causas nuevas; esto significa que fueron causas abiertas en democracia fundados en presuntos delitos políticos cometidos en el pasado (Lastra y Jensen, 2014).  Si bien no podremos detenernos aquí en todo ese período, vale la pena señalar que, en definitiva, la clave judicializadora que recayó sobre el exilio desde la álgida coyuntura transicional, devendría en un elemento nodal del proceso político argentino posdictadura.

 

Consideraciones finales

Este artículo se propuso recorrer dos de las dimensiones más sobresalientes del proceso de retorno del exilio argentino. En primer lugar, el carácter desarticulado del retorno, ya sea a nivel político o social, expresa las dificultades que tuvieron los exiliados para coordinar un regreso colectivo. Si bien los retornos son decisiones migratorias elaboradas en ámbitos íntimos y familiares del actor, también es importante resaltar cómo en esta experiencia no hubo una presencia activa y aglutinante por parte de partidos políticos, organizaciones sociales u otro tipo de liderazgos que dieran a esta acción un sentido político. En consecuencia, cuando hablamos de desarticulación, estamos mirando el desacople que los exiliados vivieron ante el país de origen y sobre todo, con los partidos políticos y otros espacios institucionales.

Además señalamos que existió una experiencia de judicialización del retorno, es decir, que en muchos casos, la decisión de volver estuvo sujeta a los marcos represivos que perduraron más allá del cambio institucional. Esto evidencia la ausencia de una política de contención y recepción estatal por parte del gobierno de Alfonsín junto a una fuerte impronta de la penalización y la vigilancia sobre todas las acciones del pasado que pudieran ser criminalizadas. Ya sea en los casos de reconocidas figuras del arco político como en las experiencias de personas menos vinculadas a espacios de militancia política o revolucionaria, la posibilidad de ser detenidos en su ingreso al país llevó a muchos exiliados a solicitar la revisión de su situación antes de regresar.

Este artículo buscó dar cuenta de uno de los temas sobre el retorno que integra la agenda en el campo de estudios del exilio argentino y del Cono Sur, interesado en formular nuevos interrogantes y en ampliar los horizontes de interpretación.

 

Notas:

[1] Doctora en Historia (universidad Nacional de La Plata, Argentina) y becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina) con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales (Universidad Nacional de San Martín). Es Co-Coordinadora del Grupo de Trabajo “Violencias y Migraciones Forzadas” (CLACSO). Sus temas de investigación se centran en la historia de los exilios políticos del Cono Sur, especialmente de las experiencias y políticas de retorno del exilio, las dimensiones punitivas y represivas de esos procesos y sus relaciones con las transiciones democráticas. Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] La temporalidad de la transición democrática en Argentina está comenzando a ser discutida en el campo historiográfico argentino, aquí tomamos los años de 1982 y 1984 para plantear un problema específico dentro del proceso de los retornos del exilio. Para una actualizada discusión sobre la transición, se sugiere consultar la compilación de Claudia Feld y Marina Franco (2015) y la tesis doctoral de Adrián Velázquez Ramírez (2016).

[3] En palabras de Solari Yrigoyen: “Para creer en el proceso de democratización se debe levantar el estado de sitio, los presos políticos deben ser liberados y se debe permitir el retorno de varios centenares de millares de exiliados” (Clarín, 4/10/1982).

[4] En este encuentro habría participado más de doscientos exiliados peronistas provenientes sólo de Europa (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suiza, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y Suecia) que se reunieron con cuatro representantes del peronismo en Argentina, entre ellos, Emilio Mignone, Andrés Framini, Eduardo Néstor Soares y otro delegado de la Coordinadora de Agrupaciones zona sur de Buenos Aires.

[5] En mayo de 1982 Delia de Puiggrós había intentado regresar a Buenos Aires desde Lima, pero las autoridades argentinas no le permitieron el ingreso (Yankelevich, 2009: 156).

[6] Sobre el caso francés, Marina Franco plantea que de estas declaraciones de comités parisinos puede subrayarse la necesidad de los exiliados argentinos por legitimar el regreso y su pertenencia a la sociedad argentina, pero no habrían conllevado una mayor organización para efectivizar el retorno colectivo (Franco, 2008: 267-269).

[7] Para OSEA, la difusión de esta información tenía que ver también con los requerimientos del ACNUR en cuanto a la política de repatriación que significaba no sólo ayudar en los regresos sino “proveer al exilio de una visión real de lo que sucede en su tierra” (OSEA, Balance, 1985).

[8] Así lo recordaban también los argentinos retornados en una reunión de balance de OSEA en 1988: “el retorno no fue organizado y existieron dispares informaciones respecto de los programas tendientes a facilitarlos” (OSEA, Segundas Jornadas sobre Problemas de Repatriación y exilio en Argentina, Informe interno, 1988).

[9] Para el caso brasileño, por ejemplo, la especialista Denise Rollemberg ha señalado: “en geral, quando se fala na chegada dos exilados, se pensa nas recepções calorosas, nos aeroportos de diversas ciudades. Amigos e parentes com faixas que os saudavam. As fotos nos jornais registraram o momento. Afinal, tinha-se mesmo o que comemorar: o fim do exílio, a sobrevivência aos tempos de clandestinidade, cadeia, tortura, exílio, as perspectivas de redemocratização, a promessa de novos tempos” (Rollemberg, 1999: 284).

[10] Este decreto solicitaba la detención de Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo, Enrique Gorriarán Merlo por “delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público” (Boletín Oficial, 15/12/1983).

[11] La opción es un derecho constitucional explicitado en el artículo 23, que funciona en situaciones de conmoción interna. Este derecho le permitió a los detenidos a disposición del PEN salir del país con previa autorización de las autoridades, pero fue una pena de destierro en tanto quien salía perdía la ciudadanía y se le prohibía regresar. Algunas limitaciones que deben mencionarse sobre este derecho tienen que ver por un lado, con la suspensión que sufrió en algunos momentos del proceso dictatorial y por el otro lado, con el carácter arbitrario en el que fue aplicado. Sobre este tema ver Pisarello (2014).

[12] El recurso fue presentado por Miguel Ángel Martínez, Raúl Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, Luis Caeiro, Federico Storani, Teodoro Marcó, Raúl Ferreira y Raúl Alconada Sampé.

[13] A través de algunos casos analizados (Lastra, en prensa) hemos mostrado cómo una familia argentina en el exilio podría esperar entre 7 meses y hasta un año para que se resolviera el habeas corpus preventivo y se resolvieran burocráticamente las decisiones judiciales en el Ministerio del Interior y en la Dirección de Nacional de Migraciones.

[14] Un ejemplo de esta ruptura es la renuncia al peronismo que redactó a principios de 1985 un grupo de intelectuales argentinos exiliados (Bernetti y Giardinelli, 2003, documento 42, Renuncia al Partido Justicialista y al Movimiento Peronista: p. 236).

 

Bibliografía:

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  • Yankelevich, P. (2009), Ráfagas de un exilio. Argentinos en México (1974-1983), México, El Colegio de México.

 

Fuentes

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  • La Voz, 1983.
  • Crónica, 1983.
  • El diario de Caracas, 1982.
  • La República, 1982, 1983.
  • Reencuentro, 1985.
  • OSEA, Informes, 1985-1988. Archivo CELS.
  • OSEA, Correspondencia enviada, 1984. Archivo CELS.
  • Diakonía, Informe, Estocolmo, 1988. Archivo CAREF.
  • Fondo Colección del Exilio Argentino, 1982. Archivo BDIC.
  • Secretaría de Gobernación, México, Informe, 1982. Archivo AGN.

 

Entrevistas 

  • Entrevista a Memo Giardinelli en La Barraca, 27/04/2014. En línea: http://revistalabarraca.com.ar/con-mempo-giardinelli-peronismo-exilio-y-la-revolucion-en-bicicleta/ [Consultado el 10/02/2017]
  • Entrevista realizada por la autora a María Amelia Sosa, 22/12/2011, Buenos Aires
  • Entrevista realizada por la autora a Horacio Ravenna, 3/12/2012, Buenos Aires.
  • Entrevista realizada por la autora a A.T., 5/09/2013, La Plata.
  • Testimonio de Norma Osnajanski, 2001, Memoria Abierta, Buenos Aires.
  • Entrevista a Nilo Torrejón, 2008, Memoria Abierta, Buenos Aires.
  • Entrevista a Emilio de Ípola, 2006, Memoria Abierta, Buenos Aires.

 

Cómo citar este artículo:

LASTRA, María Soledad, (2017) “La coyuntura del retorno (1982-1984). Desarticulación y judicialización en la travesía de los exiliados argentinos”, Pacarina del Sur [En línea], año 8, núm. 31, abril-junio, 2017. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Lunes, 11 de Diciembre de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1471&catid=5

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