Pacarina del Sur
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Geopolítica del neoextractivismo: espacialidad estatal y clasificación de la resistencia en el sureste de Ecuador

Geopolitics of neo-extractivism: State spatiality and classification of resistance in southeast Ecuador

Geopolítica da neo-extrativismo: espacialidade Estado e classificação de resistência no Equador sudeste

Yakir Sagal Luna[1] y Blanca Lizbeth Hernández Hernández[2]

Recibido: 07-03-2015 Aceptado: 19-03-2015

Resumen

Resumen: Durante el año 2009 en Ecuador las comunidades indígenas y campesinas se movilizaron para rechazar la inminente aprobación de las leyes de minería y de seguridad, las cuales proveían el soporte jurídico para la nueva oleada de apropiación de los bienes comunes estratégicos conocida como neoextractivismo. En ese contexto la empresa ECSA elaboró una clasificación para enfrentar la resistencia en torno a sus proyectos en el sureste y cuyo principal resultado ha sido la criminalización de la protesta social. Dichos sucesos geopolíticos –entre los cuales se encuentra el recién asesinato del activista José Tendetza–deben ser considerados como parte de un proceso dual de alcances todavía en definición: la suspensión de la soberanía por el capital y la instauración de un nuevo espacio estatal.

Palabras clave: espacialidad estatal, espacio de catástrofe, ECSA, clasificación social, Estado ecuatoriano.

 

Cuando un gobierno habla de la pobreza en un Estado o país, no se da cuenta de que él es quien convierte a la gente en pobres. En mi país todos los gobernantes en turno han trabajado para enriquecer a unos pocos. Es por ello que hacen estrategias, planes, políticas, leyes y definen objetivos para invadir territorios, saquear los recursos naturales de los más débiles, especialmente de los pueblos indígenas. En el ejercicio de nuestros derechos, los shuar somos soberanos, los verdaderos propietarios de los bienes existentes en nuestros territorios. Los shuar estamos ubicados desde antes de la colonia y la república, en la Amazonía ecuatoriana [...] por historia los shuar hemos sido anti petroleros, anti mineros [...] en los últimos años el gobierno con su discurso de inclusión y progreso ingresa en nuestro territorio por partes, de manera aislada, fragmentaria [....]  todas las incursiones en nuestro territorio aparece como proceso independiente, sin embargo son parte de un solo proyecto: convertir nuestro territorio en distrito minero.

Domingo Ankuash, dirigente shuar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 17 de marzo, 2015.

 

[...] las formas de producción y de consumo de cadáveres marcan una circularidad que se opone a la linealidad del progreso capitalista. En esta iterabilidad se inscribe el circuito productivo energético que se mueve desde el cadáver a la fosilización y desde la fosilización a la producción de nuevos cadáveres en su extracción (petróleo y gas natural, por ejemplo), marcando la continuidad entre la mina y la fosa, entre el mausoleo y el pozo.

Sergio Villalobos-Ruminott (2015).

 

Geopolítica del Estado capitalista

José Tendetza fue hallado sin vida el 3 de diciembre de 2014 tras días de desaparecido, su asesinato aún sin esclarecersese inscribe en la oleada de criminalización a los activistas en Ecuador. Tendetza, líder shuar de la provincia de Zamora Chinchipe en la región andino-amazónica del sureste ecuatoriano, fue un férreo opositor al proyecto de explotación minera Mirador concesionado a la empresa de capital chino Ecuacorriente S.A. –de ahora en adelante ECSA–.

La muerte de José Tendetza es un acontecimiento geopolítico que necesita ser analizado. ¿Por qué es un acontecimiento geopolítico? La geopolítica del capital es un proceso donde se manifiestan las contradicciones del espacio social, es la espacialidad de la lucha de clases (León, 2011). Lo que está de fondo en la muerte del líder opositor es una disputa por el espacio. Para aproximarnos a esta situación tan compleja necesitamos partir de un horizonte teórico que supere la falsa dicotomía neoliberalismoprogresismo, binomio que no hace sino obnubilar la verdadera dialéctica que recorre las estructuras políticas y económicas del capitalismo latinoamericano –y del capitalismo global–: la geopolítica de la destrucción/creación capitalista. A su vez, es necesario salir de la trampa territorial en la que estuvo inmersa la teoría social y política durante décadas, que tiene que ver con esa actitud reflexiva que tiende a naturalizar las dimensiones espaciales del poder estatal, dándolas como dadas o como fenómenos estáticos. Se trata más bien de concebir la dimensión espacial del Estado como un proceso (Brenner&Elden, 2009; Brenner, 2004; Lefebvre, 1976; Lefebvre, 2013).



Imagen 1. José Isidro Tendetza Antún.
Fuente: http://www.planv.com.ec

El Estado moderno, como alguna vez apuntara Henri Lefebvre, es  una relación social re-producida por el capital que se ha instaurado como actor clave en la producción del espacio (Lefebvre, 2009). El poder estatal, debido a su capacidad técnico-científica y económica,  se constituye como la única fuerza social capaz de controlar, gestionar y producir el espacio a múltiples escalas y en todos los órdenes de la vida social, pero solo puede hacerlo instaurando un espacio de la violencia, destruyendo y recreando las condiciones generales para que la acumulación de capital pueda realizarse, para que la lógica del valor se constituya como hegemónica en las relaciones sociales de producción e intercambio mercantil.

El Estado destruye todo espacio que le antecede, acciona sobre aquel y lo transforma, produce un espacio propio cuyas principales características son las siguientes: a) es un espacio político, sujeto a la manipulación y a su instrumentalización, es producto de las estrategias espaciales del Estado para asegurar la acumulación de capital; b) es un espacio abstracto que no solo transforma las prácticas políticas y los arreglos institucionales, sino que conlleva una cierta forma de concebir, percibir y representar los espacios donde se despliega la vida cotidiana, la acumulación de capital y la acción estatal; y c) es un espacio geográficamente expansivo (Brenner & Elden, 2009).

La producción de espacialidad estatal es entonces una totalidad que se estructura en tres niveles de presencia: i) como espacio material, esto es, un espacio productivo-circulatorio-consuntivo, de la reproducción social, de flujos y fijos, de redes carreteras, energéticas, de enclaves y otras configuraciones territoriales productivas (ciudades, corredores industriales, extensiones agrícolas, etc.); ii) como espacio social, esto es, un edificio artificial de instituciones jerarquizadas, de leyes y convenciones, de ideología y conocimiento al servicio del poder político, espacio de la construcción de discursos y prácticas político-estatales, es el espacio del Estado producido de acuerdo a sus proyectos y estrategias; iii) y como espacio mental que integra las representaciones del Estado que las personas construyen (Lefebvre, 2009).

En este trabajo partimos de la noción de Estado ampliado (Gramsci, 1981; Oliver, 2009). La producción de espacialidad estatal no es resultado de un ente abstracto que centraliza el poder, sino de la unidad dialéctica que articula la sociedad política (gobierno central con sus instituciones, sus agentes, ministros, etc.) con la sociedad civil (corporaciones, comunidades, ONG’s, etc.) (Ballvé, 2011:2). Siguiendo a Ballvé (2011), la espacialidad estatal es a la vez un resultado y una condición tanto de los proyectos estratégicos de la sociedad política como de la articulación contradictoria de estos con diversos grupos de la sociedad civil. En ese mismo sentido Brenner (2004) define la geografía del espacio estatal como una matriz espacial socialmente producida, conflictiva y cambiante, en donde los proyectos regulatorios del Estado y las luchas sociopolíticas desplegadas a diversas escalas transforman continuamente su espacialidad. A su vez, el carácter regulatorio del espacio estatal debe ser analizado de acuerdo a las siguientes dimensiones: a) su dimensión ideológica, referida a la representación tecnocrática de lo social; b) su dimensión práctica, en tanto es un instrumento, un medio para la acción político-estatal; c) y su dimensión táctico-estratégica, que consiste en la subordinación de los recursos de los territorios a los proyectos y fines de la sociedad política (Lefebvre, 2009).

Finalmente la espacialidad estatal es siempre un proceso de destrucción/creativa. Lefebvre (2009) construye la noción de espacio de catástrofe para explicar cómo la articulación entre las diversas escalas socioespaciales –desde las escalas del Estado-nación hasta la escala de las ciudades, los continentes y la planetaria– implica no solo una relación positiva sino explosiva o destructiva, catastrófica. La producción de nuevas espacialidades sociales –entre ellas, las del Estado– se configuran como espacios de catástrofe en tanto que establecen las condiciones para la explosión/destrucción de espacios previamente producidos (Lefebvre, 2009). Como veremos, la estrategia espacial estatal de articulación hacia el mercado mundial que instrumenta el Estado ecuatoriano a través de su alianza con el capital trasnacional chino para la exportación de minerales, está poniendo las condiciones para la aniquilación de las espacialidades comunitarias del sureste ecuatoriano.

 

Espacialidad de la catástrofe neoextractivista.

El análisis del cadáver de José Tendetza no debe hacerse sólo desde la racionalidad forense, sino desde un horizonte de comprensión de los orígenes de una violencia que responde a la acumulación y a la soberanía del capital (Villalobos-Ruminott, 2015). Visto así, los orígenes del cadáver del activista se localizan en el proceso de instauración de un espacio catastrófico impulsado por la estrategia extractivista del Estado ecuatoriano y los capitales aliados a él. Con Svampa (2011)  hemos aprendido que el neoextractivismo mantiene dos dimensiones, una amplia y otra precisa: la primera daría cuenta de los profundos cambios, tanto geopolíticos como geoeconómicos, que tienen lugar en la región latinoamericana en un contexto de crisis múltiple capitalista; en tanto que el concepto preciso de extractivismo está en referencia a la caracterización del actual patrón de acumulación de capital puesto en marcha en donde la expansión de las fronteras para la reproducción del capital hacia territorios anteriormente no plenamente subordinados a su lógica de valorización se convierte en uno de sus elementos definitorios.

De acuerdo con Villalobos-Ruminott (2015) esas dinámicas neoextractivistas harían parte de una dinámica más general que define él mismo como la suspensión fáctica de la soberanía por el capital. Esta suspensión hace referencia a la profunda imbricación entre la violencia y la acumulación en donde la guerra permanente se convierte en el escenario estratégico de la valorización. Con ello se asiste a la exacerbación de los mecanismos de acumulación originaria y a la instauración de un Estado criminal dispuesto a dirigir el conjunto de políticas securitarias, policiales y espaciales -nosotros agregamos- para el control territorial en virtud de garantizar los flujos de las mercancías el mercado mundial. Se trataría sin embargo, de un proceso que tiene como resultado y condición específica la producción sacrificial de los cadáveres:

[…] las formas de producción y de consumo de cadáveres marca una circularidad que se opone a la linealidad del progreso capitalista. En esta iterabilidad se inscribe el circuito productivo energético que se mueve desde el cadáver a la fosilización y desde la fosilización a la producción de nuevos cadáveres en su extracción (petróleo y gas natural, por ejemplo), marcando la continuidad entre la mina y la fosa, entre el mausoleo y el pozo (Villalobos-Ruminott, 2015:20).

El neoextractivismo conformaría de esta manera una espacialidad de la catástrofe en donde  las grandes presas, las minas a cielo abierto, los bloques petroleros y otras de sus configuraciones territoriales, no serían meros espacios de la producción, sino conformarían los camposantos y cementerios privilegiados de la nueva arquitectura del despojo capitalista (Villalobos-Ruminott, 2015).

¿Cuál sería el significado del cadáver de José Tendetza en esta dinámica de la destrucción? Su asesinato no anuncia, como podría creerse, un giro de tuerca en la estrategia de dominación en Ecuador, sino más bien se constituye como la reafirmación de una tendencia inaugurada años atrás: la suspensión de la soberanía por el capital. En 2008, paradójicamente, en el contexto del surgimiento de lo que parecía ser la construcción de un proyecto alternativo nacional y de un orden estatal radicalmente opuesto al neoliberal, se asiste a la negación de esa intención histórica emanada de las luchas sociopolíticas que derrocaron al régimen anterior y establecieron las condiciones para el arribo de una nueva “fuerza progresista” al poder estatal: Alianza País.

El Mandato Minero de 2008 es el ejemplo nítido de esa geopolítica que se desarrollaba, y que continúa su despliegue, entre los movimientos sociales y el partido gobernante. Según Báez y Sacher (2014), el mandato fue resultado en buena parte del impulso que le dio el movimiento campesino-indígena aglutinado en la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Soberanía, con ese instrumento se buscaba terminar con la “hemorragia de concesiones” ocasionada por el régimen neoliberal a principios de este siglo, estableciendo medidas como:

[…] el cese de concesiones que no cumplan con las obligaciones establecidas en la ley en materia de inversiones y pago de patentes (Arts. 1 y 2); la no afectación de nacimientos y fuentes de agua (Art. 3); la restricción de la minería en áreas protegidas y en zonas de amortiguamiento (Art. 3); la prohibición de los monopolios y sus prácticas (Art. 4) y la anulación de las concesiones a los exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas (Art. 5) (Báez & Sacher, 2014:250-251).

De acuerdo con los mismos autores, el Mandato Minero no fue cumplido en su totalidad, las concesiones otorgadas para la explotación de los grandes yacimientos mineros como el Mirador, Panantza San Carlos y Fruta del Norte, no fueron revocadas. Es en ese momento, aquél de la negación de la voluntad popular expresada en el Mandato Minero, cuando el gobierno central opta por subordinar el aparato estatal a la lógica extractivista. Se suspendió la soberanía y se instauró la dinámica destructiva de la producción de cadáveres como nomos del nuevo orden de dominación (Villalobos-Ruminott, 2015).

 

El neoextractivismo como estrategia espacial del Estado ecuatoriano.

En esa reorganización soberana del capitalismo ecuatoriano, el discurso del socialismo del buen vivir expresa dos fenómenos coincidentes: la legitimación de un proyecto político de dominación estatal en apariencia alternativo al régimen neoliberal y la implementación de una espacialidad estatal como base de la construcción de un nuevo patrón de acumulación de capital y que oficialmente se presenta con el término de “cambio de la matriz productiva” (SENPLADES, 2012).

El Estado ecuatoriano define al Sumak Kawsay o Buen Vivir como la idea movilizadora y eje sobre el que gira un nuevo tipo de socialismo para el siglo XXI.  El empleo estatal del buen vivir es una estrategia de legitimización que se ha separado de los movimientos sociales que le dieron origen, su concepto ha sido despojado del genuino contenido otorgado por las comunidades indígenas convirtiéndolo en un simple instrumento de marketing político para el partido gobernante Alianza PAIS[3]. A su vez, el buen vivir fue el  eje sobre el cual se elaboró la Constitución de Ecuador en 2008. El proceso de producción de una nueva espacialidad estatal transita por la reconfiguración regulatoria que el Estado ha experimentado con los procesos constituyentes de aquellos años y que ha resultado en la intensificación de la participación estatal para la reorganización del territorio en aras de las “gestión adecuada de los recursos”, un régimen de administración de la riqueza que asegure el tránsito a otra etapa productiva así como de construcción de alianzas que coadyuven a un escenario geopolítico caracterizado por la multipolaridad (SENPLADES, 2012),

En esa reestructuración de la política ecuatoriana de planeación nacional se construyen dos mecanismos que hacen parte de la práctica y del discurso estatal del ordenamiento territorial que son de suma importancia para entender la geopolítica que está resultando de ello: nos referimos a la llamada Estrategia Territorial Nacional (de ahora en adelante ETN) y a la nueva concepción de regionalismo, expuestas ambas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 elaborado por la SENPLADES como la institución gubernamental encargada de establecer las líneas de política pública que guían el ordenamiento territorial por determinados periodos.

Uno de los principales ejes en la reorganización espacial puesta en marcha tiene que ver con la readecuación territorial para la planificación. La denominada ETN es definida por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) en su artículo diez,  como el instrumento para la coordinación y armonización entre los diferentes órdenes de gobierno (desde el central hasta los Gobiernos Autónomos Descentralizados) para articular la planificación territorial[4], con este instrumento se define al territorio como:

[…] una construcción social de carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política pública nacional a las condiciones y características propias del territorio (continental, marino e insular). A partir de la identificación de las necesidades territoriales, permite desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del país” (SENPLADES, 2012:354).

Con la ETN se clasifica al territorio en catorce unidades de síntesis territorial que describen cuál es la aptitud que tienen los distintos territorios de acuerdo a sus posibilidades naturales, económicas, técnicas y socio-culturales; en el discurso tecnocrático-estatal dichas unidades buscan coadyuvar a la construcción de un modelo de desarrollo regional multipolar y equilibrado (SENPLADES, 2012).

El Estado ecuatoriano desarrolla diversos proyectos estratégicos tanto en el ámbito energético como minero en los corredores identificados a través de las unidades de síntesis territorial. En relación al sector energético destaca el impulso que se ha dado al sector hidroeléctrico con la construcción de la presa Coca Codo Sinclair con una capacidad de 1500MW ubicada en el Corredor Amazónico Norte Lago Agrio-Tena-Puyo, la hidroeléctrica se constituirá para 2016 como la principal planta generadora de este tipo de energía en el país[5]. Empero, además de ese proyecto se pueden identificar en el Plan Maestro de Electrificación 2009-2020 alrededor de trece proyectos de gran capacidad[6].

Visto regionalmente el avance de la apropiación material de la hidroelectricidad, todos los proyectos de alta capacidad serán emplazados en la vertiente amazónica del territorio nacional, estrategia que busca aprovechar el amplio potencial hidroeléctrico de esta región; en segundo lugar, los proyectos se concentran en tres provincias: a) en la provincia de Napo al noreste para los proyectos de Coca Codo Sinclair, Verdeyacu Chico y Catachi; b) en la provincia de Morona Santiago al sureste para los aprovechamientos de Naiza, Zamora San Juan Bosco, Zamora Salto 3, Zamora Salto 1, Zamora Salto 2, San Antonio, San Miguel y Gualaquiza; y c) en la provincia de Azuay para el caso de las hidroeléctricas de Sopladora y Cardenillo (ver mapa 1). La mayoría de los aprovechamientos hidroeléctricos al sureste se ubican en el Corredor Amazónico Macas-Zamora identificado por la ETN.

A su vez, podemos contemplar esta distribución geográfica de los proyectos a manera de dos grandes bloques: uno al sureste y otro al noreste del espacio amazónico ecuatoriano. Siendo el primero de éstos el que concentre el mayor número de aprovechamientos (diez presas) y, por tanto, la capacidad instalada más elevada del país, sumando conjuntamente 7 917 MW. Mientras que el bloque noreste concentraría una capacidad instalada de 3 421 MW (ver mapa 1).


Estos datos adquieren mayor relevancia si atendemos a que la proyección territorial que realiza el capital minero en la actualidad es hacia el sur del país, zona donde se localiza el mayor número de áreas mineras concedidas para su explotación, siendo las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Azuay las que concentren el mayor número de éstas. Además hay que agregar que es también en esta porción del espacio andino-amazónico ecuatoriano donde se localizan importantes depósitos metálicos de oro y cobre.

El gobierno ecuatoriano busca implementar cinco proyectos mineros estratégicos de extracción a gran escala, a saber: el proyecto Río Blanco concesionado a la minera Junefield Holdings Limited, el proyecto Quimsacocha gestionado por INV Metals Inc, ambos en la provincia de Azuay; el proyecto de cobre Panantza-San Carlos bajo concesión de la empresa china Ecuacorriente (filial CCRC-Tongguan) en la provincia de Morona Santiago; Mirador desarrollado también por EcuaCorriente, y Fruta del norte por Kinross Gold (hasta 2013)ambos en la provincia de Zamora Chinchipe[7] (ver gráfico 1). Tanto Mirador como Panantza-San Carlos conforman el denominado Cinturón de Cobre de Corriente que la empresa Corriente Resources identificó desde la década de los noventas (ver mapa 2) (Makepeace, 2001)[8], ambos forman parte del Corredor Amazónico Macas-Zamora de la ETN. De esta manera, el bloque regional hidroeléctrico del sureste bien podría subordinarse a los requerimientos energéticos del extractivismo que realizará el capital minero en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Así, la estrategia espacial del Estado ecuatoriano que ha resultado de las luchas sociopolíticas de la segunda mitad de la década pasada como de los proyectos regulatorios del partido hegemónico de Alianza País, se sustenta en cuatro políticas espaciales que le otorgan una mayor capacidad para intervenir en los territorios y reorganizar el conjunto de las fuerzas productivas de los sectores estratégicos, a saber:

a)      la llamada Estrategia Territorial Nacional (ETN) que se constituye como el instrumento central en la planificación territorial de Ecuador al establecer una clasificación de quince unidades de síntesis territorial donde se identifican diversos corredores a través de los cuales se busca desarrollar diversos proyectos de extractivos de gran escala, como ha sido expuesto con anterioridad;

b)      b) la nueva concepción del regionalismo, a través de la cual el Estado ecuatoriano busca establecer una nueva plataforma en la relaciones internacionales, estrategia de inserción al mercado mundial –de minerales y otros commodities– que se sostiene sobre la base de la construcción de nuevas alianzas con capitales trasnacionales, tal como lo demuestra la creciente participación de China en los proyectos estratégicos mineros y energéticos mencionados con anterioridad;


c) la conformación del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva (CICMP) creado en mayo de 2013 mediante el decreto presidencial núm. 1505, este comité se convierte en uno de los instrumentos primordiales del gobierno central para garantizar el ordenamiento territorial de acuerdo a la nueva fase de apropiación extractivista puesto que es el encargado de la identificación y formulación de los Proyectos Estratégicos Nacionales;

d) y la definición de los llamados sectores estratégicos en donde los recursos naturales no renovables, incluyendo los minerales, son definidos como un sector estratégico en el artículo 313 de la Constitución, y corresponde solo al Estado regular y gestionar su manejo.



Fuente: Makepeace (2001).

 

Clasificación social de la resistencia y vulneración de derechos en el sureste ecuatoriano

José Tendetza y la clasificación de la resistencia

Las muertes de activistas opositores a los megaproyectos mineros y energéticos ilustran la explosión/destrucción de espacios como producto de la expansión del espacio estatal puesta en marcha en varios países de América Latina. Como vimos, en Ecuador ese carácter expansivo del espacio estatal se expresa como un conjunto de procesos de re-escalamiento (Brenner, 2004):

a)      Hacia lo local-nacional, para implementar proyectos mineros y energéticos de gran escala que amplían las fronteras de explotación hacia las regiones altamente ricas, como lo es el caso de la Cordillera del Cóndor ubicada en la subregión estratégica del piedemonte andino-amazónico, es una estrategia espacial expuesta en los instrumentos de planificación.

b)      Hacia lo regional-global, puesto que se trata de una estrategia de inserción al mercado mundial a través del establecimiento de nuevas alianzas con el capital trasnacional, como es la inserción de empresas chinas en la construcción y desarrollo de proyectos energéticos y mineros.

La muerte de Tendetza abre los siguientes cuestionamientos: ¿Se trata de un crimen de Estado y corporativo? ¿Cuál fue y ha sido el comportamiento de ECSA y el Estado ecuatoriano frente a la lucha anti-minera? ¿Quién lo asesinó? ¿Estamos ante el surgimiento de un grupo paramilitar en la región de Zamora Chinchipe donde se localiza el proyecto minero más importante del Estado ecuatoriano, el Mirador? Estas son preguntas que nos hacemos partiendo desde un horizonte como el latinoamericano donde la connivencia entre empresas extranjeras, gobiernos de distinto orden, fuerzas armadas y grupos paramilitares caracterizan el escenario geopolítico de la apropiación de bienes comunes estratégicos y de violación de los derechos humanos.[9]

Tal como afirma Zibechi (2011), en Ecuador se asiste a la construcción de un nuevo modelo de dominación. Es conocida la postura del gobierno frente a los movimientos de base indígena y campesina que resisten a la implementación de los megaproyectos al grado de catalogarlos como enemigos del progreso de la nación, lo que se traduce en la privación del ejercicio de sus derechos humanos. La política de dominación ejercida conjuntamente por el Estado ecuatoriano y el capital trasnacional aliado a él se intensificó conforme se establecían los marcos jurídicos que proveían del soporte legal para la nueva oleada de despojo y expropiación.

En el 2009, año en el que se aprobaron la Ley de Minería y la Ley de Seguridad Pública y del Estado y se discutía el proyecto oficial para una Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua (Ley de Aguas), los movimientos campesinos e indígenas denunciaron la falta de consenso y participación popular en la elaboración de dichas leyes. La Ley de Aguas, aprobada en junio de 2014, fue comenzada a discutir en 2009 por la Asamblea Nacional. Con esta propuesta el Estado buscaba ser el organismo centralizador de todas las decisiones referidas al aprovechamiento de los recursos hídricos, afectando los intereses comunitarios de las etnias indígenas del país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y diversas organizaciones iniciaron movilizaciones desde septiembre de 2009, reclamando que el proyecto de ley es más bien un mecanismo de privatización del recurso y que sólo favorece al modelo extractivista que se despliega en el Ecuador.

Siguiendo el informe Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos. Caso Corriente Resources (2010), efectivamente el descontento social se produjo al considerar que la Ley de Minería proveía el soporte jurídico para la minería a gran escala de cielo abierto, considerada como una actividad con implicaciones socioambientales negativas (Acosta & Sacher, 2012; Chicaiza, 2014). También la Ley de Seguridad abrió las puertas para la militarización de los territorios estratégicos donde se desarrollan las actividades extractivas en aras de impedir y neutralizar la resistencia social en torno a ellos, así al tratarse de sectores estratégicos el Estado ecuatoriano se reserva el derecho de uso de las fuerzas represivas para garantizar su debido funcionamiento, atribución expuesta en el artículo 43 de la ley.

En ese contexto caracterizado por una creciente conflictividad[10], la empresa ECSA elaboró diversos mapas de actores sociales para identificar a las personas, organizaciones y colectivos que pudieran, en aquel momento, estar a favor o en contra de sus proyectos mineros en el sureste ecuatoriano, a saber, Panantza San Carlos y Mirador. Con esta información la empresa en cuestión construyó una clasificación social que refleja datos personales como nombres, ocupaciones, además de información relativa a los intereses de las personas en el conflicto, su grado de influencia en la comunidad, los niveles de resistencia, observaciones generales, así también se exponen algunas de las tácticas empresariales para hacer frente a los conflictos.

En el mapa de actores titulado por la empresa como Actores Sociales de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja que rechazan los Proyectos Mineros de Exsa/Ecsafechado en el mes de abril de 2009 se identifican diversas personas que habitan en la zona de influencia del proyecto Mirador, en dicho cuadro figura el nombre de José Isidro Tendetza, clasificado con un “nivel medio” de resistencia (ver cuadro 1). Como ya se ha dicho con anterioridad, Tendetza fue asesinado en diciembre de 2014, y hasta el día de hoy los responsables intelectuales y materiales de su muerte no han sido detenidos. El 5 de diciembre de 2014 a pocos días de su desaparición, el líder shuar presentaría una denuncia en contra de la empresa ECSA ante el tribunal por los Derechos de la Naturaleza en el marco de la Cumbre de los Pueblos celebrada en Lima, Perú. La primera versión oficial trató su muerte como un accidente de pesca, ante la negatividad de sus familiares y de la comunidad las autoridades emitieron una segunda versión reconociendo que se trató de una muerte violenta por signos de tortura encontrados en el cuerpo.[12]

Cuadro 1. Clasificación de José Tendetza por ECSA.


Fuente: Mapa de Actores Sociales de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja que rechazan los Proyectos Mineros de Exsa/Ecsa (2009).

Otros activistas son identificados por la empresa en el mapa Actores Sociales en San Juan Bosco con fecha de 2009, ahora en la zona de influencia del proyecto Panantza-San Carlos. Se puede leer el nombre de Lina Solano fundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama clasificada como la “dirigente máxima de la oposición en las provincias de Morona Santiago y Zamora” con un nivel de resistencia “muy alto”; también aparecen los nombres de José Acacho, Miguel Ramón Ramón, Luz Salinas Reinoso, Julio Peñaranda, Rosa Elvira Salinas, Luis Domingo Tiwira, Fernando Mejía, Tarquino Cajamarca y Domingo Tiwiram, todos ellos clasificados como opositores violentos y con un “alto nivel” de resistencia –exceptuando el caso de Gabriel Chumpik al que identificaban en aquel entonces como “amigo de la empresa” y con un “nivel bajo” de resistencia al proyecto (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Dirigentes opositores criminalizados por ECSA en San Juan Bosco


Fuente: Mapa de actores de ECSA titulado "Actores Sociales en San Juan Bosco", 2009.

En el mapa titulado Relaciones comunitarias, Caracterización de Organizaciones y Actores Sociales Clave fechado en marzo de 2008, elaborado para diversas juntas parroquiales y diversos Centros Shuar a las riberas orientales y occidentales del Río Zamora que en conjunto forman parte de la zona de influencia del proyecto Panantza-San Carlos, se exponen algunas de las estrategias de cooptación-captura que empleó la empresa con diversos actores sociales en dichas localidades (ver cuadro 3). Aquellas van desde la recopilación de información confidencial e intensificación del contacto persona-persona con actores clave, realización de entrevistas para la sensibilización sobre los proyectos, aportes económicos diversos para eventos, otorgación de becas, impartición de cursos, realización de eventos para la socialización de los proyectos con las poblaciones afectadas, entre otras.

Resulta importante resaltar que la información de este mapa revela que la empresa tomó acciones de “recopilación de información confidencial a través de contacto” en el Gobierno Municipal del Cantón San Juan Bosco, mediante dicha estrategia de espionaje ECSA obtuvo “información oportuna sobre las acciones del Gobierno Municipal”, además de que conoció “la posición y estrategias adoptadas por el Alcalde y Concejales frente al tema minero”, por lo que recomendaba “realizar contactos con representantes del gobierno con autoridad para presionar/incidir sobre la posición del Alcalde y Concejales (ver en el anexo).

Cuadro 3. Estrategias de ECSA identificadas en el mapa Relaciones comunitarias, Caracterización de Organizaciones y Actores Sociales Clave (2008)


Fuente: Mapa de actores sociales de ECSA "Relaciones comunitarias, Caracterización de Organizaciones y Actores Sociales Clave", Marzo 2008.

La cooptación de líderes religiosos también era parte de las estrategias desplegadas por ECSA, en el mismo mapa se puede leer que las autoridades eclesiales se pronunciaron a favor de los proyectos de la empresa e invitaban a las comunidades de las localidades de San Juan Bosco y Santa Rosa a aceptar la presencia de la empresa minera. En este sentido, podemos observar que en otro mapa de ECSA titulado Actores Sociales de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja que aceptan los Proyectos Mineros de Exsa/Ecsa con fecha de abril 2009, personas que van desde instituciones educativas hasta con cargos públicos –como el entonces Gobernador de Morona Santiago– ofrecían un apoyo activo a las iniciativas empresariales de ECSA para emplazar el proyecto de Panantza-San Carlos (cuadro 4), esto como resultado de la puesta en marcha de las diversas tácticas expuestas en el cuadro 3.

Esta clasificación social de la resistencia fue construida por ECSA entre los años 2008-2009, cuando la concesionaria aún mantenía el estatus de ser una empresa canadiense junior (Corriente Resources), esto es, una compañía encargada específicamente de realizar los trabajos de exploración de los yacimientos, estructura que mantuvo hasta 2010 cuando fue adquirida por la empresa major CRCC-Tongguan que cuenta con la estructura financiera y técnica apropiada para realizar la explotación[13]. Más aún, este comportamiento de ECSA se corresponde con la forma de actuación de las empresas canadienses junior en otros países y contextos, estas realizan la exploración pero no solo de los yacimientos sino de las resistencias sociales generadas por su actividad, así lo expone Deneault (2008) con respecto al caso de la junior canadiense Sutton Resources y la major Barrick Gold cuando desarrollaban la explotación de yacimientos en Bulyanhulu, Tanzania:

Cuadro 4. Actores sociales identificados que apoyaban las actividades de ECSA


Fuente: Mapa de actores titulado "Actores Sociales de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Loja que aceptan los Proyectos Mineros de Exsa/Ecsa", Abril 2009.

Las grandes empresas mineras aprecian a esas juniors que hacen por ellas el trabajo ingrato de la exploración, tantean las resistencias políticas en el campo y ceden enseguida su propiedad a las majors, cuando las condiciones de explotación están dadas. En ese caso, sin embargo, Barrick no adquirió solamente de Sutton las concesiones que le parecían aprovechables, sino a la misma Sutton Resources, al precio de 500 millones de dólares canadienses, para hacer de ella una de sus filiales. Pese a la controversia de gravedad, Barrick decide integrar formalmente a su protegida al imperio: tres años antes, Sutton se vio acusada de haber enterrado vivos a mineros artesanales activos en el lugar, con la ayuda de bulldozers (Deneault, 2008:15).

Así también en el caso de los proyectos de Mirador y Panantza-San Carlos la empresa CRCC-Tongguan decidió adquirir a la junior canadiense sin importar las acciones que ésta haya tomado para “prepararle el terreno” en aras de garantizar la explotación de los megaproyectos en cuestión. Inclusive, la empresa china ha continuado la criminalización de la resistencia estableciendo las condiciones para profundizar la crisis social que se vive actualmente en la zonas de influencia de sus megaproyectos, como lo demuestra el recién asesinato de José Tendetza.

 

Crimen de Estado-Corporativo y criminalización de la resistencia.

La literatura del crimen de estado-corporativo (state-corporate crime) producida por los estudios criminológicos críticos, define a este como: "[...] los actos criminales que ocurren cuando una o más instituciones político-gubernamentales persiguen un objetivo con la cooperación directa de una o más instituciones de la distribución o producción económica […]." (Kauzlarich & Kramer, 1998:10), a su vez la criminalidad estatal hace referencia a aquellas acciones cometidas por el Estado que violan las leyes de derechos humanos tanto domésticas como internacionales, así como aquellos incidentes en los cuales los Estados no actuaron cuando se demandaba su oportuna intervención (Mullins & Rothe, 2008).

En los procesos de resistencia contra los proyectos mineros de ECSA encontramos esas características que conforman los crímenes de Estado-corporativos, una vez que -como veremos enseguida- la empresa concesionaria de los megaproyectos de Mirador y Panantza-San Carlos ha tenido el soporte activo de las estructuras estatales –de impartición de justicia así como de fuerza coercitiva– en los diversos órdenes de gobierno y a múltiples escalas para desactivar las movilización, en donde la falta de control y supervisión estatal sobre las estrategias instrumentadas por la empresa para desarrollar sus proyectos –entre las que está por supuesto  la clasificación expuesta– es un componente clave en la configuración de los crímenes contra las poblaciones afectadas.

Más aún, Mullins y Rothe (2008) han develado que las estrategias de los grupos de poder político y económico que producen crímenes de estado-corporativos son esencialmente prácticas de control de los territorios ricos en recursos naturales estratégicos que son implementadas por los Estados, las corporaciones trasnacionales (mineras, petroleras, agroindustriales, etcétera), los organismos económicos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), grupos de poder político locales, cuerpos represivos legales e ilegales (paramilitares, narcotraficantes, fuerzas armadas), entre otros, y cuya articulación en el espacio es contradictoria y conflictiva, catastrófica diríamos, al grado de producir espacios de genocidio, de trabajo esclavo y redes de trata de personas, así como alianzas territoriales para asegurar la producción y circulación mercantil.  La clasificación social de la resistencia que está expuesta en los mapas de actores sociales de ECSA es definitivamente una práctica de control territorial que se ha constituido como factor criminógeno en un contexto de creciente vulneración de los derechos.

Ha quedado en evidencia, gracias al trabajo de los defensores de derechos humanos en Ecuador, que los casos de criminalización de los opositores sociales a los megaproyectos de ECSA efectivamente se configuran como crímenes estado-corporativos una vez que la empresa minera, como el Estado y sus agentes, han venido construyendo diversas estrategias (legales e ilegales) para frenar las movilizaciones anti-mineras resultando en la violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Esas estrategias son mecanismos de disolución y/o contención de los movimientos sociales como parte de un dispositivo expropiatorio puesto en marcha por la lógica extractivista (Composto & Navarro, 2012).

La criminalización de los líderes sociales en Ecuador va desde la construcción de delitos como el robo, la invasión de propiedad privada, la alteración del orden público, hasta las denuncias por terrorismo[14]. A su vez, de acuerdo con el informe Intervención minera a gran escala en  Ecuador (2010) elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la empresa concesionaria de los proyectos estratégicos de Panantza-San Carlos y Mirador denunció a los activistas clasificados en su mapa Actores sociales en San Juan Bosco mencionados en el cuadro 2 por la ocupación de instalaciones de la empresa en la provincia de Morona Santiago en 2006, sobresale el caso de Luis Domingo Tiwiram quien es clasificado como invasor del campamento en “Rposa de Oro” (sic)[15]. En 2010, un año después de la elaboración de los mapas, esos mismos líderes opositores mencionados fueron citados a una audiencia de formulación de cargos por "invasión de edificios" de ECSA. Así ocurrió  con veinte integrantes del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamamade la provincia de Azuay -incluyendo a su fundadora Lina Solano, también clasificada en sus mapas-, quienes fueron citadas el 30 de junio del mismo año por un Juez a petición de la Fiscalía de la ciudad de Méndez en la provincia de Morona Santiago para responder por los mismos cargos[16]. Hasta la fecha el caso está pendiente de resolución.

Desde 1998, cuando se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental para la fase de exploración por parte de ECSA, ya se establecía en la Constitución vigente de esos años la obligatoriedad de obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades, ya en 2009 la Ley de Minería recién aprobada establecía el deber del Estado de llevar a cabo los procesos de participación y de consulta en cada una de las etapas de la actividad minera y prohibía la transferencia de esa obligación a actores privados (CEDH & FIDH, 2010).  Ecuador también se comprometió a proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas puesto que votó a favor de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que garantiza en sus artículos 3 y 23 el derecho de los pueblos indígenas de determinar libremente su desarrollo y de gestionarlo conforme sus capacidades institucionales, también ratificó el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 27 establece el deber de los Estados de no negar la libre autodeterminación de las minorías étnicas, y el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que establece el derecho de los pueblos de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, y en su artículo 7 expone que los gobiernos deberán de tomar medidas en cooperación son los pueblos interesados para proteger y preservar el medioambiente de los territorios que habitan (CEDH & FIDH, 2010).

Así también la Corte Constitucional de Ecuador en 2010 estableció la sentencia de que toda actividad minera que pretenda realizarse en los territorios de los pueblos indígenas deberá someterse al proceso de consulta previa de conformidad con lo expuesto en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución:

La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley (Constitución del Ecuador).

Pese a todos esos mecanismos reconocidos y establecidos en Ecuador, el informe de 2010 de la CEDH y la FIDH demostró que el Estado ecuatoriano no implementó los mecanismos adecuados de consulta y participación en lo relativo a la implementación de los proyectos mineros de ECSA[17], posibilitando que la empresa desarrollara sus estrategias de intervención en los territorios expuestas en el cuadro 3  para persuadir a las poblaciones de aceptar su implementación -tales como la “socialización de los proyectos mineros con las comunidades”-[18], faltando de esta manera a su obligación para consultar a las comunidades previamente al otorgamiento de licencias de operación:

Durante el proceso de investigación para el informe se evidenció que el Estado no ha establecido mecanismos adecuados de consulta y participación, permitiendo que EcuaCorriente, en su afán de acceder a los territorios afectados por sus concesiones, llevara adelante sus estrategias de relacionamiento comunitario sin ningún control oficial. Un ejemplo de esto es la suscripción de convenios con la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. Independientemente de la intención de la empresa, esto ha provocado procesos de división en los pueblos y comunidades afectadas, y en ausencia de las salvaguardas necesarias esto derivaría en violaciones de derechos humanos (CEDH & FIDH, 2010:16).

La estrategia de ECSA de realizar la “socialización” de sus proyectos de manera unilateral durante los años 2008-2009, tuvo el objetivo de recolectar firmas para después presentarla como respaldo a sus proyectos mineros, así lo afirma Federación Shuar de Zamora Chinchipe, además los dirigentes de diversas organizaciones de indígenas shuar, tales como Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH) y la Asociación Shuar Arutam, declararon en 2009 que efectivamente los pueblos indígenas shuar de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago jamás habían sido consultados previamente (CEDH & FIDH, 2010).

El Estado ante la omisión y la falta de control sobre el desarrollo de los proyectos mineros por ECSA pone en peligro la seguridad personal y colectiva de los actores sociales y sus formas de organización social. Diversos son los derechos que ha vulnerado de manera sistemática la concesionaria ECSA, esto ha sido posible por la marcada negligencia del Estado para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades a quienes los supuestos beneficios sociales de la minería a gran escala no convencen plenamente. Algunos de los derechos humanos vulnerados que las asociaciones y organismos pro-derechos han identificado a plenitud son: el derecho a la seguridad física y la seguridad jurídica, el derecho humano al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, el derecho a la libertad y la violación misma del derecho a la vida. Derechos todos promovidos en los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos instrumentos que la propia Constitución de Ecuador considera derecho positivo vigente en su artículo 11, numeral 3: "Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”

Sin embargo, el Estado ecuatoriano ha manifestado reiteradamente sus intenciones de emplazar lo que considera proyectos estratégicos a pesar de las resistencias que las comunidades indígenas shuar han desplegado a lo largo de estos años, ello es así porque en la perspectiva del gobierno central encabezado por Alianza País el “desarrollo nacional” no puede depender de lo que digan las minorías sino del interés público de la nación[19] –contraviniendo lo expuesto con anterioridad en relación a los derechos de las minorías étnicas reconocidos por Ecuador–. Ello es una nítida expresión de la alianza que mantiene el Estado con las empresas como ECSA para garantizar la nueva fase extractivista, haciendo uso de la clasificación social como estrategia de cooptación y captura que empleó el consorcio para establecer relaciones clienterales con diversos actores, así como llevar a cabo procesos de criminalización y judicialización de las protestas. A su vez, es un mecanismo para el rompimiento del tejido social dentro de las comunidades, propio del divisionismo entre los que apoyan los proyectos y los que están en contra[20], así lo expone el informe de la CEDH y la FIDH:

Ante la omisión del Estado respecto a su deber de consultar, EcuaCorriente[ECSA] llevó a cabo procesos de negociaciones individuales con determinadas comunidades indígenas, vulnerando su integridad organizativa y generando tensiones y divisiones entre el pueblo shuar. A pesar de que la empresa afirma haberse esforzado en facilitar la socialización del estudio de impacto ambiental, las comunidades afectadas no están claramente informadas los posibles impactos negativos que los proyectos generarán en la zona (CEDH & FIDH, 2010:69).

 

Reflexiones finales

En Ecuador se asiste a un incremento y radicalización de las estrategias de expropiación territorial puestas en marcha por el Estado y las empresas concesionarias de los proyectos estratégicos. La muerte del opositor a la mega minería en el sureste ecuatoriano, José Tendetza, confirma la tendencia hacia la suspensión de la soberanía por la lógica extractivista del capital, anunciando a la vez la agudización de las políticas represivas (para-legales) ante la sólida resistencia que las comunidades afectadas y defensores de derechos humanos han desplegado.

El éxito que tenga o no el desarrollo del proyecto Mirador debe ser visto en sus dos dimensiones estratégicas espaciales: como instauración de un espacio para la apropiación de los bienes comunes en aras de satisfacer las necesidades del mercado mundial y la acumulación del riqueza en China, y como el comienzo de la imposición de un espacio de catástrofe que, tal como ha sucedido en otros países latinoamericanos, establezca un estado de excepción sobre los territorios que se erigen como frontera de expansión para el neoextractivismo. Un panorama preocupante es el que se vislumbra para las luchas anti-extractivistas toda vez que el yacimiento Mirador se encuentra en fase explotación y el resto de los proyectos están a la espera, al mismo tiempo que el gobierno central no claudica en su afán por desarrollar la mega minería para substituir el patrón de acumulación fundado en los hidrocarburos.

Ante este escenario no debemos olvidar que la violencia subversiva desplegada en las resistencias sociales a los megaproyectos mineros deber ser entendida como una respuesta a esa otra violencia puesta en marcha por los grupos de poder político que mantienen la hegemonía en el aparato de Estado y las empresas trasnacionales aliadas a aquellos. La violencia inherente a la imposición del espacio estatal y su lógica de producción de cadáveres siempre es impugnada por los espacios de la diferencia, de la no adecuación al estado de excepción que tiende a la homogeneización de las subjetividades, los territorios y los proyectos de organización social y comunitaria. La sociedad civil exige al Estado ecuatoriano garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos campesinos e indígenas a los que la Constitución ha hecho justicia histórica, frente a su vulnerabilidad ante quienes detentan el poder.



Notas:

[1] Geógrafo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la misma Universidad. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Tesista de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad, e integrante del PAPIIT IN302311 “El derecho fundamental a la consulta previa de los Pueblos Originarios frente a los megaproyectos de inversión, en un contexto de exclusión y destrucción ambiental", adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[3] En palabras de Alberto Acosta (2014), expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador entre 2007 y 2008, la gestación del proyecto político estatal del buen vivir fue resultado de la confluencia de distintos procesos: a) el descubrimiento del buen vivir en las prácticas y modos de vida de las comunidades indígenas amazónicas, b) el proceso de su construcción como parte del programa político del partido hegemónico Alianza PAIS, c) el impulso que ha dado al buen vivir el sector indígena institucionalizado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y d) el trabajo que otras organizaciones y movimientos indígenas han hecho para la construcción de alternativas a la modernidad capitalista, tales como el caso del pueblo Sarayacu y su Plan de Vida y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) (Acosta, 2014:101-117).

[4] “[…] se desarrollará una Estrategia Territorial Nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo, y procedimientos de coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias.” (MCPGAD, 2013:7).

[5] Esta hidroeléctrica es construida por el Consorcio Sinohydro-Andes JV, el cual es filial de SinohydroCorporation una empresa estatal china, de las más grandes empresas hidroeléctricas trasnacionales que se desenvuelven en la construcción de proyectos para la generación de energía. Sinohydro tiene proyectos en África, Medio Oriente y Latinoamérica.

[6] La región amazónica de Ecuador es la frontera de expansión para el sector hidroeléctrico nacional. El potencial técnicamente aprovechable del país es de 30,481.6 MW: la región del pacífico mantiene 4 235.9 MW del total, pero la región amazónica concentra 26 245.7 MW.

[7]Acosta, A. y Sacher, W. La minería a gran escala en Ecuador: Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en el Ecuador. 2012, Abya-Yala, Ecuador; Chicaiza, G. Mineras chinas en Ecuador: nueva dependencia. Acción Ecológica, 2014. Ecuador.

[8] Ambos proyectos están siendo desarrollados por la empresa CRCC-Tongguan Investment Co., Ltd., que de acuerdo con Chicaiza (2014) es propiedad de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd. y China Railway Construction Corporation Limited (CRCC). Ambos consorcios, CRCC y Tongling, son empresas propiedad del Estado Central (central state-owned companies). La importancia estratégica de explotación del cobre en ambos yacimientos radica en las necesidades de acumulación de capital de la firma Tongling una vez que es una de las principales compañías productoras y procesadoras de este metal en China, y se prevé que los minerales serán exportados para su refinación a la ciudad de Tongling que se ubica al sureste de la provincia china de Anhui.

[9] La hipótesis de la formación de un grupo paramilitar en la provincia de Zamora Chinchipe está sustentada en los hechos ocurridos entre los días 9 y 10 de noviembre de 2006, cuando un grupo paramilitar conformado por personas que defendían los proyectos mineros de Corriente Resources y por personal que laboraba en ese entonces para la misma empresa, agredió a una caravana de opositores mineros que se dirigían a una protesta en el sector de Chuchumbletza, localizado en el límite provincial de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Ver CCPMS, 2006, “Criminal ataque de un grupo paramilitar a la población civil de El Pangui y Gualaquiza.”, Llacta!, disponible en: http://www.llacta.org/organiz/coms/2006/com0563.htm

[10]El 30 de septiembre de 2009 durante una movilización en la ciudad de Macas convocada por la CONAIE en la que participaba la Unión Nacional de Educadores, se produjo un enfrentamiento en el que murió el maestro shuar Bosco Wisuma. La manifestación que desplegó su ocupación sobre el puente del Río Upano exigía la renuncia del Sonia Ortega y manifestaba su oposición a la Ley de Aguas y al desarrollo de la megaminería en territorios indígenas y campesinos. Durante el conato resultaron heridos por impacto de perdigones –según reportes oficiales- más de 40 personas, entre ellos Wisuma. El Ministro de Gobierno Gustavo Jalkh justificó las agresiones por parte de los elementos de seguridad pública estimando que “se tuvo que hacer un progresivo uso de la fuerza con el propósito de intentar despejar las vías bloqueadas por los indígenas”.

[12] Plan V, 2014, “¿Quién mató a José Tendetza?”, Plan V, disponible en http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/quien-mato-jose-tendetza/pagina/0/2.

[13] “[...] empresas junior, es decir empresas que se dedican solamente a la exploración y que no tienen los recursos necesarios para extraer y producir los minerales. Como mencionamos anteriormente, el destino más común de una junior es ser vendida o asociarse a una empresa major para explotar un yacimiento.” (Acosta & Sacher, 2012: 49).

[14] Tal como lo detalla el Informe de Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Diciembre 2011 elaborado por CEDHU, Acción Ecológica e INREDH, cuatro pobladores de la provincia de Zamora Chinchipe fueron denunciados por terrorismo organizado y detenidas en enero 2009.

[15] Refiriéndose a Rosa de Oro.

[16] Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, 2010, “Ecuador: represión contra Defensoras de la Pachamama”, El Diario Internacional, disponible en: http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article2861

[17] Si bien en 2010 se realizaron audiencias públicas por parte del Estado ecuatoriano, mismas que fueron rechazadas por las organizaciones indígenas shuar, aquellas se refirieron a la etapa de explotación del proyecto Mirador, audiencias que no se realizaron para las etapas previas de exploración que inició desde 1998.(CEDH & FIDH, 2010).

[18] “En cuanto al desarrollo del proceso de socialización de los EIAs por parte de la empresa, al no estar presente institución gubernamental alguna en esos eventos, el Estado dejó de vigilar el proceso de participación de las comunidades afectadas." (CEDH & FIDH, 2010:52).

[19] “Al preguntar por la falta de un proceso de consulta en la zona del proyecto Mirador, el ex Ministro de Recursos No Renovables, Germánico Pinto, afirmó que el objetivo del Gobierno es dialogar y discutir con las comunidades.218 Sin embargo, el ex Ministro afirmó que “los deseos de pocos no deben pasar por encima de los intereses de todos” (refiriéndose a la resistencia que pobladores indígenas han opuesto a la minería a gran escala).” (CEDH & FIDH, 2010:66).

[20] “[…] Garibay Orozco afirma que las corporaciones mineras imponen un régimen autocrático-clientelar cuya cúspide reside en la administración de la compañía, desde donde se reparten beneficios selectivos y subordinan autoridades comunitarias, quienes a su vez reproducen esta lógica sobre el resto de la comunidad. La principal consecuencia de esta estrategia de cooptación y captura es la división social que genera al interior de las comunidades afectadas y, por lo tanto, el aislamiento y debilitamiento de las resistencias.” (Composto & Navarro, 2012:71).

 

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Material adicional:

Entrevista realizada por  Lic. Yakir Sagal a SENPLADES, Loja Ecuador, mayo 2014.

 

Cómo citar este artículo:

SAGAL LUNA, Yakir; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Blanca Lizbeth, (2015) “Geopolítica del neoextractivismo: espacialidad estatal y clasificación de la resistencia en el sureste de Ecuador”, Pacarina del Sur [En línea], año 6, núm. 24, julio-septiembre, 2015. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Martes, 25 de Julio de 2017.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1175&catid=14

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