Daniel Cieza

Universidad de Buenos Aires, Argentina

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Recibido: 27-07-2020
Aceptado: 23-08-2020

 

 

Se usa la noción de lawfare con referencia a estrategias tendientes a utilizar mecanismos judiciales de manera ilícita o irregular para dañar a dirigentes políticos y/o sociales con raigambre popular. Habitualmente se ejemplifica con la persecución judicial y mediática en contra de los ex presidentes Lula da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correas y Evo Morales, por parte de Gobiernos conservadores (Zaffaroni, 2019).

El lawfare o guerra judicial es una práctica que debe ser ubicada en un contexto más amplio ya que formaría parte de estrategias de dominación y construcción de hegemonía del gran capital y las potencias imperiales. Hay Gobiernos que impulsan el lawfare y cuentan con la colaboración de agencias de la potencia hemisférica, pero además hay casos de guerra judicial contra Gobiernos constituidos legalmente que se oponen al país hegemónico y enfrentan a fracciones del gran capital.

En rigor, el vocablo lawfare fue acuñado por un militar estadounidense, Charles Dunlap, en un artículo publicado en 2001 y comenzó a ser utilizado para describir una distorsión en los usos del poder judicial en diferentes países.

Se trata de un fenómeno complejo que debe abordarse de manera multidisciplinaria e integral. Deben utilizarse distintas perspectivas que la práctica académica parcela en Ciencias del Derecho, Sociología jurídica, Comunicación Social, Ciencia política, Economía política, Relaciones internacionales etc.

 

Algunos conceptos básicos

Desde una perspectiva predominantemente sociológica es necesario remontarse a algunos teóricos como Immanuell Wallerstein o Aníbal Quijano, que consideran que funciona desde hace algunos siglos una estructura de poder global llamada economía mundo o sistema mundo en la que operan formas de control en las diversas áreas de la vida social: en la vida pública, en el trabajo y en la subjetividad. Quijano plantea como central el concepto de colonialidad del poder que tiene dos aspectos: por un lado, la relación asimétrica y la dominación de las naciones centrales sobre las periféricas. Por el otro lado, el racismo, como justificación de la expoliación y la dominación. Con el falaz argumento de la superioridad de la raza blanca (eurocentrismo) durante siglos se ha transferido recursos naturales hacia los países centrales, se ha súper-explotado la fuerza de trabajo local y estigmatizado como “peligrosos” a la gente de piel morena. De esta manera, en el sistema mundo han surgido potencias imperiales como Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX que desarrollan estrategias de control y dominación sobre la población mayoritaria de los países dependientes (Quijano, 2014; Wallerstein, 2006).

Otro concepto fundamental es que en materia de dominación política y control de la autoridad pública funciona una democracia restringida, o controlada, también llamada de baja intensidad.  El principio de igualdad ante la ley es una mera ficción, y la verdadera democratización implica superar el racismo y la clasificación social discriminatoria (Quijano, 2014; Wallerstein, 2006).

Respecto a las limitaciones del poder judicial realmente existente, algunos autores han señalado la impunidad de los delitos de los poderosos, y el carácter sesgado y contradictorio de las prácticas judiciales.

Sociólogos como Edwin Sutherland, Antonhy Giddens, Marcos Kaplan o Vincenso Ruggiero han mostrado como los grupos dominantes violan las leyes en forma sistemática, y con una llamativa impunidad, en particular en los “delitos de cuello blanco”. También han observado el doble discurso,  y la escasa credibilidad del sistema normativo por parte de la mayoría de la población de algunos países y regiones del planeta.[1] Marcos Kaplan sintetiza esa última observación:

La mayoría de los grupos e individuos de las sociedades latinoamericanas perciben el código normativo como ineficaz e inválido para regir la conducta social. Aquel se manifiesta como doble discurso. Por una parte, el discurso oficial, referido a reglas morales y jurídicas formalmente aceptadas por los grupos dominantes, y aprehendidas por los grupos subalternos, que exalta la ética del trabajo y el sacrificio y los principios formales del sistema democrático. Por otra parte, el discurso y la práctica del desconocimiento generalizado de los valores afirmados en el primer código, a través de comportamientos individuales sociales e individuales, tendientes al máximo beneficio con independencia de sus consecuencias sociales. Subterráneo con respecto al primero, el segundo discurso se convierte en fuente normativa (Kaplan, 1998, págs. 103-104).

 

Finalmente, otra de los rasgos de la democracia restringida que funciona en nuestro continente sería la tendencia a un estado de excepción permanente caracterizado por un predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes de la Constitución. Esto ha sido planteado por distintos sociólogos, entre los que se destacan Marcos Kaplan y Boaventura de Sousa Santos. Dice Santos:

Un poder político concentrado, tradicionalmente afirmado en una pequeña clase política de extracción oligárquica, supo crear a lo largo de los años inmunidades jurídicas y fácticas que redundaron en la impunidad general de los crímenes cometidos en el ejercicio de las funciones públicas. Esta práctica se transformó en la piedra angular de una cultura jurídica autoritaria en la que sólo es posible condenar hacia abajo (los crímenes de las clases populares) y nunca hacia arriba (los crímenes de los poderosos). Incluso los jueces no son vistos por los ciudadanos como los que tienen que la responsabilidad de castigar los crímenes de la clase política. Se los percibe como parte de la clase política, y tan autoritarios como ella. Curiosamente, sobre todo en América latina, siempre que se habla de la corrupción relacionada con los jueces no es para hablar de la lucha contra la corrupción por parte de los jueces, sino más bien para hablar sobre la corrupción de los mismos, la venalidad de los jueces y funcionarios (De Sousa Santos, 2009, pág. 97).

Claudio Bonadío-El juez que concentró las causas contra Cristina Fernández
Imagen 1. Claudio Bonadío-El juez que concentró las causas contra Cristina Fernández. www.lanacion.com.ar

 

El papel de las potencias imperiales

Es necesario ubicar el lawfare como parte de una estrategia global de dominación impulsado por las potencias imperiales. En el contexto actual, no hay dudas que la potencia dominante en América Latina es Estados Unidos y que Latinoamérica es su “patio trasero”. Esta potencia imperial desprecia los derechos humanos y realiza una lectura sesgada de los tratados internacionales, ya que considera que las “personas” con mayores derechos son las grandes sociedades anónimas y que las mejoras en los niveles de vida o en la democratización son consignas idealistas. El rol de América Latina se limita al de proveedor de materias primas (Chomsky, 2012; 2002). Hay suficientes evidencias sobre este punto, más allá de que pocos políticos y académicos lo sostienen públicamente.

El lawfare es parte de una doctrina global que sucede a la llamada doctrina de seguridad nacional que rige hasta los años 80 y que corresponde a la “guerra fría”. La doctrina de la seguridad nacional aludía a una amenaza comunista en la región y bajo este discurso se entrenaron más de 30.000 militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas de Estados Unidos (Feierstein, 2016, pág. 259). Ahora se habla de una amenaza más difusa (narco-terrorismo, corrupción populista etc.) que se debe neutralizar con una especie de guerra integral y preventiva, también denominada guerra de baja intensidad, guerra híbrida etc. (Beinstein, 2018).

Esta estrategia de guerra difusa parte de reconocer las limitaciones de la estrategia de “seguridad nacional” y contiene los dos elementos clásicos de los mecanismos de dominación: la represión y la hegemonía en términos Gramscianos. Por eso se articula la estrategia represiva y judicial con los medios masivos de comunicación y la batalla comunicacional en las redes sociales. No sólo se trata solamente de la coerción, sino que también hay una búsqueda de consenso, aprovechando que el sentido común masivo está impregnado de racismo. Nunca hay que olvidar que la forma principal del control sobre la subjetividad pasa por el “eurocentrismo” y el mito sobre la superioridad de la raza blanca (Quijano, 2014).

El lawfare se articula con otros dispositivos y otras prácticas de dominación: La doctrina del narco-terrorismo, la práctica del genocidio por goteo, la difusión de noticias falsas o fake news, el accionar de redes de ONG coordinadas y financiadas por Agencias estadounidenses como la USAID y la NED, el accionar del Departamento de Justicia de Estados Unidos, etc.

Se reemplaza una estrategia basada en golpes de estado, en asesinatos, desapariciones forzadas masivas, y detenciones arbitrarias por razones políticas y sociales, con un fundamento falaz (la amenaza comunista) por otra estrategia más diversificada que incluye “golpes blandos”, detenciones “legales” y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos para-estatales, con fundamentos más variados, pero igualmente falaces (narco-terrorismo, corrupción populista, etc.).

 

Indicios y evidencias del intervencionismo externo

¿Cómo se prueba la presencia e injerencia de la potencia imperial en el lawfare? Ya no se acepta aquélla vieja consigna de la Doctrina Monroe “América para los Americanos”, ni la presencia de tropas o asesores norteamericanos para combatir el comunismo.Todas las naciones del continente son formalmente autónomas, y plenamente soberanas e independientes. Por lo tanto, la intervención de Estados Unidos se hace bajo el paraguas de agendas de cooperación y asistencia técnica en temas como el “narco-terrorismo”, la lucha contra la corrupción o el tema ambiental.

El periodismo de investigación ha señalado por lo menos cinco distintos senderos de la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de los países latinoamericanos: 1) Los cursos y adiestramientos que ofrecen Agencias de Estados Unidos a los jueces federales y policías latinoamericanos  sobre corrupción y narco-terrorismo 2) La labor de los Embajadas de este país 3) Los procesos iniciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra empresarios y políticos latinoamericanos 4) La presencia de bases militares y de Agencias como la DEA 5) El financiamiento de ONG que actúan en Latinoamérica.

La crónica diaria y algunos periodistas de investigación demuestran que todos estos senderos se han recorrido recientemente y se siguen transitando.  A título de ejemplos no exhaustivos se puede mencionar los siguientes hechos: en el 2016 se organiza en Buenos Aires un importante Taller destinado a unos 40 jueces federales de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay sobre temas de narcotráfico y ciberdelito, financiado por el Gobierno de Estados Unidos (Angulo, 2016). En el caso de Brasil, el Juez Sergio Moro, quien condenó a Lula, magistrados de distintos Estados provinciales, y 50 policías, participaron delo Projeto Pontes organizado por el Gobierno de Estados Unidos (Página 12, 2018).

En segundo lugar, hay numerosas notas sobre el accionar de funcionarios de las Embajadas de Estados Unidos que se filtran en el documento conocido como WikiLeaks. En el cual se revelan miles de cables entre el Departamento de Estado y las Embajadas de ese país. Escritores como Santiago Donnell y Martín Becerra han analizado estos cables del máximo representante de Estados Unidos en Argentina y muestran estrechas relaciones de esa sede diplomática en la Argentina con dirigentes políticos y dueños de multimedios. Mención especial merece el embajador Edward Prado, un ex juez que se propone asesorar magistrados argentinos y proteger empresas de su país contra la corrupción y que invita especialmente a la Embajada norteamericana a festejar su día patrio a los emblemáticos magistrados Claudio Bonadío y Carlos Stornelli.

En tercer lugar, hay evidencias concretas de que la causa conocida como Odebrecht, que afectó a la principal empresa de Brasil y a numerosos políticos y empresarios de Brasil, Perú, Colombia, México y Ecuador fue impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En esta causa Lula, ya condenado por Sergio Moro, también es imputado, y es detenido el vice-presidente de Ecuador, Jorge Glass, aliado político de Rafael Correa. Asimismo, en una investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ordena la detención de Nicolás Maduro acusado de “inundar Estados Unidos de cocaína” (BBC, 2020).

También es significativa la presencia del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y de la DEA en Colombia, Argentina y Brasil. En los últimos años, se firmaron nuevos convenios con Mauricio Macri y Jair Bolsonaro para incrementar dicha presencia. El Comando Sur de Estados Unidos realizó ejercicios presuntamente en defensa del medio ambiente en la triple frontera y en la provincia de Misiones (Resumen Latinoamericano, 2019) y se abrió una base en Ushuaia con aparentes fines científicos.

Por último, es notable el crecimiento de ONG financiadas por Agencias de Estados Unidos como USAID y NED que intervienen directamente en la política interna de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Placa de la Agencia de Inteligencia en la Argentina
Imagen 2. Placa de la Agencia de Inteligencia en la Argentina. www.stcchaco.com.ar

 

El rol de las elites locales

Es necesario encuadrar el lawfare como una estrategia de dominación impulsada o estimulada por las potencias imperiales pero que necesita el apoyo y la participación, de las élites nacionales. Las llamadas burguesías nativas establecen alianzas con los grupos extranjeros a lo largo del siglo XX, y en general se subordinan a las políticas imperiales.

De la guerra judicial participan las élites locales que intentan destruir a sus adversarios políticos. Los casos de Dilma Rousseff y Lula Da Silva, en Brasil, de Cristina Fernández, Amado Boudou o Julio de Vido en Argentina, de Jorge Glas y Rafael Correa en Ecuador, de José Mujica en Uruguay, de Evo Morales y varios de sus Ministros (Carlos Romero, Gustavo Torrico) en Bolivia son muy claros. No se reducen a presiones de la potencia hegemónica, sino que hay maniobras de grupos políticos y económicos locales para enjuiciar a sus rivales.

Así como la potencia imperial fue aggiornando su estrategia, también las élites locales utilizan nuevos métodos entre los que se destaca una férrea alianza con multimedios locales. Ya no priorizan sus relaciones con militares golpistas, sino que utilizan como fuerza de choque a periodistas expertos en fake news que a su vez son respaldados por los propietarios de los multimedios. En rigor, la mayoría de los multimedios también son actores económicos.

En cuanto a las élites locales se pueden distinguir dos grupos. El primero es el de los dueños y CEOS de grandes empresas. Este arquetipo, que predomina en las corporaciones de capital concentrado es descripto por el destacado sociólogo Marcos Kaplan de la siguiente manera:

se caracteriza por la búsqueda y el aprovechamiento de las posibilidades de lucro de tipo irracional y especulativo y se orienta esencialmente a lo financiero y especulativo, lo colonialista, lo bélico, lo político (Kaplan, 1998, pág. 101).

 

Y por el eminente jurista Raúl Zaffaroni de esta forma:

Cometen delitos a granel: estafan en dimensiones astronómicas, endeudan en administraciones fraudulentas, explotan trabajo esclavo a distancia, extorsionan a Gobiernos, financian golpes de Estado, defraudan fiscos, instigan cohechos y prevaricatos, encubren y aaa reciclan el dinero proveniente de todas las criminalidades organizadas del planeta y se disputan la prestación de ese servicio. En síntesis: acumulan dinero (Zaffaroni, 2019).

 

El segundo grupo está integrado por dirigentes políticos neo-conservadores, en su mayoría enrolados en la denominada Internacional liberal o partícipes de Organizaciones No Gubernamentales financiadas por los Gobiernos de Estados Unidos y algunos estados de Europa. Se destaca la Fundación Internacional Libertad, con filiales en varios países de América Latina. Pero también hay élites o burocracias provinciales, profundamente racistas, que ven en la lawfare, el mecanismo más apto para eliminar a sus opositores.[2]

 

Los ejecutores

El lawfare se ejecuta en por lo menos tres etapas, que se caracterizan por estar teñidas de ilicitud. La primera es la obtención de información sensible de las víctimas, etapa en la que intervienen miembros de las Agencias de Inteligencia locales y eventualmente de Agencias extranjeras. En esta primera etapa no solo se usan fuentes legales, sino que se recurre a operaciones de espionaje vedadas por la ley. En la segunda etapa intervienen medios de prensa que amplifican y “blanquean” la información obtenida por agentes de inteligencia con métodos oscuros, y preparan a la opinión pública. En una tercera etapa intervienen magistrados judiciales previamente cooptados que se declaran competentes mediante diversos artilugios (fórum shopping) y utilizan procedimientos judiciales provenientes de la experiencia estadounidense de dudosa legalidad, como el “imputado colaborador”.

Esta secuencia está siendo reconstruida por magistrados judiciales de la Argentina, en diversas causas aún en trámite. Por el momento han sido procesados agentes de inteligencia, periodistas y Fiscales federales, por delitos tales como violación de deberes de funcionario público, abuso de poder, extorsión, asociación ilícita etc. Entre ellos cabe mencionar a Marcelo D’Alessio, agente de inteligencia “inorgánico” que portaba una credencial de la DEA, Daniel Santoro, periodista del diario Clarín y Carlos Stornelli, Fiscal Federal que intervino en varias causas contra Cristina F. de Kirchner.

 

Objetivos inmediatos y de largo plazo

¿Cuál es el objetivo de la guerra judicial? Aparentemente el objetivo central es dañar la imagen de los dirigentes políticos progresistas y desprestigiar la política. Por eso la guerra judicial es presentada como lucha contra la corrupción (Zaffaroni, 2019). Por eso también las principales víctimas son los ex presidentes considerados como progresistas o nacional-populares: Lula, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales.

Pero también habría otros objetivos inmediatos. Se asocia el sindicalismo con la corrupción. En la Argentina, el lawfare se ejecuta contra los dirigentes de importantes gremios. En una causa judicial los dirigentes del gremio de camioneros, Hugo y Pablo Moyano son imputados, y paralelamente se desarrolla una estrategia mediática de desprestigio y estigmatización. Otros dirigentes sindicales son afectados por la justicia penal federal: Omar Suárez (Marítimos) es encarcelado, como presunto integrante de una asociación ilícita destinada a coaccionar empresarios y Omar Plaini, (dirigente del gremio de Canillitas) es procesado por presunta falsificación de documentos.

Pareciera que también es un objetivo defender las grandes empresas norteamericanas y desvalorizar las locales. De hecho, los casos conocidos como Lava Jato, Odebrecht, y “Cuadernos” no sólo dejan como resultado el desprestigio de algunos políticos y empresarios locales, sino también la desvalorización de grandes empresas de Brasil, Argentina, Perú y México.[3]

Asimismo, del análisis de diversos casos de Latinoamérica, surge la conjetura acerca de si algunos grupos acusados de narco-terroristas, no son en rigor víctimas de procesos de la lawfare que tienden a acallar la protesta social. En Argentina, Chile, y Colombia se han denunciado a líderes sociales y comunitarios como terroristas para encubrir lo que Zaffaroni denomina “genocidio por goteo” (Zaffaroni, 2015). En efectos dirigentes de pueblos mapuches de Chile y Argentina, y de la “minga” del Cauca en Colombia han sido acusados de terroristas y secuestradores en forma arbitraria. No hay que olvidar, que el lawfare, como parte de estrategias de dominación tiene un fuerte sesgo discriminatorio y que también selecciona a sus víctimas por el color de la piel.

Por último, parece haber otro objetivo de más largo plazo que se aprecia mejor si se ven los casos de Colombia, Venezuela, Bolivia o México. En esos países Estados Unidos impulsa una irreal guerra contra el narco-terrorismo que no se puede tomar en serio. Se busca desorganizar las sociedades y fomentar el caos para crear mejores condiciones para la apropiación de recursos naturales como el petróleo, el gas, el litio, y el torio. En palabras del profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, Jorge Beinstein:

Se trata de la estrategia del caos periférico. De la transformación de  naciones y regiones más amplias en áreas desintegradas, balcanizadas, con Estados fantasmas, clases sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas, sin capacidad de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de Occidente, que podrían así depredar  sus recursos naturales, mercados y recursos humanos (residuales)…” (Beinstein, 2018).

 

Una práctica judicial selectiva y colonizada

El lawfare pone al descubierto una faceta interesante de la práctica judicial.: la selectividad y el carácter sesgado. Ya se ha dicho que la cultura jurídica arraigada en Latinoamérica consiste en condenar “hacia abajo” y garantizar impunidad a los poderosos En la práctica concreta hay inmunidad para algunos grupos. Solamente se activan los mecanismos legales contra las élites, es decir grandes empresarios y jefes políticos, en circunstancias excepcionales y previo acuerdo con las estructuras del poder real.

Los procesos conocidos como Lava Jato, Odebrecht y “Cuadernos de las coimas” son la excepción a la regla general, pero demuestran que existen herramientas jurídicas para procesar y arrestar a empresarios y ex funcionarios importantes. La detención de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad en México entre 2006 y 2012, y el procesamiento de dos de sus colaboradores, por el delito de narcotráfico son otros ejemplos concretos. El problema es que en todos los casos los mecanismos jurídicos son activados bajo la supervisión del poder político hegemónico en la región. Intervienen jueces cooptados por la Embajada de Estados Unidos, o  directamente se trata de procesos impulsados  por las autoridades de Estados Unidos, y las sentencias son objeto de negociaciones.[4]

En todos los países hay una justicia federal y una justicia local. La justicia federal suele estar controlada por los poderosos. En la práctica cotidiana la justicia penal local debe resolver en América Latina una mayoría de causas vinculadas a delitos contra la propiedad y es sesgada por razones étnicas y clasistas. Las cárceles del sub-continente están colmadas de integrantes de las clases subalternas, muchos de ellos sin sentencia, es decir con una prisión preventiva ordenada de manera discriminatoria. Al mismo tiempo, las estructuras de la justicia federal permanecen impasibles ante actores ilícitos de gran envergadura: las grandes redes del narcotráfico internacional, los grupos económicos que realizan maniobras de contrabando de granos, las bandas que se dedican al robo y contrabando de oro, de maderas finas, de petróleo.

Todo esto no pasa desapercibido por la población. En toda Latinoamérica, la credibilidad del aparato judicial está en baja. Desde 2014 en que alcanzó 30% ha disminuido seis puntos porcentuales llegando a 24% en 2018. Desde su punto más alto en 2006 ha disminuido 12 puntos porcentuales (Latinobarómetro, 2018). Un estudio realizado en 2019 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) arroja que 9 de cada 10 ciudadanos afirman que la mayoría de los jueces “no son imparciales”. Según el estudio, sólo el 7% de los argentinos consultados tiene confianza en el Poder Judicial. La credibilidad en la Justicia es mayor en la clase media-alta (8,7%). Supera ampliamente a aquellos que se ubican en un nivel socioeconómico bajo (5,7%). En México, una encuesta realizada por la Consultora Parametría establece que sólo el 12% de los entrevistados considera que la administración de justicia es imparcial. En Colombia una encuesta de Gallup del 2014 establece que el 79% de la población no cree en la administración de justicia.

Julio de Vido. Ministro del Kirchnerismo estigmatizado por la prensa hegemónica
Imagen 3. Julio de Vido. Ministro del Kirchnerismo estigmatizado por la prensa hegemónica. https://premioggm.org

 

La reforma judicial en la Argentina

Ante esta situación, la propuesta de reorganización y desconcentración de la justicia federal en argentina puede implicar un cambio relevante. El Gobierno de Alberto Fernández propone aumentar el número de Juzgados Federales, fusionarlos con los del fuero penal-económico, y fortalecer el fuero federal en el interior del país. El fuero federal hasta el momento está concentrado en la Capital Federal y es manejado por un reducido número de magistrados, muchos de ellos cooptados por la Embajada de Estados Unidos y el grupo de medios monopólico.

El cambio posible es que se empiece a juzgar a los poderosos aplicando los instrumentos jurídicos existentes. Hasta el momento, las normas locales e internacionales contra el crimen organizado, se aplican contra los eslabones más débiles de estas redes, como son los que practican el narco-menudeo, las “mulas”, pero no se enfoca a los responsables del lavado de dinero o de organizar gigantescos sistemas de contrabandos, fraudes al Estado, o trabajo forzoso (Cieza, 2020, pág. 191).

No se trata de perseguir ex funcionarios en base a sentimientos de venganza o cálculos electorales. Se trata de investigar a los poderosos, no por ser millonarios, sino por violar la ley en forma cotidiana. Los que emiten todos los meses facturas apócrifas, los que sacan miles de toneladas de soja de contrabando por puertos de Uruguay y Brasil, los que falsean las declaraciones sobre minerales que salen de la Argentina, los que lavan millones de dólares de los narcotraficantes, los que fugan todos los años capitales no declarados, los que cometen fraudes millonarios contra el patrimonio público, deben ser investigados y condenados.

La justicia federal argentina ya ha dado muestras que puede investigar a los poderosos. Los juicios contra los victimarios del terrorismo de Estado son un ejemplo internacional. Esa experiencia de defensa irrestricta de los derechos humanos debe ser aplicada a otras violaciones graves de derechos humanos que hoy protagonizan otros actores. Será necesario avanzar en el terreno de los “delitos de cuello blanco” y establecer nuevos indicios y patrones de conducta que permiten procesar a los máximos responsables.

 

Conclusiones y reflexión final

No es casual que las victimas del lawfare sean políticos nacional-populares, activistas de movimientos sociales o sindicales, y empresarios locales. No es casual que los diseñadores, impulsores y ejecutores de este sistema perverso sean agencias imperiales y minorías antinacionales que admiran a las grandes potencias. No es casual que el lawfare utilice como excusa una presunta corrupción de las víctimas, y una superioridad moral e intelectual de los victimarios.

El relato de los medios de comunicación hegemónicos naturaliza y repite escenas dónde aparecen políticos demagógicos, dirigentes sociales súbitamente enriquecidos, jóvenes fanatizados y empresarios locales tramposos, que son juzgados por jueces valientes y probos asesorados por Embajadas y agencias de países serios. Este discurso mendaz forma parte de la colonialidad del poder, y se ha repetido otras veces en la historia.[5]

Es inadmisible una mirada colonial que idealice el sistema judicial de Estados Unidos y lo tome como punto de referencia. No hay que olvidar nunca que hace más de 80 años Edwin Sutherland describió a los grandes empresarios estadounidenses como delincuentes reincidentes e impunes. La discriminación, el racismo y la tolerancia a los delitos de cuello blanco, son consustanciales al sistema judicial que rige en Estados Unidos. El desprecio por el derecho internacional es patente como lo prueba las decenas de invasiones a países soberanos, y en particular agravia la dignidad el no acatamiento del derecho internacional de los derechos humanos. EE. UU. nunca ratificó plenamente los principales tratados de derechos humanos, no es parte del Pacto de San José de Costa Rica ni acata las sentencias de la CIDH, y hostiga a los integrantes del Tribunal Penal Internacional en defensa de sus militares.

Como también es inadmisible aceptar la superioridad intelectual y moral de una auto-proclamada élite local. Se trata  de  altos empresarios, magistrados e intelectuales que han sido responsables o cómplices de procesos dictatoriales  y genocidas desplegados con la excusa de la corrupción y la amenaza del comunismo y el  terrorismo.[6] La investigación histórica y sociológica, y los avances de la justicia, hoy han establecido que esos procesos forman parte de la historia mundial  del genocidio y el terrorismo de Estado (Chomsky, 2002; Feierstein, 2016).

Así como la Argentina tiene el mérito de estar a la vanguardia de la investigación y castigo del terrorismo de Estado, hoy tiene la oportunidad de liderar un proceso de desenmascaramiento de nuevas prácticas de dominación y estigmatización que utilizan como herramienta algunos elementos del poder judicial y de los medios de comunicación.

Se trata de un poder judicial con jueces prácticamente inamovibles y con lazos muy estrechos con el poder económico y las burocracias políticas. Será necesario imaginar otro tipo de poder judicial, más vinculado a su pueblo y más atento a combatir la impunidad de los poderes permanentes de los que hasta ahora fue parte. Se trata de unos medios de comunicación con una estructura monopólica y cuyos dueños forman parte de la elite económica.

Durante el Gobierno de Cristina Kirchner las fuerzas populares intentaron cambios estructurales impulsando una reforma judicial y una nueva ley de medios. Los poderes fácticos neutralizaron esa intentona.  Hoy, con el tema de la reforma judicial, impulsada por Alberto Fernández, los bloques sociales marchan a un enfrentamiento. Será una de las batallas principales de la post-pandemia.

 

Notas:

[1] La impunidad de los poderosos en nuestro continente tendría raíces en las características de la génesis de los grupos dominantes de la economía.  Los fundadores en Estados Unidos de los grandes imperios económicos fueron apodados los “Barones ladrones” por sus prácticas delictivas y sus abusos de los trabajadores migrantes. Este rasgo del capitalismo en nuestro continente y en Europa Occidental se agrava con la globalización, ya que es muy difícil controlar el delito trasnacional y aumenta el sector de grandes empresarios que buscan ganancias extraordinarias en la economía ilícita.

[2] Un ejemplo sería Gerardo Morales, el Gobernador de la Provincia de Jujuy que persiguió impunemente a la parlamentaria del Mercosur electa, y dirigente de un importante movimiento social, Milagro Sala (Verbitsky, 2017).

[3] En el caso Odebrecht fueron procesados decenas de empresarios de la construcción de Brasil, Perú y Colombia. En la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas” el Juez federal Bonadío procesó a más de 20 empresarios argentinos de la construcción acusados de cohecho y maniobras de cartelización de la obra pública. No hay directivos de empresas de EE.UU. procesados en estas mega-causas.

[4] La figura del “imputado colaborador”, conocido vulgarmente como arrepentido, proveniente de la experiencia judicial de Estados Unidos, facilita las negociaciones.

[5] Solamente si tomamos el siglo XX, en la Argentina fueron perseguidos y estigmatizados los dirigentes agrarios del grito de Alcorta, como demuestran Rafael Bielsa y Pedro Peretti, o los líderes populares como Yrigoyen o Perón. El libro “Tiempos recios” de Mario Vargas Llosa muestra como el Imperio persigue y estigmatiza a Jacobo Arbenz, un líder centro-americano, con una información digna de mejor causa, dada la posición política actual del autor.

[6] En la Argentina las denominadas “revolución libertadora”,” y revolución argentina” (Onganía, Lanusse) y el “Proceso de reorganización nacional fueron dictaduras genocidas apoyadas por élites supuestamente “republicanas” que reaccionaron ante la amenaza “populista” y “subversiva”.

 

Referencias bibliográficas:

• Angulo, M. (15 de mayo de 2016). El FBI y el gobierno de EEUU capacitarán a jueces argentinos. Infobae.
• BBC. (26 de marzo de 2020). EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de US$15 millones por su captura. BBC News Mundo.
• Beinstein, J. (2018). Del keynesianismo militar al lumpen-imperialismo. En L. Arizmendi, & J. Beinstein (Edits.), Tiempos de peligro. Estado de excepción y guerra mundial. México: Universidad Autónoma de Zacatecas-Plaza y Valdés.
• Chomsky, N. (2002). Estados canallas. El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales. Buenos Aires: Paidos.
• Chomsky, N. (2012). Cómo funciona el mundo. Conversaciones con David Barsamian. Buenos Aires: Clave Intelectual.
• Cieza, D. (2020). Grupos económicos, mundo del trabajo y derechos humanos. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
• De Sousa Santos, B. (2009). Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho. Bogotá: ILSLA.
• Feierstein, D. (2016). Introducción a los estudios del Genocidio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
• Kaplan, M. (1998). El estado latinoamericano y el narcotráfico. México: Porrúa.
• Latinobarómetro. (2018). Informe 2018. Latinobarómetro: Corporación Latinobarómetro.
• Página 12. (7 de abril de 2018). Moro, con entrenamiento de Estados Unidos. Página 12.
• Quijano, A. (2014). Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO.
• Resumen Latinoamericano. (30 de junio de 2019). Argentina. Crece la injerencia militar estadounidense. Resumen Latinoamericano.
• Verbitsky, H. (2017). La libertad no es un milagro. Buenos Aires: Planeta.
• Wallerstein, I. (2006). La decadencia del poder estadounidense. Buenos Aires: Capital Intelectual.
• Zaffaroni, E. R. (2015). El Derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo. Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo.
• Zaffaroni, E. R. (2019). Prólogo. En S. Romano (Ed.), Lawfare: guerra judicial y neoliberalismo en América Latina. Madrid: Marmol Izquierdo Ediciones.

 

Cómo citar este artículo:

CIEZA, Daniel, (2021) “Notas preliminares sobre lawfare y reforma judicial en la Argentina”, Pacarina del Sur [En línea], año 12, núm. 45, octubre-diciembre, 2020. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Martes, 16 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1920&catid=3