El documento de Santa Fe y su concepción de los derechos humanos: De los derechos humanos contra el imperialismo al imperialismo de los derechos humanos

Santa Fe document and its conception of human rights: human rights against imperialism to human rights imperialism

O documento de Santa Fé e sua concepção de direitos humanos: dos direitos humanos contra o imperialismo aos direitos humanos imperialismo

Camilo Mora Zavala[1]

 

Introducción

La tensión que genera la polisemia política de los derechos humanos es en lo esencial fruto de una práctica de poder diversa, más aun cuando de potencias internacionales se trata. La presencia de organismos, discursos y memoriales referido a derechos humanos en boca de aquellas potencias de histórica vocación imperialista, y donde la represión a los movimientos populares fue un medio utilizado deliberadamente para su derrota, desde ya parece, y es, una contradicción profunda. De manera que no es posible hacer referencia a los derechos humanos y la violencia política en América Latina o algún país en particular, sin hacer referencia a la relación existente entre los derechos humanos como política de poder y el imperialismo, particularmente el norteamericano. En consecuencia introducimos la siguiente pregunta: ¿qué relación existe y cómo se relaciona el imperialismo con los derechos humanos?

En las cuestiones relativas al imperialismo, el sociólogo norteamericano John Bellamy Foster señala que el concepto de imperialismo fue relegado del discurso dominante en el mundo capitalista durante gran parte del siglo XX. Más aún en plena Guerra de Vietnam, independientemente de la constatable existencia de este. El concepto fue considerado poco científico y, por supuesto, asociado a las adscripciones políticas de izquierda.

Sostiene también que hoy los acercamientos al imperialismo como objeto de estudio no guardan mayor relación con la crítica económica, como aquella de Lenin, sino más bien con la de aquellos intelectuales norteamericanos que ven en el imperialismo los “beneficios” de la lucha contra el terrorismo en Afganistán e Irak, particularmente desde el gobierno de Bush. Precisa Bellamy que,

según la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Bush, no hay límites o fronteras reconocibles para el uso del poder militar cuando de lo que se trata es de promover los intereses de EE.UU. Frente a este intento de extender lo que solo puede ser denominado Imperio Norteamericano, intelectuales y figuras políticas no solo están retornando a la idea de imperialismo, sino también a la visión sostenida por sus propios impulsores del siglo XIX, es decir, el imperialismo como gran misión civilizadora. (…) Todo lo que se necesita para hacer de este concepto algo completamente funcional es despojarlo de sus viejas asociaciones marxistas con la jerarquía económica y la explotación, por no mencionar el racismo.[2]

 

En este sentido, la adopción del imperialismo por sectores de la elite debe realizarse dentro de los márgenes de la política y lo militar, nunca desde lo económico, a diferencia de las consideraciones de Lenin en 1916. Pues  la teoría marxista del imperialismo permitió poner de relieve la explotación del capitalismo en los países atrasados y de la periferia, al igual que las pugnas inter imperialistas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial, lo que desde luego es mucho más de lo que las clases dominantes podían aceptar.[3]

 

Punto de arranque: Hacia la relación del imperialismo y los derechos humanos

Respecto de lo político, es precisamente a propósito de las guerras balcánicas, primero, y los ataques del 11 de Septiembre de 2001 al World Trade Center, el Pentágono y la posterior guerra contra el “terrorismo” que este concepto sufre una re significación como “imperialismo blando”.[4] Y en lo referido a la política exterior de Estados Unidos, la crítica del imperialismo durante la Guerra de Vietnam, por ejemplo, no tuvo significativo efecto sobre los políticos, tampoco sobre las masas. Resultando más efectiva la crítica desde la perspectiva de los derechos humanos hacia esa guerra,[5] es decir, se cumple lo señalado párrafos más arriba, en relación a los nuevos márgenes del concepto, manteniéndose siempre entre lo político y lo militar, es decir, aquella crítica que si es aceptable para las clases dominantes. Nunca relacionado a la explotación.

En términos sencillos, EE.UU consolida el imperialismo económico del capitalismo, y lo hace bajo la forma de intervenciones humanitarias, en calidad de “garante de la paz y la democracia”, en nombre de los derechos humanos. Pues, estos derechos hoy por hoy, serían la fase ideológica superior de aquel derecho que permite el capitalismo en un solo país. Como señalan otros autores “el planteo básico de los Estados Unidos es que si en otras etapas históricas una potencia invadía a una nación del Tercer Mundo debido a “mezquinos” intereses económicos, ahora lo hacía con verdadero altruismo para salvar vidas y mantener la estabilidad mundial”.[6] Es la “misión civilizadora”.

Marines de EE.UU. durante la invasión de Granada
Imagen 1. Marines de EE.UU. durante la invasión de Granada (1979-1984)
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Pensando en el contexto de una crisis mundial podemos realizar la siguiente pregunta: ¿Qué posibilita a los países capitalistas desarrollados invocar los derechos humanos, por qué se recurre a ellos para resolver las crisis de hegemonía? La respuesta sugerida por Norbert Lechner indica que sería por el carácter mediador que los derechos humanos poseen entre interés particular y norma universal. Así, cada modo de producción tiene sus respectivas normas, lo cual implica la naturalización de ciertas normas y conductas económicas, de esa manera “la forma de generalidad de los derechos humanos «traduce» en «leyes naturales» y atributos de la naturaleza humana las reglas inherentes a determinado proceso de producción”[7] que, por supuesto en este caso, es el capitalista.

La abstracción universal de los atributos del sujeto, en los derechos humanos, busca homogeneizar ideológicamente al punto que permita el funcionamiento del imperialismo (económico) y la explotación a nivel global sin una crítica de fondo, sino más bien como una necesidad cultural-moral del capitalismo, reduciendo las consecuencias económicas de la práctica imperialista a la necesidad de la democracia, de la libertad (en sus acepciones liberales) en los países intervenidos, y como contenido implícito se establece el pre-requisito para el funcionamiento del capitalismo. Y es en relación con lo anterior que haremos eco de la siguiente frase: “esta explotación global es el núcleo del imperialismo, que es tan básico para el capitalismo, y tan inseparable, como es la acumulación misma”.[8]

Sin embargo esta dinámica debe desentrañarse desde una perspectiva histórica, pues no deja de ser esta una peculiar dialéctica, en donde los derechos humanos pasan de ser la consigna de una política de poder contra la guerra de Vietnam y el imperialismo, al imperialismo de los derechos humanos de EE.UU, sin dejar de ser, claro está, una política de poder. Tampoco basta con establecer la relación entre el imperialismo y los derechos humanos hoy si no podemos establecer un posible punto de arranque. De modo que nuestra pregunta  es más bien por los inicios de dicha “peculiaridad”.

Pozzi y Nigra señalan, por ejemplo, que la Guerra del Golfo “debe ser considerada dentro de la continuidad que implican las guerras de baja intensidad (Afganistán, Nicaragua, Camboya, Angola, Mozambique), las invasiones de Grenada y Panamá, y el bombardeo norteamericano de Libia”.[9] Dentro de esta lógica de la guerra de baja intensidad y del mencionado “planteamiento” el argumento que subyace “es que se bombardeó a Kadaffi, no a Libia; se arrestó a Noriega, no se invadió Panamá; se salvó a los estudiantes norteamericanos de un genocidio, no se invadió Grenada. Se realizaron grandes esfuerzos por presentar a la Contra nicaragüense y a los mujaheddin afganos como insurgencias populares ("Luchadores por la Libertad") y no como títeres financiados y dirigidos por la CIA. Lentamente, la política que emergió fue llamada el imperialismo de los derechos humanos”.[10] De modo que la función ideológica de los derechos humanos va quedando al descubierto.

Todo esto sucede en este recuadro general durante la Guerra Fría, que es donde se perfilan los conflictos sociales no solo en el eje este-oeste, sino también norte-sur. Lo relevante es que en los períodos de las dictaduras de la seguridad nacional y de las revoluciones en curso el problema de la violencia política se convierte en una preocupación. Los asuntos de seguridad internacional se vuelven tema principal y los derechos humanos son una política controvertida y un factor voluble y susceptible de ser un discurso antimperialista, imperialista, anti comunista y anti autoritario.

 

La Guerra de Baja Intensidad, la democratización y los DD.HH. en América Latina. Documento de Santa Fe[11]

Sabido es que en los conflictos sociales que se generaron durante la Guerra Fría, y en este marco los movimientos populares, políticos y movimientos armados, en general, se proveyeron de reivindicaciones propias y particulares de cada país, no obstando la existencia algunos enfoques que homologan los conflictos internos de la región latinoamericana, o de cada uno de los países, a los conflictos de la Guerra Fría diluyendo en ella el carácter particular de los conflictos de clase. Sin embargo durante los años ochenta opera una lógica de extensión del conflicto bipolar al Tercer Mundo, a propósito de la imposibilidad del enfrentamiento directo entre las potencias en disputa (EE.UU.-URSS), de manera que un escenario viable y propicio será el Tercer Mundo, como una expresión del conflicto global entre el capitalismo y el socialismo, sin que de la Guerra Fría hayan arrancado, por supuesto, las profundas contradicciones históricas de la sociedad latinoamericana y del resto de los países atrasados del mundo, para quienes, sin perjuicio de lo anterior, el socialismo representó un alternativa realista. De hecho, es en este mismo sentido que el estudio sobre las organizaciones revolucionarias del continente, de Pablo Pozzi y Claudio Pérez ha sugerido que “a partir de una preocupación conjunta sobre la historia de las distintas organizaciones estudiadas (…) es posible sostener, que a pesar de que el surgimiento de la mayoría de las organizaciones políticas estuvieron marcadas por el influjo de la Revolución Cubana y la Guerra Fría, estas emergieron, se enraizaron, masificaron y desarrollaron a partir de un fuerte impulso local-nacional, es decir, a partir de las propias dinámicas internas de cada país”.[12]

Ante el ascenso de las guerrillas en América Latina, durante la primera parte de su tercer período (1980-1999[13]), ¿cuál era la actitud de Estados Unidos? Desde ya es posible decir que, respecto de este tema, son al menos dos las preocupaciones fundamentales dentro de la política general contra el comunismo tocantes al contexto latinoamericano: la violencia política revolucionaria y los derechos humanos.

 

La violencia revolucionaria

Respecto de la violencia vamos a considerar el marco general que nos permitirá comprender la dinámica del proceso al que nos referimos, esto es lo que han señalado Pozzi y Pérez sobre el tema:

la violencia es algo endémico en la sociedad latinoamericana; o sea, la hegemonía de la clase dominante se ha visto permanentemente cuestionada por el protagonismo de la clase trabajadora, el movimiento popular y los proyectos revolucionarios encarnados por los distintos partidos o movimientos de la izquierda latinoamericana, por lo que ha logrado mantener su dominación a través de una represión sistemática y salvaje, contenida en la Doctrina de Seguridad Nacional, en los conflictos de baja intensidad y en la criminalización de la protesta popular, estrategias levantadas bajo la hegemonía de estados Unidos y las distintas facciones de la clase dominante de América Latina.[14]

 

En consecuencia, al ascenso de los movimientos armados en américa Latina que cuestionaron la hegemonía de Estados Unidos en el continente, siguió la reacción del mencionado país. Al control de la diplomacia y de la economía se sumaba la preocupación por una estrategia de seguridad. Esta reacción no podía ser siempre la intervención militar directa, por el alto costo que implica en todo sentido (sin perjuicio de casos como Granada en 1983, o Panamá en 1990), y por otro lado la negociación tampoco resultó ser efectiva ante los movimientos notoriamente refractarios a las ideas capitalistas e imperialistas, por lo tanto, si la táctica ha de ser la intervención, será con una forma distinta. Durante el gobierno de Reagan, la principal preocupación fue Nicaragua y el Salvador, cuyas experiencias parecían serias amenazas para la hegemonía norteamericana sobre el continente. Pero ya durante los años ochenta deben considerarse al menos dos elementos por los que recrudece la violencia política. Estos dos elementos centrales (desde luego no excluyentes) a considerar son las luchas anti dictatoriales en cada país, cuyos resultados fueron nefastos en relación a vidas humanas, condiciones económicas y sociales en general; y el constante asedio internacional a los movimientos revolucionarios y populares. Respecto a lo último Carlos Malamud dice lo siguiente:

La llegada de Reagan a la Casa Blanca permitió adoptar algunos de los puntos de vista de la derecha republicana en relación a América Latina, que convertía a la lucha contra el comunismo y contra la subversión guerrillera en algo prioritario, por encima inclusive de la defensa de los derechos humanos, lo que permitió una revalorización de las dictaduras militares en Washington. Jeane Kirkpatrick, embajadora de los Estados Unidos ante la ONU justificaría la política de su presidente señalando claramente la diferencia que existía entre el totalitarismo comunista y el autoritarismo de algunas dictaduras, como las latinoamericanas, que eran preferidas por su gobierno.[15]

 

La democratización como contrapunto de la estrategia norteamericana en los años 80

Sumado a estos elementos deben considerarse igualmente otros dos que permanecieron más o menos constantes desde los años sesenta; la influencia de la revolución cubana y su apoyo (simbólico, ideológico y material) y la búsqueda de una salida a los sistemas políticos de las clases dominantes que demostraron a lo largo de las décadas las insuficiencias en relación a la resolución de problemas objetivos de la población regional.

Durante los años ochenta ocurren con relativa sincronía dos procesos, uno de ellos independientemente de la voluntad de Reagan. Por una parte, comienzan los procesos de democratización, u olas de democratización, que según algunos autores comienzan ya a mediados de los setenta,[16] y que, pese a la naturaleza de la política exterior de Reagan, se comenzó a desarrollar al mismo tiempo que este impulsa una Guerra de Baja Intensidad (GBI) durante los ochenta en Centroamérica, que se hace oficial desde 1985, al asumir Reagan, su segundo período presidencial.[17] Por otra, en lo internacional la política de Reagan es agresiva frente al comunismo y es evidente su apoyo a los regímenes totalitarios “amigos” bajo ciertas condiciones. 

Como señalamos antes, los costos de la intervención directa eran altísimos y los procesos de democratización estaban en curso.[18] Pues los resultados de las dictaduras apoyadas por Estados Unidos provocaron el rechazo de la población en cada país ante las prácticas de la tortura, el desaparecimiento, el asesinato (por parte de los aparatos especializados de las fuerzas armadas entrenadas en estrategias de contrainsurgencia, principalmente en la Escuela de las Américas) y por supuesto persiste el clima de confrontación política y militar entre los regímenes militares y las fuerzas opositoras que ejercen la lucha armada. De modo que toda esta amalgama de factores requería de una estrategia diferente de las intervenciones militares directas. La síntesis será la GBI, de hecho “durante la administración Reagan, la doctrina de la GBI se institucionalizó entre los funcionarios encargados de la seguridad nacional. Por esta razón, desde 1987 en adelante, Reagan “emitió la legislación necesaria para crear un comando unificado destinado a la realización de operaciones especiales para establecer una corporación de la GBI dentro del NSC. Asimismo, instauró un nuevo puesto burocrático: el de auxiliar del presidente en materia de GBI. Finalmente en Junio de 1987, aprobó un documento altamente secreto llamado National Security Decision Directive (Manual Resolutivo Sobre Seguridad Nacional, NSDD), que autoriza a la burocracia a desarrollar y aplicar una estrategia nacional unificada en relación con la GBI”.[19]

Si la política de Carter era considerada por los conservadores como una doctrina “blanda” en relación a la actitud adoptada hacia el comunismo internacional, el problema de la violencia revolucionaria y las dictaduras en América Latina, la de Reagan era todo lo contrario. Sin embargo debe lidiar con las consecuencias que acarrea la política de su antecesor, quien enfatizó tanto la democratización como los derechos humanos en la política de relaciones exteriores. Es decir que, una vez que las cuestiones de democracia y de derechos humanos han quedado instaladas en este contexto ¿qué se puede hacer, cuando no es posible desmontar de la escena internacional dichos temas en un contexto en que las dictaduras persisten? ¿Cómo la violencia guerrillera es al mismo tiempo un problema de derechos humanos y a su vez este último es un problema político que impide a Reagan realizar su doctrina en los “duros” términos conservadores que se había planteado?

Manifestación en apoyo al Gobierno del Movimiento New Jewel
Imagen 2. Manifestación en apoyo al Gobierno del Movimiento New Jewel (NJM), Granada, 1979.
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Los derechos humanos

¿Qué hacer con unos derechos humanos que pueden volverse contra la política de contención de Estados Unidos y que en definitiva podrían debilitar la posición política internacional de ese país?

La política de Reagan respecto de los derechos humanos puede considerarse una reacción a la actitud de Carter, quien desde 1976, antes de ganar las elecciones presidenciales, hace parte de su campaña política el discurso sobre los derechos humanos. De manera posterior son principalmente los acontecimientos internacionales los que figurarían en las críticas de Reagan a su antecesor quien tempranamente, en 1977, firmara el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, que en 1978 firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se atreve a criticar abiertamente a las dictaduras militares pro estadounidenses de América Latina. En consecuencia, el carácter profundamente inestable de la economía en ese país, los cuestionamientos políticos a su gestión y en última instancia el conflicto con Irán,  se encuentran entre los factores a partir de lo cual se dirá que fracasará  Carter en las siguientes elecciones, donde resulta electo finalmente, el republicano Ronald Reagan.

Carlos Portales ha señalado en esta misma dirección que “una de las críticas más severas realizadas por el candidato Ronald Reagan al Presidente Carter fue hecha a su política de derechos humanos” y que pese a dar señales de un neoconservadurismo, con rechazo a la política exterior, los derechos humanos se convierten en un componente de la política exterior de Estados Unidos y en definitiva esto sería “el resultado de la valoración de este componente ético-político como elemento del discurso ideológico ampliamente aceptado entre las fuerzas políticas norteamericanas y de su institucionalización en el campo de la formulación de la política exterior”.[20] Por lo tanto la crítica de Reagan no chocaría solo con las declaraciones y las intenciones, sino con el andamiaje burocrático concreto montado en una parte del Estado, en donde ya se sostenía una política de derechos humanos como un hecho irreversible.

El primer documento de Santa Fe fue dirigido al gobierno de Ronald Reagan y se convertiría en la línea política estratégica de ese presidente para conducir la política internacional. El documento, principalmente preocupado por las actividades guerrilleras en América Latina, señala que no es posible que Estados Unidos continúe con la política de Carter, a quien se acusa de negligencia y de flexibilizar sus posturas respecto del comunismo extra continental y más aún, de “participar activamente en el derrocamiento de gobiernos autoritarios no comunistas, a la vez que adoptaba una posición pasiva frente a la expansión comunista” (pág.11). De hecho estas críticas serían profundizadas por Jeane Kirkpatrick, embajadora para la ONU durante el gobierno de Reagan, quien señalaría lo siguiente:

Si las acciones de la administración en Irán y Nicaragua reflejan el fuerte y erróneo supuesto de que se pueden encontrar e imponer fácilmente alternativas democráticas a las autocracias, también reflejan la creencia igualmente fuerte y defectuosa de que el cambio per se en tales autocracias es inevitable, y en interés de los norteamericanos. Es esta creencia la que induce a la administración Cárter a participar en el derrocamiento de autocracias no comunistas mientras se mantiene pasiva frente a la expansión comunista.[21]

 

Aunque formulado de manera previa a las palabras de Kirkpatrick, el Documento sugiere que esta vez Estados Unidos sea capaz de redirigir la política exterior, en función de no perder el vínculo estrecho y estratégico que mantiene con América Latina. Más concretamente señalan: “América Latina, tanto como Europa Occidental y Japón, es parte de la base de poder de Estados Unidos. No podemos permitir que se desmorone ninguna base de poder norteamericana, ya sea en América Latina, en Europa Occidental o en el Pacífico Occidental…” (pág. 2).

Esta inquietud política referente a la “peligrosa tendencia” que provoca la pérdida de sus “bases de poder” expresada en el Documento, tiene un precedente. Pues, por ejemplo, “durante el período 1973-1977 la actividad legislativa tendiente a denegar ayuda a un país en particular estuvo centrada en el caso de Chile”,[22] principalmente en lo referido a ayuda militar, lo que explica, durante el gobierno de Carter, el cese de esa asistencia por la negativa de Pinochet a extraditar a los agentes de la DINA involucrados en el asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt.[23] Al mismo tiempo se suman las condenas internacionales, las sanciones económicas restrictivas y reducción de la actividad militar conjunta entre Chile y EE.UU. Así mismo, partir de 1977 los organismos financieros internacionales imponen condiciones de respeto a los derechos humanos. Por otro lado se crea en 1977 la Oficina de Asuntos Humanitarios y de Derechos Humanos del Departamento de Estado, de igual manera el Secretario de Estado debe elaborar obligatoriamente informes anuales para el Congreso con información relativa a los derechos humanos sobre aquellos países que reciben ayuda financiera y militar de Estados Unidos, así como de los pertenecientes a la ONU.[24]

Otra de las preocupaciones políticas que aparecen en el Documento, y que según este tiende peligrosamente a debilitar la hegemonía de Estados Unidos es “la manipulación de los medios de información a través de grupos vinculados a las diferentes iglesias y de otros grupos de presión denominados de defensa de los derechos humanos” que se considera “ha desempeñado un papel cada vez más importante en el derrocamiento de gobiernos autoritarios, pero favorables a Estados Unidos, y en su reemplazo por dictaduras anti norteamericanas, comunistas o pro comunistas, con un carácter totalitario” (p10). Y en este sentido sugiere contrarrestar aquella tendencia, en que la comunidad religiosa se ve influenciada con ideas de origen comunista, que atentan contra la propiedad privada y el capitalismo. De manera que retrospectivamente la política exterior de Carter resulta ser un contra sentido a los principios e intereses de Estados Unidos, en tanto que favorece la crítica  a los autoritarismos “amigos” y flexibiliza posturas ante el “comunismo”. En consecuencia, lo que hace visible en el documento es directamente una reformulación, un re direccionamiento de esta política de derechos humanos que formará parte de la política exterior de Reagan, pero en un sentido distinto.

Ronald Reagan frente al Muro de Berlín, 1987
Imagen 3. Ronald Reagan frente al Muro de Berlín, 1987.
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Es este contexto político al interior de Estados Unidos, la implementación de la violencia política y el ideario de izquierda, lo que permitirá esta reformulación y por lo que en definitiva, “en otros países como Haití, Filipinas y Chile la promoción de derechos humanos ha coincidido en la visión del ejecutivo norteamericano con los intereses estratégicos de Estados Unidos (…) En el caso chileno, la política de la Administración Reagan cambió después de las protestas de 1983, variando desde el acercamiento inicial hacia la búsqueda de una salida política negociada”.[25]

 

Acercamiento a la concepción de los derechos humanos y la violencia política en el Documento de Santa Fe I

¿Cuáles son las concepciones de derechos humanos y violencia política, desde el Documento, que finalmente engranan con los intereses estratégicos norteamericanos y que tuvieron expresión en Chile, desde 1983?

Algunos autores han logrado discutir y distinguir el problema de la violencia política y el terrorismo como categoría en un contexto definido, logrando descomponer la aparente homologación de conceptos, que no es más que un producto ideológico, una operación política e intelectual. Por ejemplo Ricardo Melgar menciona que “si la categoría reaganiana del terrorismo en los últimos veinte años ha venido opacando el sentido de la guerrilla latinoamericana, lo ha logrado por sobredimensionar uno de sus atributos tácticos aleatorios…”.[26] Además señala que “al cierre de esta última fase histórica, cobró notoriedad la doctrina Reagan sobre la seguridad hemisférica al popularizar al terrorismo como su más preciada categoría ideológica”.[27] Tanto es así, que en la que fuera la carta de navegación de Reagan se evidencia la doctrina conceptual del terrorismo. Para los autores del Documento el terrorismo y el proceso revolucionario son sinónimos, por ende, los revolucionarios son terroristas. Bajo esta lógica, toda acción de violencia política no hace más que infundir terror (incluso plantea aquello como un objetivo de los “terroristas”), de hecho el Documento esquematiza en una perspectiva propia las fases de la guerra de liberación nacional desde su surgimiento, refiriéndose al proceso de a) polarización mediante la propaganda, b) la fase “terrorista” para pasar a la etapa de c) la guerrilla, momento en el cual la ayuda cubana se hace presente en forma de pertrechos y revolucionarios que apoyan la guerra de liberación nacional (pág. 9). El documento señala que:

“La relación entre la subversión y el terrorismo es la misma que existe entre el todo y las partes. Una guerra revolucionaria generalmente se desarrolla a través de diferentes fases.

La guerra comienza con el establecimiento de un aparato subversivo. La segunda fase consiste en actividades terroristas y antigubernamentales en nombre de los derechos humanos y la liberación; la tercera fase es la guerra de guerrillas. La cuarta fase es la guerra total que conduce a la ofensiva final, tal como ocurrió en Nicaragua en 1979 y probablemente sea el caso de El Salvador en 1980. A través de toda la campaña, una andanada creciente de propaganda se refiere a Estados Unidos” (pág. 9)

 

Una forma concreta con la cual el documento propone solucionar la existencia del “terrorismo” no es nada diferente de lo que se constató en la realidad durante las dictaduras que aplicaron la Doctrina de Seguridad Nacional, pues la idea base del Documento era “reactivar (…) nuestras tradicionales vinculaciones militares en el continente, ofreciendo entrenamiento militar y ayuda a las fuerzas armadas del continente americano, con un énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales. Ofrecer ayuda técnica y psicológica a todos los países de este Hemisferio en su lucha contra el terrorismo, independientemente del origen de este último” (pág., 7). En primer lugar, respecto del caso centroamericano se hace referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en septiembre de 1947, y al conjunto de la estrategia de contrainsurgencia, más bien lo que implicará GBI, posteriormente. En segundo lugar, realizar la crítica a la política de Carter y definir una estrategia para la situación centroamericana les permite adoptar una posición respecto de la nueva idea democratizadora de las dictaduras militares y la lucha contra lo que denominaron terrorismo, venga de donde venga o independiente de su origen.

A propósito de la violencia, Ricardo Melgar menciona que durante la Guerra Fría, particularmente los años setenta, era más bien escasa la importancia que las ciencias sociales habían dado al problema de la violencia política, particularmente a la guerrilla, de hecho señala que “pesaba más el estereotipo de la violencia guerrillera al suponer que toda acción política violenta o revolucionaria contra el gobierno y/o el estado, era sinónimo de acción guerrillera o terrorismo y que toda acción guerrillera o terrorista era producto de una infiltración y conspiración extranjera o del otrora denominado internacionalismo proletario”.[28] A este respecto las palabras contenidas en el Documento son clarificadoras, por cuanto incluso las actividades referidas a derechos humanos realizadas por la Iglesia Católica, influida por la teología de la liberación, era muestra de la penetración del comunismo internacional[29] y, en consecuencia, nociva para los intereses norteamericanos. Y de hecho, en el párrafo anteriormente citado del Documento se indica que las acciones guerrilleras serían en nombre de los derechos humanos, por lo cual el documento no será neutral a este supuesto.

La siguiente idea será crucial para identificar el sentido que habrá de adquirir la política de derechos humanos cuando se adopta definitivamente como un elemento central para la formulación de una política exterior favorable a los intereses norteamericanos y que redirija la selectividad de su aplicación a los países con autoritarismos y otros en procesos revolucionarios.

Así la política de derechos humanos adoptada durante el gobierno de Carter no contará con el respaldo de los estrategas de Reagan, pues de acuerdo con su argumento, ellos piensan que “la naturaleza cultural y éticamente relativa de la noción de los derechos humanos queda clara cuando se advierte el hecho de que los argentinos, los brasileños y los chilenos encuentran repugnante que en Estados Unidos, en donde legalmente se autoriza la liquidación de más de un millón de niños en gestación cada año, se sienta moralmente violentado ante la muerte de un terrorista que lanza bombas y ametralla a civiles inocentes”. Y a continuación:

“ellos preguntan, -dice el documento- ¿qué pasa con los derechos humanos de las víctimas del terrorismo de extrema izquierda? Los que toman las decisiones en política en Estados Unidos deben descartar la ilusión de que alguien que arroja un cóctel molotov en nombre de los derechos humanos respeta tales derechos” (pág. 11).

Bajo esta lógica el sentido de los derechos humanos queda invertido, apelando a la calidad moral de Estados Unidos para invocar los mismos y sujeto a ser una política dirigida a justificar el combate contra el “terrorismo”, toda vez que guerrilleros/terroristas supuestamente hacen de la población civil una víctima reivindicando los derechos humanos. De manera que el Documento luego señala cuál debe ser la actitud de Estados Unidos a esta política, ante las consecuencias de la “aplicación selectiva” de los derechos humanos durante el período de Carter (principalmente contra las dictaduras “amigas”), aplicación que según el documento no sólo contribuyó a “desestabilizar” gobiernos como Nicaragua y el Salvador, sino que además permitió el avance del comunismo en esos países:

“En ninguna parte los derechos humanos a la vida, a la propiedad y a las libertades civiles están hoy día más seguros que antes de la iniciación de la campaña selectiva de derechos humanos en 1977. La realidad de las situaciones que enfrentan los gobiernos latinoamericanos que se encuentran bajo ataque por grupos revolucionarios internos, apoyados por el eje soviético-cubano, hay que entenderla no simplemente como una amenaza a alguna supuesta oligarquía, sino como una amenaza a los intereses de seguridad de Estados Unidos” (pág. 12).

 

Conclusiones

La política de derechos humanos para el imperialismo se convirtió desde los años ochenta, principalmente durante el gobierno de Reagan (1981-1989), en un eje central de la política exterior en la medida que las consecuencias políticas y sociales de la guerra de Vietnam implicaron una reacción, antes que al imperialismo económico, al militarismo de Estados Unidos, por los movimientos contra la Guerra en Vietnam y por parte de los movimientos de derechos humanos tanto al interior como al exterior de ese país, fomentando la aparición de movimientos armados antimperialistas en el Tercer Mundo, sobre todo ante la manifiesta actitud de Cuba de favorecer esos procesos.

Propaganda en Granada, 1983
Imagen 4. Propaganda en Granada, 1983.
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Como señalara el Che antes, en 1967: “américa, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación, que empieza a hacerse sentir a través de la Tricontinental en la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la Revolución cubana, tendrá una tarea de mucho mayor relieve: la de la creación del segundo o tercer Vietnam o del segundo y tercer Vietnam del mundo”.[30] De manera que las elecciones de 1976 en Estados Unidos son cruciales a fin de entender el estado de la cuestión en relación a la política de derechos humanos adoptada por el gobierno de Jimmy Carter. Pues será en su administración, principalmente, en donde los derechos humanos comienzan a ser adoptados también en la formulación de una política exterior que el Documento de Santa Fe interpretará como la adopción de una política, más bien moral, y que se aplica de manera selectiva, incluso contra los autoritarismos considerados como favorables a los intereses norteamericanos. Política peligrosa en la que reside el riesgo de no dar garantías de que ante el resultado de dicha política, los países sigan siendo parte de las “bases de poder” de ese país. Y más aún transiten abiertamente hacia el socialismo. Por tanto surge la necesidad ideológica de redirigir la política de derechos humanos que antes generó una crítica contra la guerra de Vietnam y el intervencionismo en general, ahora, en favor del imperialismo y de la guerra contra el comunismo a escala global en el marco de la Guerra Fría. Luego, el resultado de las elecciones, que dieron por ganador al neo conservador Reagan, va a impactar de frente con la política “blanda” de Carter, con la política de derechos humanos, su burocracia y con los procesos de democratización en curso. Lo que también contribuye a explicar la actitud del gobierno norteamericano hacia Chile en 1983, cuando la violencia política entra en escena, impulsando y favoreciendo a democratización.

En este sentido, el Documento es quizá la mejor expresión o termómetro de la relativización y utilización político-ideológica de los derechos humanos que se internalizó, aunque fue resistida al menos los dos primeros años de la Administración Reagan, pese a las pretensiones de su embajadora para la ONU, Kirkpatrick. De hecho, Carlos portales señala que, pese a que “esta posición que prácticamente argüía por la supresión de la dimensión de los derechos humanos como elemento de la política exterior estadounidense fue explícitamente incorporada en el informe que en mayo de 1980 realizara el Comité de Santa Fe…”.[31]

La polisemia de los derechos humanos señala su carácter instrumental según el momento al cual se enfrenta el poder hegemónico de Estados Unidos en relación a los procesos revolucionarios y la lucha armada en América Latina en el contexto de la Guerra Fría, con ocasión de su lucha contra el comunismo.

En síntesis, ocurren variados fenómenos: en primera instancia, el fortalecimiento de la política de derechos humanos y el comienzo de los procesos de democratización a mediados de los setenta, propiciado por la apertura política y crítica a los autoritarismos diversos en tiempos de Carter. Por otro,  su sumará de forma posterior la doctrina Reagan en los ochenta, pero de manera simultánea y contradictoria, producto de las consecuencias de la política de Carter. Sobre todo en su segundo período con el ejercicio de la GBI, acentuando las contradicciones a nivel regional que darán paso a los procesos de democratización y de resistencia a los autoritarismos, al mismo tiempo que se han introducido en algunos países de América Latina reformas neoliberales. Lo singular es que la concepción de los derechos humanos desde la perspectiva norteamericana, mientras se desarrolla la GBI, tiene unas características particulares que buscan principalmente invertirlos en favor de los intereses de ese país. Y si antes hubo una resistencia, “el intento de erradicar completamente la política de derechos humanos llegaba a su fin, demostrando la fragmentación del poder en el sistema político estadounidense: las fuerzas que desde el Congreso habían impulsado esta política desde los años setenta consiguieron que el tema se mantuviera como foco de atención y de polémica”.[32]

Si la caracterización política de los derechos humanos en el período de Carter era un abierto contrasentido a los intereses norteamericanos y, sin embargo, ya era un asunto de interés global, sobre todo en el Tercer Mundo, no quedaba más que re-significarlos ideológicamente, al punto que constituyen un argumento que es ideología pura del imperialismo norteamericano, como un imperialismo de los derechos humanos, o como señala de manera más precisa Carlos Portales: “la principal función de la nueva formulación fue la reconciliación entre la ofensiva estratégica de la política exterior de Reagan y los valores del sistema norteamericano, el discurso valórico-ideológico justificando la política de poder”.[33] De manera que será entre 1982 y 1983 que Estados Unidos modifica su conducta política en relación a América Latina e introduce dentro del conjunto de valores políticos e ideológicos tanto los derechos humanos como la democracia en los ejes que defenderá en el hemisferio, o dicho de otra manera “la promoción de la democracia –tal como es entendida por Washington- relaciona directamente el aspecto valórico con la difusión y fortalecimiento del modelo norteamericano en el mundo, de manera tal que se confunde con la confrontación ideológica global”.[34]

Entonces, para garantizar la existencia de los derechos humanos y del “mundo libre”, esta política, que antes minara los intereses norteamericanos, debía refundarse sobre la lógica de la lucha no solo contra el “terrorismo de izquierda”, sino que a favor de la democracia liberal, sin renunciar a lo otro. Así, la política de derechos humanos  se convierte en una punta de lanza para la acusación contra la violencia política, al mismo tiempo que contribuyó a “atenuar” el carácter agresor del intervencionismo de EE.UU, pues la GBI necesita ser justificada, así, por ejemplo “en 1982 la promoción de la democracia fue proclamada como el objetivo de la política para esa región, convirtiéndose en la línea articuladora de la estrategia del gobierno estadounidense. Esa política se operacionalizó como apoyo a la guerrilla antisandinista, esto es, como parte de la lucha global por el poder”.[35]  Entonces, donde habría democracia liberal y libre mercado, habría respeto a los derechos humanos. En consecuencia, donde se defendieran los mismos se defendería el libre mercado y la democracia liberal. Se entiende entonces que donde hay democracia liberal y libre mercado no hay violencia política ni luchas por la hegemonía y el control de la sociedad fuera de estos márgenes, en unos términos diferentes a estos o que cuestione estas concepciones. Es la pretendida misión civilizadora del imperialismo bajo el pretexto de los derechos humanos, una política de poder.

Es en este contexto que Chile se convierte en un pionero de las reformas de libre mercado junto con Bolivia y México. No obstante, lo que resulta interesante en relación al clima político y social de Chile, durante los años ochenta, es lo que señala Atilio Boron, respecto de la aplicación de dichas reformas, pues hacerlo “desembocó en el fenomenal crash financiero de 1982, y que recién luego de 1985 la economía chilena retomó un sendero de crecimiento”, y es más, lo hace contra algunas de las recomendaciones del Consenso de Washington, respecto del rol del Estado en la economía nacional.[36] Por otro lado, a su vez, las jornadas de protesta popular entre 1983 y 1986, se desarrollaron en este marco, en condiciones que, por una parte, arreciaba la situación económica de los sectores populares y por otro, existe una fuerte demanda social y política por “derechos humanos”, que también es parte de la política estratégica de Estados Unidos en miras a la democratización de los autoritarismos en América Latina, al compás que desarrolla la GBI en Centroamérica en nombre de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo. En fin, será la lógica de reestructuración del imperialismo.

 

Notas:

[1] Licenciado en Historia con mención en Historia del Tiempo Presente. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Bellamy, J., (2002) “Redescubriendo el imperialismo”, en Marxismo Hoy, p. 446. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/marxis/P4C4Foster.pdf

[3] Ibíd. p. 447. Un ejemplo de esa adopción conceptual es  Zbigniew Brzezinski quien “sostiene –dice J. Bellamy- que la principal tarea de EE.UU. en la preservación de su imperio consiste en “prevenir colusiones y mantener la dependencia entre los vasallos, mantener sumisos y protegidos a los tributarios, y evitar que los bárbaros se junten”.

[4] Ibíd. pp. 451-452. Sin embargo podemos considerar a su vez los sucesos del “11-S” como una consecuencia de los acontecimientos de la Guerra del Golfo pérsico y la constitución del “Nuevo Orden Mundial”. Como señala Pablo Pozzi y Fabio Nigra: “En realidad en esa Guerra estaba en juego mucho más que el prestigio norteamericano y los intereses de las multinacionales petroleras. Fue en ese momento donde se planteó, casi abiertamente, el surgimiento de un nuevo orden mundial, por un lado, y por otro una estrategia para revertir la decadencia norteamericana”. Pozzi, P., y F. Nigra, (2009). La decadencia de Estados Unidos, Argentina, Editorial Maipue, p. 197.

[5] Esto último lo señala a propósito de un artículo de Tom Barry, citado en la página 454, titulado “A Return to Intervensionism”, del año 2002.

[6] Pozzi, P. y Nigra, F., op cit. p. 207.

[7]Lechner, N., (1980) “Los derechos humanos y el nuevo orden mundial”, FLACSO, Chile, p. 79.

[8]Bellamy, J. op cit., p. 460.

[9] Pozzi, P. y F. Nigra, op cit. p. 206.

[10] Ídem., pp. 206-207. El desatacado es nuestro. En este mismo sentido otros autores (aparte de J.B. Foster) han realizado una crítica respecto de la tendencia de EE.UU a autoproclamarse defensores de los derechos humanos  utilizando estos en abierta actitud imperialista “benigna”. No obstante el enfoque varía en cuanto a que indican una contradicción entre aquel imperialismo que proclama la democracia y los derechos humanos y el intento cosmopolita de la ley internacional por fortalecerlos. De manera que en la defensa unilateral y cosmopolita, bajo intereses particulares de los mismos, se encuentra su potencial impedimento para fortalecerlos toda vez que se profundiza el imperialismo. En Bartholomew, A. y J. Breakspear, (2002), “Los derechos humanos como espadas del imperio”, en Socialist Register, disponible en: http://socialistregister.com/index.php/srv/issue/view/1167#.U7Dgxfl5M1Y

[11] “Ya en 1980, en plena campaña electoral, los principales estrategas de Reagan elaboraron el Documento de Santa Fe, que se convertiría en la guía y matriz ideológica de la política de Estados Unidos para hacia la región centroamericana, y en el cual no solo se esboza la doctrina de la “contención del comunismo”, sino que se perfila la concepción de que los conflictos en la subregión se insertan en la confrontación entre el este y el oeste”. En Lozano, L. y R. Benítez, (1986), “De la contención pasiva a la guerra de baja intensidad en Nicaragüa”, p. 5. Disponible en: http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.47/CP47.7.LucreciaLozano.pdf También ver Klare, M. y P. Kornbluth (coord.), (1988), Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80, Grijalbo, México, D.F., pp. 11-30.

[12] Pozzi, P. y C. Pérez (Eds.), (2012), Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990, Lom, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile, p. 11.

[13] Habrían tres períodos claros de desarrollo de las organizaciones político-militares para Pozzi y Pérez; el primero de 1959 a 1969, el segundo de 1970 a 1979 y tercero entre 1980 y 1999. En Pozzi, P. y C. Pérez, op. Cit. pp. 12-13.

[14] Ibíd. p. 15.

[15] Malamud, C., (1995), América Latina, Siglo XX la búsqueda de la democracia, Editorial Síntesis, Madrid, pp. 57-58.

[16] Para Malamud estos procesos de democratización comienzan en 1975, en España, tras la muerte de Franco y para Samuel P. Huntington esta “ola de democratización” comienza con la democratización de Portugal en 1974, aun cuando la naturaleza de los gobiernos que preceden estas democratizaciones sea diferente. Para el primero ver Malamud, op. cit. p. 145 en adelante. Para el segundo ver: Huntington, S., (1994), La Tercera Ola, Paidós.

[17] Lozano, L. y R. Benítez,  op. Cit. Los autores, en este texto, ofrecen igualmente una definición clara de GBI y los elementos que la constituyeron durante su aplicación en Nicaragua, mencionando las acciones encubiertas, acciones militares de poca envergadura, el bloqueo económico y la guerra psicológica, entre otras acciones.

[18] Esta situación es principalmente visible durante el gobierno de Carter quien tras las consecuencias de la guerra de Vietnam “impulsó una doble línea política: a] la defensa de los derechos humanos, y b] la promoción de los procesos de democratización en América Latina para garantizar la estabilidad regional, apoyando las fuerzas políticas moderadas en la construcción de gobiernos civiles”. Lozano, L. y R. Benítez, op. Cit.

[19] Klare, M. y P. Kornbluth, op cit. p., 15. La sigla NSC es el National Security Council.

[20] Portales, C., (1987), “Democracia y derechos humanos en la política exterior del presidente Reagan”, FLACSO, Documento de trabajo N° 343, p., 1. Pese a que hemos señalado como tempranas las iniciativas de Carter, Portales, en el documento referido señala que “el movimiento sobre los derechos humanos ha sido considerado como el heredero del movimiento contra la guerra de Vietman, continuando la crítica a la “realpolitik” que orientaba la acción exterior de la administración Nixon” (p., 4). No obstante, en el caso chileno el surgimiento y desarrollo de los principales movimientos por los derechos humanos no llegaría sino hasta el inicio de la dictadura militar, en 1973 y los años posteriores, coincidiendo más bien con el término de la guerra de Vietnam hacia 1975 y con esta reformulación de los derechos humanos en la política exterior de EE.UU.

[21]Kirkpatrick, J., (1979), “Dictaduras y dualidad de criterios”, p., 200. Disponible en: http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1280_601/rev04_5_kirkpatrick2.pdf

[22] Portales, C.,  op cit. p. 6. En el período previo, particularmente a mediados de 1976, el FMI había decidido otorgar a Chile préstamos que ascendían a 96 millones de la moneda norteamericana y el Senado estadounidense liberaba, para ayuda, otros 1968 millones. Nota a pie de página, en Guillaudat, P. y P. Mouterde, (1998), Los movimientos sociales en Chile 1973-1993, LOM, p. 102. 

[23] En particular sobre este episodio y las repercusiones al interior de la DINA ver: Salazar,M., (2011), Las Letras del horror, Tomo I, LOM. Otra reseña sobre el mismo episodio y las tensiones que generó con EE.UU en Guillaudat, P. y P. Mouterde,  op cit. pp. 102-103.

[24] Portales, C., op cit. pp. 6-9.

[25] Ibíd. p.  48.

[26] Melgar, R. (2004), “La memoria sumergida: martirologio y sacralización de la violencia n las guerrillas latinoamericanas”, en Pozzi, P. y A. Schneider (comp.),  Entre el orden y la revolución. América Latina en el siglo XX, Imago Mundi, Buenos Aires, p. 12.

[27] Ibíd. p. 14.

[28] Ibíd. p. 17.

[29] En este sentido el mismo autor antes referido advierte la posible inexactitud analítica respecto del tema, señalando que “debe preocuparnos cómo el uso polisémico del terrorismo ha echado raíces en nuestra más reciente historiografía sobre las guerrillas en América Latina y en otros continentes. En otras palabras, advertimos a favor de la pertinencia de analizar el terror como táctica guerrillera real a condición de no sobregeneralizar su práctica ni obviar que su referente de sentido más fuerte e históricamente recurrente, emerge del terrorismo estatal y en menor medida de algunas tradiciones de la violencia y crueldad local o regional”. Ibíd. Pág. 12. Sobre una conceptualización en esta misma dirección que ha utilizado de manera genérica el concepto “terrorismo” tomando en cuenta el inter estatal-intervencionista, como también dentro de los límites nacionales ver: Varas, A., (1989), “Jaque a la democracia: Terrorismo y anti-terrorismo en las relaciones sociales e internacionales contemporáneas”, FLACSO, Documento de Trabajo N°427, Chile.

[30] Extracto del documento “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, escrito por Ernesto Guevara para la Revista Tricontinental, abril de 1967.

[31] Portales, C., op cit. p. 12.

[32] Ibíd. p. 16.

[33] Ibíd. p. 18.

[34] Ibíd. p. 37.

[35] Ibíd. pp. 46-47.

[36] Borón, A., op. Cit. p. 24.

 

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Cómo citar este artículo:

MORA ZAVALA, Camilo, (2018) “El documento de Santa Fe y su concepción de los derechos humanos: De los derechos humanos contra el imperialismo al imperialismo de los derechos humanos”, Pacarina del Sur [En línea], año 9, núm. 35, abril-junio, 2018. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 28 de Marzo de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1605&catid=14