Artículo recibido: 12-12-2012; aceptado: 16-12-2012

A partir de una reflexión socio-histórica y crítica se intenta descifrar y describir los efectos políticos y sociales que la Política de Seguridad Democrática tuvo sobre la sociedad colombiana durante el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Sin grandes pretensiones en lo que compete a la larga bibliografía que existe sobre el tema desde distintos ámbitos académicos, el texto busca ser un aporte más que contribuya a una mejor comprensión de la preocupante realidad colombiana la cual se ha visto atravesada por la permanencia de una larga guerra, misma que ha servido como justificación para la instalación de un sistema represivo y de control que llegó a su máximo clímax con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Palabras clave: Colombia, Política de Seguridad Democrática, Álvaro Uribe Vélez, Terrorismo, Represión

 

...salió a la plaza y se metió por la puerta
de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio
y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada,
y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo
sobre las polainas que se acababa de quitar,
y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado
de fluir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo
ni pudieron localizar el arma.
Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver (…)
el cementerio siguió oliendo a pólvora hasta muchos años después,
cuando los ingenieros de la compañía bananera
recubrieron la sepultura con una coraza de hormigón.
Tan pronto como sacaron el cadáver,
Rebeca cerró las puertas de su casa y se enterró en vida”

Gabriel García Márquez

 

Escribir sobre la realidad social y política de Colombia es bastante complejo, más cuando a la historia le han querido imponer vetos a través del uso reiterado del olvido selectivo. A veces pareciera que el hilo conductor de nuestra historia fuera como aquel hilo de sangre interminable que recorría las casas y las calles de Macondo anunciando la muerte y la tristeza.

En lo poco que uno pueda llegar a decir en estas páginas se refleja de una u otra manera la historia de muchos colombianos que por más de 60 años han padecido, sufrido y sobrevivido a uno de los conflictos armados más largos de la historia de América Latina. Pese a ello, Colombia ha sido catalogada como uno de los países de América Latina con la democracia más estable y antigua del continente. No obstante,  la historia es otra; aquellos que creen en el mito fundante de las libertades y autonomías democráticas en Colombia, verán detrás del escenario que existe toda una serie de hechos siniestros que dan cuenta de la represión, la tortura, la desaparición, las masacres y el genocidio los cuales se ejecutan dentro del marco de razones políticas y económicas, lo que ha conducido a que el país padezca una de las  crisis humanitarias más graves que se hayan conocido hasta el momento.

Con el surgimiento de los Estado Modernos, asistimos a la consolidación de un aparato que dispuso como eje articulador de sí la concentración de la violencia bajo el justificativo de “salvaguardar” a la comunidad nacional y las condiciones del orden social. Valores tales como soberanía, libertad y el derecho del Estado a la autoridad se lograron imponer con la instalación de un aparato de control y de orden.

En ese sentido, Estados como el colombiano asentaron su poder en el ejercicio de la guerra precisamente como medio de control y orden, lo cual  pudo ser posible a partir de la instauración y ejecución de políticas represivas, una de ellas, la Política de Seguridad Democrática (PSD), propuesta de campaña presidencial y de gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Pintura de Fernando Botero de la serie de crítica humanista Abu Ghraib. Fuente: http://www.heraldotoluca.com.mx

Lo que aquí se quiere mostrar es el trasfondo represivo y de control del proyecto de la Política de Seguridad Democrática la cual contiene toda una serie de mecanismos y prácticas de terror y “guerra sucia” contra sectores sociales y políticos, que al ser diseñada como una política integral y sistemática de guerra, instala no solo el genocidio político -entendiendo dentro del marco del genocidio a un grupo nacional-, sino también el epistemicidio -expresado en restricciones y censura hacia una postura y conocimiento crítico- y el ecocidio -con la destrucción sistemática de reservas naturales y el desarraigo y despojo de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de territorios biodiversos para favorecer así a la instalación de Mega-Proyectos y economías transnacionales como el caso de la Minería a cielo abierto, los cultivos de palma africana y el petróleo-, todas las anteriores como fórmulas represivas que constituyen y consolidan un otro poder.

De igual manera, considero que se hace urgente poder reflexionar en torno a la PSD y poner en discusión los mecanismos represivos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que de una u otra manera fueron instalando el genocidio encubierto bajo el discurso de la “seguridad de la patria”, lo que quiere decir que además de ser una decisión política, fue una decisión intelectual, económica y administrativa.

En ese sentido,  uno puede hallar al menos tres puntos importantes que dan cuenta de los alcances e intenciones de la Política de Seguridad Democrática: 1. Autoritario, que busca no solo la eliminación de las guerrillas sino que de igual manera la eliminación y persecución sistemática de la oposición política e intelectual. Así mismo, pretende infundir el terror en poblaciones y fortalecer el proyecto de militarización de la sociedad civil; 2. Privado, con el único fin de fortalecer el aparato militar en pro de intereses de inversión económico-financiero mayoritariamente extranjera y la protección de los grupos económicos nacionales; 3. Servidumbre, entendida como una caracterización del gobierno colombiano en su intención de transnacionalizar la guerra bajo el argumento del acecho del terrorismo (guerrillas) más allá de las fronteras del país, lo que en realidad apuntaría a la legitimación de la intervención de la fuerza militar colombiana en otros países bajo el aval, intervención y tutoría de su más fiel aliado, el gobierno de los Estados Unidos.

 

 Los predecesores de la Política de Seguridad Democrática

“...en este país el gobierno tiene para los colombianos
la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”

Jorge Eliécer Gaitán

 

A mediados del siglo XX se incorporaron y diseñaron en Colombia distintos modelos represivos, ligados a grandes operaciones militares. Los escenarios de represión fueron mutando con el tiempo,      pasando de una represión centralizada e institucional a partir de la década de 1960 hasta la década de 1980, a una época siniestra e infame en la década de 1980 y 1990 donde el protagonismo lo tuvo la represión paraestatal. Esto significó la articulación del  Ejército Nacional (el poder legítimo de la fuerza) con los Para-ejércitos (aparato militar antisubversivo creado y diseñado para la protección de la propiedad privada de terratenientes, narcotraficantes, esmeralderos, empresarios y en la actualidad,  las transnacionales) (Cepeda y Girón 2006).

En esta línea de ideas habría que mencionar los planes y operaciones militares que de una u otra forma dieron sustento a la Política de Seguridad Democrática. En ese sentido, es conocida la estrecha relación entre los diferentes gobiernos colombianos con el gobierno de Estados Unidos, lo que ha permitido que muchas de las políticas militares y de seguridad impartidas por los Estados Unidos hayan sido acogidas, calcadas y reformuladas por el gobierno colombiano para ser aplicadas a nuestra realidad histórica. 

Por ejemplo,  para “el año de 1962 el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue creando un marco ideológico y táctico de actuación contrainsurgente en el que la población civil (debía) ser involucrada, incluso, en grupos armados” (Rueda, 2006: 55).  Colombia siempre fiel, adhiere a éste y a muchos otros más planes que vinieron con el tiempo. Entre esos:  el  Plan Laso (Latin American Security Operation) a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, asignándose 5 destacamentos de las Fuerzas Especiales para dirigir y orientar a las brigadas colombianas contra-guerrilla (Ballén, 2005). El Ejército colombiano lo denominaría Plan Lazo materializado en una operación militar  llamada “Marquetalia” cuya única finalidad sería la “pacificación” del país y el exterminio de las Repúblicas Liberales, aquellos grupos de familias campesinas azotadas y perseguidas por la violencia partidista desde la década de 1930, y cuyo detonante lo generaría el asesinato del líder y candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán en el año de 1948, acentuándose así la pugna entre liberales y conservadores, en un período de tiempo llamado por los historiadores como La Violencia.

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Esta sería la primera operación ofensiva, según el discurso oficial contra el separatismo y los incipientes grupos comunistas que se estaban gestando en estas Repúblicas. Con el tiempo vendría: el Plan Andes y Plan Decenal Anticomunista (1968); la Operación Anorí (1973), campaña militar por tierra, agua y aire disponiendo de 33.000 efectivos contra 100 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada “la operación de mayor envergadura en la historia de Colombia, porque supera en concentración de hombres armados al Plan Lazo (Marquetalia, 1964, 18.000 efectivos), la batalla de Palonegro (Guerra de los Mil Días, 1900,  25.000 hombres) y la Revolución de los Comuneros (Zipáquira, 1781, 26.000 hombres)” (Herrera y López, 2012: 105).

Así mismo la aplicaciónde La Doctrina de Seguridad Nacional (1970), un plan diseñado para la dominación militar transcontinental por parte de los Estados Unidos, lo cual se tradujo en muchos casos en la instalación de dictaduras en América Latina. Esto pudo ser posible a partir de la creación y consolidación de un “enemigo interno” cuyo foco fueron los comunistas, sindicalista, guerrilleros y movimientos de izquierda. Es en este contexto donde se hacen efectivos muchos de los métodos represivos aprendidos por los militares colombianos en la Escuela de las Américas, Centro de entrenamiento para Latinoamérica. Se aplicó El Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974), la Estrategia Nacional contra la violencia (1991) y los planes diseñados por Estados Unidos, como el Plan Colombia (1998) y Plan Patriota (2002) éste último bajo la dirección de la “Seguridad Democrática”.

Dentro del marco de lo legal, en Colombia se han realizado varios intentos con miras de legislar y normativizar el sistema represivo incluso mucho antes de que nacieran las actuales organizaciones insurgentes (entre los años de 1964 y 1965) pues ya se habían tomado medidas para legitimar la estrategia contra-insurgente paramilitar por parte del Estado con la visita en el año de 1962 del General Yarborough del Ejército de Estados Unidos quien trazó la siguiente directriz:

“Seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión (…) con miras a desarrollar a una estructura cívico-militar (…) (que) se usará para presionar cambios sabidos, necesarios para poner en marcha funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo” (Giraldo, 2001: 42-43).

En este sentido, se tiene conocimiento de al menos cuatro momentos de legalización de la estrategia contrainsurgente y paramilitar:

1. Acto legislativo No. 6 de  1954: Fue una ley diseñada para la persecución de organizaciones y de opositores señalando sus  acciones de oposición en democracia como “comunistas” legitimando así la ilegalización de sus luchas. Declaraba como“prohibida la actividad política del comunismo internacional” (Giraldo, 2001: 27)
2. Decreto 3398 de 1965 [Ley 48/68]: Se expidió bajo Estado de Sitio concediendo al Ministerio de Defensa la posibilidad de armar civiles. Esto se da como resultado del diseño de una estrategia paramilitar del Estado en conjunto y asesoría con el gobierno de Estados Unidos a través de la misión militar de 1962 de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg (Giraldo, 2001). De aquí surgieron varios manuales de contrainsurgencia  y como mencionan Cepeda y Girón (2006) los resultados no se hicieron esperar ya que para la década de 1970 se dieron los primeros casos de desapariciones forzadas, arresto, torturas, encarcelamientos arbitrarios y tribunales militares para civiles.
3. Decreto 3368 de 1968: Este decreto establecía y permitía “armar e instruir civiles en acciones contra-insurgentes. Este marco legal permitió la operación de estas estructuras armadas hasta el año 1989” (Rueda, 2006: 56).
4. Decreto 356 del 11 de febrero de 1994: Bajo el mandato y aval de Álvaro Uribe Vélez como Gobernador del Departamento de Antioquia se estableció la legitimación de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Rural, CONVIVIR.

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Habría que decir que el decreto que constituyó a las CONVIVIR según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haya en su página electrónica:

 “... estableció las normas y regulaciones por las que los diferentes "servicios de vigilancia y seguridad privada" se regirían a partir de la fecha. Estas normas establecieron los "servicios especiales de vigilancia y seguridad privada" que consistirían en grupos de civiles a los que se les permitiría portar armas y que trabajarían con las Fuerzas Militares colombianas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue autorizada para regular y supervisar los varios servicios de seguridad que estableció el Decreto 356”. (CIDH, Capítulo IV, párrafo 317, 1999)

 

El eufemismo de la Seguridad y la Democracia

Cuando Álvaro Uribe Vélez irrumpe en el escenario de la contienda presidencial, lo hace sobre el   fracaso de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y uno de los actores del conflicto, la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército de Pueblo (FARC-EP). El año 2002 iniciaría con la noticia de la ruptura de los diálogos de paz, y en el trascurso de ese mismo año asistiríamos a un cambio abrupto del discurso con respecto al cómo darle resolución  al largo conflicto.

Nuestro país que siempre había sido fiel a las directrices de Estados Unidos, no podía excluirse del nuevo discurso de guerra impuesto por el gobierno estadounidense, que desde los ataques del 11 de Septiembre de 2001 darían a conocer al mundo el nuevo enemigo: El Terrorismo. Colombia, que había incorporado a todos los enemigos posibles bajo la rotulación y ojo estricto de los Estados Unidos, con el único fin de justificar y legitimar la larga represión, haría suyo el discurso y lucha   contra este nuevo “demonio” y flagelo.

Así, rotos los diálogos con la guerrilla de las FARC-EP,  la  nueva propuesta para la “pacificación” del país estaría encaminada hacia el fomento y legitimación de la guerra como único medio posible para derrotar a este “enemigo interno” que de guerrilleros y comunistas pasaron a llamarse  simplemente como Terroristas.

Sobre este nuevo escenario Álvaro Uribe Vélez constituiría su proyecto militar a partir de varias tesis, muchas de las cuales, apuntaban a la deconstrucción de la historia del país, como reformulación necesaria del pasado instalando así un “nuevo presente” que pudiesedespojar al Estado Autoritario de su historia de barbarie. Una de las tesis más importantes de Uribe Vélez aplicada a la PSD fue aquella en donde negó la existencia del conflicto armado interno -como resultado de la adopción del  discurso Anti-Terrorista- destacando que lo que realmente existiría en la historia del país es el paulatino debilitamiento de un Estado legítimamente constituido ante los embates de las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares (Cepeda y Girón, 2006). Esta tesis -eje central de la Política de Seguridad Democrática- valida la idea de que lo que en realidad existe es un “desafío terrorista” hacia las instituciones democráticas.

Las fotos de las cárceles de Abu Ghraib retrataron de cuerpo entero y al desnudo a Bush, a Rumsfeld, a Colin Powell, a Cheney como unos carniceros sin piedad, aunque ellos andan sin ropa como aquel rey. Junto a esas fotos circularon también las tomadas en Guantánamo, donde los prisioneros no son torturados, donde los prisioneros son combatientes enemigos, como si el título a la condición de prisionero cambiara la bestialidad con que son tratados. Fuente: http://volare1943-miscosas.blogspot.com/2008/03/botero-abu-graib.html

Como consecuencia de este planteamiento:

“El Gobierno no reconoce las normas del derecho internacional humanitario ni la aplicación de su principio fundamental, la distinción entre los combatientes y los no combatientes. Ello a pesar de que Colombia ha suscrito y ratificado los instrumentos internacionales respectivos (las convenciones de Ginebra y sus dos protocolos adicionales)” (Cepeda y Girón, 2006: 148).

La implementación del discurso del Terrorismo le permitió entonces al Estado colombiano posicionarse como una víctima más del conflicto, y no como una de las partes responsables de la existencia del mismo. Esto daría un justificativo a la PSD en la búsqueda del fortalecimiento del Estado y de las instituciones debilitadas en el marco de lo militar.

El documento de la PSD es oficialmente presentado el 16 de Junio de 2003, en a ciudad de Bogotá. La Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, señalaría que desde cuando el presidente Uribe le encomendó desarrollar las bases de la seguridad democrática bajo un marco conceptual y con políticas de gobierno, reunió  a “un equipo del Ministerio de Defensa, el comando General de las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para estudiar y  estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país en esta materia” (Ballén, 2005: 195). El mencionado equipo que ayudó a diseñar la PSD fueron todos aquellos militares veteranos egresados de la Escuela de las Américas, “Escuela de la muerte” que desde el año 2001 pasó a llamarse Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en la Seguridad.

 

Desentrañando la Política de Seguridad Democrática: Entre lo oficial y lo No oficial.

La PSD como se ha venido mencionando es una contundente estrategia militar de guerra a la cual se le ha denominado eufemísticamente como “Seguridad Democrática”. Para Álvaro Uribe Vélez sin embargo, la PSD es una necesaria Política de Estado de largo aliento, la cual debe estar en coordinación con todas las entidades del gobierno, las demás ramas del poder y con la participación activa de la población civil. En la carta oficial que inaugura la PSD se hacen importantes afirmaciones que vale la pena rescatar y mencionar en tanto que con los diferentes hechos  de violación sistemática de los Derechos Humanos acaecidos durante su gobierno se han encargado de desmentir de manera factible sus benéficos postulados. Desde lo oficial la PSD estableció (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003):

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–    Recuperar el orden y la seguridad -requisito para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos-. “La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos”. (5).

–    La PSD “se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional” en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del Gobierno”. (5).

–    “Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica”. (5).

–    “Para derrotar el terrorismo no hay soberanía de naciones, sino soberanía democrática. La lucha es de la soberanía de los Estados y de las naciones democráticas contra la soberanía del terrorismo. La lucha es de todos contra el terrorismo”. (6).

–    “Eficacia con resultados, y transparencia, que se mide en la observancia de los derechos humanos. Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública respetuosa como ninguna en el continente”. (6).

–    “La seguridad no alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública. Este va a ser un esfuerzo de todo el Estado, de todos los colombianos. Una estructura estatal fuerte, apoyada en la solidaridad ciudadana, garantiza el imperio de la ley y el respeto de los derechos y libertades”. (7).

–    “El imperio de la ley es también garantía de desarrollo y prosperidad económica”. (7).

–    “Apoyo de los ciudadanos, para que paguen sus impuestos con convicción, para que los soldados y los policías estén acompañados permanentemente por el ánimo popular. No descansaremos hasta hacer de la Seguridad Democrática una realidad para todos los colombianos”. (7).

Los primeros tres puntos los cuales están aunados al tema que tiene que ver con los Derechos Humanos, y que establece que la única manera para lograr el respeto de los mismos era bajo el fortalecimiento de la “Autoridad Democrática”  y de una Democracia “Fuerte” garantizada,  en  realidad contrasta con una serie de medidas represivas que se hicieron efectivas en todas las manifestaciones y expresiones de disidencia no armada contra el gobierno, pero que por el simple hecho  de disentir, era  motivo suficiente para ser señalados y estigmatizados como guerrilleros, terroristas o colaboradores y simpatizantes de los mismos, es decir, como parte constitutiva del “enemigo interno”.

En el pleno desarrollo de la PSD se dieron extralimitaciones de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Militares. Retornando así los asesinatos selectivos, las amenazas y la estigmatización a la oposición -se señalaron y persiguieron a congresistas  como fue el caso de Gustavo Petro quien denunció los nexos entre el Gobierno y el Paramilitarismo, se censuraron a académicos, intelectuales, periodistas, se reprimió a estudiantes, líderes sindicales, barriales, indígenas, trabajadores, desplazados, campesinos, etc-, se dieron de manera masiva las ejecuciones extrajudiciales -piénsese en el escandaloso caso de los “Falsos Positivos” que consistió en la eliminación sistemática de civiles en manos del Ejército o a través de particulares y para-ejércitos que luego eran entregados a las Fuerzas Militares para ser ejecutados con el único fin de ser  mostrados ante los medios de comunicación a la sociedad como exitosas bajas en combate contra el enemigo (entiéndase guerrilleros y/o terroristas) y cuyo caso más escalofriante fue el los jóvenes de la zona de Soacha quienes bajo engaño fueron trasladaros a otras zonas del país en la promesa de un trabajo, encontrando la muerte en manos de un Ejército que necesitaba mostrar resultados y dar partes de guerra-; se realizaron judicializaciones a personas y/o organizaciones consideradas simpatizantes de la guerrilla o proclives a la izquierda, o sencillamente personas sin ningún tipo de nexo militante o político pero que al igual que el caso de los falsos positivos, se hicieron “barridas” de civiles bajo falsas judicializaciones (imputando cargos de asonada, terrorismo, homicidio, narcotráfico, entre otros) con el fin de mostrar una PSD exitosa y siempre activa.

En el marco del fortalecimiento de la “Autoridad Democrática” el Estado hizo uso de dos mecanismos, uno legal, adoptando legislaciones ya fuera a través del Estado de Sitio, el Estado de excepción o de estatutos de seguridad, o en el fallido intento por instaurar de nuevo el Servicio Militar Obligatorio; por otro lado, habría un mecanismo ilegal, concentrado en la estrategia de la guerra sucia, entendida ésta  como la conformación de grupos paramilitares con la actuación ilegal de miembros del Ejército Nacional mediante operaciones encubiertas de “brigadas de inteligencia”, así como el desarrollo de una política de contra-inteligencia -el caso más sonado fueron las llamadas escuchas telefónicas que realizó el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a congresistas, políticos, periodistas, académicos opositores al gobierno, y por otro lado, la entrega de listados de personas de esta dependencia a grupos paramilitares y al Ejército Nacional para su desaparición y muerte-,  acciones de “guerra psicológica”, tortura, etc.

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En lo que respecta a lo territorial, la PSD reiteró la necesidad  de tener control estatal absoluto sobre la totalidad del territorio nacional, ya que “sin control territorial por parte del Estado no (era) posible garantizar el buen funcionamiento de la justicia” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 15). La manera como esto se llevaría a cabo sería a partir de la “presencia de la Fuerza Pública en todas las cabeceras municipales, con el apoyo de brigadas móviles y demás unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Unidades compuestas por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional (quienes) asegurarán el mantenimiento del control territorial” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 16).

La recuperación y ocupación del territorio a través de las Fuerzas Militares se daría en varias etapas: un primer Ciclo de recuperación y consolidación; Recuperación del control estatal del territorio; Mantenimiento del control estatal del territorio; Consolidación del control estatal del territorio; y la constitución de Zonas de rehabilitación y consolidación -siendo los casos más relevantes los territorios de Arauca y Bolívar a los cuales se les impuso el estado de conmoción para reforzar la presencia del Estado, lo cual estuvo basado en que dichas zonas han sido históricamente de  influencia guerrillera e impiden así la inversión, sin embargo, son zonas también con fuertes procesos sindicales y de resistencia-, y  por último, un Plan de seguridad integral de fronteras.

Este punto es muy importante porque la PSD se diseñó también en gran medida como un proyecto político-militar en pro de intereses económico-financieros. De la experiencia del paramilitarismo si algo es clave entender es que estos aparatos de represión y terror privados se gestaron, reprodujeron y consolidaron con el único fin de usurpar y acaparar tierras fértiles y productivas de campesinos, indígenas, afro descendientes etc,  no solo para cultivar y comercializar la droga, sino que de igual manera para defender los intereses de las empresarios nacionales y de las transnacionales -véase  los casos de las multinacionales que apoyaron económicamente a los grupos paramilitares tales como la Chiquita Brands Inc., Coca-Cola Company, la British Petroleum, Repsol, la Drummond Company Inc., entre otras-.

En esto la PSD fue clara con la importancia de la inversión extranjera que Uribe Vélez denominó “Confianza Inversionista”. Para ello, era necesario la eliminación sistemática no solo de las guerrillas sino que de igual forma personas, comunidades u organizaciones que pudiesen llegar a obstaculizar estas inversiones. Las Fuerzas Militares entonces pasaron a convertirse en aparatos de seguridad privada para estas empresas transnacionales, actuando como ejércitos protectores de la infraestructura económica global (actualmente puede citarse el ejemplo de la transnacional petrolera Pacific Rubiales Corporation, la cual se ha apoderado de importantes zonas al oriente colombiano y donde el Ejército colombiano es el encargado de proteger los territorios de la misma. Pese a la finalización de gobernabilidad de Álvaro Uribe Vélez, su PSD se ha mantenido en el actual gobierno de Juan Manuel Santos, quien fuera su Ministro de Defensa. Véase: http://www.youtube.com/watch?v=vP-L7wdU_nA). Es decir, que se integró el paramilitarismo al sistema represivo del Estado como modelo de dominación social.

Cepeda y Girón (2006) describirían la dinámica paramilitar de una forma que hoy se acerca a cómo se están comportando las Fuerzas Militares de Colombia:

“De un planteamiento de autodefensa y seguridad de la propiedad de la tierra, los grupos paramilitares pasaron a la lucha por el control territorial, que significa el dominio total de una región, ciudad, o zona de la ciudad. El copamiento paramilitar -que se sigue desarrollando hasta el presente- implica el manejo de la economía local, la infiltración en el aparato estatal, la intervención coercitiva en el funcionamiento de las instituciones sociales y la supervisión de los habitantes. Hasta las normas de la comunidad, la educación y la familia pueden entrar en la esfera del control social”. (155).

En cuanto a lo que tiene que ver con la Política de defensa nacional, se debe decir que si bien la misma y cómo su nombre lo dice busca defenderse del “enemigo interno” o sea los “terroristas”, estos al estar inmersos dentro de un discurso hegemónico mundial se convierten en un enemigo transnacional.

En este sentido, la PSD estipuló que a través: “del Ministerio de Defensa, Educación, Interior, Relaciones Exteriores y Protección Social (...) en conjunto con la Fuerza Pública, el DAS y el DANE (...) censar a la población (…) el Gobierno (buscaba) una cooperación más estrecha con los países vecinos,  para evitar el abuso de los territorios fronterizos por parte de las organizaciones terroristas y de narcotráfico” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 44).

La Defensa de lo Nacional en esos términos se convertiría luego en el primer paso para el cruce de fronteras hacia países aledaños como Venezuela y Ecuador concretamente. La PSD es en ese sentido una política transfronteriza que se ampara en la persecución del Terrorismo.

“Colombia seguirá siendo fiel a su tradición de país respetuoso del derecho internacional, pero mantendrá una capacidad disuasiva, con la proyección necesaria para asegurar el respeto a su soberanía nacional e integridad territorial, dentro de una postura estratégica defensiva. Sin embargo, la naturaleza de las amenazas que aquejan a la Nación, en particular el terrorismo y el negocio de las drogas ilícitas, ha llevado a que en el caso colombiano, al igual que en el de muchos otros países que hoy enfrentan este tipo de amenazas, se desdibujen los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 20)

   Pues bien, como si hubiese sido  una “premonición” en los países vecinos como Ecuador se hizo uso de las fumigaciones de glifosato sobre  los campos de campesinos ecuatorianos, así como el conocido bombardeo que efectuó el Ejército de Colombia sobre la zona  Sucumbíos, con el fin de “eliminar” a uno de los comandantes de las FARC, Raúl Reyes. En el caso Venezolano, se expresó con la “exportación” de paramilitares colombianos en un intento por adiestrar a grupos opositores al Presidente Chávez y propinar así un Golpe de Estado.

Ejército colombiano. Fuente: www.an54.com.ar

Esto sería tomado como “circunstancial” sino fuera porque militarmente Colombia depende del Comando Sur de los Estados Unidos y que en uno de los puntos de la PSD, el gobierno contempló algo denominado “Multilateralidad y corresponsabilidad”, lo cual abonaría el terreno para la instalación de bases norteamericanas en territorio colombiano, y que de hecho, actualmente Colombia tiene en su territorio 7 bases militares entre bases de apoyo, logísticas, navales y militares.

Este punto en concreto plantea la urgencia de la cooperación internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Uribe Vélez, constituiría “el problema de las drogas ilícitas, al igual que el terrorismo, (en) un problema transnacional: (por ende) su solución no se (podría) limitar a un solo país” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 46).

De igual manera, la justificación para el intervencionismo en otros países, y a la vez, para el ingreso de bases militares e instructores norteamericanos al país, estaría fundado en la “necesidad de promover coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional para reforzar la respuesta internacional a este reto y amenazas graves a la seguridad internacional” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 21).

Por otro lado, uno de los puntos más álgidos de la PSD, consistió en la  vinculación y participación de la sociedad civil de manera activa encubriéndola bajo las prácticas y los valores de la cooperación y la solidaridad, y a través del lema  “cooperar para la seguridad de todos”. Por ejemplo, en el texto de la PSD  se plantea que:

“…La seguridad es también producto del esfuerzo colectivo de la ciudadanía: es responsabilidad de todos. La participación activa de los ciudadanos, su colaboración con la administración de justicia y su apoyo a las autoridades, son parte esencial del fortalecimiento de la justicia, de la democracia y, en consecuencia, del fortalecimiento del Estado de Derecho (porque) la cooperación ciudadana reposa en el principio de solidaridad sobre el que se funda el Estado Social de Derecho… La solidaridad también implica contribuir con recursos económicos a la seguridad de todos: no es posible responder a las necesidades de seguridad de la población sin el cumplido pago de impuestos. El debido comportamiento tributario es parte integral del principio de solidaridad. El Gobierno trabajará solidariamente no sólo con la ciudadanía en general, sino también con todos los sectores de la sociedad civil: con el sector académico, con el sector privado, con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de derechos humanos nacionales y extranjeras, con las asociaciones cívicas locales y con la Iglesia” (Presidencia de la República- Min. Defensa Nacional, 2003: 17).

Al incluir a la ciudadanía en el proyecto de seguridad, se disuelve la frontera entre la autoridad pública y la sociedad. Es el punto donde se quiebra el límite entre las responsabilidades estatales de las privadas y de la población civil. Entonces se constituyen  vínculos o redes entre la población y los aparatos represivos del Estado fomentados a través de: La seguridad de la solidaridad, Redes de cooperantes, Programa de recompensas y Cooperación internacional.

Este Otro poder, el Estado Autoritario le dice a sus ciudadanos que su participación activa es fundamental para las tareas anti-terroristas. Vincula a los ciudadanos en la guerra sin que a estos les genere culpa en tanto se encubre el Estado Autoritario bajo el manto de lo Comunitario. Esto también es posible porque lo espiritual, civil y moral es reconfigurado. Lo que antes era considerado amoral es ahora moral y permitido. En el caso concreto de la delación no solo ésta acción se ve recompensada en términos económicos sino que de igual manera se dan compensaciones de tipo emocional al recurrir a sentimientos de orgullo nacional, o apelar a discursos de amor a la patria logrando así tres cosas: una producción social de la indiferencia, la supresión de lo moral y la colectivización de lo amoral normalizado.

Entonces, se genera un ambiente en donde los otros son sospechosos, se instala la dicotomía de ellos y nosotros, ellos los terroristas o los que simpatizan con los mismos, y nosotros, “los buenos”, los hijos de la patria que adherimos a la benevolencia protectora del Estado, nosotros los que no nos parecemos a esos otros, porque  por amor a la patria adherimos y nos identificamos con las políticas y “verdades” del Estado con su embrujo autoritario.

La delación voluntaria, como práctica social gestada, ofrecida y legitimada por la PSD funciona como un perfecto mecanismo de control que de a poco va transformando los modos de relacionarse, en tanto rompen las tradicionales formas de relación social haciendo que impere la que el Estado determine.  “Es esta lógica de deconstrucción de la confianza en el otro a través de la delación la que genera una relación unidireccional con el poder” (Feierstein 2005:133).

El triunfo de la PSD en este punto radica en que el delator se convierte en un cooptado del sistema, el delator se une a ellos no solo por convicción ideológica o por interés egoísta de supervivencia, sino porque en él también está el miedo interiorizado, lo que Paulo Freire llamó la introyección del opresor.

La solidaridad y cooperación se encuentra dentro del marco de lo que los sujetos puedan hacer en favor del Estado. Y entonces, el otro, el par ciudadano que representa el ellos se convierte en el  enemigo del Estado, un Estado que se ha convertido en mi aliado, por ende, el ellos se convierte en mi enemigo.

“El mecanismo de la delación logra esta inversión en las relaciones sociales a través de la naturalización del poder y la cosificación del par como enemigo, lo que lleva la lógica de la competencia mercantil al plano de las relaciones morales, en donde cada individuo compite por una aprobación más clara de su conducta por parte del poder” (Feierstein 2005: 133).

 

Consideraciones finales

“En el campo ya no hay violencia.
Por lo menos en las tierras
de los que creyeron en la Seguridad Democrática.
Claro que tampoco hay campesinos.
Fueron desplazados a punta de bala y de motosierra.
Cuatro millones de campesinos,
sobrevivientes de masacres o de procesos judiciales,
abandonaron sus tierras y salieron despavoridos
hacia los cinturones de miseria de las grandes ciudades.
A vender cachivaches en los semáforos.
A aprender, después de viejos, nuevos oficios.
Muchos se hicieron albañiles.
Otros pordioseros.
Pero también muchos de ellos y ellas
se vincularon a las movilizaciones y protestas.
Hicieron tomas de iglesias, de instalaciones públicas y hasta de consulados.
Camino contrario al que tomaron los campesinos desplazados iban los terratenientes
amigos de los paramilitares y del Ejercito.
Y de Uribe.
Entre todos ellos se quedaron con los seis millones de hectáreas de tierra
arrebatados a los campesinos desplazados.
O migrantes como diría el primo de Pablo Escobar,
hoy ideólogo de cabecera de Álvaro Uribe.
Dicen que disminuyó la violencia en el campo
pero en las ciudades aumentó el sicariato
y el crimen”.

Juan Cendales

 

Lo que ocurre hoy en Colombia en términos de lo social y lo político es la degradación y la  perversión de la idea que uno pueda llegar a tener de la democracia. Lo que existe en cambio es la consolidación de una dictadura con apariencia de democracia, algo que Eduardo Galeano llamó ‘Democradura’ . En Teoría Política, lo que ocurre en Colombia, bajo “formas arbitrarias del ejercicio de poder y de la fuerza se han encuadrado en un orden institucional formalmente democrático (…) denominado “democracia de baja intensidad” (Cepeda y Girón, 2006: 149)

Ejército colombiano. Fuente: www.observatorio.de.medios.utpba.eclicsys.com

Mientras que para sociólogos e historiadores que han investigado el tema de la violencia la definieron como “democracias asesinas” a aquellas que combinan “la institucionalidad aparentemente democrática y el autoritarismo (que hace) posible gracias a la articulación de un sistema de terrorismo de Estado” (Cepeda y Girón, 2006: 149) oscilando entre la fuerza legítima del Estado (Ejército) y la fuerza clandestina e ilegítima del paramilitarismo.

Sea cual sea, cualquiera de estas definiciones con respecto a Colombia, queda claro que la PSV al haberle dado tanta prioridad a la guerra por encima de las obligaciones estatales para con la población no solo puso en jaque a la democracia, sino que propició una muerte lenta y encubierta del Estado Social de Derecho. El reformismo de nuestra Carta Magna fue descarada e impune. La apuesta por concentrar el poder pervirtió las funciones del Estado y excedió los límites entre el poder ejecutivo, el poder Judicial y el poder Legislativo. El poder no se consigue para gobernar una  sociedad, sino para controlarla, y la política se convierte en algo privado al servicio de intereses mayoritariamente económicos, moviéndose entre los intereses de los grupos económicos nacionales y  las transnacionales.

El fenómeno de Álvaro Uribe Vélez fue sin duda algo sin precedentes, logró instalar la idea de una paz necrofílica,  convenciendo a la sociedad civil que éste era el único camino para liberar al país  del terrorismo. Refundó la patria, en una nueva, donde imperó el miedo,  el miedo a organizarse, a pensar, a luchar, logrando en algunos casos la desarticulación de la lucha y muchos siendo conducidos a los brazos del “Gran Hermano” que es el Estado. La PSD les hizo creer a la gente que las únicas resoluciones posibles ante los conflictos solo eran posibles con “Mano Dura”  (su lema de campaña presidencial fue “Mano Dura y Corazón Grande”).

Como definiría alguna vez en clase impartida el profesor Feierstein en la ciudad de Buenos Aires,  y parafraseándolo,  el Estado se comportó como un Estado “Jardinero”,  es decir,  tomó a la sociedad y la dirigió como un objeto por diseñar y cultivar y del cual hay que ir arrancando las malas hierbas, arrancarlas de raíz.

Se tecnificó la guerra, para hacer de la muerte algo “menos crudo”, perdiéndose la capacidad de asombro y así reducirnos la culpa, si es que acaso la hubiere.  Se tecnificó la guerra para hacer invisibles  a las víctimas, se les despojó de nombre e historia, y fueron reducidas a un número más como parte de las gruesas cifras exitosas  acumuladas como evidencia empírica del “éxito” del  bando de los buenos, del “buen” Estado ganando la batalla contra ese bloque amorfo y sin sujetos llamado Terrorismo. Asistimos entonces a la normalización de la muerte, esa que nos fue entregada en pequeñas dosis cotidianas, unas veces de manera directa y palpable siendo testigos de las embestidas represivas de policías y militares en pueblos, ciudades, barrios, universidades y calles, que se pasean con sus uniformes camuflados, armas y tanques recordándonos incesantemente que la amenaza sigue ahí, haciéndose indescifrable la paradoja entre sentir falsas seguridades en medio de militares y batallones.

Otras veces, las entregas fueron indirectas, intocables, nos la dieron en dosis diarias a  través de los televisores y la radio. En dosis tramposas desde los recintos universitarios y académicos donde el pasado siniestro se reconvierte en heroicidad y donde hay ciertas historias que no se nombran, que se pierden por ahí en el selectivo olvido de las directrices del Estado y sus adeptos.

Instalaron la idea de que ya no es el poder absoluto que mata, sino un poder que viene a garantizar la vida,pero ¿la vida de quiénes?, o ¿para quiénes? El Estado, quien fuera el encargado de garantizar la vida, invierte la fórmula. Ahora el Estado administra la muerte, en la básica elección del “hacer vivir o dejar morir” en donde reinstalará la legitimación del asesinato estatal”  (Feierstein, 2005: 119) y donde la desaparición es un agregado técnico más del poder.

Es así como el éxito de la “normalización”  y lo amoral “van a permitir insertar la muerte dentro de una tecnología que prolonga y asegura la vida. El asesinato, el genocidio, el exterminio comienzan a explicarse como necesidad para la preservación de la vida del conjunto (…) La vida pierde su carácter sagrado al servir de sacrificio para la “vida colectiva” de la mano de un modelo moderno, (…) de legitimación” (Feierstein, 2005:118).

Según Kelman (citado por Bauman, 1997) la supresión de la moral para normalizar la barbarie puede decirse que se llevó a cabo a partir del cumplimiento de tres condiciones básicas:

–   La violencia está autorizada (por unas órdenes oficiales emitidas por los departamentos legalmente competentes)

–   Las acciones están dentro de una rutina (creada por las normas del gobierno y por la exacta delimitación de las funciones)

–   Las víctimas de la violencia están deshumanizadas (como consecuencia de las definiciones ideológicas y del adoctrinamiento). (Bauman, 27)

Así mismo, se “normaliza” el señalamiento y la estigmatización, constituyéndose nuevas formas de relación social. Se rompen las dinámicas de asociación, de acción colectiva, porque pulula el miedo y la desconfianza. Las rotulaciones de “guerrillero”, “terrorista”, “comunista”, etc, cumplen las funciones necesarias de distinción de ese otro, el cual es considerado un elemento nocivo para el buen vivir de la sociedad. Detectados y señalados propician y legitiman su exterminio haciéndolos “desaparecer” no solo de manera material sino también de manera simbólica.

La intencionalidad del Estado que se asienta en los preceptos “mágicos” de la PSD, no es otra que la sustracción individual y colectiva de la memoria. En el caso de las víctimas, son sustraídas en su gran mayoría de su accionar político, negando así “simbólicamente la práctica que dio origen a la desaparición. Esta negación opera, sin embargo, en un doble sentido, impidiendo la reapropiación de la práctica, pero manteniendo, a la vez, un reaseguro en el terror” (Feierstein, 2005: 129).

Sin duda, la PSD, logró transformar las relaciones sociales y reestructuró el Estado de tal manera que se pudiera legitimar el exterminio del otro, es decir, de ese “enemigo interno” dentro del territorio nacional. En ese sentido, el control y la represión expresada en la PSD -y apelando a los planteamiento de Feierstein- más que eliminar un grupo o fuerza social (esto más bien sería la excusa), buscó la eliminación sistemática de todo tipo de relación social, relaciones sociales que puedan inducir a la reconstrucción del tejido social y de las redes solidarias, en esa búsqueda incesante por reorganizarse en procesos de transformación política y social.

Para finalizar querría decir que si bien el panorama colombiano es bastante preocupante, y para algunos desesperanzador, hay que decir que siempre quedan por ahí, andando, ya sea en solitario, o en conjunto, los inconformes. Y si bien, como en la canción de Silvio Rodríguez, vinieron a convidarnos a arrepentirnos, vinieron a convidarnos al olvido, a perdernos e indefinirnos en medio del festín del fracaso para hacernos creer que las luchas, los procesos de resistencia, como si fueran aquellas “viejas” prácticas del pasado, fueran precisamente eso, asuntos del pasado, asuntos ya caducos carentes de sentido, hoy, si de aceptar pérdidas se trata, sería mejor hacerlo, no desde la idea impuesta del fracaso, sino más bien, desde la idea de la derrota pasajera, porque solo en la derrota  es que quedan y siguen pululando las esperanzas, y mientras ello exista, las esperanzas, la vida seguirá latiendo por encima de la muerte, los sueños seguirán andándose, sembrándose, reproduciéndose,  y las semillas que quisieron extirparse nacerán una y otra vez, en hombres y mujeres libertarios por encima de los autoritarios,  se impondrán las verdades de los que resisten por encima de los serviles, de las víctimas por encima de la de los victimarios, del que lucha, del que lo oprime. Solo allí, desde ese nuevo lugar fundado de esperanza podremos decir que ganamos, porque no pudieron cooptarnos y normalizarnos en la macabra amoralidad de la muerte, porque sencillamente no pudieron convertirnos en ellos.

 

Cómo citar este artículo:

LÓPEZ GUZMÁN, Lorena, (2013) “Las Grandes Mentiras de la Política de Seguridad Democrática: Una Política Autoritaria, Privada y de Servidumbre”, Pacarina del Sur [En línea], año 4, núm. 14, enero-marzo, 2013. ISSN: 2007-2309. Consultado el

Consultado el Viernes, 19 de Abril de 2024.

. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=602&catid=14