Etnografía de la conflictividad agraria en Guatemala

Ethnography of agrarian conflict in Guatemala

Etnografia do conflito agrário na Guatemala

Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos[1]

Recibido: 28-07-2014 Aceptado: 15-08-2014

 

Los conflictos por límites, propiedades y posesión de la tierra que afecta a los pueblos indígenas en América Latina es una realidad que tiene un carácter multicausal. Sin embargo su comprensión cabal solo pueda darse a través de una historia del despojo territorial sobre los pueblos originarios en Nuestra América. La invasión europea en América en el siglo XVI llevó a cabo el primer despojo territorial en el mundo luminoso de los mayas, destruyendo a sus pueblos y culturas y sometiendo a sus sociedades bajo el yugo de un sistema colonial sujeto a las encomiendas y el peso de los tributos y repartimientos.

Después de tres siglos de etnoresistencia frente colonización española, los pueblos mayas se vieron nuevamente obligados a resistir a los estragos genocidas y etnocidas de los gobiernos conservadores y liberales de los siglos XIX y XX, que los excluyeron del proyecto de nación y los redujeron a ser manos de obra de las grandes propiedades latifundistas. Es por ello que numerosos especialistas han dado a caracterizarlo como un Estado etnocrático, pues el Estado guatemalteco está construido en base a un colonialismo interno de los pueblos mayas que no reconoce el carácter pluricultural y pluriétnico de la nación guatemalteca.

El fin de las dictaduras liberales sobrevino tardíamente en Guatemala tras el triunfo de la “revolución de octubre” en 1944, que inició un proceso democrático, nacionalista y modernizador que tenía como principal objetivo desarrollar la economía de Guatemala “de un capitalismo dependiente o uno nacional e independiente”. (Jonas: 1994) Este periodo histórico de 1944-1954 ha sido denominado los “10 años de primavera en el país de la eterna tiranía”. Ello se debe a que durante los gobiernos de Juan José Arévalo (1944-1951) y Jacobo Arbenz (1951-1954) se implementaron profundas reformas sociales, desde la promulgación de una nueva constitución, código de trabajo y la reforma agraria. El presidente Arbenz denominó a la reforma agraria la "fruta más preciosa de la revolución y la base fundamental de la nación como un país nuevo", pero para los intereses económicos de los terratenientes guatemaltecos y las empresas norteamericanas fincadas en Guatemala, particularmente de la United Fruit Company, se trató en realidad de una "fruta amarga", pues gran parte de sus tierras ociosas fueron expropiadas. La intervención norteamericana en Guatemala de junio de 1954, marcó el inicio de las primeras operaciones de la CIA en el continente, siguiendo el McCartismo americano de plena guerra fría.

A partir del triunfo contrarrevolucionario se inició un período de regresión histórica que propició la aparición: "…la  injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido conflictos estructurales." (CEH) Agregaríamos que el cierre a una reforma agraria nacional fue el hilo invisible que explica estructuralmente la guerra de más de 36 años. Estos fenómenos coincidentes, constituyeron las causas profundas del inicio de un conflicto social primero y de un conflicto armado interno después entre diferentes organizaciones guerrilleras y las fuerzas del orden del gobierno de Guatemala hasta el inicio de un frágil proceso de paz en 1994.[2]


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 Estas particularidades histórico-culturales han dado como resultado el marco de una inequitativa e injusta repartición de la riqueza y particularmente de la tierra, los pocos pueblos que conservaron sus territorios lo hicieron a través de mecanismos de etnoresistencia pasiva y activa, inclusive a través de grandes sacrificios comunitarios de endeudamiento y compra de tierras a precios elevados a terratenientes.

La compleja matriz económica abigarrada en la que se ubican actualmente  las comunidades indígenas provoca no pocas veces cruentos enfrentamientos que desembocan lamentablemente en acciones judiciales de carácter civil, administrativo y hasta penal. Se aducen en estos reclamos, derechos históricos de carácter precolombino y colonial y la presión de la densidad poblacional de los pueblos indígenas en circu  nstancias de extrema pobreza y exclusión social. (Ordóñez Cifuentes 1995, 35) Reducidos sus territorios a espacios geográficos limitados, casi siempre constituidos por tierras no aptas al cultivo y la defensa de lugares sagrados como espacios de reproducción social y simbólica, los pueblos indígenas  se ven enfrascados frecuentemente en conflictos agrarios con empresas transnacionales o, peor aún, entre sus propias comunidades.

La matriz económica abigarrada de Guatemala como unidad de estudio socio-antropológico, arroja datos realmente reveladores: más de un millón de familias, en su mayoría indígenas explotan apenas una quinta parte de la tierra agrícola del país, mientras que en el otro extremo 2,000 unidades de producción explotan el 70% de la tierra agrícola. (MINUGUA 1997, 12) Mucho más significativo es el hecho de que el 90% de la población maya, xinca y garífuna es pobre o extremadamente pobre. (PNUD 2006, P 100) como resultado de una inequitativa redistribución de la riqueza agudizada tras 40 años de guerra interna (1954-1994).

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1994, en particular, los Acuerdos sobre Aspectos Socio-Económicos y Situación Agraria y el de Identidad y Pueblos Indígenas junto con la ratificación del Convenio Núm. 169 de la OIT en 1996[3], marcó el inicio de nuevas políticas gubernamentales para resolver la compleja problemática agraria guatemalteca y el nuevo ordenamiento territorial.[1]

             El gobierno de Guatemala se comprometió a contar con los elementos básicos para plantear a las comunidades un proyecto satisfactorio que lleve a elaborar una estrategia de ordenamiento territorial y sea considerada por muchos sectores como necesaria: a) normar el uso de los espacios físicos del país; y b) disminuir en el futuro el conflicto que produce la intervención del hombre sobre el espacio que ocupa, al establecer un destino diferente al que la naturaleza, define para ese territorio.

            Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos institucionales y aún internacionales, los avances han sido limitados, tanto en el ordenamiento territorial como en el fortalecimiento de los órganos de procuración agraria. Al exiguo presupuesto gubernamental en instancias como el Fondo de Tierras (FONTIERRA), Comisión de Tierras (CONTIERRA), Ministerio de Agricultura (MAGA), entre otras, se suma el deficiente catastro nacional, la ausencia de órganos especializados no sólo de procuración, sino de impartición de justicia agraria y de una legislación agraria específica, entre muchos otros problemas actuales.

En esta coyuntura nacional, consecuencia del atraso agrario del país, emerge la conflictividad agraria en casos paradigmáticos como el del Ixcán, Santa Catarina Ixtahuacán y Barreneché-Argueta-La Esperanza en el Occidente del país, hasta la compleja problemática que representa la Franja Transversal del Norte que ocupa casi la mitad del territorio nacional, así como los recurrentes conflictos en la Bocacosta y del Oriente del país entre grandes propietarios, trabajadores agrícolas y comunidades. A partir del año de 2005 se inició una grave conflictividad tras el inicio de las actividades de transnacionales mineras en Guatemala, lo cual ha desembocado y recrudecido el termómetro de la conflictividad agraria en Guatemala.

Esta conflictividad afecta gravemente la productividad agrícola del país y dificulta seriamente los esfuerzos para permitir un mayor acceso de los pueblos originarios a la tierra y, consecuentemente, la puesta en marcha de planes de desarrollo regional agropecuario en los que deban participar comunidades, municipios, organizaciones y personas que, frecuentemente son actores de conflictos en vez de desarrollo social. Las estrategias y métodos de resolución de estas situaciones se topan con la compleja estructura prevaleciente en el campo guatemalteco. (MINUGUA 2000, 22)

El caso paradigmático de Barreneché-Argueta en los disputados limites de Totonicapán y Sololá constituye debe ser considerado por lo tanto como un “termómetro” o “semáforo” que indica el grado e intensidad de la conflictividad agraria de Guatemala. El clímax “latente e inestable” del conflicto desde hace varios lustros, hace evidente que se trata de un problema de estado y la interrelación entre lo “local” como los municipios y departamentos de Totonicapán y Sololá, hacia otros espacios concéntricos ya “regional” o “nacional”.

Para tal efecto, partiré de mi experiencia etnográfica, particularmente del trabajo de campo realizado en los altos de Guatemala como consultor del proyecto sobre conflictividad agraria de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA).  A lo largo de estas páginas, intentaré mostrar en forma sintética el proceso de etnogénesis del conflicto agrario entre las comunidades de Barreneché-Argueta y la Esperanza. En la segunda parte daré cuenta de la investigación-acción emprendida en su análisis y estudio, particularmente de un instrumento de medición de la percepción del conflicto que resultó sumamente útil para determinar la naturaleza del conflicto y su agravamiento a lo largo de los años. Finalmente proporciono algunas conclusiones sobre este conflicto agrario.  

 

 Etnogenésis y conflictividad agraria

El estudio de la etnogénesis ha sido planteado recientemente por algunos autores como Díaz Polanco (1991) como una herramienta teórica y metodológica que posibilita dar cuenta sobre cómo se han construido y han emergido históricamente los diferentes rostros e identidades étnicas, en otras palabras, la etnogénesis intenta dar cuenta sobre la manera en que las diferentes etnias han florecido culturalmente, dando cuenta de las múltiples configuraciones y reconfiguraciones socio-culturales a lo largo de su historia vital.

En la investigación retomé el estudio de la etnogénesis debido a que no sólo permite dar cuenta de sobre cómo emergen las identidades étnicas, sino también sobre la manera en que las identidades se construyen en la alteridad, sus límites étnicos se establecen a partir de las diferencias reales o simbólicas con los “otros”, y consecuentemente, sus fronteras territoriales están en constantemente en tensión, conflicto y negociación.


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            Para el caso concreto de las regiones étnicas de nuestra América, la conflictividad agraria tiene como pie de toque el conflicto estructural de la inequitativa distribución de la tierra y de una matriz económica capitalista dependiente y periférica que mantiene a los pueblos indígenas y afrodescendientes en un marco de desigualdades persistentes y exclusiones crecientes.

El actual conflicto entre las comunidades de Bar reneché, Argueta y La Esperanza[4] es el producto de  procesos de larga duración que inician con la implantación de formas de tenencia de la tierra ajenas a la cosmovisión indígena por la instauración del modelo colonial en América. Tras la invasión europea se transformaron paulatinamente las viejas formas de tenencia de la tierra de los antiguos mayas k´ichés con la encomienda y el repartimiento, lo cual dió como resultado frecuentes litigios, enfrentamientos y una callada pero siempre tenaz resistencia indígena frente la imposición cada vez más creciente del orden colonial.

María Tecún, nombre de la heroína mítica de la resistencia k´iché frente al invasor español, materializada ahora en una cumbre que es parte del Parque Regional El Alto de San Miguel Totonicapán[5], es la principal fuente de un conflicto intercomunitario entre mayas k´ichés, quienes fueron los antiguos dueños de este territorio pues así lo cuentan en sus manuscritos tradicionales, como el Título de los Señores de Totonicapán, pero sus derechos territoriales fueron usurpados durante la colonia 1524-1824 y gran parte de la vida independiente de 1824 a 1881.

Argueta, Barreneché y La Esperanza son comunidades que tienen un origen cultural común, pues se trata de descendientes de las familias k´iche´s de Totonicapán, que migraron en 1882 hacia terrenos comprados por las diferentes parcialidades[6] para dotar de tierras a su cada vez más elevado número de miembros.[7] Sin embargo, estas comunidades tienen posturas e intereses encontrados entre sí desde 1886, unos años después de realizada la compra de dichas tierras, precisamente cuando sus propietarios se dieron cuenta del primer escollo jurídico, como lo fue el hecho de que las tierras compradas pertenecían jurisdiccionalmente al departamento de Sololá. El segundo escollo jurídico sobrevino después de que los habitantes de Argueta, las comunidad más alejada de la Ciudad de Totonicapán, por razones de tiempo y distancia prefirieron cumplir el trabajo semanal obligatorio o, en su defecto pagar el impuesto de dos pesos por concepto de “arbitrio del estado” en Sololá, por la influencia de agentes externos como el estado, Los partidos políticos y algunas instituciones sociales en detrimento de la cohesión social y el sistema de cargos k´iche´ de Totonicapán.

En las siguientes décadas el conflicto agrario se agudizó aún más, pues su sistema de organización social sustentado en un recurso natural limitado y no fácilmente renovable, como lo es el bosque comunal, ya no tuvo la capacidad de soportar la presión demográfica de un creciente número de miembros, lo que provocó que las partes pugnaran al mismo tiempo por el acceso a dicho recurso vital. Fue a partir de entonces cuando el conflicto tomó otro cariz y se inició una reñida disputa jurídica en la cual los habitantes de Barreneché y la Esperanza se aferraron a defender su territorio y Argueta a obtener el acceso y control del bosque comunal. Los reiterados recursos jurídicos en trámites, juicios, procesos y decretos nunca resolvieron el caso, y por el contrario, lo agravaron al ser contradictorio e ineficaces de lograr consensos dentro de las autoridades comunales. Más grave aún fue el hecho de que el sistema de cargos k´iche´ y su sistema jurídico, tampoco lograron el consenso y la solución al problema territorial de las comunidades ante la influencia de intereses ajenos que alimentaron la idea de la creación de un nuevo municipio entre estas tres comunidades con objeto de obtener recursos financieros del Estado.

            Durante el periodo del conflicto armado interno en Guatemala (1954-1994), Argueta aprovechando ser parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) –el brazo armado civil de la contrainsurgencia del ejército- actuó en reiteradas ocasiones con impunidad de forma represiva y violenta en contra de los vecinos de Totonicapán.

El conflicto había llegado en los años 90´s a un nivel de intensidad tal que rebasaba incluso a las autoridades locales, como a las autoridades municipales y departamentales.  Hasta 1997 las posiciones encontradas podían resumirse de la siguiente manera: a) Argumentación de la comunidad de Barreneché. Se había acordado en 1941 que los límites entre su comunidad y Argueta serían trazados desde Ventana Abaj hasta el Cementerio. Algunos vecinos reclamaban existió un documento "firmado por la gente de Argueta en donde se reconocían los límites pero se extravió por culpa de un alcalde comunal"; b) Argumentación de la comunidad de Argueta. Dichos límites nunca se habían precisado, de la misma manera en que el bosque comunal era de uso de todos los miembros de las tres comunidades, por lo que los argueteños tenían pleno derecho al acceso y disfrute del bosque. Las tres comunidades están situadas dentro de la jurisdicción de Sololá por lo que las instituciones indígenas de Totonicapán ni sus autoridades departamentales son parte dentro de la disputa.

El domingo 29 de Junio de 1997 fue un día terrible para las comunidades de Barreneché y La Esperanza. Lo ocurrido fue un drama social, en donde perdieron la vida nueve personas y quedaron heridas otras 40 personas. Las versiones fueron dispares y es posible que nunca se logre completamente a reconstruir los hechos acaecidos ese día aciago.

Según testigos, los argueteños armados con palos, machetes, armas de fuego y granadas de expansión  se dirigieron  primero a La Esperanza y luego a Barreneché, con el fin de “rescatar a uno de sus miembros” que había sido detenido ese día en una trifulca en La Esperanza; fueron según expresaron algunos testigos a “vengarse de las ofensas”  a las que supuestamente habían sido objeto ese día. La  gente  de Argueta atacó una población indefensa, con una táctica de tipo militar contra-insurgente, acorralando a la población, quemando principalmente los  edificios  administrativos e institucionales y, con mucha más “saña” -según la gente de Barreneché- las mejores viviendas de la comunidad. La gente de La Esperanza escuchó después múltiples explosiones durante toda la tarde y la noche, al punto  que muchos  pensaron que “Barreneché había desaparecido”.

La gente de La Concordia, una comunidad k´ichee´ vecina a estas comunidades, fue rodeada por varios  argueteños con  el fin de persuadirlos de participar en el conflicto. El resultado fue desolador, pues se quemaron y fueron saqueadas quince tiendas, cuatro casas, el Puesto de Salud, la Auxiliatura Municipal, la Cooperativa de Ahorro, la sede del Instituto Nacional  de Electricidad, los teléfonos comunitarios  de la empresa telefónica paraestatal Teléfonos de Guatemala, varios vehículos privados y la Escuela primaria. Las pérdidas fueron millonarias, en un pueblo de gente pobre y con escasa infraestructura.

 

La Experiencia Etnográfica           

La investigación-acción o investigación de colabor[8] implementada no fue una empresa fácil debido a que en Guatemala, el terrorismo de Estado ejercido durante más de 36 años por las dictaduras militares, creó una cultura del silencio entre su población. Sin embargo, el acercamiento con los actores e instituciones sociales de Totonicapán fue posible gracias a que pude establecer un diálogo estrecho y permanente con ellos desde el proceso de elaboración de mi proyecto de tesis. Varios de mis informantes en diferentes organizaciones sociales como la Pastoral Social de la Iglesia, la Cooperativa para  el  Desarrollo Rural de Occidente (CDRO) y en instituciones gubernamentales como el Ministerio  de Agricultura y Ganadería (MAGA), me sugirieron que incluyera dentro de mi estudio sobre Totonicapán a fines de los 90´s el conflicto agrario intraétnico entre Barreneché, Argueta y La Esperanza, comunidades k´ichee´s enclavadas en la cumbre de María Tecún. Tomé con reservas la sugerencia, pues la conflictividad agraria no era en modo alguno el tema principal de mis investigaciones.


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Sin embargo, meses más tarde el conflicto cobró  relevancia en  la vida social  de Totonicapán debido al juicio  penal que se seguía contra 22 argueteños inculpados de varios delitos penales y civiles por los hechos ocurridos el 29 de juniode1997. Me interesó abordar el  conflicto desde tres  perspectivas: las relaciones intraétnicas entre los k´ichee´s de Totonicapán, las  relaciones interétnicas que establecen los k´ ichee´s de Totonicapán con  los k´ichee´s y kakchikeles de Sololá y, más  ampliamente, la relación entre los k´ichee´s con el Estado guatemalteco.

A partir de entonces me di a la ardua tarea de obtener información, por demás escasa y celosamente guardada sobre el conflicto y, al mismo tiempo, realicé un  primer acercamiento antropológico a dichas comunidades en busca de informantes con la ayuda del personal de  CDRO. No sabía lo que me aguardaba. La Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINIGUA), con un importante equipo  de consultores investigadores, desarrollaba un proyecto sobre conflictividad agraria en Guatemala; para mi fortuna, dentro  de los casos paradigmáticos que les era de su particular interés, figuraba el de Barreneché, Argueta y La Esperanza. El Proyecto de MINUGUA debía proveer  a CONTIERRA  ―organismo gubernamental encargado de resolver los conflictos de tierra―, una metodología para abordar los conflictos agrarios en el país y darles además un panorama sobre  la situación actual. Pronto me uní al equipo de consultores con  el objetivo de conocer de cerca la metodología utilizada para el estudio de los conflictos agrarios y de tierra en Guatemala e intercambiar puntos de vista sobre la dinámica socioétnica en Guatemala.

MINUGUA me brindó todas las facilidades para apoyarlos en su investigación, a través de la Oficina Regional de Sololá (ORSOL-MINUGUA), la cual se localizaba muy próxima a las comunidades. Muy pronto advertí que mi trabajo de campo se vería influido por varios factores que por primera vez debía afrontar. El primero de ellos tuvo que ver con mi seguridad personal y la del equipo de trabajo  que me acompañaba. Seguí todos los consejos posibles de mis informantes y los que había acumulado por varios años, ya que me habían ayudado mucho hasta entonces. Algo novedoso para mí fue que MINUGUA me dio varias recomendaciones y las reglas institucionales que debía seguir junto con el equipo. Una muy importante fue que iniciara las actividades diarias después de las 6.00 de la mañana y que las diera por terminadas antes de las 6.00 de la tarde. Hecho que felizmente coincidió con el horario en que los argueteños abrían y cerraban con cadenas el acceso carretero rumbo a La Esperanza y Barreneché. Con esa medida de presión, los argueteños  esperaban que la gente de Barreneché y La Esperanza desistiera  del juicio penal que habían interpuesto ante el Ministerio Público en contra de 22 argueteños, quienes se encontraban encarcelados en la Granja Penal  de Quetzaltenango.

Asimismo, me sugirieron que en caso de que no pudiéramos regresar a la hora establecida debía  buscar un lugar  seguro ―como un hotel u otro lugar―en donde pernoctar y continuar mis actividades el día siguiente. Afortunadamente, nunca tuve esta necesidad debido a que me preocupé sobremanera de realizar un itinerario de viaje todos los días y cumplirlo cabalmente.  Los días  en que preferí quedarme a dormir en la comunidad para entrevistarme en  extenso con algún informante, lo realicé solo, sin ningún miembro del  equipo de  MINUGUA. Fue curioso que cuando algún oficial político de MINUGUA se enteró  de que lo  hacía frecuentemente, “pegó un grito en el cielo” e incluso informó al jefe del Proyecto de Conflictividad Agraria, quien le dejó ver que así trabajan los antropólogos, por su propia cuenta y riesgo, precisamente porque no era parte del personal de MINUGUA sino un consultor externo.

Otra de las recomendaciones  no menos importantes, fue la de mantener un puente de comunicación constante con la base de ORSOL. El teléfono celular, a pesar de no gozar de mucha popularidad entre los etnógrafos, fue la primera herramienta  de trabajo útil e imprescindible para que pudiésemos comunicarnos con  la base ante cualquier eventualidad y establecer una ruta crítica con el equipo de MINUGUA. Además, éste último, como parte de sus políticas de seguridad, tiene trazados varios puntos de referencia geográficos en donde sus pilotos deben comunicarse por radio con sus bases, en este caso ORSOL, para informar sobre su posición y movimientos en las diferentes comunidades. Por esto, todos los días de trabajo de campo fue necesario no sólo solicitar mi equipo de trabajo, sino también contactar al piloto, al vehículo oficial y  a veces a los encuestadores y entregar un itinerario de trabajo al oficial político a cargo por lo menos una hora antes de la salida a la Ciudad de Sololá, sede de la base de ORSOL y a escasos 12Km. De las comunidades de estudio.

Era importante conocer a la perfección la geografía de las comunidades y sus principales carreteras, tramos y brechas para vehículo, en caso de que se presentara algún imprevisto por causa  de los nuevos conflictos entre las comunidades. Por ello, con el  piloto recorrimos de  antemano las principales vías de comunicación prestando especial atención a los accesos y salidas; inclusive, la gente de Barreneché nos mostró el nuevo camino que habían  construido a cambio de la venta de tres hectáreas de su bosque comunal para tener una ruta alterna de escape  en caso de que fueran nuevamente agredidos. Por su  importante papel en  el proceso de paz, MINUGUA gozaba de mucho respeto y simpatía entre las comunidades indígenas de Guatemala. Por  ello, para proteger  de alguna manera  a  sus colaboradores, consultores y personal siempre se asegura de presentarlos con las autoridades de las comunidades en donde realiza labores. Un oficial político de Sololá me presentó  ante  las autoridades de Barreneché, Argueta y La Esperanza, pero además me sugirió siempre tener una identificación personal a  la mano en el caso de ser  nacional la cédula de  vecindad. Adicionalmente me hice acompañar siempre de un oficio de MINUGUA, para cuando necesitara solicitar información ante las  diferentes instituciones  gubernamentales.  Muy pocas veces había obtenido buenos resultados con la burocracia,  pues en las instituciones  gubernamentales era frecuente me negaran cierto tipo  de información, pero de forma institcional logré que me proporcionaran  la información pública posible y entrevistas con los actores sociales.

Una última  recomendación por parte de MINUGUA fue la de mantener un “perfil bajo” en la comunidad, es decir, no hacer muy notoria nuestra presencia en las comunidades fuera delo estrictamente necesario para obtener nuestra información, esto, para no interferir en la vida social de sus habitantes.

Un factor con el que me enfrenté  fue el escoger a los informantes clave confiables. Para ello, ubiqué en las distintas instituciones  sociales a las personalidades públicas que gozaban de prestigio social en las comunidades por su buen servicio a la comunidad. El problema no era solamente romper con la cultura del silencio, pues toda información podía ser usada por la contraparte en conflicto, sino también las diferentes percepciones del problema y las frecuentes conductas “maquiavélicas”  de algunos informantes que eran políticos que claramente manifestaban intereses ajenos a las comunidades.

En Barreneché y La Esperanza, comunidades que todavía pertenecen  al engranaje del sistema de cargos de Totonicapán, los principales se  mostraron muy accesibles para dar sus puntos de vista y ofrecerme toda  la información que les solicité. Me tenían confianza pues habían referencias sobre mi persona que llegaban directamente de Totonicapán a través de la alcaldía indígena de Totonicapán y de CDRO (una  ONG k´ichee´ que tiene un impacto social dentro de esas comunidades). La Pastoral Social de Totonicapán, el Proyecto ALA de la Unión Europea y CDRO fueron tres instituciones que me brindaron una copiosa ayudan o sólo brindándome todo tipo de información, sino también en la búsqueda de informantes. Los alcaldes  auxiliares de Totonicapán y la Asociación de  las Cinco Parcialidades Indígenas  de Totonicapán fueron otras dos instituciones con quienes establecí un estrecho contacto y siempre se interesaron en resolver el conflicto entre sus comunidades.

En Argueta las cosas no fueron tan fáciles, fue necesario poder aplicar la imaginación etnográfica. No me confié en los testimonios  de algunos políticos de  los partidos existentes o de instituciones gubernamentales porque eran  en su mayoría contradictorios e inconsistentes. Confié más en el testimonio y en los datos de cultura de los  principales, de algunos líderes locales así como de la gente del pueblo. En Sololá también  realicé algunas entrevistas con organismos  gubernamentales y no  gubernamentales, líderes locales y con la alcaldía auxiliar. Para  lograr una mayor objetividad decidí aplicar una encuesta  grupal y un muestreo, a través de los cuales deseaba obtener algunos datos sobre algunas interrogantes de  manera más  confiable. Además, conforme a la investigación-acción emprendida, debía seguir una investigación mucho más participativa en la comunidad.

            Creo que tuve un relativo éxito, mucho más del que me imaginé en un principio. Adicionalmente, algo que  favoreció mi primer acercamiento fue el hecho de que  los pilotos  sabían hablar k´ichee´ y tenían idea ―por su trabajo en MINUGUA y el hecho de vivir en Sololá―, de la naturaleza del conflicto. De hecho, uno de ellos había trabajado en una de las comunidades durante los años del conflicto en un proyecto de desarrollo agrícola; él me ayudó a contactar  a algunos líderes locales y a personas que me ofrecieron  una valiosa ayuda. Asimismo me proporcionó datos muy precisos sobre la esfera económica de esa comunidad.

Un factor más fue determinar el nivel de conflictividad que se estaba viviendo en las comunidades. Me preocupé por la predictibilidad de los fenómenos sociales, lo que llevó a proponerme inventar un instrumento  de  medición de la conflictividad agraria que fuera objetivo y confiable a través de  la percepción  de los  propios sujetos sociales. La implementación de una segunda encuesta fue de gran ayuda, pues me proporcionó datos de tipo cuantitativo y cualitativo acerca de  la intensidad  del conflicto según era percibida por sus propios habitantes durante los últimos 50 años y al mismo tiempo me permitió manejar algunas variables que pueden dar cuenta de la direccionalidad de la realidad a través de futuros escenarios.

En base a entrevistas realizadas en el año 2000 con el apoyo de otros colegas se hizo una revisión y lectura de las respuestas que previamente fueron vaciadas a una base de datos, en este caso SSPS versión 10.0, en donde más que realizar un análisis estadístico de frecuencias, se analizaron las respuestas, las concordancias o discrepancias en cuanto a la percepción y opinión de cada individuo, grupo y comunidad, así como el conjunto de elementos socioculturales que caracterizan a las comunidades.

A continuación presento este modelo gráfico:


 

Reflexión final

El caso paradigmático  de Barreneché-La Esperanza-Argueta  ―en los  disputados límites de Totonicapán y Sololá―, debe ser considerado como un “termómetro” o “semáforo” que indica el grado e intensidadde la conflictividad agraria de Guatemala. El clímax  “latente e inestable” del conflicto desde hace varios lustros, hace evidente que se  trata de un problema de  Estado y la interrelación entre lo “local” (los municipios y departamentos de Totonicapán y Sololá) con otros espacios concéntricos regionales  o nacionales (Ordóñez, 2003: 113).

Como experiencia etnográfica, estudiar el caso paradigmático de Barreneché, Argueta y La Esperanza fue sumamente interesante y desgarrador. El esfuerzo de varios meses de trabajo intensivo con el equipo de MINUGUA seguramente  tuvo  impacto social en la comunidad que no es fácil  determinar. Me quedó solamente la satisfacción de leer en un informe de verificación de MINUGUA del año 2002, que se habían realizado varias reuniones entre las partes en conflicto, en donde se dieron pasos  firmes  hacia la posible resolución  del problema y se explicaron mutuamente no  sólo sus diferendos comunitarios.

Dichas reuniones tuvieron lugar  en las alcaldías indígenas de Totonicapán y Sololá, entre los alcaldes auxiliares de las tres comunidades, con la participación de los  alcaldes indígenas de Totonicapán y Sololá, la Asociación de las Cinco Parcialidades de  Totonicapán  y  organismos internacionales  como el Proyecto ALA y MINUGUA. El informe además relata que en una de dichas reuniones las partes se dieron un abrazo muy emotivo y en algunos rostros brotaron lágrimas de esperanza, algunas sonrisas y un reconocimiento mutuo.



Notas:

[1] Licenciado en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Doctor en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Postdoctorado, Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-Investigador de la Academia de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Profesor en los Posgrados en Antropología y Derecho de la Facultad de derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Especialista en temas referidos a la Antropología Jurídica, Derechos Humanos, Pluralismo Jurídico, Etnodesarrollo, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Peritaje Cultural.

[2] La Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica ha proveído evidencia de que el costo humano de esta tragedia fueron las 626 comunidades mayas arrasadas, 200,000 personas asesinadas o “desaparecidas”, 1.5 millones de personas despladas, 150,000 personas que huyeron a tierras mexicanas como refugiados y varios cientos de personas que se vieron obligadas a optar por el exilio en diferentes países de América Latina y Europa principalmente.

[3] El Convenio Núm. 169 de la OIT fue ratificada por el gobierno de Guatemala el 13 de Junio de 1996 y es ley nacional en Guatemala  por el Decreto 9-96 del Congreso de la República. El convenio 169 de la OIT establece en el artículo 2 que los pueblos indígenas y tribales deberían tener el mayor control posible sobre su vida y futuro y que los gobiernos deberán proporcionar los medios y los recursos que sean necesarios para tales efectos, los que incluyen la responsabilidad de: “desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a respetar el derecho de su integridad”.

[4] Las tres comunidades se encuentran ubicadas geográficamente dentro del departamento de Sololá. Sin embargo, administrativamente Argueta pertenece  a Sololá, y Barreneché y La Esperanza en Totonicapán.

[5] La cumbre María Tecún forma parte del parque  regional El Alto de San Miguel Totonicapán con una extensión de más de 10000 hectáreas y cerca de 2000 fuentes de agua. Por la presencia de sitios sagrados, el bosque de María Tecún tiene importancia simbólica para la población k´ichee´.

[6] Las parcialidades constituyen en sí mismas la forma en que se regula la tenencia comunal de la tierra de las comunidades k´ichee´s de Totonicapán. Surgen como un artificio jurídico k´ichee´ fundamentado en la propiedad privada, pero en donde se regula fuera de la legalidad la tenencia comunal a través del sistemade cargos y el derecho k´ichee´ dirigido por una cabeza de linaje. En Totonicapán los  linajes patriarcales tienen preeminencia; la cabeza de linaje tiene bajo su control la tenencia de la tierra de la parcialidad y la autoridad moral.

[7] La compra de la hacienda "Molino Argueta" por parte del pueblo indígena de Totonicapán, ascendió a los treinta mil pesos, veinte mil que se pagaron en esa fecha y los restantes 10 mil  pesos quedaron por pagarse en moneda efectiva y corriente el quince de febrero de 1883 en la ciudad de Quetzaltenango. Según la versión de un principal de las parcialidades, dicha compra se realizó ante la presión del jefe político en turno para resolver los problemas derivados de la invasión de tierras de los kiches sobre tierras de la propiedad de la familia Vasconcelos, los dueños de las tierras hasta 1883. El registro de la propiedad se dió a las dos y media de la tarde del 28 de octubre de 1882, bajo el "asiento número trescientos sesenta y uno, folio ciento ochenta y nueve del tomo tercero Diario", según consta en el Registro Segundo de la Propiedad, ubicado en la ciudad de Quetzaltenango.  En las escrituras se reconoce a varios principales de las cinco parcialidades de Totonicapán capacidad de representación del pueblo indígena de Totonicapán aunque se repite en varias ocasiones el concepto de "vecinos indígenas", manteniendo la ambigüedad pueblo-municipio; se ha señalado que “las tierras fueron pagadas por colecta entre diferentes aldeas y cantones que son actos muy legalistas de compra-venta formal; la segunda compra no está determinada en su extensión y en su determinación se escriben como hito determinadas piedras, paredes de ciertas caballerizas, alfalfales, cercos de rosas, quebradas secas, entre otros elementos de obvia inestabilidad”. (Tíu, Romeo y Pedro García 1998: 18).

[8] Esta propuesta investigativa, a diferencia de la clásica etnografía plantea conocer la realidad social por medio de una investigación no sólo descriptiva del hecho social, sino también explicativa e interpretativa construida a partir de un referente histórico y socio-antropológico con los  propios sujetos sociales. La otredad aquí no es vista como un simple objeto de conocimiento o “terreno epistemológico” sino, ante todo, como una realidad social compuesta por sujetos sociales con quienes es posible establecer un diálogo que construya un conocimiento de la realidad social de forma colectiva o de colabor.

 

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Cómo citar este artículo:

ORDÓÑEZ MAZARIEGOS, Carlos Salvador, (2014) “Etnografía de la conflictividad agraria en Guatemala”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 21, octubre-diciembre, 2014. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Lunes, 20 de Mayo de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1039&catid=6