Pacarina del Sur
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Del mito de la obediencia ciega al mito de la profesionalización total. La policía mexicana en retrospectiva, el caso de la Policía Federal Preventiva

Este artículo muestra cómo las policías, usadas como órgano de control social del Estado Mexicano, ha cambiado a lo largo del tiempo. El análisis está centrado en las corporaciones coactivas del siglo XX, sus formas de relacionarse con el poder político, con la sociedad y con ellas mismas, lo que permite comprender su comportamiento histórico, lo que devela su gran particularidad: el divorcio entre la norma y su comportamiento real; a la vez que hace evidente que las corporaciones mexicanas rebasan, por mucho, marcos abstractos construidos en Europa y los Estados Unidos. Propone además un análisis de la considerada como la joya de oro de las reformas en materia de seguridad implementadas en la década de los 90´s: la Policía Federal Preventiva.

Palabras clave: corrupción, Policía Federal Preventiva, México, inseguridad

 

El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa.
La preserva así del estancamiento y provoca esa tensión y ese desasosiego sin los
que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas.
El crimen descarga el mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo
así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y,
al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población.[1]

 

La condena y la denuncia anticipada son dos lugares comunes básicos para hablar de la policía. Cuando se toca el tema se piensa al instante en los encabezados de diarios amarillistas, índices de corrupción, recomendaciones de derechos humanos como producto de la brutalidad policíaca, en represión de manifestantes y un sin fin de cosas más; y no es para  menos “si tomamos en cuenta que, a juicio de la población, la policía latinoamericana tiene “fama de no cuidar el orden y seguridad públicos, sino, al contrario, de aumentar la inseguridad.”[2]

En México las opiniones existentes sobre el accionar policial están permeadas por el contacto directo de la población con la policía y por la peculiar opinión de los medios de comunicación, donde lo que predomina es:

Lo episódico, lo superfluo y lo fugaz por encima de un abordaje integral que de cuenta de la complejidad de la problemática en cuestión, lo que se ve apuntalado por el profundo desconocimiento técnico, el escaso espíritu crítico y el pronunciado “amarillismo” que prima en la mayoría de los periodistas, cronistas y noteros autodenominados “especialistas” en  asuntos de seguridad.[3]

A nivel académico los estudios sobre las corporaciones coactivas no son muy bien vistos. Los prejuicios sobre la policía han dominado la postura de los académicos frente a la institución, “como si las ciencias sociales sólo debieran dedicarse a analizar las condiciones de la bondad humana o los determinantes de la felicidad de los niños”[4], sin embargo poco a poco las ciencias sociales han empezado a estudiar a las policías. Bajo el precepto de la reforma del Estado, en los años 90´s, se comenzó a estudiar a la policía como una institución estatal que necesitaba ser repensada y actualizada. Sin embargo la mayor parte de los estudios de ese tipo son muy opacos, pues piensan que el policía siempre será un ente racional donde su máxima será la aplicación de la ley. Con el paso del tiempo se ha ido engrosando la bibliografía y se ha superado la ingenuidad de la reforma y el hiper-empirismo monográfico. Lentamente se ha  generando un marco teórico para el análisis de la policía, no obstante la mayor parte de los estudios se enfocan al análisis de la policías municipales y a la denuncia de militares en las secretarias de seguridad estatal y municipal.

Para hablar de la policía hay que se cauteloso. No se debe de caer en el inmediatismo de la nota roja, ni en la pura denuncia militante, mucho menos en la exaltación de las corporaciones como un “sacerdocio cívico”[5]. Debemos de tener en cuenta las siguientes tres limitantes:

El primero, es el de la falta de una tradición de análisis del papel social de la policía. Su escaso protagonismo histórico en grandes acontecimientos políticos, frente a, por ejemplo el del Ejército, ha llevado a que los historiadores- más interesados en los episodios de conflicto que en el funcionamiento rutinario de las sociedades- hayan minusvalorado el papel de lo policial como lugar del ejercicio de la coacción organizada y, en último término, el papel de la coerción organizada como ingrediente del funcionamiento ordinario de las sociedades. El segundo obstáculo se corresponde con la propia tradición de secretismo de la policía, más interesada en recoger informaciones sobre otros grupos que en ofrecerla sobre ella misma. Y el tercero, emparentado con el segundo, se deriva del carácter ideológicamente marcado de los estudios sobre la policía, la voluntad de panegírico o condena con las que suele abordarse su actuación.[6]

A mi parecer, la gran limitante es la falta de información sobre las policías. Con el argumento de asunto de seguridad nacional, los archivos actuales sobre policía son de difícil acceso. Esto se ha ido subsanando con las sugerentes investigaciones de antropólogos y sociólogos que han indagado sobre la cultura policial.[7] La etnografía de la policía enriquece por mucho la investigación, supera con creces los áridos análisis de reforma policial y los estudios jurídicos sobre competencias y facultades de las corporaciones. Por el momento no presento un análisis etnográfico de la policía que es objeto de mi interés, sin embargo para próximas entregas espero que así sea.

 

Cuestiones de orden teórico

Para abordar el estudio de la policía es necesario conceptualizar al Estado, pues “la policía ejerce una parte del poder del Estado: la coacción directa.”[8] Ahora bien, ¿cómo definimos al Estado? Partimos de una definición weberiana del Estado, ya que en  Ciencia Política, “la concepción weberiana, [...] ya se ha vuelto  communis opinio del Estado moderno, definido mediante los dos elementos constitutivos de la presencia de un aparato administrativo”[9], es decir a partir de la distribución de servicios públicos y de ser el único en poseer el uso legítimo de  de la fuerza.

Sobre la concepción weberiana han llovido innumerables críticas, sin embargo creemos que ésta aporta los elementos necesarios al análisis social, pues define al Estado como un mecanismo de dominación de clase apoyado en la coerción. Weber define al Estado como:

Una asociación de domino  de tipo institucional, que en  el interior de un territorio ha tratado  con éxito de monopolizar  la coacción física legítima como instrumento de dominio, y reúne en dicho objeto los medios  materiales de explotación  en manos de sus directores pero habiendo expropiado para aquellos a todos los funcionarios de clase autónomos, que anteriormente disponían  de aquellos por derecho propio, y colocándose a sí mismo, en lugar de ellos, en la cima suprema[10]

De la definición weberiana se distingue el monopolio legitimo de la violencia ejercida sobre un territorio, por tanto el Estado “se considera, como fuente única del derecho de coacción.”[11] El monopolio legitimo de la violencia es, pues, el rasgo específico del Estado moderno.

En otras palabras, el monopolio legítimo de la violencia no es más que la concentración de fuerza en manos de unos y en detrimento de otros tantos. Es decir que:

Como la fuerza es el medio más resolutivo de ejercer el domino del hombre sobre el hombre , quien detenta el uso de este medio excluyendo a los demas dentro de ciertos confines es quien dentro de esos confines tiene la sobreanía entendida como summa potestas, como poder supremo. Supremo en el sentido de que no reconoce superior alguno, supremo en sentido de que no tiene  ningún poder por encima de sí mismo.[12]

Con el monopolio de la violencia, apunta Charles Tilly, “se ha  logrado que el  recurso a las armas sea delictivo, impopular y poco práctico para la mayoría de sus ciudadanos, han proscrito los ejércitos privados y han hecho que nos parezca normal que los agentes armados del Estado se enfrenten a la población civil desarmada”[13].

Ahora bien, el monopolio legítimo de la violencia no anda por si sólo. Antes bien necesita de otros dos monopolios detentados por un poder central en una unidad territorial específica, estos monopolios son: el fiscal y el jurídico. El monopolio fiscal permite la obtención de recursos para el sostén del aparato administrativo del Estado y, por supuesto, para la manutención del monopolio de la violencia. El monopolio jurídico impone un ordenamiento legal que hace pasar por justo y verdadero a los monopolios anteriormente mencionados.

El monopolio jurídico establece un derecho universal, un código legal general vigente en territorios definidos. El poder emanado de las formas jurídicas “es tan inmenso en relación con los individuos, tan evidente la certidumbre de su existencia y la amenaza que de él emana, que sólo en raras ocasiones tiene necesidad de enzarce en una lucha violenta  para probar sus existencia.”[14] El recurso a la violencia del Estado contra sus ciudadanos es legal si el ciudadano cometió una falta al ordenamiento jurídico vigente y quien ejerce la coacción son “solamente algunas instancias legitimadas  por los poderes centrales.”[15] Esas instancias encargadas de hacer valer la ley son las policías. Éstas últimas sólo pueden desarrollarse allí donde “existe un consenso básico acerca de las cuestiones relacionadas con la convivencia social y donde las diferencias de opinión no son dirimidas por medio de la fuerza”[16], es decir  donde la regulación de conflictos espera ser resulta conforme a derecho, por intermediación de los organismos estatales facultados para ello.

Las policías forman parte sustantiva del Estado. Son las que garantizan, en su interior, sus mecanismos de reproducción, su continuidad. A fin de cuentas, “los gobiernos pueden cambiar, los partidos desaparecer, las elecciones realizarse o no, los parlamentos existir o no, la economía estar en crisis o abundancia, etcétera, pero la seguridad de las personas es lo mínimo que garantiza la soberanía un Estado.”[17] Pero en sí, ¿que entendemos por policía?

Según un grupo de académicos expertos en el  tema, por policía se debe entener:

El servicio público que tiene por fin lograr la paz y tranquilidad pública, mediante las acciones de ciertos agentes del Estado que tienen como función hacer respetar las leyes, previniendo la realización de delitos o de faltas administrativas que vulneran el orden público. Se  trata del orden que permite el que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus derechos públicos, garantizados por las Constitución.[18]

El concepto de policía se engloba en el concepto de seguridad, que según el mismo grupo de expertos, se define como:

la protección que se genera a través de los mecanismos de control penal y del mantenimiento de la paz pública, mediante acciones de prevención y represión de cierto delitos y faltas administrativas que la vulneran, particularmente a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preventivas.[19]

A pesar de que se hace una homologación entre seguridad pública y policías, no son lo mismo. La seguridad pública comprende a la policía, a la procuración e impartición de justicia y al sistema penitenciario. Una vez explorada, brevemente, la veta teórica de la policía, pasemos pues a las particularidades históricas de la policía en México.

 

La policía en México: una mirada histórica

Un análisis histórico de las policías en México permite superar el fetiche jurídico que concibe el actuar de las policías limitado a las competencias y facultades asignadas por la ley. Ubica las particularidades históricas de los organismos coactivos en el tiempo, y en la medida de lo posible, devela las características  que han perdurado a lo largo de su historia. Ahora bien, partimos del hecho básico de que “todo el aparato policial está condicionado por la situación política de cada momento. El poder percibe a la policía como una herramienta de control a su servicio.”[20] En México, las elites políticas han concebido a la policía, sempiternamente, como una institución cuya función básica es reafirmar “el monopolio del Estado en cuanto al ejercicio de la fuerza y, en la medida en que esto no sea posible, que al menos demuestre de manera fehaciente que el Estado  no se deja intimidar y que enfrenta efectivamente a los desviacionistas políticos y a los delincuentes que violan las leyes.”[21]

Las concepciones sobre la policía, sus funciones y facultades, así como sus esquemas organizativos han cambiado a lo largo del tiempo. La situación política específica marca una relación entre las corporaciones coactivas y el poder. Según el historiador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Martín Gabriel Barrón Cruz, en la historia de la policía nacional se puede identificar cuatro períodos: el primero inicia en el siglo XVI y finaliza con las reformas borbónicas, el segundo comprende de las reformas a 1821, el tercero se extiende de 1821 hasta la revolución, y el último abarca desde la post-revolución hasta nuestro días. Exploremos, brevemente, cada uno de los períodos identificados por Barrón Cruz y centremos nuestra atención en el último período.

En el período que abarca desde el siglo XVI hasta las reformas borbónicas se concibe a la policía como un acto de gobierno, a pesar de que en Europa surge la policía como cuerpo coactivo organizado en el siglo XVII. La conquista y colonización de los territorios que formaron parte del Imperio Español, y en particular de la Nueva España, se dio bajo un sugerente precepto: los nuevos territorios están obligados a tributar a la Corona Española y a someterse políticamente a la misma a cambio de ser evangelizados y regidos por una buena policía. En este lapso temporal, la policía se entiende como un acto de buen gobierno.

Las reformas borbónicas tratan de imponer orden en los territorios del imperio español allende al mar. Con dichas reformas, la Corona trató de eficientar la extracción de recursos de América a partir de dos mecanismos básicos: la eliminación de intermediarios vía la creación de una burocracia profesional y la implementación de un monopolio de la violencia por medio de la formación de un ejército profesional. La función de las fuerzas armadas, o de su homólogo en ese tiempo, se basaba en la pacificación al interior y de la defensa del territorio frente a la amenaza que construían la metrópolis europeas. En este contexto, las funciones de la policía:

Iban encaminadas a ejercitar actividades de gobierno que permitieron salvaguardar la seguridad del pueblo. Por ello había que estimular la convivencia social, asegurar el abasto de víveres, garantizar la pureza del agua y del aire, señalar las características de las obras públicas y de la vivienda particular, regular el tráfico mercantil, vigilar la salud pública y la salubridad de bebidas y alimentos.[22]

Como se puede apreciar, las funciones la policía durante la Colonia no tienen mucho que ver con nuestra concepción actual de la policía. Es hasta el siglo XIX que las policías empiezan a ser visualizadas como un cuerpo coactivo organizado encargado de velar por la seguridad al interior de la nación. Las competencias y facultades de las policías empiezan a ser acotadas, ya no es aquella institución encargada de velar por  el abasto de víveres, la pureza del agua, y un sin fin de actividades más, sin embargo, durante todo el siglo XIX existió “una enorme confusión en las atribuciones designadas de los distintos cuerpos y fuerzas que se crearon a lo largo del siglo.”[23] Existían “contradicciones respecto a las fuerzas policiales y militares.”[24] A esto se tiene que añadir el uso político de la fuerza, la persecución indiscriminada de adversarios políticos por policías y militares, el uso  discrecional de la ley en contra de la oposición política.

La confusión generada entre policías y militares llegó a tal grado que no se hicieron esperar las críticas. Barrón Cruz ha rescatado un testimonio de la época donde se consigna el malestar producto de esta situación, cualquier coincidencia con la actualidad es pura coincidencia. El testimonio reza del siguiente modo:


Si a ese soldado lo hacéis custodiar las prisiones, vigilar al delincuente, batirse con él en los caminos, presidir las reuniones públicas y herir en ellas  como enemigos a sus conciudadanos porque se atropellan o gritan, ese hombre dejará de ser soldado para convertirse en corchete [...] porqué el no sólo  altera las relaciones más naturales entre el pueblo  y sus defensores sino  que continúa desnaturalizando -las que debe haber entre el ejército y el gobierno, entre la autoridad civil y militar.[25]

Es en el siglo XX posrevolucionario es cuando la forma actual de policía empieza a ser modelada. Con la hegemonía del grupo de Sonora, la centralización del poder político y la formación de ejército profesional a manos de Joaquín Amaro, la división de competencias y facultades entre la policía y el ejército empieza a ser cada vez más visible. La organización de las policías en el  siglo XX obedeció a una división basada en dos criterios básicos: criterio de competencia por función y criterio de competencia por jurisdicción. El criterio de competencia por función radica en dividir a las policías  según “dos funciones principales: el mantenimiento de la seguridad y el orden y la persecución de delitos penales.”[26] El segundo criterio divide a las policías según los ordenes de gobierno.

Según las competencias por función, existen las policías preventivas y las policías de investigación. Las policías preventivas son las encargadas de garantizar el orden público; el municipio  y los Estados eran los únicos facultados en tareas de seguridad pública. Las policías de investigación son las policías judiciales, su función es investigar los delitos según el ministerio público; éstas dependen de las procuradurías de las entidades federativas y de la federación. El modelo descrito con anterioridad es el esquema básico de funcionamiento de las policías en México, no obstante existen policías encargadas de tareas especificas, como la policía fiscal, dependiente de la Secretaria de Hacienda, la policía política, Dirección Federal de Seguridad (DFS) dependiente de la Secretaria de Gobernación, etc. Las policías con tareas específicas dependen de la Federación, y es hasta 1994 que la seguridad pública entra a ser, también, competencia del Gobierno Federal, haciendo de la seguridad pública una competencia concurrente a los tres ordenes de gobierno.

La organización de las policías sólo brinda un aspecto netamente formal de las mismas. Nos dice todo y nos dice nada. Una forma útil de enfocar a la policía en el siglo XX es analizarla desde tres distintas perspectivas:

1.- La relación de la policía con el sistema político.

2.- La relación de la policía con la sociedad.

3.-La relación de la policía consigo misma.

A mi juicio, este esquema analítico permite superar la fotografía instantánea de la organización policial, dota de vida a un simple esquema y devela las particularidades de las corporaciones coactivas mexicanas a lo largo del siglo. En términos analíticos trabajo con esta división, sin embargo en la práctica estas tres variables se encuentran vinculadas, no se puede explicar una sin la otra.  Trabajemos pues con cada una de ellas, dejemos que los hechos hablen por si y contrastemos los resultados con la conceptualización formal de la policía.

 

Relación de la policía con el sistema político

La relación de las instituciones encargadas de velar por el orden público con el sistema político priísta es la clave en la comprensión de las mismas. Esta relación determina las otras variables detectadas. No pretendo argumentar que la policía durante 70 años de gobierno de la familia revolucionaria cumplía una función estrictamente política, aunque algo hay de eso, más bien pretendo mostrar como es que la relación entre la policía y el sistema político determinó el comportamiento de las policía en su interior y al exterior.

Según Ernesto López Portillo, la “lealtad, complicidad, impunidad y autonomía son [...], los ejes de un complejo mecanismo que ha constituido la base histórica del comportamiento  de las instituciones policiales en México.”[27] La lealtad de las policías se tributaba a un orden político, del cual se era cómplice en su mantenimiento. La relación entre policía y  sistema político se puede explicar como una  relación de intercambio: la policía ofrecía el mantenimiento de un orden político por medio de la persecución de la oposición política y el mantenimiento a raya de los criminales  a cambio de un uso discrecional de la ley que regula su comportamiento. La “ley nunca ha ejercido su función de control y contención de la actuación policíaca.”[28] La distancia entre el comportamiento de las corporaciones coactivas y las leyes que  lo regulan hace que la actuación de las mismas tenga un alto grado de impunidad, fenómeno que ha hecho posible que los agentes del orden  puedan tener una posición privilegiada en el mundo del hampa, pues “los mismos recursos y conocimientos de que dispone para descubrir delitos y perseguir delincuentes, pueden servirle para encubrirlos o incluso para cometerlos por su cuenta, con mucho más seguridad.”[29] En general, durante la hegemonía priísta las corporaciones policiales actuaron “con una posición más partidista y mafiosas que institucional.”[30]

La corporación donde se visualiza de un mejor modo la relación entre la policía y  sistema político es, sin temor alguno a errar, la architemida Dirección Federal de Seguridad. La mencionada Dirección tenía como función la represión directa de la oposición política mediante brutales mecanismos que incluían la tortura y la desaparición forzada. Contaba con la capacidad necesaria para  la elaboración de trabajo de inteligencia por toda la república y tenía un brazo reactivo. La obediencia ciega de la DFS a los mandatos gubernamentales le permitió operar con altos grados de impunidad, situación que fue capitalizada por las agentes de la extinta corporación.

En mi opinión, la DFS cumplió dos funciones: represión directa de la oposición política y la contención de la producción y tráfico de sustancias psicoactivas ilícitas. La DFS nació en el año de 1945, con su creación “las autoridades federales [fueron capaces de] organizar y desplegar las campañas antinarcóticos en el marco más amplío de las estructuras de control político y social.”[31] La DFS “no sólo sería la primer agencia federal encargada de vigilar el cumplimiento de la prohibición, sino también el primer eslabón de una larga cadena de ajustes institucionales emprendidos por las autoridades mexicanas con el afán de controlar y regular la actividad ilícita del narcotráfico.[32]

Otro ejemplo que da vida a nuestra relación entre el sistema político y  policía es el de la extinta Policía Judicial Federal (PJF). La PJF persiguió, sin consideración alguna, a la oposición política, aplicó la ley según criterios personales, antes que institucionales, contuvo los índices de criminalidad a partir de mecanismos poco ortodoxos (con Madrinas)[33] y metió en cintura a productores y traficantes de drogas.[34]Las corporaciones a nivel local trabajaron bajo el mismo modelo de intercambio de lealtad por autonomía e impunidad. Cada corporación local “maneja y controla  los territorios y acciones bajo su jurisdicción casi a manera de feudos, como si se tratará de prerrogativas particulares de un patrimonio privado”[35], esto generó una nula cooperación entre policía de los distintos ordenes de gobierno en la persecución del delito.

 

Relación de la policía con la sociedad.

A nivel social, se sabe que las policías:

Pueden y suelen obrar contra la ley, se sabe que pueden cometer casí cualquier delito, pero no se sabe si hay algún límite en lo que pueda hacer. La impunidad de la que gozan con mucha frecuencia, y la convicción de que, llegado el caso, contarán con la protección de sus jefes hace que la policía sea vista, sin distinción de cuerpos, como una amenaza real para cualquier ciudadano.[36]

La anterior cita nos da una clara imagen de la relación entre la policía y la sociedad. La impunidad es el rasgo específico en esta relación, donde el cobijo de las leyes, el encubrimiento de la corporación, las lealtades personales  y un marcado espíritu de cuerpo posibilitan que la relación antes descrita sea una función parasitaria por parte de los agentes del orden que se aprovechan de los dictados legales y sus atribuciones para fines estrictamente personales. Esto ha generado “un conflicto con la naturaleza de la función misma de la policía; peor aún, aunque el Estado otorga a la policía recursos exclusivos pare el ejercicio de su función, que son aprovechados para fines personales o corporativos ajenos al interés público, y cuyo mal uso socava la credibilidad y legitimidad del Estado.”[37]

El hecho de que la relación policía/sociedad esté marcada por un carácter parasitario por parte de los policías significa que ambas partes han sacado provecho. Un policía parasita a un ciudadano no sólo cuando haciendo uso de su autoridad detiene  un auto “sospechoso” y para dejarlo ir pide una mochada o pequeña cooperación para su fondo de retiro, un policía también parasita cuando un ciudadano tiene prácticas en contra de la ley, y él lo sabe, y para evadir el actuar de las autoridades soborna a los agentes del orden. Policía y sociedad negocian el orden, policía y sociedad negocian la interpretación de la ley según conveniencia. La relación parasitaria es ambigua: por un lado la sociedad se ve perjudicada en sus intereses cuando es extorsionada, pero por el otro el ciudadano se beneficia cuando puede evadir la ley a cambio de otorgar una “comisión”. En general, vemos un divorcio radical en las corporaciones coactivas “entre el ordenamiento jurídico y la práctica que no es accidental, sino sistemático y forma parte de su práctica cotidiana”[38] y una sociedad que no guía su comportamiento acorde a derecho. Estamos, pues, frente a un problema de moralidad cívica, pues las formas socialidad no reproducen los valores propios que debe inspirar el ordenamiento jurídico vigente.

La impunidad, su carácter parasitario, su lealtad política, y su muy particular interpretación de la ley han granjeado a las corporaciones coactivas un digno lugar en los bajos fondos del Estado. La imagen pública de la policía se empaña aún más cuando se toca a fondo en la relación entre policía y sociedad, es decir cuando se cometen las dos siguientes conductas: delincuencia policíaca y brutalidad policíaca.

La delincuencia policíaca no es un hecho aislado, “la implicación de policías en actividades ilegales trasciende la acción individual de algunos agentes e involucra también a los superiores, y, acaso a toda la institución.”[39] Forma parte de las conductas cotidianas de las corporaciones coactivas de nuestro país. La falta de profesionalización, los bajos salarios  y una corrupción bien anclada en la institución son el caldo de cultivo ideal a la propagación de esta infausta tradición. Incluso uno de los atractivos de la profesión radica en que los policías:

Buscan y encuentran posibilidades adicionales de lucro  al margen de la ley o en franca contravención de ésta. Los expertos generalmente coinciden en que los jóvenes de muy bajo nivel de instrucción que se postulan para ingresar en la policía, rara vez lo hacen impulsados  por el deseo de prestar servicios útiles a los ciudadanos y a la comunidad. Lo que los atrae, además de una eventual tradición familiar, es, por un lado, la posibilidad de ejercer poder sobre sus semejantes y, por otro, la esperanza de lucrar sin demasiado esfuerzo.[40]

Las razones de ingreso a la PJF, en palabras del actual Secretario de Seguridad Pública,  tenían que ver “más con aspectos delictivos para el beneficio personal  y de las organizaciones criminales que buscaban el reclutamiento o infiltración de delincuentes en la corporación”[41] que con aspiraciones  de crecimiento profesional y servicio a la comunidad, haciendo de la PJF una institución altamente corrompida. Para el año 2000, la PJF contaba con 2883 agentes de los cuales “al menos 700 elementos se encontraban en proceso de remoción o destitución.”[42]

Beatriz Martínez de Munguía logró documentar las prácticas de las Policía Capitalina y de la PJF, en particular, por medio de un extenso trabajo hemerográfico y una sugerente metodología basada en la lectura de recomendaciones de derechos humanos emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En perspectiva de la autora, la policía se comporta desde un sistema de complicidades que obligan a los miembros de las corporaciones a sujetarse a medidas extra-legales. Lo preocupante del hecho es que desde los mandos de las corporaciones se alientan prácticas como el robo y la extorsión, amparados en el sistema de complicidades anteriormente aludido. Este sistema de complicidad toma forma en el entre o el baile que consiste en:

El pago de cuotas (algunas son semanales y otras diarias) por parte  de los policías rasos a sus jefes inmediatos, esto es, a los jefes de sector. Estas cuotas se pagan por diversos conceptos: el uso de uniformes, pistolas, patrullas y otros instrumentos de trabajo, por ejemplo. El pago de cuotas es obligatorio, y aquellos que no le entran son sancionados u hostilizados de diversas maneras.[43]

El pago de cuotas no proviene de los salarios de los policías. Para costearlo, los agentes recurren a prácticas en contra de la ley, como son la extorsión y el robo directo. Parte de lo obtenido se lo queda el agente, la otra es transferida a sus superiores. Con el entre o baile se devela un sistema de corrupción piramidal al interior de las corporaciones coactivas que reproduce la relación parasitaria entre las policías y la sociedad.

El caso más grave de delincuencia policíaca es la participación de elementos en activo , que ya sea por acción u omisión,  han sido funcionales a las estructuras del crimen organizado. Existen casos, infaustamente celebres, que demuestran la participación de agentes del orden en las actividades descritas, entre los cuales destaca el de Tlalixcoyan, Veracruz, donde en noviembre de 1991 elementos de las Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) acribillaron a policías judiciales federales acusados de proteger una avioneta cargada de cocaína, dejando como saldo a siete agentes muertos. En enero de 2007 el ejército desarmó a más de 3200 policías municipales de la ciudad de Tijuana por presunta complicidad con el tráfico de drogas.

La otra conducta que demerita aun más la imagen pública de la policía en su relación con la sociedad es la brutalidad policíaca. Con frecuencia se pretende explicar los abusos policíacos “como si fueran fenómenos aislados social y políticamente, anomalías localizadas exclusivamente dentro del sistema policial, como si la policía fuera un ente autónomo, al margen de las sociedades”[44], sin embargo estos forman parte  de un todo, son parte constitutiva del día a día de la policía y se pueden explicar por  la lealtad, autonomía  e impunidad que hemos venido describiendo. La brutalidad policíaca no es sólo el cuerpo de granaderos reventando manifestaciones a macanazo limpio o la montada arremetiendo en contra de pobladores de asentamientos irregulares, es también el reo golpeado que no aparece en cámaras, el presunto culpable fabricado en contubernio con funcionarios del poder judicial y un sin fin de casos más que no figuran en los medios.

La clave en la comprensión de la brutalidad policíaca radica en  “la convicción [por parte de los policías] de que la justicia, las garantías legales, son un impedimento para imponer el orden, que la ley es tímida e insuficiente.”[45] Es así que los policías guían su actuar por medidas extralegales.  Un peculiar caso de brutalidad policíaca es el de las policías judiciales, las cuales encuentran formas de investigación poco convencionales, sin criterio profesional alguno. Vía tehuzacanazo, los agentes dependientes de las procuradurías integran las investigaciones previas, hecho que evidencia una total “oscuridad en los procedimientos [que] favorece, por supuesto, la persistencia de la arbitrariedad, la corrupción y la fabricación de culpables; pero asimismo impide que mejore la imagen de la policía o que ésta resulte, en general, confiable.”[46]

En palabras de Beatriz Martínez de Munguía, la brutalidad policíaca:

Pone en evidencia que la policía es una organización, de hecho, sino ajena, sí precariamente vinculada a otras agencias e instituciones del Estado y con una constante  propensión a la acción independiente: una organización que tiene sus rutinas, sus hábitos, sus formas de proceder que no toma casi en cuenta para nada la legalidad vigente.[47]

Hoy en día, la brutalidad policíaca es una práctica presente en la relación policía/sociedad, a pesar de  los mecanismos de vigilancia que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo. Las comisiones de derechos humanos han ayudado a documentar los casos de brutalidad policíaca, sin embargo al estar facultadas solamente en la elaboración de recomendaciones su acción sigue siendo muy tímida. Casos como el de la brutal represión de los pobladores de San Salvador Atenco, a manos de policías estatales al mando de Wilfrido Robledo, muestran la persistencia de esta temible y reprobable práctica.

 

Relación de la policía consigo misma

Como mencionamos en un inicio, las tres variables detectadas que explican el comportamiento de la policía en el siglo XX solamente forman parte de un marco analítico. En la práctica las tres variables se concatenan. No se puede explicar una sin la otra. La piedra de toque a la propuesta que he presentado es la relación de la policía consigo misma, pues ésta es la que garantiza la reproducción del entramado de complicidades al interior de las corporaciones policíacas que dan vida a la impunidad, la corrupción piramidal que parasita a la sociedad y el sistema de lealtad y obediencia al sistema político que reafirma la autonomía de las policías frente a todo tipo de control.

La relación de la policía consigo misma forma y reproduce una cultura policial ajena al ordenamiento jurídico que norma su comportamiento. Esta subcultura policial se encuentra marcada por un marcado espíritu de cuerpo  que protege las actividades de los miembros de las corporaciones por medio de un sistema complicidades y encubrimiento “que resulta necesario por la frecuencia con que los agentes incurren en delitos de toda índole; la lealtad de los compañeros es tan importante como peligrosa su traición.”[48] La lealtad de los compañeros en el encubrimiento de actividades fuera de la ley “puede darse desde muy diversas maneras: va desde el entorpecimiento efectivo de las investigaciones (intimidaciones, alteración de documentos y evidencias, etcétera) hasta, por ejemplo, la no ejecución de órdenes de aprehensión en contra de policías acusados de algún delito.”[49]

La cultura policial que impera en las corporaciones coactivas es posible gracias al funcionamiento de un sistema de lealtades personales que sustituye  a las lealtades de los miembros con las instituciones. Este sistema de lealtades personales garantiza la corrupción piramidal al interior de las policías, genera un código de comportamiento propio y pone en duda el monopolio legítimo de la violencia, pues la coacción se ejerce, en términos discursivos, en nombre del Estado mexicano, sin embargo ésta se ejerce bajo criterios personales, con poco apego a una cultura de la legalidad y en detrimento directo de un comportamiento institucional.

La cultura policial de la que hemos venido hablando ha generado un código de comportamiento al interior de las corporaciones ajeno a toda norma jurídica. Aunque en la relación policía/sociedad se visualiza a los agentes del orden como impunes en su totalidad, su comportamiento se encuentra inserto en un código donde “existen diferencias y límites sutiles entre las transgresiones aceptables, que cuentan con la aprobación interna del grupo, y otras inaceptables que no se aprueban.”[50] Parte importante del comportamiento de  las corporaciones policíacas se puede explicar por este código de comportamiento inserto en una cultura policial propia. A mi juicio, todo intento de reforma policial está condenado al fracaso si limita sus intenciones a modificaciones de cuerpos legales; una verdadera reforma de las policías debe pasar por una comprensión de esta cultura policial, pues es aquí donde se negocian las normas jurídicas que rigen el comportamiento de las policías.

Como balance de la situación histórica de la policía mexicana a lo largo del siglo XX, podemos concluir que la policía  ha guardado una lealtad al sistema político mexicano a cambio de amplios márgenes de autonomía que garantizaron la impunidad  de acciones parasitarias y en franca oposición al reglamento jurídico que norma las acciones de las policías, así como de aquel que las policías garantizan su funcionamiento. A nivel interno, las policías reproducen un sistema de lealtades personales en detrimento de la lealtad institucional que deben guardar, así mismo la policía se caracterizó por un marcado espíritu de cuerpo basado en un sistema de complicidades y encubrimiento que  hizo posible un funcionamiento ajeno a la  norma jurídica, es decir un  comportamiento anómico.

El balance que presento fue posible trabajando en  las tres variables detectadas, éstas mostraron a la policía más allá del estrecho marco de competencias por jurisdicción y por función. Como se puede apreciar, la caracterización de la policía que presento difiere por completo de aquella que se presentó en  la sección dedicada al marco teórico. A manera rápida y arriesgando un poco la interpretación, puedo concluir que la policía no ha logrado generar un orden, a nivel interno y externo, apegado a derecho porque simple y llanamente se le negocia, antes de acatarse. Desde el estructural funcionalismo y desde la sociología jurídica se puede caracterizar a la policía mexicana como una policía anómica.

 

La Policía Federal Preventiva.

En  líneas anteriores he intentado mostrar las variables básicas a la comprensión del funcionamiento de la policía en México a lo largo de su historia y con un énfasis particular en el siglo XX,  a la vez que desarrolle una caracterización propia de la policía mexicana durante la hegemonía priísta. En la década de los 90 el funcionamiento del sistema policial mexicano fue puesto en duda, al igual que el del sistema político mexicano en su conjunto, entró pues, en una fase de marcado agotamiento donde la autonomía e impunidad de la cual gozaba empezó a ser cuestionada a nivel social por medio de comisiones de derechos humanos, por otro lado la relación de las policías con el sistema político mexicano empezó a ser mucho más compleja, el advenimiento del multipartidismo puso en jaque la relación monolítica con un sólo partido.

A nivel gubernamental se tomaron medidas que intentaban  modernizar la institución policial. Estas medidas empatan directamente con un fenómeno particular que se venía arrastrando desde hace por lo menos 20 años pero que estalló en todo su esplendor en la década de los 90´s: la inseguridad. En esta sección argumentaré que la PFP es el hijo dorado de las reformas en materia de seguridad desarrolladas durante la década antepasada y que es producto de una mala lectura de los índices de inseguridad, a la vez que muestra un nuevo modelo de policía que trata de superar los vicios de las corporaciones coactivas mexicanas  por medio de la militarización de sus filas, así mismo la PFP devela un nuevo tipo de relación del ejército con el sistema político mexicano y con la sociedad en particular. Mi exposición la divido en tres partes, en la primera dejo hablar a los datos duros sobre los niveles de inseguridad, pues el discurso de la inseguridad es el argumento legitimador del gobierno en el endurecimiento de penas y en la creación de nuevos cuerpos de seguridad; en la segunda parte muestro las reformas desarrolladas a lo largo de la década y cómo es que estás le otorgan un nivel privilegiado a la PFP, por último presento una reflexión personal sobre la corporación que es objeto de mi estudio.

Según un texto editado por la Secretaria se Seguridad Pública Federal y el Fondo de Cultura Económica, el problema de la inseguridad empieza a ser visible desde la década de los 80´s,  “tan sólo en 10 años, de 1980 a 1990, el número de presuntos delincuentes consignados por delitos contra la salud se incrementó en más de 400 por ciento al pasar de 2072 a 10665.”[51] A mitad de la década de los 90´s la tendencia se refuerza, tan sólo en el  período 1997-2000  los delitos del fuero federal observan un incremento del “10. 8 por ciento, al pasar de 73,913 hechos delictivos en 1997 a 81,781 en 2000, siendo los delitos contra la salud y la portación de armas de fuego lo que registraron un mayor crecimiento. Durante 2000, el promedio diario  de estos delitos fue de 223.4, 21 más de los que se registraron en 1997.”[52] Sin embargo, del total de delitos cometidos a nivel nacional tan sólo el 5% de los mismos corresponde a delitos del fuero federal, el 95% de delitos forman parte del fuero común o local.

A nivel social se considera que el país es muchísimo más violento, y por ello mucho más inseguro, que hace 20 o 30 años, sin embargo, si consultamos la estadística, podemos constatar una clara tendencia a la baja en los niveles de violencia, en específico en la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes. Según un estudio realizado por Fernando Escalante, coeditado por el Colegio de México y la Secretaria de Seguridad Pública Federal, la tasa de homicidio en México en el período 1990-2007 ha venido a la baja teniendo  su punto más alto en el año de 1992  con cerca de 20  homicidios por cada 100,000 habitantes y su punto más bajo en el año 2007 con un promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes.

Lo que ha cambiado en México, con respecto al homicidio, es la sociodemografía del mismo. En el período 1977-1990 los homicidios se concentran en el centro-sur del país, en específico en zonas rurales, en el periodo 1990-2007 los homicidios se concentran en ciudades de la zona fronteriza con los Estados Unidos. Al parecer, la concentración de homicidios en las grandes ciudades es lo que ha  generado una percepción social de México como un país ultra violento, pues:

Un homicidio en la vía pública de Tijuana o Monterrey, un cuerpo decapitado en Acapulco o en el Distrito Federal, son mucho más visibles para los medios de comunicación que un homicidio en algunas veredas de Chiapas o en un municipio de la Costa Chica de Guerrero; la violencia rural, por otra parte, salvo que rebase algunos límites, no es percibida como amenazadora por las clases medias urbanas, que forman la base del público al que se dirigen los medios.[53]

En la construcción mediática de México como un país violento no han faltado las comparaciones de México con Colombia, sobre todo porque a la nación andina se le toma como un superlativo de la violencia. Analistas en violencia, en temas de seguridad y narcotráfico construidos al vapor aseguran que México entra en un callejón sin salida y que su situación se acerca cada vez más a la de Colombia de los años de oro de Pablo Escobar, Fidel Castaño, en caso de que lo conozcan, y de los hermanos Orejuela, sin embargo si  miramos con detalle la estadística nos encontramos con que “el problema del homicidio en México es mucho más parecido al de Estados Unidos que al de Colombia.”[54] Tomemos como ejemplo el año de 1992 y 2007 para los tres países; en el año de 1992 en México se registraron cerca de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, en Estados Unidos fueron cerca de 10, mientras que en Colombia  fueron cerca de 80 asesinatos; en 2007  la tasa de homicidio en México y Estados Unidos llegan a un punto de encuentro registrando cerca de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes mientras que la tasa de homicidio en Colombia es cercana a los 40.

Otro hecho que ayudó a generar una imagen de México como un país violento fue el asesinato de personalidades. En año de 1993 fue asesinado Francisco Ruiz Massieu, ex-dirigente nacional del PRI y ex-gobernador del Estado de Guerrero, en es mismo año fue asesinado el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara por miembros de la organización traficante de drogas de los Arellano Félix, y por último el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, en Lomas Taurinas, Tijuana. A esto se le debe agregar el alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la madrugada del primero de enero de 1994.Todos estos hechos ayudaron a reforzar la percepción de violencia e inseguridad en el México de la década de los 90´s.

El panorama de la inseguridad se hizo cada vez  más visible, según Pablo Moloeznik:

Durante la gestión encabezada por Zedillo hizo eclosión en México el problema de la inseguridad pública y encontró su punto de inflexión  en el año de 1997, cuando los hechos delictivos llegan a conocimiento de las autoridades rebasaron con creces la capacidad preventiva y reactiva de las mismas.[55]

La respuesta a la creciente ola de inseguridad se dio desde dos vertientes: social y gubernamental. Desde el plano social, se impulsaron iniciativas que trataron de mitigar a la inseguridad, como México Unido Contra la Delincuencia y otra serie de organizaciones similares. A  nivel individual la ciudadanía empezó a tomar medidas cautelares contra la inseguridad. La respuesta gubernamental se divide en dos: creación de un marco jurídico que  recrudece las penas y sanciona nuevos delitos y la creación de nuevas corporaciones. Veamos a detalle la respuesta gubernamental frente a la inseguridad.

En la administración del último presidente de la familia revolucionaria se crearon distintos instrumentos con la finalidad de hacerle frente a la inseguridad.  El primero de ellos  fue la creación, en 1994, del  Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) que funciona en un modelo de seguridad descentralizado, “en el que coexisten autoridad e instituciones federales, estatales y municipales responsables de velar en la materia  en un mismo ámbito territorial, la coordinación  se erige en un factor estratégico.”[56] Así mismo se  dota a la Federación la  obligación de otorgar seguridad pública, obligación que con anterioridad sólo compartían entidades federativas y municipios.[57] En 1996 entra en vigor la ley general de delincuencia organizada que contempla un marco jurídico al combate al crimen organizado.

Con la creación del PNSP se trato de crear un cuerpo normativo coherente y sistemático que, fundado en una norma suprema, instituyera un esquema claro de organización de facultades y procedimientos de actuación de los órganos que intervienen en la seguridad pública, así como  los procedimientos de colaboración interinstitucionales y de formación de sus integrantes, entre otros. Con la creación de la Ley General de la Delincuencia Organizada se crea todo un marco legal específico al combate a los delitos del fuero federal, a la vez que se crean órganos al interior de la PGR facultados, exclusivamente a la aplicación de la ley.

Por otra parte, la administración de Ernesto Zedillo implementa un esquema de seguridad pública militarizado, donde:

Involucra oficiales de mediano y alto rango como mandos de diversas corporaciones policíacas e instancias del poder judicial, y a tropas oficiales en acciones de persecusión y consignación de narcos (tanto en áreas urbanas como rurales), así como en la planeación estratégica, en la coordinación, etcétera.[58]

La justificación de militares en tareas de seguridad pública se encuentra en la superioridad de los militares sobre los cíviles. Según José Luis Piñeyro:

La óptica castrense reivindica a las distintas corporaciones policiacas (federal, estatal y municipal) contar con superioridad moral (sólidos valores patrios y castrenses: disciplina, abnegación, eficiencia, honestidad), organizativa (mando centrralizado, plan de acción sistemático), técnica (mejor armamento, transporte, red de información e inteligencia) y sobre todo apoliticismo en el desempeño de misiones asignadas.[59]

A pesar de todas las bondades o aparentes bondades de los militares en tareas de seguridad pública existe un gran problema, pues los soldados no tienen capacitación en técnicas de orden público y sólo reconocen los códigos militares. Me parece que el gran problema radica en el hecho de que:

Un soldado defiende la seguridad exterior e interior del Estado de los enemigos del mismo; en consecuencia, su objetivo es destruir al enemigo, para eso es formado. Un policía no tiene enemigos, su función es actuar en el marco del Estado  de Derecho previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas, o reprimiéndolas, en el estricto marco a la ley.[60]

Ahora bien, la implementación de un esquema de seguridad pública militarizado en tareas de seguridad pública encontró una forma muy eficaz de funcionar bajo una careta semi-civil: la PFP. La creación de la Policía Federal Preventiva (1998) “se trata de la iniciativa más importante de la Administración de Ernesto Zedillo.[61] Así mismo, la PFP cristalizó la reforma de 1994, hizo visible a la seguridad pública con una competencia concurrente a los tres órdenes de gobierno. En las amplias facultades concedidas a la PFP, es donde se hace visible su trascendencia, enunciemos pues algunas de ellas:

Debe  prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales, intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes; garantizar, mantener y restablecer el orden y paz públicos, mediante la vigilancia e inspección, en zonas fronterizas, tierra firme de los litorales, la parte del país en  los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión y control migratorio, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.[62]

Otro rasgo que hace importante a la PFP es la concentración de policías federales en un sólo órgano, pues aglutinó a policías preventivos de  la federación, en específico  a la Policía de Migración, a la Fiscal Federal y a la Policía Federal de Caminos. Así mismo, la PFP incluye al interior de sus filas a  militares en tareas de seguridad pública, para su creación se  transfirieron 4899 militares de la SEDENA y 700 agentes del CISEN. Al transferir la unidad de contrainteligencia del CISEN a la PFP, la nueva corporación puso en duda el esquema de funcionamiento policial basado en competencia por funciones, pues en un sólo organismo se fundieron las competencias por función y las competencias por jurisdicción. Parte importante de la PFP radica en su capacidad de inteligencia, pues “la nueva corporación policial (2001) tiene como función básica desarrollar inteligencia criminal estudiando los orígenes y estructuras básicas del crimen organizado para evitar el trabajo superficial y reactivo frente a los fenómenos delictivos.”[63]

En términos generales:

La PFP es una innovación legal y organizacional importante diseñada para cumplir con, por lo menos, tres diferentes tipos de necesidades: 1.- Una fuerza que está mejor organizada, entrenada y equipada que una fuerza policial tradicional; 2.-Una policía que puede combinar tanto las funciones preventivas como investigativas; 3.- Una fuerza que puede trabajar con mayor flexibilidad con las fuerzas policiales estatales y locales.[64]

El proyecto de la PFP no se disolvió con el cambio de administración Zedillo/Fox,[65] antes bien se ajustó a un nuevo paisaje. En los últimos días de la administración Zedillo se creó la Secretaria de Seguridad Pública Federal, la cual, en palabras de Pablo Moloeznik, “es como la Santa Trinidad: tres sentencias en una, unificando bajo el cargo de  una sola persona la Secretaria de Seguridad Pública, el Comisionado de la Policía Federal Preventiva y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”[66] El 21 de octubre del 2008 el Presidente Felipe Calderón declaró la eliminación de la PFP y la creación de de una nueva corporación, la Policía Federal (PF) argumentando que no ha dado los frutos esperados" y "no ha sido la institución sólida capaz de servir de modelo para todas las policías del país.”[67] En las administraciones referidas la PFP ha sido elemento central en el combate al campo del tráfico de drogas.

Me parece que una vertiente sugerente al análisis de la PFP sería ver la continuidad o la ruptura de las pautas históricas de las policías mexicanas a lo largo siglo XX, toda vez que es una corporación de nuevo tipo y parte importante de sus filas se encuentran nutridas por efectivos militares. Sin embargo, el interés de mi investigación radica en como es que la PFP participa en tareas de política antidrogas, el como es que ha incidido en el combate al campo del tráfico de drogas toda ves que ésta fue el principal instrumento de combate a las organizaciones traficantes de drogas del gobierno federal durante el período 2000-2006.

 


Notas:

[1] K. Marx. 1862

[2] Waldmann, Peter, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid, 2006,  p. 41.

[3] Sain, Marcelo, El leviatán azul. Policía y política en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008, p.54

[4] Ibid., p.15.

[5] El 2 de junio de 2011 el Sr. Presidente Felipe Calderón declaró el día del policía. Según Calderón, los jóvenes deben ingresar a la Policía Federal, en específico  los universitarios, con la intención de realizar un sacerdocio cívico. Para más información ver: Castillo Gustavo, Insta Calderón a hacer del trabajo policíaco un sacerdocio cívico, La Jornada, México, 3 de junio de 2011.

[6] Palacios, Diego, “Policías, opacidad y Ciencias Sociales”, Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 42, N.3, p.9.

[7] Para más información, ver: Azaola, Elena, Imagen y autoimagen de la Policía de la Ciudad de México, Ediciones Coyoacán-CIESAS, México, 2006.  Suárez de Garay, Maria Eugenia, “Armados, enrejados, desconfiados... Tres lecturas breves sobre cultura policial mexicana”  Política y Sociedad, Universidad Complutense de Madrid, 2005, Vol. 42, N.3, pp-87-102.

[8] Seguridad Pública en México. Problemas, perspectivas y propuestas, UNAM, México , 1994, p. 52.

[9] Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, FCE., México, 2001, p. 91

[10] Weber, Max, Economía y sociedad, FCE, México, 2008, p.1063

[11] Ibid. 1056

[12] Op. Cit., Bobbio, p 108.

[13] Tilly Charles, Coerción, capital y los Estados europeos   990-1990, Alianza  Editorial, Madrid, 1992, p.112

[14] Elías, Norbert, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogeneticas y psicogenéticas, FCE, México, 2009. p.370

[15] Ibid., p. 294

[16] Op. Cit., Waldmann, p. 127.

[17] Op. Cit., Seguridad Pública en México, p. 39.

[18] Ibid., p. 54.

[19] Ibid., p. 49.

[20] Carrillo Prieto, Ignacio, Policía y Estado democrático de derecho, Porrúa, México, 2004, p. 35. Bastardillas nuestras.

[21] Op. Cit., Waldmann, p. 145.

[22] Barrón Cruz, Martín Gabriel, Policía y seguridad en México, INACIPE, México, 2005, p.42.

[23] Ibid., p. 102.

[24] Ibid., p. 99.

[25] Ibid., p.100.

[26] Op. Cit., Waldmann, p.127.

[27] López Portillo Vargas, Ernesto, La policía en México: función política y reforma, en: Crimen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos, Jorge Chabat y John Bailey (comp.) Plaza Janés, México, 2003, p.152.

[28] Martínez de Murguía, Beatriz, La policía en México ¿orden social o criminalidad?, Planeta, México, 1996, p.55.

[29] Ibíd., pp.16-17.

[30] Astrorga, Luis, Seguridad, militares y traficantes. El poder y la sombra, Tusquets, México, 2007,p. 61.

[31] Op. Cit., Serrano, p. 265.

[32] Ibid., p. 264.

[33] Para una interpretación académica de las madrinas ver: Op. Cit., Martínez, pp. 45-50.

[34] Durante gran parte del siglo pasado, los municipios serrranos del Estado de Sinaloa fueron los máximos exponentes de la producción y transformación de opiáceos; en los años 50´s se hablaba de ciudad de Culiacán como un nuevo “Chicago con gángsters de huarache”. Luis Astorga,  a partir de un extenso trabajo hemerográfico, señala que en esta época los “agentes de la Policía Judicial [Federal] se peleaban por venir a Sinaloa”, en: Astorga, Luis, El siglo de las drogas. El narcotráfico del porfiriato al nuevo milenio, Plaza y Janés. México, 2005, p. 102.

[35] Op. Cit., Martínez, p.73.

[36] Ibíd., p.27.

[37] Ibíd., p. 145.

[38] Ibíd., p. 75.

[39] Ibíd., p. 27.

[40] Op. Cit., Waldmann, p. 135. Cursívas mías.

[41] García Luna, Genaro, ¿Porqué 1662 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México, 2006, p.51

[42] Ibíd., p. 52.

[43] Op. Cit., Martínez, p. 57.

[44] Op. Cit., Prieto, p. 25.

[45] Op. Cit., Martínez, p. 95.

[46] Ibíd., p. 97.

[47] Ibíd., p. 54.

[48] Op. Cit., Martínez, p. 46.

[49] Ibíd., p.31.

[50] Op. Cit., Waldmann, p. 149.

[51] Estado y Seguridad Pública, FCE-SSPF, Colección editorial del gobierno del cambio, México, 2005, p. 19.

[52] Ibid., p. 39.

[53] Escalante Gonzalbo, Fernando, El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística, COLMEX-SSPF, México, 2009, p. 60

[54] Ibíd., p. 32.

[55] Moloeznik, Pablo, Seguridad pública y reforma policial en Méxcio: ¿Cambio o continuidad?, en: Seguridad y reforma judicial en las Américas. Experiencias y desafíos, John Bailey-Lucía Dammert (coords.), Flacso- Siglo XXI, México, 2005, p. 290.

[56] Ibid., p. 81.

[57] Esto hizo de la seguridad pública una obligación concurrente de los tres ordenes de gobierno. Se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución, haciendo de la seguridad una garantía.

[58] Piñeyro, José Luis, “Fuerzas Armadas y combate a las drogas en México: Ayer y hoy”, Sociológica n.54, UAM- A, México, 2004, p. 161.

[59] Ibíd., p. 170.

[60] Op. Cit., Seguridad Pública, p. 58.

[61] Op. Cit., López Portillo, p. 26.

[62] Ibid., pp. 26-27.

[63] Crímen transnacional y seguridad pública. Desafíos para México y Estados Unidos, John Bailey y Jorge Chabat (comp.), Plaza Janés, 2003, Introducción, p. 90

[64] Ibíd., p. 45.

[65] Una de las grandes objeciones a la creación de la nueva corporación fue el uso político de la misma, que en efecto lo tuvo,  y Vicente Fox, siendo candidato presidencial declaró que de llegar a la Presidencia disolvería la corporación. Durante la administración de Vicente Fox la PFP fue el principal instrumento del Gobierno Federal en el combate al campo del tráfico de drogas.

[66] Op. Cit., Moloeznik, pp. 287-288.

[67] Pide Calderón zar policiaco, 22 de octubre de 2008, El Universal, México, D.F.

 

Bibliografía:

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