La judicialización en México: ¿lawfare como recurso político contra AMLO?

Judicialization in Mexico: lawfare as a political resource against AMLO?

A judicialização no México: lawfare como recurso político contra AMLO?

Georgette Ramírez Kuri[1]

Universidad Nacional Autónoma de México

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Aníbal García Fernández[2]

Universidad Nacional Autónoma de México

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Recibido: 23-03-2021
Aceptado: 10-05-2021

 

 

Introducción

La oleada de gobiernos progresistas en América Latina desde inicios del siglo XXI en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay significó una serie de nacionalizaciones de empresas estratégicas como las de recursos energéticos, así como la redistribución de la riqueza y mayor presencia del Estado en materia social, que permitieron el abatimiento de la pobreza en varios de estos países, el avance en políticas redistributivas y el acceso de amplias capas sociales a educación, salud y vivienda.

El avance del Estado en sectores estratégicos y la redistribución social del ingreso público significó la regulación de las empresas privadas, por ejemplo, en el pago de impuestos, y la eliminación de subsidios y concesiones. Estas políticas revirtieron la correlación de fuerzas en favor de la mayoría de la población local, afectando intereses privados y extranjeros, en su mayoría estadounidenses.

Desde la década de los noventa del siglo XX, pero con mayor fuerza en los primeros años del siglo XXI, las reformas al poder judicial, la construcción del Estado de derecho, en términos liberales, así como las nociones de transparencia, división de poderes, defensa de derechos humanos (DDHH) y apego a la ley, permitieron que jueces, magistrados, fiscales y auditores, se convirtieran en la punta de lanza de una política imperialista tendiente a modificar la correlación de fuerza en los gobiernos progresistas. Esta política apuntalada por Estados Unidos (EE.UU.) en América Latina sirvió para instalar o reinstalar el neoliberalismo como vía al subdesarrollo de las naciones latinocaribeñas.

En este contexto, el lawfare o guerra jurídica se ha convertido en un recurso más en la batalla política e ideológica que judicializa la política, posibilita que se encarcele a líderes y figuras políticas incómodas y se refuerce la vía al neoliberalismo. En otras palabras, el lawfare es un arma más de la guerra híbrida, cuyo soporte tiene un amplio financiamiento desde agencias y organismos del gobierno estadounidense.

Son diversas las experiencias de judicialización de la política en América Latina. El caso clásico es el “Lava-Jato” en Brasil, mediante el cual se realizaron los procesos de Impeachment a la presidenta Dilma Rousseff y de encarcelamiento al líder político Lula da Silva, tras la megacausa de Odebrecht y la participación del ex juez Sergio Moro, quien fue parte del Programa “International Visitors Leadership Program” (IVLP) de la embajada de EE.UU. en Brasil.

Destaca el caso del golpe a Fernando Lugo en Paraguay en 2012, en el que la USAID financió el proyecto UMBRAL y UMBRAL II. Actualmente uno de los casos en curso y que ha judicializado a más de una veintena de personas es el ecuatoriano. El intento de juicio al expresidente Rafael Correa es apenas, la punta del iceberg de la cantidad de juicios que mantiene exiliados, asilados y detenidos a miembros del correísmo, destacando el caso del vicepresidente Jorge Glass.

Estos casos permiten dimensionar la relevancia de la asistencia económica de EE.UU., la importancia de los cursos a los que asisten jueces, fiscales y otros miembros del aparato de Estado pero, sobre todo, su importancia histórica, pues han logrado cambiar regímenes, encarcelar a candidatos o impedir su participación política bajo el gran paraguas que es el discurso anticorrupción.

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, México se conforma como uno de los países en los que se ha incrementado el financiamiento por parte de agencias estadounidenses en sectores clave como gobernanza, medios, reformas al Estado en su rama judicial e investigación periodística en casos de corrupción. Es relevante mencionar que, justo cuando se intentó desaforar a AMLO en 2004, la oleada de reformas al sector judicial tomó más fuerza y, hasta la fecha, hay programas activos para terminar la implementación del sistema penal acusatorio.

El funcionamiento de la nueva Fiscalía General de la República (FGR) es uno de los tantos órganos autónomos que se han creado bajo el neoliberalismo para restar poder al ejecutivo en decisiones políticas y económicas fundamentales incluso facultando al fiscal general para llevar a juicio y remover, si fuera el caso, al presidente de México.

Este artículo, vincula el análisis sobre el lawfare con la contrainsurgencia latinoamericana y la guerra híbrida. Presenta una metodología cualitativa y de análisis empírico y teórico del lawfare y el Estado de derecho. Está dividido en tres apartados, en el primero se plantea la Contrainsurgencia en clave histórica y los principales aportes al concepto de guerra híbrida, se analiza el Estado de derecho y las reformas judiciales, así como la judicialización selectiva. En el segundo apartado se analiza el lawfare y su aplicación en América Latina, destacando los principales casos y una caracterización general. El tercer apartado aborda el caso de México y las reformas al poder judicial desde 2004, los casos de judicialización de la política concretados en el desafuero de AMLO y la censura por la vía judicial a los periodistas Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui. Con estos precedentes, se plantean las posibilidades de la formación de un proceso de lawfare, a partir de elaborar un análisis de coyuntura sobre el actual proceso abierto en el marco electoral mexicano de 2021. El artículo cierra con algunas reflexiones finales.

El objetivo es enmarcar al lawfare dentro del proceso histórico de la Contrainsurgencia en América Latina, donde el imperialismo adaptó la guerra híbrida como medio para llevar a cabo golpes de Estado sin la participación de militares, pero sí de otros órganos estatales. En ese sentido, el objetivo particular es explorar cómo se han llevado a cabo las reformas judiciales en México, que favorecen las condiciones para un proceso de judicialización en el actual gobierno mexicano.

La cantidad de juicios, pugnas entre órganos del gobierno y organismos autónomos, así como las numerosas publicaciones en los principales medios de comunicación para manufacturar consenso (y construir hegemonía), sugieren un proceso similar al que ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Sin embargo, las peculiaridades históricas de México, hacen necesaria una clasificación distinta dentro de la misma tendencia regional.

 

Contrainsurgencia, Estado de derecho y judicialización en América Latina

Contrainsurgencia y guerra híbrida

En América Latina, el ejercicio militar de la Contrainsurgencia se instaló tras la Segunda Guerra Mundial como concreción de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) lanzada el año 1947, en plena Guerra Fría. El objetivo fue que cada Estado asumiera al comunismo como amenaza a su seguridad nacional, demostrando así su adscripción política y económica al capitalismo occidental del que EE.UU. era modelo.

La Contrainsurgencia consiste en insertar un enfoque militar de aniquilamiento del enemigo al escenario de lucha política entre adversarios. Concordando con Marini (2012), la aplicación de la contrainsurgencia en América Latina consiste en asumir la lucha política como proceso en el cual se aniquila y destruye al enemigo. La doctrina de Contrainsurgencia se implementó mediante la formación y adiestramiento de militares latinoamericanos en la estadounidense Escuela de las Américas y desde acuerdos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

En las siguientes décadas, se alcanzó el disciplinamiento y la estandarización de las FFAA latinoamericanas de acuerdo con los lineamientos militares e ideológicos de la potencia hegemónica. Fue a partir de los ejes de desarrollo, seguridad y democracia propuestos en la Alianza para el Progreso a inicios de los años sesenta, cuando la doctrina de Contrainsurgencia comenzó a ser formalmente financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), de reciente creación.

Tras la graduación de miles de militares hacia comienzos de los años setenta, este proyecto culminó en la instauración de las Dictaduras de Seguridad Nacional en países sudamericanos y su extensión hacia Centroamérica con los conflictos de baja intensidad entre 1979 y 1995.

En los ochenta, simultáneamente a la promoción del tránsito a la democracia en América Latina, la administración de Ronald Reagan, mediante el Secretario de Defensa Caspar Weinberger, promovía una nueva estrategia de intervención militar indirecta en el Tercer mundo: la guerra de baja intensidad (GBI), para combatir “aquellas depredaciones conocidas como guerras de liberación nacional” (Weinberger, 1986). Weinberger anticipaba que “los conflictos de baja intensidad, para los cuales las Fuerzas de Operaciones Especiales son las más adecuadas, supondrán la amenaza más frecuente a la que tendremos que enfrentarnos a lo largo del fin de este siglo” (Weinberger, 1984).

Así, la GBI en Centroamérica fue un proceso fundamental y estratégico en un triple proceso transitorio en América Latina: en el ámbito político, representó el último ciclo de regímenes autoritarios formales previo a la promoción de la democracia y el Estado de derecho en la región; en el terreno militar, representó la adopción de la estrategia contrainsurgente de EE.UU. a la guerra de cuarta generación característica de la pos-Guerra Fría, sintetizada en la guerra híbrida; en el ámbito económico, significó la conversión hacia el neoliberalismo.

EE.UU. ha adoptado la guerra híbrida como nuevo horizonte en su estrategia militar para realizar el denominado “cambio de régimen” que favorezca sus proyecciones geopolíticas en el mundo, especialmente en América Latina. Este tipo de guerra se define como “un paquete híbrido de dominación tangible e intangible de las variables del campo de batalla que se manifiesta de manera ampliamente indirecta. En suma, es el paradójico caos estructurado que se está convirtiendo en un arma para satisfacer objetivos de política exterior específicos” (Korybko, 2019, pág. 61).

Hacia finales de los ochenta del siglo XX cuando se da por terminada la Guerra Fría junto con el polo socialista en la URSS, en América Latina la pérdida de legitimidad era ‒de facto‒ un rasgo generalizado. Tras décadas de aguda descomposición social producida por los regímenes autoritarios, fueran dictaduras militares, conflictos de baja intensidad o gobiernos autoritarios formalmente democráticos ‒como el caso de México‒, la década de los noventa de ese siglo abrió paso a la democratización y la construcción del Estado de derecho en la región.

Igualmente, la crisis económica de los ochenta del siglo XX conocida como “la década perdida”, daba cuenta de dos procesos históricos: el agotamiento del patrón industrial de sustitución de importaciones en la región y la instauración del neoliberalismo; y la necesidad de la transición a la democracia. No obstante, la democracia neoliberal no significó el cese de la Contrainsurgencia en el Estado latinoamericano, sino su adaptación al contexto democrático regional y de pos-Guerra Fría.

Estos aspectos ya se notaban en el Documento de Santa Fe I (1980) y la Estrategia de Seguridad Nacional (White House, 1990), pero fue en la Carta Democrática Interamericana (2001) en la que se concatenaron democracia y seguridad bajo una nueva concepción que dio forma a un nuevo tipo de intervención, en favor de cierta perspectiva teórica de la democracia y contra cierta tradición democrática popular, revolucionaria (Kunz, 2008).

En el manual de Contrainsurgencia FM 3-07 2003, se reconoce que “Las operaciones militares deben complementar y reforzar las reformas política, social y económica” (Graff, 1991, pág. 11). Por lo tanto, bajo la democracia, las operaciones militares son tan solo una de las facetas estratégicas, debiendo restringir el involucramiento de las FFAA norteamericanas en combate para evitar mermar la legitimidad del gobierno huésped y no correr el riesgo de convertirse en un conflicto para EE.UU. Para ello, las reformas políticas incluían la conformación del Estado de derecho como uno de los requisitos para vincular seguridad y democracia con el desarrollo del capitalismo neoliberal.

López Obrador. Informe de Gobierno 2021
Imagen 1. López Obrador. Informe de Gobierno 2021.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMLO_z%C3%B3calo_diciembre_2021.jpg

 

Estado de derecho y reformas judiciales

Se suele mencionar que los aspectos que conforman el Estado de derecho (Rule of Law en inglés, Rechtsstaat en la doctrina alemana) son el imperio de la ley, la división de poderes y por lo menos, protección de DDHH (Márquez Rábago, 2008). Dentro de este Estado de Derecho y la construcción de capacidades estatales para hacer valer el “imperio de la ley” y la división de poderes destaca el poder judicial y las reformas judiciales, en las cuales también se han integrado la transparencia, la construcción de límites (incluso ciudadanos) al poder del Estado, eficiencia y que, en el caso de América Latina, va ligado también a nociones como gobernabilidad, seguridad y democracia.

No es propósito de este artículo entrar en la discusión filosófica y jurídica de lo que implica el Estado de derecho pues excede sus objetivos. Sin embargo, sí interesa distinguir que la visión técnico-jurídica del Estado de derecho constriñe el análisis con una visión limitante sobre el ejercicio controlado del poder constitucional y legal del Estado (Villafuerte Valdés, 2007).

Para este artículo, interesa destacar que con el Estado de derecho, los marcos legales de los países latinoamericanos sufrieron oleadas de reformas que fueron perfilando la estandarización de los Sistemas Judiciales (SSJJ) para hacer operativo el funcionamiento de la democracia, mediante la asesoría, capacitación y adiestramiento de abogados, jueces y legisladores latinoamericanos, impartidas por instituciones académicas norteamericanas y coordinadas por el Departamento de Justicia y por lo menos, el Departamento de Estado de EE.UU.

La construcción del neoliberalismo en América Latina que acompaña la receta de “abrir, privatizar, desregular”, implicó a su vez, la aceptación por parte de los Estados latinoamericanos de reformas estructurales tendientes a terminar con la parte social del Estado que construyó el modelo de sustitución de importaciones, lo que Álvarez (2018) denomina como “Estado social inacabado” y que conforma una nueva fase imperialista de desarrollo del capitalismo (Smith, 2016).

Este paquete de reformas estructurales llegó junto con las “condicionalidades” exigidas por instituciones de clase como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), BID y también con la asistencia técnica y económica de instituciones del gobierno estadounidense como la USAID, la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI) y una serie de organismos, agencias, empresas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que en su conjunto, promovieron las reformas para anular la función social del Estado, promover el Estado de derecho, la apertura económica y el crecimiento de mercados (Romano, 2019).

Esta asistencia técnica y económica proporcionada por EE.UU. ha tenido un rol directo en la promoción de reformas jurídicas y modernización de aparatos legales. Se engarza con acuerdos bilaterales, iniciativas suscritas entre gobiernos latinoamericanos y EE.UU. que terminan por hacer coincidir los aparatos de justicia con los parámetros estadounidenses.[3] El cierre de pinza, lo hace la asistencia militar (Tellería Escobar, 2019), acompañada de estrategias como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, por mencionar las más relevantes.

Si partimos de que el Estado es “la fuerza concentrada de la sociedad, la síntesis de las estructuras y relaciones de dominación que allí existen” (Marini, 1978), las reformas estructurales modificaron al Estado bajo el argumento general de que el Estado y lo público, así como la corrupción son las razones de la crisis.

A su vez, estos argumentos contribuyeron a la construcción del Estado de derecho en el capitalismo que se basa en las nociones de libertad y democracia (procedimental, liberal), eficiencia, gobernanza, transparencia y defensa de DDHH, que promovieron la acumulación de capital y cambiaron la correlación de fuerzas en el Estado. Por lo tanto, las reformas judiciales son la continuación del establecimiento de estructuras y relaciones de dominación necesarias para mantener el orden social en un momento histórico determinado.

 

Judicialización selectiva de la política y lawfare

El Estado de derecho que construyen los Estados en América Latina fomenta la autonomización de poderes bajo el argumento de promover el equilibrio entre poderes dentro del Estado mediante contrapesos tanto del legislativo, como -y especialmente- del ejecutivo. Para ello se han creado órganos autónomos que han resultado frecuentemente influidos por intereses particulares.

Con la creación de los órganos autónomos, se le restan atribuciones al ejecutivo, lo que implica vulnerar el poder del jefe de Estado. Estos órganos crean muchos poderes que tienen sus propias leyes orgánicas, su campo de acción delimitado jurídicamente y son fácilmente influidos por poderes internos o externos.

Con las reformas estructurales de finales del siglo XX, el fortalecimiento a la democracia (procedimental, liberal), y a la transparencia y combate a la corrupción, se tiende a conformar al poder judicial como garante del Estado de derecho y a las FFAA como institución de control social, constituyendo los dos nodos de poder que articulan el establecimiento del neoliberalismo para asegurar el statu quo.

No obstante el equilibrio de poderes, el judicial presenta la particularidad de ser el único poder formal del Estado que no es elegido por la vía electoral, por lo que su autonomización ha llevado a la elevación de su peso político sobre el ejecutivo y el legislativo, posibilitando la judicialización de la política al arrogarse, al judicial, el papel de actor político en la toma de decisiones de Estado mediante tribunales, juicios y sentencias.

La judicialización de la política se articuló con el ejercicio del aniquilamiento del enemigo y, más recientemente, de criminalización social que históricamente se ha construido en América Latina. Sin embargo, es tras los supuestos atentados terroristas de 2001 en territorio estadounidense cuando ambos ejercicios se intensificaron, bajo un discurso de combate al narcotráfico y contra la corrupción.

En el marco del Estado de Contrainsurgencia latinoamericano, la resolución de conflictos por la vía judicial es una novedosa estrategia que se suma a la vía militar en el objetivo de aniquilamiento del enemigo, sustituyendo la lucha política y la democracia donde se busca vencer al adversario. Así, la ley comienza a utilizarse como un medio con fines políticos más allá del Estado de derecho: como una técnica de guerra legal en la que el derecho es utilizado en la esfera estratégico-militar (Amorim y Proner, 2021).

A dicha estrategia se le ha denominado lawfare o guerra jurídica y se inserta en el proceso de fortalecimiento de la seguridad continental promovido por EE.UU. como parte del discurso de la amenaza terrorista. En 2002 lanza su Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) para reforzar el control de la información y las agencias de inteligencia, al mismo tiempo que ratificaba a las FFAA como aliado principal para el restablecimiento del orden.

En la escalada de la ESN hacia todo el continente, la Organización de Estados Americanos (OEA) creó en 2003 el concepto de seguridad hemisférica desde un enfoque multidimensional y de carácter transnacional, bajo el cual los problemas sociales y ambientales, como el tráfico de drogas y armas, la pobreza extrema, la trata de personas, la delincuencia organizada, el lavado de activos, la corrupción, los desastres naturales, el VIH y otras enfermedades, se sumarían a las amenazas terroristas junto con los ataques a la seguridad cibernética y la posesión y uso de armas de destrucción masiva.

Freeman y Chillier plantean que la seguridad hemisférica, “al tratar en forma indistinta las amenazas tradicionales a la seguridad junto a las nuevas amenazas, la declaración [ESN] diluye la diferencia histórica entre los conceptos de defensa y de seguridad pública o ciudadana que han regido en la región hasta el momento” (2005, pág. 8). Así se posibilita la disociación entre las tareas civiles y militares del Estado, estandarizando la militarización como vía de resolución de conflictos sociales en sustitución de las medidas políticas y económicas gubernamentales.

Esta disociación no es menor, toda vez que se estructura con otro tipo de dispositivos de control social. El manual FM 3-24 MCWP 3-33.5 “Insurgencies and countering insurgencies” considera que la seguridad bajo el Estado de derecho es esencial: “para tener éxito en contrarrestar una insurgencia, el gobierno de la nación anfitriona debe desarrollar sus sistemas legales y de resolución de conflictos, incluidas las fuerzas policiales, los sistemas judiciales y las instalaciones penales” (Department of Army, 2004).

Entonces, se justifican legalmente los conflictos y situaciones de guerra, abriendo una nueva fase en la estrategia geopolítica estadounidense recrudecida con la crisis estructural estallada en 2008. En la gestión de Barack Obama se actualizó dicha estrategia aplicando el enfoque de Dominación de Espectro Completo propuesto por el analista estadounidense Frederick W. Engdahl, que consiste en “ser persuasivo en la paz, decisivo en la guerra y prominente en cualquier forma de conflicto” para alcanzar el “dominio completo en las esferas de las FFAA convencionales, las armas nucleares, la retórica de derechos humanos y otras normas, la geopolítica, el espacio y las comunicaciones” (Korybko, 2019).

Precisamente, es en el contexto de combate al terrorismo internacional y la ESN estadounidense, que la noción de guerra se extiende hacia el campo jurídico, buscando legitimar las acciones militares mediante la justicia. Al mismo tiempo, se teje un discurso en contra de los enemigos de la democracia y los DDHH, habilitando el lawfare como herramienta clave para garantizar la seguridad nacional y hemisférica de EE.UU. (Romano, 2019).

 

Lawfare en América Latina

¿Qué es el lawfare?

El término lawfare fue utilizado por primera vez en 1999 por el coronel y juez de la fuerza aérea estadounidense Charles Dunlap, para definir “un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” (Romano, 2019). En principio, Dunlap se refirió al lawfare para hablar de los usos que los enemigos de EE.UU. hacían de la democracia y los DDHH para manipular la ley en su contra. Posteriormente, Dunlap aceptó que el lawfare puede ser utilizado por EE.UU. tras objetivos “nobles” y para enfrentarse a sus enemigos en “guerras asimétricas”.

Como explican Proner y Amorim, “la existencia de un sistema jurídico organizado, capaz de potenciar los objetivos estratégicos de desestabilizar, evitar o reemplazar un gobierno hostil, constituye una manera eficaz de darle un carácter concreto a las guerras indirectas o híbridas. En otros términos, lo que resulta de este tipo de método no convencional es el objetivo final de la guerra indirecta: un golpe de Estado, el cambio de régimen político” (2021, pág. 5).[4]

Precisamente, el lawfare se está tornando una forma más en la cual se hace un uso faccioso del aparato de Estado. Si partimos de que el concepto de golpe de Estado está sujeto al devenir histórico, en el que cambian los actores políticos que participan, así como la propia forma del acto (Bobbio y Matteucci, 1998, pág. 545), es necesaria su revisión con indicadores empíricos del fenómeno y de la manifestación histórica concreta del golpe.

La tradición histórica del golpe de Estado es que es efectuado por órganos del aparato estatal, en América Latina destacan las FFAA, pero también fracciones políticas y económicas. Como consecuencia, el golpe implica el cambio del liderazgo político, puede ir acompañado de movilizaciones políticas y/o sociales. Habitualmente, el golpe es seguido de un reforzamiento de la maquinaria burocrática y policial del Estado. Por último, una consecuencia típica que caracteriza al golpe de Estado es la eliminación o disolución de partidos políticos (Bobbio y Matteucci, 1998, pág. 547).

El lawfare, además de darle un carácter concreto a las guerras híbridas cumple con algunas de las características de un golpe de Estado: es efectuado por órganos del aparato Estado (en este caso el poder judicial), e implica el cambio de régimen. Tras el golpe, varios casos, como el de Brasil, Paraguay y Bolivia tuvieron un reforzamiento de la maquinaria policial y militar del Estado. Por último, se han eliminado opciones políticas de cambio.

Aplicado a la región latinoamericana, el lawfare ha sido la utilización de los SSJJ como estrategia no convencional para desestabilizar y alcanzar a los opositores políticos, por lo tanto, es un método de intervención menos ostentoso y más aceptable que el tradicional, en la búsqueda de EE.UU. por estirar lo más posible su hegemonía en la región (Amorim y Proner, 2021). Se utiliza en coyunturas políticas precisas y persigue objetivos puntuales. Se realiza mediante un proceso de judicialización selectiva de la política en contubernio con el lanzamiento de campañas mediáticas focalizadas para generar en la opinión pública un discurso legitimador sobre las acciones judiciales que sean tomadas contra el target u objetivo político.

En el siglo XXI, las fuerzas progresistas y de izquierda en la región han logrado ocupar los gobiernos estatales mediante los votos electorales de amplísimas mayorías que constituyen una base social legítima de apoyo popular. Son los casos de Venezuela desde el inicio de la revolución bolivariana en 1998, Brasil con los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (2002-2016), Bolivia bajo las gestiones de Evo Morales (2006-2019), el gobierno de Cristina Fernández en Argentina (2007-2015), la revolución ciudadana presidida por Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), el gobierno de José Mujica en Uruguay (2010-2015), así como los gobiernos actuales de Andrés Manuel López Obrador en México (2018), de Alberto Fernández en Argentina (2019) y de Luis Arce en Bolivia (2020).

En su política interna, los gobiernos progresistas tienen en común la búsqueda de mayores ingresos fiscales, el fortalecimiento de empresas paraestatales, así como una amplia redistribución del gasto público a favor de sectores populares mediante un modelo de justicia social y políticas asistenciales. En la política exterior, los gobiernos de izquierda han procurado un mayor margen de soberanía respecto a las tradicionales directrices de EE.UU. en las relaciones internacionales comerciales y diplomáticas.

También se trata de países cuyos recursos estratégicos bajo dichos gobiernos son gestionados desde principios de soberanía nacional y territorial, lo cual afecta intereses extranjeros que sobre ellos existen. Son los casos de Venezuela, Brasil, México y Ecuador, países que poseen grandes reservas probadas de petróleo, mientras que Bolivia y Argentina se suman en la posesión de reservas probadas de gas y litio. Brasil y Argentina cuentan con uno de los acuíferos más grandes de la región.

Por todo ello, EE.UU. emprende una ofensiva contra la ola progresista del siglo XXI, poniendo a dichos gobiernos en la mira y unificándolos como target regional del lawfare, estrategia predilecta de guerra política en la actualidad. El fin último es mantener al conjunto de América Latina como territorio bajo su control geopolítico (Romano, 2020), recurriendo al grueso de los medios institucionales de soft power para lograrlo: aparatos de justicia, órganos autónomos, diplomacia, organismos de seguridad e inteligencia, además de los medios de comunicación y asociaciones civiles.

 

¿Cómo se aplica el lawfare?

El lawfare se lleva a cabo mediante un proceso de judicialización selectiva de la política en el que la administración de justicia se aplica con parcialidad para favorecer intereses específicos. Su causa justificativa es la alta corrupción, aquella sistémica y transnacional de grandes tajadas millonarias, por lo que su combate está ampliamente legitimado en la opinión pública siendo parte del clamor popular desde, por lo menos, las últimas tres décadas del siglo pasado.

Paradójicamente, es desde la ofensiva conservadora que se ha difundido el discurso contra la corrupción como práctica que asfixia al sector público del Estado y como parte de la crisis estructural, cuando son las grandes empresas privadas transnacionales quienes imponen la corrupción como mecanismo para obtener grandes contratos y concesiones, incluso en sectores estratégicos estatales. Dicha ofensiva se apoya en los medios de comunicación para manufacturar consenso en la opinión pública desde el discurso de la corrupción como el “cáncer” del siglo XXI que debe ser combatido a toda costa.

Se trata de una apropiación del combate a la corrupción a conveniencia, con la novedosa demanda de castigos ejemplares a los culpables en el menor plazo posible, para demostrar la efectividad de la justicia y la eficiencia del sistema judicial, especialmente del sistema penal acusatorio. Esta fórmula punitiva ha permitido la suspensión de garantías y faltas al debido proceso con tal de demostrar a la sociedad respuestas inmediatas, además de extender el poder político a magistrados y procuradores de justicia. Todo esto contribuye a la desestabilización social y a la despolitización de la sociedad vía el desencantamiento de la política (Amorim y Proner, 2021) o la antipolítica (Romano y Díaz Parra, 2018).

En el lawfare, el uso del derecho va acompañado de la manufacturación de consenso (y construcción de hegemonía) mediante la difusión de calumnias, noticias falsas y titulares periodísticos, así como del uso de bots o mensajes automatizados en redes sociales, con los objetivos de desatar el linchamiento político, promover los discursos de odio y polarizar la opinión pública para lograr en conjunto la desestabilización, tanto de la sociedad como del gobierno en cuestión.

En América Latina, el lawfare se ha lanzado en momentos cruciales de la vida política del target u objetivo, lo cual refleja el momentum o timing político de su planeación estratégica. En concreto, busca cambiar o presionar gobiernos para la aprobación de leyes, arrestar líderes de oposición electoral, acusar a líderes (en funciones de gobierno o contendientes electorales) por “corrupción”, “traición” o, incluso, por haber salido del “imperio de la ley”.

El primer caso exitoso de lawfare se concretó en Brasil mediante la vía del Impeachment para el cambio de régimen. Se dio un golpe de Estado judicial-parlamentario que depuso a la presidenta electa Dilma Rousseff y encarceló al mayor líder político del país, Lula da Silva, impidiendo su postulación a las elecciones presidenciales de 2018. Ambos procesos avanzaron sin pruebas de responsabilidad, sin embargo, se logró instalar un paquete de reformas constitucionales ultraneoliberales por decreto ejecutivo del interino Michel Temer, así como una serie de grandes concesiones petroleras a las mayores empresas de EE.UU. y el acercamiento bilateral en seguridad y defensa (Lajtman, 2020).

Desde la administración de Obama, EE.UU. se centró en el combate a la corrupción, utilizando los SSJJ y procesos penales como medio para desestabilizar gobiernos no favorables a sus intereses. Las operaciones militares para cumplir sus objetivos estratégicos se expresaron en la guerra irregular que explota las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de sus enemigos. De hecho, el combate a la corrupción será uno de los pilares del gobierno de Joseph Biden, así como la asistencia para el desarrollo, lo que evidencia continuidades en ambas administraciones (Romano, García, Lajtman, y Tirado, 2020).

En el marco del combate a la corrupción (y uso de los SSJJ) como medio para desestabilizar gobiernos no favorables a los intereses de EE.UU., se insertan las guerras híbridas en Venezuela y Bolivia. Esta última, derivando en el golpe de Estado de 2019, que depuso a Evo Morales, canceló su triunfo en la reelección presidencial y vía lawfare comenzaron las persecuciones a miembros de su gobierno. Destaca también el lawfare en Argentina y Ecuador que se mantiene vigente en las persecuciones políticas y acoso por la vía judicial contra los ex presidentes Cristina Fernández y Rafael Correa, ambos acusados de asociación ilícita en 2018. Aunque dicha acusación no ha sido probada en ningún caso, mantiene el objetivo de inhabilitarles del terreno político y mermar -cuando no destruir- el amplio apoyo popular de ambos líderes.

Llama la atención el lawfare recargado en Ecuador (Hernández, 2020) en donde se ha reformado el marco constitucional y se ha emprendido la persecución política, judicial y administrativa, acompañada de campañas mediáticas de linchamiento en contra de cientos de funcionarios y exfuncionarios “correistas” cuyos cargos públicos pertenecían a los poderes Legislativo y Ejecutivo, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas (Romano, 2020).

Cuando el lawfare es aplicado en coyunturas electorales, se lanzan campañas mediáticas focalizadas meses antes del periodo preelectoral o electoral (de acuerdo al funcionamiento político en cada país), cuyo objetivo es sacar del juego político por la vía judicial a los gobiernos progresistas de amplia base social y, en última instancia, restarle votos en la contienda electoral.

 

Reformas, judicialización en México ¿y lawfare?

Reformas al poder judicial

Uno de los rubros centrales de la construcción del Estado de derecho, bajo la concepción imperialista, es el de “gobierno y sociedad civil”. La USAID financió bajo este rubro de asistencia dos programas: “Desarrollo legal y judicial” y “Política del sector público y gestión administrativa”. Desde este gran paraguas de “gobierno y sociedad civil”, se financiaron cuatro de los programas en el área de “Fortalecimiento del sistema de justicia” de la Iniciativa Mérida, por lo que las reformas a este sector forman parte de un plan de seguridad y lucha contra el narcotráfico en clave militar.

Estos programas financian a una serie de organizaciones e instituciones, incluso las mismas agencias del gobierno estadounidense administran esos recursos en México, como se muestra a continuación.

 

Programas de justicia con financiamiento de EE.UU. 2004-2020

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN /INSTITUCIÓN

OBJETIVOS

AÑOS

MONTO

(en dólares)

Política estratégica y reforma institucional

Management Systems International

Política estratégica y reforma institucional

2004-2005

933,488

Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México (PRODERECHO)

Management Systems International

Mejorar el respeto de las garantías procesales y aumentó la protección de los derechos ciudadanos. Las reformas contribuyeron a la transición del sistema mexicano de un sistema inquisitorial ineficiente, cerrado, escrito a uno oral y más confiable.

2005-2009

19,285,521

Rule of Law III: Support for Legal Reforms

Management Systems International

Trabajar con las instituciones de justicia estatales y federales para fortalecer su capacidad de mejorar la transparencia, la fiscalización pública y la rendición de cuentas pública, y servir mejor a los ciudadanos mexicanos bajo las nuevas reformas constitucionales que dan forma a los códigos policiales y procesales penales.

2009-2016

74,286,993

Promoting Justice Project (Projust)

ARD, Inc.

Proporcionar apoyo directo o indirecto personalizado a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de reforma de 2016, ayudando a los estados mexicanos seleccionados a pasar el "punto de no retorno" en sus reformas del sistema de justicia y, por lo tanto, contribuir a un mayor esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos y del Gobierno de México para mitigar los conflictos, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente.

2015-2020

72,473,556

Sistema de Justicia

Casals and Associates, Inc.,

 

Empresa no gubernamental,

 

Evensen Dodge International, Inc.,

 

Management Sciences for Development Inc.,

 

Pan-American Health Organisation,

 

Departamento del Suelo Patrio,

 

Alto Comisionado de DDHH de la ONU.

Mejorar la capacidad y la sostenibilidad de los agentes e instituciones del sector de la justicia civil y penal, mejorar la coordinación entre ellos, desarrollar la demanda ciudadana de un sistema de justicia eficaz y responsable, y desarrollar asociaciones para defender a todos los ciudadanos. Entre los agentes e instituciones del sector de la justicia figuran la policía, la seguridad de las fronteras, los fiscales, los expertos forenses, los jueces, el personal de los tribunales, los defensores públicos, el personal penitenciario, los colegios de abogados, las asociaciones profesionales del derecho y las instituciones de capacitación para cada uno de ellos. Trabajar en pro de un sistema de justicia equitativo garantizando la igualdad ante la ley, las normas de un juicio imparcial y otros elementos de equidad procesal. Garantizar un acceso más equitativo a la justicia mediante innovaciones dentro y fuera del sistema estatal y mediante mejoras en la calidad y cantidad de los servicios de justicia, con especial atención a las mujeres, los jóvenes, los pobres y otros grupos marginados o vulnerables. Los programas centrados principalmente en la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes deberían incluirse en el elemento 5.3 en la esfera de la delincuencia transnacional en el Objetivo de Paz y Seguridad.

2008-2017

25,282,744

Program Support (Rule of Law)

Advanced Information Network Systems, Inc.,

 

CDW Government, Inc.,

 

Drexel Heritage Furniture Industries Inc.,

 

Empresa no gubernamental,

 

GovConnection Incorporated,

 

Contratistas de servicios personales - USAID,

 

USAID,

 

Computer Sciences Corporation

Elaborar y realizar evaluaciones de las necesidades, estudios de referencia, evaluaciones específicas, estudios especiales u otras actividades de reunión de información específicamente para el diseño, el seguimiento y la evaluación de los programas financiados por el gobierno de EE.UU. Este subelemento también puede incluir la elaboración y difusión de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, el ensayo de modelos de demostración y/o piloto, o la preparación de planes estratégicos y otras tareas de programación a corto plazo. Nota: Todas las actividades de ese tipo que llevan a cabo los asociados como parte integrante de sus actividades de supervisión y evaluación de los programas financiados con cargo a otros subelementos deben incluirse en esos subelementos.

2007-2011

1,451,437

FUENTE: USAID, Foreign Aid Explorer, 2020.

 

Como se aprecia en este cuadro, una de las empresas contratadas por el gobierno estadounidense para implementar la reforma al sector judicial es Casals & Associates, que desde 2010 es parte de la empresa militar Dyncorp. Se inscribe en el programa “Sistema de Justicia” y, al igual que Management Systems International (MSI), promovió reformas asociándose con organizaciones civiles. También fue contratada por la USAID para administrar recursos del proyecto UMBRAL en Paraguay, que contribuyó a la desestabilización antes y tras el golpe a Fernando Lugo.[5]

MSI es parte de Tetra Tech Company, otra de las grandes contratistas de USAID y con amplia presencia en América Latina. MSI participó en PRODERECHO que implementó un proyecto piloto con fines demostrativos en los estados de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León. Durante el programa (2004-2007) “se llevó a cabo la capacitación con funcionarios de justicia penal en Chihuahua para administrar el nuevo sistema y coordinar la capacitación de especialistas forenses en técnicas forenses modernas” (MSI, 2017). En 2019 recibió 14 millones de dólares para continuar la implementación de PROJUST y pasar el punto de “no retorno” en las reformas.

MSI y Management Sciences for Development (MSD) promovieron cambios en los planes de estudio de la carrera de Derecho en México bajo el argumento de elevar el nivel de la abogacía en el país. Por otra parte, tejieron alianzas con organizaciones civiles para hacer lobby institucional, ligándose a Asociaciones Civiles como Coparmex, RENACE, Grupo Reforma, Grupo Azteca, México Práctico, el Instituto Mexicano para la Justicia, entre otras (Proceso, 2008).

La red conformada por las empresas MSI y MSD sumó 65 asociaciones, con la finalidad de incidir en la política pública a través de legisladores mexicanos y académicos reconocidos de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Otra de las agencias financiadoras de las reformas es la NED, destaca el caso de Seguridad Ciudadana AC, que recibió financiamiento entre 2007-2009 para tres proyectos relacionados con promoción de justicia. Su director, Carlos Rafael Murrieta Cummings,[6] después fue nombrado director de “Pemex Transformación Industrial” en 2016. Según investigación de Contralínea (Flores N. , 2019), está ligado al escándalo de corrupción de Agronitrogenados pues avaló la compra. Seguridad Ciudadana recibió 35, 679 dólares para “Participación democrática y sociedad civil” en 2017 y 50 mil dólares en 2018 para “Desarrollo legal y judicial”, ambos proyectos financiados por la USAID.

La asociación México Evalúa también trabaja con la NED para implementar programas. En 2019 recibió 50 mil dólares para “Desarrollo legal y judicial”, que supervisa y promueve el establecimiento de una fiscalía nacional independiente. Le corresponde evaluar el estado de la fiscalía actual y tiene comprometidos tres informes de política y un informe final para hacer recomendaciones sobre cómo hacer la transición a una fiscalía independiente (USAID, 2020).

En México Evalúa confluye el financiamiento de varias agencias que han tenido participación en golpes por la vía parlamentaria en América Latina: Atlas Network, presente en el impeachment en Brasil; NED y USAID, que históricamente han financiado a grupos políticos opositores a gobiernos progresistas; ABT, empresa a la que USAID otorgó en 2019 438,134 dólares. De hecho, en uno de sus análisis, México Evalúa retoma una crítica del gobierno federal sobre las cárceles privadas y destaca que no han contribuido a mejorar la situación de esa población (México Evalúa, 2021). Sin embargo, no mencionan que las reformas al sistema carcelario son parte de la Iniciativa Mérida, a la que están suscritas las modificaciones al sistema penal acusatorio y la reforma al sector de justicia.

La red del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), permite visualizar cómo opera el capitalismo mexicano pues agrupa a los principales empresarios locales que se han beneficiado de las reformas neoliberales, logrando colocar sus intereses de clase en el gobierno, además de contar con apoyo técnico y financiamiento de EE.UU.[7] Por ejemplo, la USAID financia el proyecto “Mapeo de la corrupción”, con 574,136 dólares y trabaja con México Evalúa.

A su vez, el IMCO, tiene dos grandes proyectos que hacen la vinculación necesaria con los medios. Bajo el programa “Medios de comunicación y libre circulación de la información” de la NED, se le han otorgado 85,769 dólares entre 2018 y 2019. También con el programa “Organizaciones e instituciones anticorrupción” de USAID se le han otorgado 1,287,964 dólares entre 2018-2020 (USAID, 2020).

Por último, destacan dos organizaciones de los grandes financiados bajo el mismo programa de “Organizaciones e instituciones anticorrupción”: International Center for Journalist (ICJ) que en 2018 recibió 1,019 dólares y en 2020 recibió 536,313 dólares; y Artículo 19, financiada desde 2009 para “promover la protección judicial de la libertad de expresión en México". Entre 2010 y 2020 recibió 2,179,736 para el programa "Campaña Global por la libertad de Expresión”, según datos del Foreign Aid Explorer de USAID (2020).

Cabe aclarar que no estamos en contra de que se ejerza el periodismo de forma libre y segura, ni de que se esclarezcan hechos de corrupción. Sin embargo, alertamos que visto en conjunto, parece hacerse el cierre de pinza necesario para llevar a cabo un proceso político de manufacturación de consenso con medios de información e investigación, mediante el amplio financiamiento a organizaciones civiles y vinculándose con “voces autorizadas”. Resta encontrar el timing político para emprender el lawfare: la coyuntura en México de las elecciones 2021-2022 parece perfilarse para ello.

La promoción de las reformas al sistema judicial incluyó también la preparación de jueces, como en otras reformas similares de la región. Destaca el IVLP, donde participó el exjuez mexicano Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, ahora consultor para el nuevo sistema penal acusatorio y profesor, investigador y Secretario General Académico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) (OASIS, s/f) y a quien The New York Times consulta actualmente como “voz experta”.

En conjunto, estos elementos ponen de manifiesto que el proceso de reformas judiciales se complementa con la amplia cantidad de organizaciones, institutos y asociaciones, así como con los medios hegemónicos para instalar el lawfare. Sin embargo, el caso de México es particular, por tener como antecedentes de judicialización de la política el desafuero de AMLO y la censura a periodistas por la vía judicial.

 

Desafuero y censura ¿antecedentes de lawfare en México?
El Desafuero de Andrés Manuel López Obrador

Más allá de la continuidad del PAN o el regreso del PRI, en 2006 se jugaba la continuidad del proyecto económico en México, por lo que era crucial evitar que llegara la izquierda al gobierno. Luego de que AMLO anunciara su interés por contender en las siguientes elecciones presidenciales, se puso en marcha la campaña para su desafuero. Éste se concretó en 2004, tras la filtración de videos que mostraban a tres funcionarios del gobierno capitalino en supuestos actos ilícitos y luego de exhibir al chofer de AMLO en la misma situación (Chofergate). Según encuesta de Reforma, tras estos videoescándalos la aprobación capitalina de AMLO pasó de 82 a 73% (Parametría, 2004). La intención era vincularlo a escándalos de corrupción cercanos a él para restarle popularidad y legitimar el proceso de desafuero.

A grandes rasgos, este proceso comenzó por una disputa entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y una empresa privada dueña del predio “El Encino”, por el paso de una vialidad para que el Hospital privado ABC tuviese acceso. Los problemas entre el GDF y los dueños del predio precedían a la administración de AMLO, pero ante el incumplimiento de detener las obras, ordenado por un juez, se judicializó al jefe del GDF acusándolo de desacato a la Ley de Amparo por desobedecer el acto de suspensión dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además señalando su “abuso de autoridad”. La Procuraduría General de la República (PGR) prosiguió la investigación y el 17 de mayo de 2004 el ministerio público solicitó el desafuero de AMLO.

Sin ánimos de ser exhaustivos, este caso destaca varios elementos del lawfare: el timing político para sacar de la contienda electoral a AMLO dos años antes, e inhabilitarlo; la cantidad de noticias y tiempo en televisión y radio para manufacturar consenso respecto a la violación a la ley por parte del entonces jefe del GDF (Rodríguez Domínguez, 2006); y, por lo menos, el uso político de los SSJJ para desestabilizar o alcanzar a opositores políticos.

Además, este caso muestra la importancia que tuvo la participación de ciertas personalidades y organizaciones civiles que coincidieron en tiempo, con el avance en las propuestas de reforma al sistema de justicia y al sistema penal acusatorio con financiamiento de EE.UU. Por ejemplo, destaca María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que entre 2003 y 2009 fue presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). En 2004 fue una de las organizadoras de la “marcha blanca” para exigir seguridad pública en la capital. En 2005, MUCD preparó en medios digitales la campaña “La ciudad del miedo”. La investigación periodística realizada por Velasco (2009) destaca el conflicto de intereses entre MUCD y la Secretaría de Seguridad Pública (en tiempos ya de Genaro García Luna), pues recibió poco más de cuatro millones de pesos en donativos.

Para Cárdenas (2006), el proceso de desafuero de AMLO puso en discusión el incipiente Estado de derecho construido en México, las diversas posturas frente al mismo y la construcción de la democracia. Cárdenas retoma la definición del Diccionario de Política (Bobbio y Matteucci, 1998) en el que se comprende como golpe a un acto llevado a cabo por órganos del Estado, generalmente del sector militar.

El autor menciona que, si bien no se trató de un golpe de Estado en el que participaron militares, sí participaron “elementos del gobierno” y “se utilizaron vías ilegítimas, el uso faccioso del aparato del Estado para mantener a un grupo en el poder (dirigentes del PAN y del PRI), y estas acciones se hicieron con violación del sistema constitucional al tratar de impedir el acceso a una candidatura presidencial con total menosprecio de la voluntad ciudadana” (Cárdenas, 2006, pág. 378). En aquél entonces, Cárdenas ya apuntaba que emplear estos mecanismos como arma política para afectar contrincantes políticos podría poner punto final al sistema democrático.

En síntesis, el desafuero de AMLO en 2004 puso en evidencia la frágil construcción del Estado de derecho, el uso faccioso de la ley y la necesidad de una visión distinta de éste, que no limite la democracia y garantice los derechos de resistencia civil y movilización social. Sobre todo, es relevante el uso de los SSJJ para eliminar a un enemigo político e inhabilitarlo.

 

Censura a periodistas por la vía judicial

Además de la grave situación de periodistas asesinados a manos del narcotráfico en México, durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron casos significativos de censura a periodistas por la vía judicial. Precisamente, destacan los dos periodistas que hacia la década 2000 contaban con la mayor cantidad de radioescuchas a nivel nacional: José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui Flores (Zepeda, 2008).

El veto periodístico censuró a Gutiérrez Vivó desde 2007 mediante un interminable litigio judicial por parte de Grupo Radio Centro (Solis, 2011), tras 33 años de transmisión ininterrumpida en la radio mexicana y, por lo menos, 15 años de ser el noticiero matutino de mayor audiencia en el país. Gutiérrez Vivó innovó la manera convencional de presentar la información política, imprimiéndole un carácter crítico a sus emisiones radiofónicas. El golpeteo en su contra comenzó en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), quien lo señalaba de haberse convertido en “perredista”,[8] sin embargo, se concretó en el gobierno de Calderón aprovechando un cambio interno en Radio Centro.[9]

En el mismo sentido, tuvo lugar la censura mediante el acoso judicial a Carmen Aristegui. La primera fue en 2008, a través de la rescisión unilateral de su contrato por parte de W Radio tras un cambio en la línea editorial, luego de 5 años conduciendo el noticiero matutino de la empresa, cuyos copropietarios son la mexicana Televisa y la española Prisa (Expansión, 2008). La segunda en 2011, cuando Aristegui se negó a leer la carta de desagravio que la presidencia envió a Noticias MVS, empresa de comunicaciones donde ella trabajaba (Aristegui Noticias, 2012), pretendiendo que Carmen la asumiera como propia y se disculpara públicamente, debido al cuestionamiento que hizo sobre el alcoholismo del presidente (Wikinoticias, 2011).

Gracias a las manifestaciones fuera de las instalaciones de MVS, se logró un acuerdo para continuar conduciendo el noticiero matutino hasta 2015, cuando una investigación periodística de gran interés público implicó al entonces presidente Peña Nieto. El resultado fue la censura y hostigamiento judicial al equipo de Aristegui Noticias vía el despido masivo de 19 periodistas, a quienes sacaron de la radio pública.

Aunque el caso judicial no ha sido resuelto, la SCJN falló a favor de la periodista en febrero de 2019, disolviendo la demanda en su contra por daño moral, además de ratificar que Carmen Aristegui fue despedida indebida e ilegalmente por el grupo radiofónico de MVS (AMEDI, 2016; Linares, 2019). En octubre del mismo año, Aristegui Noticias regresó a la radio pública mediante un contrato bajo la nueva administración de Grupo Radio Centro y el 1º de marzo de 2021 comenzó su retransmisión en la televisión pública mexicana a través del canal La Octava.

Estos casos de censura por la vía judicial han sido emprendidos por medios privados de comunicación en contra de voces periodísticas críticas sostenidas por amplias audiencias, reflejo de una base social de apoyo y legitimidad popular. Se enmarcan en el contexto de judicialización de la política que recurre a la ley como estrategia de lucha política, dando lugar a las llamadas guerras jurídicas. Se desataron en México durante los gobiernos de derecha, con el objetivo de eliminar el contrapeso existente de prensa crítica, periodismo de investigación y medios alternativos de comunicación.

Carmen Aristegui, 2010
Imagen 2. Carmen Aristegui, 2010.
Fuente: Eneas De Troya. https://www.flickr.com/photos/eneas/4812475037

 

¿Lawfare contra el gobierno de AMLO?

Las transformaciones que el gobierno de AMLO ha presidido en sus primeros dos años de gobierno, trastocan grandes intereses económicos nacionales y extranjeros en sectores estratégicos como el energético ‒petróleo y electricidad, principalmente‒ y el de infraestructura, así como la recaudación fiscal de grandes empresarios. Además, busca favorecer a trabajadores mediante el aumento salarial y modificaciones constitucionales al respecto, al tiempo que se implementa una política de disminución salarial en todo el aparato burocrático estatal, incluidos los ministros de la SCJN. Igualmente, ha dado un giro en la estrategia comunicacional y la relación del gobierno con los medios.

En su política exterior, el actual gobierno ha seguido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021) en su artículo 89, sección X, en la que se establece que son principios normativos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la cooperación internacional para el desarrollo, la promoción y protección de los derechos humanos y de los valores democráticos entre otros. A estos principios se ciñen su participación en la CELAC y en el Consejo de Seguridad de la ONU. De igual forma, ha relevado la soberanía nacional frente a EE.UU. y otros países, emprendiendo -no sin conflictos de intereses- cambios sustantivos en la relación bilateral.

A diferencia de las experiencias contra gobiernos progresistas en América Latina, el discurso en México contra el gobierno de AMLO se presenta en torno al mal funcionamiento del sistema judicial mexicano, específicamente del penal acusatorio, para cuestionar al gobierno y sugerir la legitimidad de la reforma, bajo presión y esquema de EE.UU. Ello debido a que el actual gobierno mexicano se ha reapropiado del combate a la corrupción como prioridad en su agenda política, tras los amplios escándalos de corrupción de administraciones pasadas que se convirtieron en una forma más de despojo y apropiación privada de la renta nacional.

El combate a la corrupción le ha permitido, entre otras cosas, fortalecer ante la población mexicana la idea de aplicación de la justicia en casos de gran escala, como el de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la amplia corrupción en contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros, además de establecer una diferencia respecto al antiguo régimen.

Al señalar a los responsables de la corrupción en sexenios anteriores, el gobierno de AMLO ha logrado que dichas figuras políticas se encuentren actualmente con procesos judiciales abiertos, como son los casos de Alonso Ancira y Emilio Lozoya Austin, algunos impedidos de ejercer la administración pública y evidenciados públicamente de contubernios con empresarios.

Una característica de este sexenio es que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene ya a un titular y oficialmente se encuentra en funcionamiento. A pesar de los conflictos políticos que supuso la designación de Alejandro Gertz Manero como nuevo fiscal, esta institución fue creada con apoyo de organizaciones civiles, muchas de las cuales, tuvieron financiamiento de la USAID, la NED, entre otras agencias para el desarrollo y fundaciones, además de formar parte de la Iniciativa Mérida.

Precisamente, la FGR y su fiscal, son uno de los principales blancos de ataque de los partidos de oposición y de organizaciones civiles que identifican la falta de autonomía respecto al poder ejecutivo como uno de los principales problemas del actual gobierno (FJEDD, s/f).[10] A continuación destacamos dos elementos coyunturales en el marco de la judicialización de la política, que podrían estar perfilando un proceso de lawfare contra el gobierno de AMLO: la disputa por la agenda mediática con las conferencias matutinas del ejecutivo federal y el caso de la detención del General Cienfuegos en octubre de 2020.

 

Judicialización de las “Mañaneras”: Disputa por la agenda y la opinión pública

Las “Mañaneras” son las conferencias matutinas que da el ejecutivo federal para brindar todos los días información de primera mano a la población. Es una estrategia comunicacional que ha funcionado como contrapeso al monopolio que tenían los medios de comunicación en la producción, divulgación y mediatización de información sobre los asuntos de interés general para la sociedad mexicana, por lo que cumple la función de contrarrestar la infodemia.

En el primer año de gobierno, este cambio de política significó un ahorro de 5 mil millones de pesos en el gasto público respecto al año anterior (Notimex, 2019). A dos años de que las Mañaneras de AMLO cortaran de tajo los fuertes montos de gasto público que se destinaban a contrataciones de medios de comunicación (anuncios de radio y televisión, portadas y reportes especiales en revistas y periódicos de circulación nacional), la coyuntura electoral aparece como oportunidad para judicializarlas.

Tras varios intentos de llevar las Mañaneras a juicio con el objetivo de que su transmisión se declare ilegal (Riva Palacio, 2020; Aristegui Noticias, 2020), en enero de 2021 ‒dos meses antes de que comience el periodo preelectoral‒ el INE anunció la suspensión de las Mañaneras durante las campañas electorales (Blanco, 2020). El argumento fue que “al realizarse en ellas una promoción de los logros de Gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”. En respuesta, el presidente anunció que llevaría el caso a los tribunales correspondientes para su resolución, lo cual fue divulgado mediáticamente (Forbes, 2020).

En las dos coyunturas electorales previas, el poder de los medios de comunicación cobró efecto sobre la sociedad mexicana, precisamente en aquellas donde AMLO fue candidato presidencial y los resultados gozaron de un bajo nivel de legitimidad. En 2006 lanzaron la campaña mediática “AMLO es un peligro para México”, mientras que en 2012 su apuesta fue mayor: fabricaron al telecandidato Enrique Peña Nieto a base de una enorme y costosa campaña publicitaria, además de continuar la campaña de desprestigio contra AMLO.

Si las Mañaneras permanecen en la actual coyuntura electoral, sería la primera ocasión en que los medios de comunicación no ejerzan su poder fáctico en contra de ciertos candidatos, inflando contendientes según sus propios intereses y manufacturando consenso, a conveniencia, en la opinión pública.

No obstante, los principales medios de oposición al gobierno de AMLO, tanto nacionales como extranjeros (sobre todo prensa estadounidense y española), han ido colocando temas en la agenda pública para manufacturar consenso en torno a las siguientes líneas discursivas de ataque, disfrazadas de supuestas críticas:

1.- Fallas al sistema judicial mexicano y deterioro de la seguridad: Ante los resultados negativos del nuevo sistema penal de 2016 y las intenciones del gobierno de AMLO para modificar el poder judicial, se activa la mancuerna de “voces expertas” con medios de comunicación hegemónicos. Por ejemplo, The New York Times (Semple, 2020) y México Evalúa, reúnen opiniones de especialistas para concluir que la reciente propuesta de reforma sería un “retorno a la barbarie” y que la violencia en México se ha disparado. Otros espacios en internet como Animal Político y Sin Embargo, publican frecuentemente notas de opinión de organizaciones civiles como México Evalúa, Acción Ciudadana, México cómo vamos e IMCO, principalmente.

2.- Militarización del país: Omitiendo la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Calderón desde 2006 y el constante incremento presupuestal a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) en los últimos veinte años, prensa nacional como El Universal, La Razón y Milenio, resaltan la supuesta militarización de la administración pública en el actual gobierno (Expansión Política, 2021; Pola, 2021; Ramírez, 2021; Vélez y Bonilla, 2020). En medios internacionales, The Washington Post publicó un extenso reportaje a finales de 2020, tras la detención del Gral. Cienfuegos, cuyo argumento central es el control militar de tareas civiles y la presunta dependencia de AMLO respecto a las FF. AA. (Sheridan, 2020). Por su parte, El País lanzó la prematura alarma de la militarización con AMLO, antes de que su gobierno comenzara (Ferri, 2018), mientras que, tras el primer año del gobierno de AMLO, The New York Times sentenció el deterioro del régimen político civil mexicano por la normalización de la presencia militar en la seguridad pública (Pérez, 2019).

3.- Mala administración del gasto público: Periódicos de circulación nacional replicaron las denuncias que los partidos de oposición PAN y PRD hicieron contra la administración de AMLO por “mal manejo” de la pandemia y de los fondos de inversión, respectivamente (Damián, 2021; El Universal, 2020). Por su parte, la mayoría de los medios privados en el país hicieron un linchamiento mediático acusando a AMLO de mala administración, tras un informe erróneo publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco para el gasto público.

En su defensa, AMLO transparentó los datos erróneos del informe y presentó un resumen del tratamiento que hicieron los medios sobre el informe de la ASF. También declaró que “la calumnia, cuando no mancha, tizna” subrayando que “por eso es muy importante el que podamos comunicarnos todas las mañanas y que, además, se tenga autoridad moral porque si hay autoridad moral hay autoridad política” (Gobierno de México, 2021).

4.- Sobreposición del ejecutivo respecto a los demás poderes del Estado: Entre 2018 y 2020, AMLO y Donald Trump coincidieron como presidentes de sus respectivos países, lo cual fue usado para homologarlos bajo la etiqueta de “populismos autoritarios” en medios nacionales y de EE.UU. (Financial Times, 2020; Krauze, 2020; Loret de Mola, 2020; Matute, 2020; Salazar, 2020).

Al parecer, este eje discursivo dejó de ser funcional a partir del cambio de gobierno en EE.UU. iniciado el 2021, sin embargo, es probable que alguna otra línea “crítica” surja para sumar a la ofensiva contra el progresismo de AMLO, sobre todo con el proceso de judicialización alrededor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que se desató en marzo de ese mismo año, pues involucra fuertes intereses económicos de EE.UU., tanto privados como públicos y “enfrenta” al ejecutivo con el judicial.

5.- Ineficacia de la justicia en el caso Cienfuegos: Tras la publicación del expediente íntegro del ex secretario de SEDENA, Gral. Cienfuegos, abierto por el gobierno de EE.UU., se reprodujo en los medios la campaña lanzada por organizaciones civiles solicitando la renuncia del Fiscal general, Gertz Manero, por su actuación en el caso Cienfuegos que, consideran, es el colmo de la impunidad en el país, como se detalla en el siguiente apartado.

 

De esta manera, los medios de comunicación siembran en la opinión pública los temas en la agenda política, hacia donde dirigen el debate entre la sociedad mexicana contribuyendo a su polarización. Más aún, preocupa su intento por generar consenso que sirva como base de legitimación para un eventual ataque a AMLO y su gobierno, más allá de lo mediático.

Marcha en Berlín para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Imagen 3. Marcha en Berlín para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fuente: Montecruz Foto. https://www.iis.unam.mx/blog/wp-content/uploads/2018/06/16757199468_88a85df9b6_o.jpg

 

La prueba de fuego: Caso Cienfuegos

Un caso que seguirá dando de qué hablar es la detención, extradición y procesamiento del Gral. Salvador Cienfuegos. Este caso, aún en desarrollo a pesar de que la FGR lo exonerara en enero de 2021, evidencia las formas de operar de EE.UU. en temas de justicia en ambos países, pero con motivos diferentes. La investigación al Gral. fue realizada por la DEA desde, por lo menos 2013, sin el conocimiento y cooperación del gobierno mexicano bajo administración de Peña Nieto.

La detención de Cienfuegos se concretó el 15 de octubre de 2020 en EE.UU., situación que el entonces embajador bajo gobierno de Trump, Christohper Landau, notificó al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Los cargos imputados al Gral. Cienfuegos fueron cuatro: tres por conspiración de manufactura, distribución e importación de drogas ilícitas a EE.UU. y otro por lavado de dinero. Los cargos se presentaron en Nueva York el 14 de agosto de 2019, pero se hizo público hasta su detención (SRE, 2021).

Las evidencias expuestas por la DEA refieren a una conversación entre dos narcotraficantes en las que mencionan a un militar de alto rango apodado “El Padrino” o “Zepeda”. Sin embargo, los narcotraficantes dudan sobre la coincidencia con Cienfuegos, incluso no hay coincidencia física con el Gral. Además, hacen referencia a un “hijo del General”, cuando Cienfuegos no tiene hijos varones. Más allá de la fidelidad de la investigación, puesta en duda y criticada por analistas y periodistas (Flores, 2021; Hernández López, 2021; WOLA, 2021; Wayne, 2020) debido a las inconsistencias que presenta, otros aspectos trascienden a la coyuntura.

Entre ellos, las declaraciones de AMLO sobre la investigación de la DEA como “irresponsable” y la apertura de un supuesto desencuentro bilateral en temas de seguridad y cooperación contra el narcotráfico, en plena campaña presidencial en EE.UU. Igualmente, AMLO propuso una reforma a la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2020, ya con el expediente del Gral. Cienfuegos en México. El objetivo es regular la presencia de agentes de inteligencia en México, pues actualmente no existe un marco regulatorio al respecto. Entre los aspectos fundamentales de la iniciativa, se plantea que las embajadas y consulados informen al gobierno mexicano, específicamente al poder ejecutivo, sobre la presencia de agentes de inteligencia y sus actividades en el país (Senado de la República, 2020).

Como mencionamos antes, desde medios de circulación nacional e internacional se está apuntando hacia la cercanía de AMLO con las FFAA, señalando un supuesto pacto de impunidad y la militarización del gobierno. Publicaciones del Washington Post, Deutsche Welle, Sin Embargo, Infobae, entre otros, tuvieron un análisis similar. Llama la atención que hacen abstracción de los últimos dos sexenios, cuya adscripción a la lucha contra el narcotráfico se expresó en clave militar bajo la Iniciativa Mérida. Sin este aspecto es imposible hacer un análisis consistente de la actual situación política y militar de México.

Por último y no menor, fueron las distintas organizaciones civiles de DDHH que señalaron dos aspectos generales: la impunidad de las FFAA y la militarización del país (CMDPDH, 2020), así como las fallas de la FGR en el caso. Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Borde Político, Artículo 19, México Evalúa, han señalado que la Ley Orgánica de la FGR no ha sido respetada por la Fiscalía.

Más de 300 organizaciones pidieron la destitución del Fiscal General (Animal Político, 2021), señalando la falta de autonomía respecto al poder ejecutivo y las violaciones a la ley orgánica de la FGR. Más aún, mencionan en su comunicado que el Fiscal Gertz Manero violó el artículo 102 de la constitución sobre la autonomía de la FGR y acusaron a AMLO y a Marcelo Ebrard de violar la ley orgánica de la fiscalía, al meterse en las diligencias para llevar a cabo las investigaciones a cargo de la FGR (Colectivo vs la Impunidemia, 2021). Rematan sosteniendo que el fiscal debió colaborar con el Departamento de Justicia de EE.UU. sin cuestionar que, desde por lo menos 2013, la DEA violó acuerdos de justicia entre ambos países, vulnerando la soberanía nacional.

Si hay algo detrás del caso Cienfuegos (del juicio en su contra, de la iniciativa de ley de AMLO y de la cantidad de organizaciones civiles que critican a la FGR) es la Iniciativa Mérida. Tras el caso Cienfuegos, en varios think tanks y en medios nacionales se ha escrito sobre la necesidad de la revisión de la Iniciativa (Brookings Institution, 2021; CSIS, 2021; CFR, 2021; Wayne, 2020). Ahora, bajo la administración de Biden, se someterá a revisión la estrategia de combate al narcotráfico en toda la región latinoamericana y México es pieza fundamental en esta estrategia.

A pesar de que la FGR exoneró al Gral. Cienfuegos de los cuatro delitos que le imputó la DEA por falta de contundencia en las pruebas, el caso sigue abierto en ambos países. Es necesario señalar que los cargos en contra de Cienfuegos son por tráfico de drogas y lavado de dinero, quedando aún por investigar las amplias violaciones a DDHH que llevaron a cabo las FFAA bajo su dirección en el gobierno de Peña Nieto (2012-2018), destacando masacres como la de Tlatlaya, la desaparición de 43 alumnos en Ayotzinapa y asesinatos extrajudiciales en retenes militares ampliamente difundidos, entre otros.

Más allá de la investigación realizada por la DEA, el caso Cienfuegos podría derivar, en el mejor de los casos, en el esclarecimiento de hechos de violencia y de violaciones a los DDHH donde participaron las FFAA y, sobre todo, en que el gobierno de AMLO atienda la histórica exigencia de justicia y verdad por parte de movimientos sociales y populares en México, que fue ignorada por los gobiernos priistas y panistas del antiguo régimen.

Reflexiones finales de un proceso abierto

Este artículo vincula Estado de derecho y lawfare, como dos conceptos que permiten mirar procesos político-económicos y militares en América Latina, y no sólo cuestiones netamente jurídicas. Estos procesos encarnan las contradicciones del sistema y, en esas contradicciones, se encuentran las tendencias generales del capitalismo monopolista actual. Dado que el lawfare se torna una estrategia militar (geopolítica) y un concepto objeto de apropiaciones políticas e ideológicas, el artículo se propuso dar un aporte teórico desde una perspectiva crítica resaltando sus principales características y objetivos. En síntesis, los objetivos generales del lawfare en América Latina son:

  • La reinstauración del neoliberalismo y el realineamiento de la política exterior con los intereses políticos y geopolíticos de EE.UU.
  • La destrucción de las bases populares de los gobiernos progresistas mediante la despolitización de la sociedad y del Estado, abonando a la polarización en la opinión pública y al discurso de que el Estado y lo público no tienen una dimensión política sino técnica y administrativa, reforzando la idea de lo judicial como vía para dirimir conflictos políticos.
  • La rearticulación del aparato represivo que pretende instalar un Estado de Contrainsurgencia permanente, vulnerando la democracia liberal en nombre del imperio de la ley y la defensa de los DDHH que presume el Estado de derecho.

Estas características tornan necesaria la reflexión futura sobre el lawfare como la forma histórica concreta que viabiliza el golpe de Estado en la América Latina del siglo XXI.

El recurrente uso del lawfare reside en que la persecución política que tiene por objetivo se concreta a partir de mediaciones que gozan de prestigio, como la ley, la jurisprudencia, jueces y magistrados, etc. (Amorim y Proner, 2021) Sin embargo, mientras que para EE.UU. implica la imposición de sus intereses sin el involucramiento militar, por medios menos bélicos y costosos, en América Latina produce resultados devastadores en el ámbito político:

  • Merma la institucionalidad del Estado y refuerza la dimensión militar, destruyendo la participación popular democrática y estableciendo el discurso de la antipolítica.
  • Compromete la regularidad de los procesos jurídicos y electorales en América Latina.
  • Retuerce el ejercicio de la justicia estableciendo un doble rasero de la ley, a la vez que autonomiza y otorga más peso al poder judicial.
  • Profundiza el neoliberalismo como la única vía política y económica pacífica para el desarrollo.
  • En el plano de la política exterior, el lawfare vulnera la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos que los gobiernos progresistas latinoamericanos procuran ejercer, pues son principios fundamentales de la multipolaridad vigente en las relaciones internacionales.

Las reformas judiciales en México a inicios del siglo XXI, aproximaron al país con el resto de América Latina en el tránsito a la democracia y la institucionalización del Estado de derecho, lo cual significó, entre otras cosas, la adaptación de la Contrainsurgencia al contexto de pos-Guerra Fría caracterizado por la guerra híbrida como estrategia contra el enemigo. En ella, el uso de la ley como recurso político comenzó a hacerse operativo mediante diversos procesos de judicialización de la política que inauguraron una nueva tendencia regional.

La dimensión judicial del lawfare se articula con los medios de comunicación, quienes juegan un rol fundamental para manufacturar consenso en la opinión pública y legitimar las acciones (judiciales, políticas, económicas) en contra del gobierno que represente opciones políticas de cambio.

Si bien el caso mexicano no ha sido objeto de lawfare, comparte las características de los gobiernos progresistas latinoamericanos que sí lo han sido y presenta un momento inicial de judicialización. En este sentido, consideramos que las líneas discursivas contra el gobierno de AMLO buscan la manufacturación del consenso en común para presionarlo y, posiblemente, ir preparando un terreno favorable para que los procesos de judicialización de la política que están en marcha puedan derivarse en un proceso futuro de desestabilización política, polarización social y, si fuera el caso, en lawfare.

Entre los procesos de judicialización que ubicamos en el gobierno de AMLO están las Mañaneras, el caso Cienfuegos y, muy recientemente, la LIE, considerando como antecedentes el Desafuero de AMLO en 2004 y la censura a periodistas por la vía judicial entre 2007 y 2018. Destacamos el papel de órganos autónomos como el INE, la FGR y la ASF, así como del poder judicial en su conjunto, como actores políticos que han adquirido relevancia en la estructura interna del Estado y cuya proyección política se ha hecho notar en los medios de comunicación.

Las Elecciones de 2021-2022 serán una coyuntura política decisiva para el rumbo político de México. Estará en juego la continuidad del actual gobierno que goza de la mayor legitimidad social (a pesar de las críticas de algunos sectores) y una histórica base de apoyo popular, además de haber sido elegido democráticamente en las urnas por la mayoría de la sociedad mexicana.

Llama la atención que, a raíz del caso Cienfuegos, se activó la mancuerna entre organizaciones financiadas por la USAID, la NED y otras, con medios de comunicación internacionales y grupos empresariales nacionales y extranjeros. Este aspecto, propio de la manufacturación de consenso, no sólo evidencia su capacidad para manejar tendencias discursivas, sino también su rápida articulación para solicitar, por ejemplo, la destitución del fiscal general, aprovechando la ocasión para deslizar la idea de que AMLO y el canciller Marcelo Ebrard habrían violado la Ley Orgánica de la FGR, señalando al titular del Ejecutivo y a un posible candidato presidencial en 2024.

Respecto a la reciente suspensión a la LIE que sentenció el juez Juan Pablo Gómez Fierro en marzo de 2021, señalamos que comienza a perfilarse en medios españoles, estadounidenses y nacionales un nuevo episodio de “enfrentamiento” entre el poder ejecutivo y el judicial.

Finalmente, destacamos que la gran mayoría de estas organizaciones civiles omiten que, si hay un proceso abierto de militarización-militarismo en México, se debe precisamente a la Iniciativa Mérida, bajo la cual se creó la nueva Fiscalía y se reorganizó gran parte del sistema de justicia, entre otros aspectos, sin que haya pasado por una revisión plenamente ciudadana y popular, es decir, democrática y que forma parte de un plan militar. Por ello, el análisis constante sobre la Iniciativa Mérida y sus efectos en el país, son más que necesarias.

 

Notas:

[1] Licenciada y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctorante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y miembro del Observatorio de Lawfare del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

[2] Licenciado y Maestro en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Doctorante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Miembro de la Unidad de Análisis Geopolítico del CELAG (www.celag.org).

[3] Esto a su vez tiene otra dimensión en lo económico y comercial, pues al reorganizar el aparato jurídico, los juicios que se lleven a cabo en un estado intervenido, tendrá un formato similar al estadounidense, por lo que, en el dado caso de que haya denuncias en contra de empresas estadounidenses, tendrán un campo jurídico conocido, en el cual, tendrán más herramientas para ganar. Lo anterior es relevante dada la importancia del capital estadounidense en varios países de la región.

[4] Traducción propia del original en francés.

[5] De hecho, la empresa fue constituida por Beatriz Casals en 1986. Casals es cubana con lazos con la comunidad disidente cubana en Miami. Véase: Viana (2013).

[6] https://mx.linkedin.com/in/carlos-murrieta-cummings-70096a64

[7] Destacan Valentín Diez, Eugenio Clariond, Antonio del Valle, Claudio X. González, Daniel Servitje, Vicente Yáñez, Jaime Zabludovsky, quien a su vez está también en México Evalúa y fue parte del equipo negociador del TLCAN en 1994.

[8] Desde su fundación en 1988 y hasta la institucionalización del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como partido político en 2014, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue la principal fuerza electoral de izquierda.

[9] Tras cinco años de convertirse en la primera empresa de medios de comunicación de América Latina en hacerse accionista de la Bolsa de Valores de Nueva York, en 2007 se separan los consejos administrativos del grupo para operar como compañías independientes, quedando en la presidencia ejecutiva de Grupo Radio Centro el empresario Francisco Aguirre.

[10] Cabe señalar que el informe contó con la redacción de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Impunidad Cero, Causa en Común, Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

 

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Cómo citar este artículo:

RAMÍREZ KURI, Georgette; GARCÍA FERNÁNDEZ, Aníbal, (2022) “La judicialización en México: ¿lawfare como recurso político contra AMLO?”, Pacarina del Sur [En línea], año 13, núm. 48, enero-junio, 2022. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Miércoles, 30 de Noviembre de 2022.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2036&catid=14