José Miguel Candia

RECIBIDO: 26-08-2015 APROBADO: 12-09-2015

En ocasiones la novela es el género literario que mejor expresa los acontecimientos políticos y el clima social de época. Santiago Roncagliolo, escritor y periodista peruano, retrata con agudeza indagatoria y narrativa austera, el ambiente represivo y las condiciones de precaria seguridad que vivían las organizaciones de la izquierda sudamericana durante la vigencia del llamado Plan Cóndor en la segunda mitad de los años setenta. En uno de los capítulos de su novela La Pena Máxima (Alfaguara, 2014) el almirante Héctor Carmona pronuncia un discurso de reconocimiento a un grupo de oficiales de las fuerzas armadas, el personaje creado por el autor de la novela, se expresa de la siguiente manera: “La lucha contra la subversión sigue en pie. Y es una lucha internacional. El comunismo es como una telaraña tendida entre todos los países de nuestra región. Si cortamos uno de sus extremos, se mantiene en pie gracias a los demás. Para derrotarlo, tenemos que cortar todos los extremos al mismo tiempo. Sólo trabajando juntos, peruanos, chilenos, argentinos, paraguayos, uruguayos, bolivianos, libraremos a nuestra región de ese cáncer que la aloja. Nuestras Fuerzas Armadas seguirán combatiendo la subversión y colaborando con nuestros amigos y vecinos hasta erradicarla definitivamente” (pp. 202-203).

Aun admitiendo que se trata de un recurso literario al que acude el autor de la obra con el legitimo propósito de imprimirle dramatismo a la novela, el párrafo que citamos es expresión fiel del contexto de coordinación represiva que estuvo vigente en varios países de Sudamérica desde noviembre de 1975 hasta principios de los años ochenta. El acuerdo supranacional de los organismos de seguridad y de inteligencia política de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay – y sin participar de manera formal la policía política de Brasil también se sumó al intercambio de información y detención de sospechosos – comenzó a operar en esa fecha como una estrategia represiva regional orientada al desmantelamiento de los partidos y movimientos de la izquierda revolucionaria, en particular, aunque no de manera excluyente, aquellas organizaciones que habían optado por la lucha armada.

Cabe recordar que varios de los gobiernos que suscribieron el acta de conformación de lo que se conocería, poco después, como Plan Cóndor, eran dictaduras de perfil castrense. En Uruguay mediante el auto-golpe del presidente Juan María Bordaberry en junio de 1973, se cancelaron las libertades públicas y se disolvió el parlamento, el 11 de septiembre de ese mismo año, el golpe de Estado del general Pinochet derrocó al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende y puso en marcha una campaña de exterminio sistemático de las fuerzas políticas de oposición. Bolivia y Perú estaban gobernados por regímenes de facto, Hugo Banzer ejercía el poder en La Paz desde agosto de 1971 cuando destituyó por la fuerza al general progresista Juan José Torres. En Lima la titularidad del Poder Ejecutivo cambió de las manos del régimen populista del general Juan Velasco Alvarado al manejo autoritario y anti-comunista de Francisco Morales Bermúdez, otro alto oficial del ejército, más cercano, en temas de seguridad nacional, a las dictaduras de Videla y Pinochet.

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La situación política argentina resultaba aún más patética. El gobierno de Isabel Martínez se tambaleaba en medio de la debacle económica – recesión con hiperinflación – y una situación de seguridad interior desbordada por el accionar de los grupos para-policiales, la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de contrainsurgencia y el constante golpeteo de las organizaciones guerrilleras. Para cuando las instituciones militares decidieron asumir formalmente el poder y destituir a la presidente el 24 de marzo de 1976, las áreas de inteligencia y seguridad interior ya actuaban de manera coordinada con agentes policiales y militares de los países vecinos. Existen numerosos ejemplos para ilustrar la presencia operativa de esta “entente” trágica, vale recordar el asesinato por encargo del general chileno Carlos Pratz en pleno centro de Buenos Aires – uno de los pocos oficiales de alto rango que junto con Alberto Bachelet fueron leales al presidente Allende – y el secuestro de una cantidad todavía no determinada, de refugiados uruguayos, bolivianos, peruanos y chilenos deportados más tarde a sus países de origen.

Ese mismo año 1975, algunas de las organizaciones político-militares de izquierda decidieron agruparse en una instancia común que potenciara las luchas populares en la región y consolidara un frente-antiimperialista que permitiera, al mismo tiempo, el intercambio de pertrechos – documentos y armas en particular – y estableciera una red de refugios transitorios para sus militantes perseguidos o aislados por la represión. De esta propuesta nació la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) formada en sus inicios por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia y el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros de Uruguay. El surgimiento de la JCR fue para las fuerzas represivas, una evidencia concluyente de la existencia de una “conspiración internacional” de carácter comunista alentada y protegida por Cuba, la Unión Soviética y otros poderes “ocultos” de la izquierda internacional, ubicados en lejanas retaguardias como Corea del Norte o Vietnam. No faltaban las referencias a organizaciones y agrupamientos de procedencia troskista o de inspiración maoísta, fincados en algunos países de Europa y no siempre afectos a las propuestas de lucha armada o al impulso y propagación de focos guerrilleros en las sociedades capitalistas menos desarrolladas. Un detalle que parecía escapar a la celosa vigilia de los servicios de inteligencia sudamericanos.

Existía otro factor que contribuyó a potenciar la paranoia que alimentaba los postulados ideológicos que justificaban la guerra de contrainsurgencia - la Doctrina de la Seguridad Nacional - y daban sustento al accionar operativo de las fuerzas represivas. Con frecuencia los militantes que debían abandonar su país para salvaguardar sus vidas y la integridad de su familia, se incorporaban como colaboradores o activistas de las organizaciones de izquierda del país vecino que resultaran más cercanas a las propuestas de sus anteriores partidos o movimientos. Chilenos, peruanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, entre otros, se sumaron a las filas de las organizaciones armadas argentinas. Tanto el ERP como Montoneros, contaron en sus filas con valiosos cuadros militantes oriundos de las naciones limítrofes, muchos de ellos terminarían siendo víctimas de la coordinación represiva que desató el Plan Cóndor.

El secuestro, tortura y tráfico de prisioneros políticos se transformó en práctica corriente y sobre este mecanismo se fincó la eficacia represiva del Cóndor, diseñado, desde un principio, como ámbito de intercambio de información y ejecución conjunta de tareas represivas. Escapa a las posibilidades de este ensayo mencionar nombres y procedencia de las víctimas, pero acudiendo al acervo de los archivos que alimentan los organismos de derechos humanos, algunas instituciones académicas y partidos políticos es posible reconstruir parcialmente esta historia. Al menos tres casos resultan emblemáticos de esta etapa de horror, en los tres aparecen comprometidos oficiales de los ejércitos de Perú y Argentina.

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Secuestros: peruanos en Argentina; argentinos en Perú

Por la magnitud de las fuerzas comprometidas en los operativos y la cantidad de víctimas que se vieron afectadas, existen tres momentos en los cuales aparecen involucrados integrantes de los servicios de seguridad argentinos como numerosos ciudadanos peruanos, tanto en papel de víctimas, por tratarse de militantes de las organizaciones populares, como agentes de los servicios de ese país.

El valiente testimonio del periodista César Lévano ofrece detalles y evidencias dramáticas de lo que prometía ser la mayor ejecución colectiva de activistas sociales y políticos de la izquierda peruana en suelo argentino. Relata Lévano que fue secuestrado de su domicilio en la ciudad de Lima, en la madrugada del 5 de mayo de 1978 y conducido al centro de reclusión San Quintín, unidad carcelaria administrada por la Prefectura. En las celdas se encontró con lo que el autor de la nota califica como una suerte de “selección de la izquierda peruana”, en palabras del propio Lévano: “Entre esos presos recuerdo a Carlos Malpica, Javier Díez Canseco, Ricardo Letts, Hugo Blanco, Ricardo Napurí, Genaro Ledesma. Había, asimismo, varios dirigentes de la Federación de Empleados Bancarios y de otros organismos sindicales” (La Revista, Lima, Año 1, No. 39, 26/X/2014).

Por el testimonio de otras fuentes pudo saberse que también estaban en el grupo el periodista Alfonso Baella Tuesta, el dirigente gremial camionero Justiniano Azpaza y el militante de izquierda Valentín Pacho.

El operativo tenía un guión perfectamente estructurado entre los gobiernos del dictador Morales Bermúdez y del general Videla. Los prisioneros serían trasladados a la norteña provincia de Jujuy, limítrofe con Bolivia y ejecutados con el argumento de estar preparando acciones de desestabilización social en territorio argentino. Pero había imponderables que no figuraban en el guión acordado por los dictadores. El vuelo de la Fuerza Aérea Peruana en el cual fueron trasladados los secuestrados, resultó milagrosamente detectado por un reportero de un medio de Jujuy que logró enterarse de la extraña carga del avión – presos políticos peruanos que llegaban a una bucólica provincia argentina – y pudo averiguar sus nombres. A la mañana siguiente, un periódico local dio a conocer la identidad de los militantes políticos y sindicales peruanos, la operación quedó al descubierto y la valiente actitud de un periodista impidió la ejecución de los 13 prisioneros entre los cuales se encontraban dos almirantes que habían colaborado con el gobierno nacionalista del general Velasco Alvarado.

Gracias a la publicación de esta nota, las víctimas fueron entregadas al Regimiento de Infantería de Montaña No. 20 de Jujuy y rescatadas poco después por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cuando estos hechos ocurrían en el norte argentino, el Plan Cóndor llevaba en operaciones más de tres años. El periodista Jon Lee Anderson, columnista de la publicación estadounidense The New Yorker tuvo acceso a una copia del informe secreto que se encuentra en poder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Con las referencias obtenidas de dicho documento escribió que “el Cóndor funcionaba principalmente como una organización que recaba información para seguir la pista a los exiliados de izquierda y otros oponentes de las juntas en el poder en el Cono Sur”. Pero el Cóndor contaba también con escuadrones de la muerte, “equipos especiales de los países miembros cuya misión consistía en viajar a cualquier parte del mundo, inclusive a países no miembros, para ejecutar sanciones, entre ellas el asesinato a los enemigos del Cóndor” (La Revista, op. cit. p.4).

El otro escándalo internacional en el cual se vieron involucradas las dictaduras de Morales Bermúdez y Videla, fue el secuestro de un grupo de exiliados argentinos que habían adoptado como lugar de tránsito o residencia temporal, a la ciudad de Lima.

En abril de 1980 la dictadura argentina arrancó mediante torturas la confesión de un prisionero perteneciente a la organización Montoneros – Federico Frías - y con los datos aportados pudo conocer los nombres y lugares de contacto de los militantes refugiados en la capital peruana. De acuerdo a los criterios del Cóndor el paso siguiente fue coordinar el operativo de secuestro con los servicios de seguridad de la dictadura de Morales Bermúdez. Las tareas de inteligencia y seguimiento dieron sus frutos, en junio de ese mismo año cayeron en manos de los efectivos de seguridad argentinos apoyados por sus colegas peruanos, los militantes montoneros Julio César Ramírez, María Inés Raverta que ingresó con el nombre de Julia Inés Santos de Acebal y la activista de los derechos humanos Noemí Gianotti de Molfino, quien sin pertenecer a dicha organización política se encontraba en Lima efectuando gestiones con el fin de denunciar la desaparición de un familiar.

Roberto Cirilo Perdía, originario de una de las vertientes políticas que dio lugar al surgimiento de la organización Montoneros y en ese momento integrante de la Conducción Nacional - además de responsable de administrar los recursos financieros - salvó su vida por cuestión de horas. Puesto en alerta por el mensaje de un legislador peruano sobre la presencia de un comando de militares argentinos, decidió no acudir a una cita de control en la cual un grupo de tareas mixto que incluía a oficiales peruanos, había preparado una celada para detenerlo y trasladarlo a Argentina.

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Sobre el destino de quienes fueron secuestrados se abre una trágica incógnita. Nunca se encontraron huellas que permitieran rescatar los cuerpos de Frías, Ramírez y Raverta. El cadáver de la señora Molfino apareció el 24 de julio, un mes después de haberse llevado a cabo el operativo, en un departamento de Madrid. Las condiciones de ingreso a España y los motivos de su muerte fueron cuidadosamente ocultados por los servicios de seguridad peruanos y argentinos, coautores de los secuestros, y poco aportaron los evasivos dictámenes de las autoridades migratorias españolas, responsables de dar a conocer la fecha y la puerta de entrada de la prisionera Molfino a territorio ibérico. Solo se pudo confirmar que llegó a la capital de España con vida y fue asesinada en el departamento en el cual se encontró su cuerpo.

Cabe recordar que un año antes, el 12 de abril de 1977, en otro episodio de rebote internacional, fue secuestrado, también en la ciudad de Lima, el asilado político argentino – estatus legal otorgado por el propio gobierno de Perú – Carlos Alberto Maguid. Si bien se trataba de un ex integrante de la organización Montoneros y uno de los participantes en el secuestro y muerte del general Aramburu, para la fecha de su detención, se encontraba desvinculado de toda actividad política y permanecía alejado de las campañas de denuncia que realizaba la comunidad de exiliados argentinos en Lima.

Los casos de activistas políticos y sociales de origen peruano, detenidos y desaparecidos en Argentina, ocupa un capítulo relevante en la historia de las operaciones encubiertas del Plan Cóndor. Hemos tratado de reconstruir, hasta donde se dispone de información, la lista de nombres que aparecen en el Archivo Nacional de la Memoria, con el propósito de ampliar la difusión de casos de privación ilegal de la libertad y contribuir a su esclarecimiento. Aún reconociendo que el listado es incompleto, se citan con nombre y apellido la identidad de los desaparecidos, entre paréntesis se menciona la fecha y lugar de su secuestro: Luis Alberto Becerra Romero (28/04/76; La Matanza); Juan Edmundo Barrionuevo Ezquerra (17/12/76; La Plata); Helmer Fredy Castro Cuba Muñiz (11/04/78; Temperley); María Antonieta Céspedes Chung (16/12/78; Rosario); Rory Céspedes Chung (16/12/78; Rosario); José Guillermo Espinoza Pesantes (17/01/78; La Plata); Eduardo Guillermo Castelo Soto (02/04/76; La Perla, Córdoba); Rafael Francisco Feliziani Soto la Serna (29/03/76; La Plata); María Esther Lorusso Lammle (14/05/76; Buenos Aires); Roberto Manrique Saavedra (01/04/77; La Plata); Jorge Mendoza Calderón (05/10/76; La Plata); Edy Luis Santiago Monzón Novena (12/05/77; San Isidro); Elías Mc Arthur Morón Gamero (06/08/76; San Miguel de Tucumán); Jorge Luis Rodríguez Sotomayor (04/12/75; Córdoba); Amadeo Zenón Sánchez Vázquez (06/06/75; Mendoza); Javier Octavio Seminario Ramos (04/11/76; Rawson, Chubut).

El Plan Cóndor fue la creación de un engendro represivo destinado a extender el brazo criminal de regímenes políticos que habían decidido derogar las conquistas sociales, destruir las organizaciones populares y aniquilar la capacidad de resistencia de las agrupaciones sindicales y centrales obreras. Se trataba de preparar el terreno para la instauración de los programas económicos de ajuste que iniciaron castigando el salario y las obras sociales, para continuar con una segunda etapa de privatizaciones y desmantelamiento del patrimonio público.

Reconstruir y evaluar los costos humanos de las acciones represivas concertadas entre las dictaduras del Cono Sur forma parte de una tarea que ha sido cumplida parcialmente y aunque arroja valiosos resultados, muchos son de carácter preliminar. Es nuestra responsabilidad continuar con esta labor y ofrecer nuevas evidencias para que el poder judicial disponga de pruebas concluyentes, y sea posible entonces, demostrarle a la opinión pública internacional y a las generaciones de jóvenes latinoamericanos que no vivieron el horror de los años setenta, que aunque tarde, el castigo a los agentes del terrorismo de Estado, llega.

Cómo citar este artículo:

CANDIA, José Miguel, (2015) “La dictadura argentina, el Plan Cóndor y las víctimas peruanas”, Pacarina del Sur [En línea], año 7, núm. 25, octubre-diciembre, 2015. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 18 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=1221&catid=5