Aníbal García Fernández

Universidad Nacional Autónoma de México

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Recibido: 14-04-2020
Aceptado: 10-06-2020

 

 

Introducción

Históricamente, América Latina y el Caribe ha sido importante para Estados Unidos (EE.UU.). Su posición geográfica que vincula el Pacífico y el Atlántico, su extensión de norte a sur, la cantidad de recursos estratégicos, sean minerales, energéticos, biodiversidad, agua y tierra cultivable, hacen de la región un territorio geopolíticamente importante.

Desde la década de los ochenta, EE.UU. actualizó y reorganizó su estrategia de Seguridad Hemisférica. Algunos de los análisis recientes (Borón, 2014; Calveiro, 2012; Labaqui, 2004; Montero Moncada, 2006; Rodríguez Rejas, 2017; Zuloaga Nieto, 2012) sobre ésta, consideran como punto de partida 2001, después del ataque a las torres gemelas. Sin embargo, los textos sobre seguridad, relaciones internacionales y estrategias del Departamento de Defensa y del de Estado, sugieren un periodo previo de transición desde los últimos años de los ochenta y, a inicios de los noventa, la aplicación de una nueva concepción de la Seguridad Hemisférica que se amplía gradualmente hasta el año 2000-2001 y desde ahí, un despliegue regional que se extiende hasta por lo menos, 2019.

Los cambios en política de seguridad comenzaron en Centroamérica con la última parte de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador en los ochenta, pero también con la invasión a Panamá que terminó con el gobierno de Noriega en 1989. Le siguió la firma del TLCAN en 1994 y para el año 2000, la aplicación del Plan Colombia significó un plan militar, de supuesta pacificación y reordenamiento territorial basado y justificado en la lucha contra el narcotráfico y contra la denominada “narcoinsurgencia”[2] con contenido contrainsurgente. En 2003, la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica celebrada en México intentó darle forma a una estrategia hemisférica con alto contenido militar, que intentaba sumarse al Área de Libre Comercio de América (ALCA) como proyecto económico regional. Una postura similar tiene Rodríguez Rejas (2017), quien analiza los documentos oficiales del gobierno estadounidense y la aplicación de medidas contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada y de seguridad militar.

Así, en los primeros años del siglo XXI, EE.UU. reorganizó las distintas estrategias militares y político-económicas hacia América Latina. La dependencia estadounidense del complejo militar-industrial no ha dejado de ver en la región una potencial salida de sus mercancías –incluidas las bélicas–, de las inversiones de capital y, sobre todo, la apropiación de los recursos estratégicos necesarios para la economía estadounidense. Como se verá, los países clave para entender el despliegue de dicha estrategia en el periodo de 1980 hacia la segunda década del siglo XXI son los que conforman “El Gran Caribe” o lo que el geopolítico sueco nacionalizado estadounidense, Nicholas Spykman (1942), entiende por “mediterráneo americano”.

El artículo está dividido en seis partes: 1) breve introducción, 2) el análisis teórico sobre la noción de dependencia estratégica y seguridad hemisférica 3) análisis del proceso de militarización de América Latina en el siglo XXI; 4) análisis sobre el control de recursos estratégicos por parte de EE.UU., 5) dar cuenta sobre la integración energética latinoamericana implementada desde EE.UU. y 6) plantear reflexiones finales sobre los procesos descritos.

Esta investigación plantea que desde la década de los setenta EE.UU. se encuentra en crisis económica, la cual se ha convertido en multidimensional, expresada en términos económicos, políticos, ideológicos y ambientales (Aguilar Monteverde, 1986; Borón, 2014; Guillén, 2015; Saxe-Fernández, 2012). En este sentido, EE.UU. vive una crisis de hegemonía que intenta resolver reestructurando su estrategia hemisférica, su economía (Caputo Leiva, 2007; Gandásegui, 2017; Smith, 2016) y a partir de la crisis de 2008, posicionándose como una potencia energética, específicamente mediante la producción de hidrocarburos no convencionales (Vargas, 2015).

Vargas sintetiza la estrategia de reposicionamiento hegemónico de EE.UU. en dos hipótesis:

1. La estrategia de seguridad energética de EE.UU. constituye un elemento de su política exterior y no es ajeno al objetivo de mantener el poder sostenido a largo plazo toda vez que la seguridad energética se impuso como paradigma global a seguir. Esto ocurre cuando se designan áreas de interés geopolítico para producir energía, sobre la que se diseña una estrategia considerando las reservas, la tecnología, el medioambiente y la sustentabilidad.
2. UU. diseña una nueva estrategia de seguridad energética basada en la producción y el potencial de recursos no convencionales, el control de nuevas rutas y mercados, así como entorno a recursos convencionales remanentes en el planeta.

 

Para Vargas, lo que EE.UU. pretende es competir por el acceso de recursos y mercados, llevar el liderazgo de desarrollos tecnológicos relacionado con energías renovables, el régimen para “confrontar” el cambio climático, al tiempo que promueve las modificaciones regulatorias para la producción de combustibles no convencionales con la finalidad de asegurar la energía para EE.UU. y las ganancias para sus empresas, lo que le permitirá mantener su hegemonía (Vargas, 2018, pág. 204) y con ello marcar el rumbo de una posible transición energética en sus propios términos.

Imagen 1. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_fallera_de_l%27oncle_Sam.JPG

Lo anterior se complementa con la estrategia geopolítica energética contra Rusia, y que, en el caso concreto del gas natural, intenta consolidar un esquema energético que buscaría favorecer su uso, aprovechando la característica regional de los mercados para establecer los cimientos de un hipotético mercado globalizado de gas, dominado en un futuro cercano por América del Norte, en contra posición con los países que forman el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), conformado por Argelia, Bolivia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Libia, Nigeria, Catar, Guinea Ecuatorial, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela. Los miembros del FPEG concentran más del 70% de las reservas mundiales de gas, de ahí su importancia geopolítica (Sputnik, 2018).

La estrategia estadounidense de dominación de los principales mercados energéticos y reservas de hidrocarburos están relacionadas con uno de los pilares que sostienen su hegemonía: el complejo militar-industrial. López Cauzor (2018) destaca un informe militar de 2006 en el que se menciona que el consumo mundial de petróleo se estimó en 82.5 mbd de los cuales, EE.UU. utilizó 20.7 millones, o sea el 25% del total. El Departamento de Defensa utilizó 23.32% de la producción mundial de petróleo para mantener y financiar operaciones armamentistas en el planeta. Por lo tanto, además de la dimensión geoeconómica de la producción, extracción, transporte y uso de los energéticos, se suma la relevancia geopolítica que tiene para EE.UU., que, en sus más de 200 años de historia, tiene constantemente enfrentamientos bélicos. Por lo cual, se hace visible la estrecha relación entre el aparato militar estadounidense y el capital privado petrolero-financiero y sobre todo la dependencia estratégica estadounidense.

 

Dependencia estratégica y Seguridad Hemisférica

El concepto de dependencia estratégica fue empleado por Saxe-Fernández para “describir, medir y quizá explicar algunos aspectos de la constelación histórica actual, cruciales en la conformación nacional e internacional de México como estado-nación” (1980, pág. 138). A partir de la reflexión histórica sobre la política exterior norteamericana es que podemos desentrañar las variables necesarias para explicar el intervencionismo estadounidense en América Latina y el papel que tiene en ello, la dependencia estratégica de EE.UU. Además, pone de manifiesto “la vulnerabilidad norteamericana que se relaciona directamente con la incapacidad de su producción doméstica para hacer frente a la demanda de energéticos” (pág. 31), y agregaríamos a ciertos minerales importantes para la industria bélica, tecnológica, médica, entre otras.

En la década de los ochenta del siglo XX, aun en plena Guerra Fría, en un mundo ya en crisis económica, política, energética y climática, Saxe-Fernández señaló que el concepto de dependencia estratégica no tenía un estatus teórico, pero sí era un concepto útil para las ciencias sociales y humanidades que daba cuenta de una vasta matriz de fenómenos, entre los cuales, sobresalía la “sujeción de la economía norteamericana a las importaciones petroleras” (Saxe-Fernández, 1980, pág. 138) y se añaden los recursos minerales considerados estratégicos como la bauxita, cobre, níquel, plomo, cinc, estaño, cobalto, hierro, y últimamente el litio, considerado ya como el “petróleo blanco” que, dado el avance tecnológico, está empleando grandes cantidades en la industria automotriz, militar, electrónica, entre otras (Bruckmann, 2011).

Hay cuatro variables a considerar al hablar de dependencia estratégica: la internacional, la nacional, las de carácter ideológico y la probabilidad de una intervención político-militar. La variable internacional, se compone por acontecimientos y factores que ayudan a comprender la dinámica global de las relaciones económicas, políticas y estratégicas, ponderando las de carácter energético de EE.UU. y el agotamiento de las reservas mundiales de petróleo (Saxe-Fernández, 1980, pág. 100).

La variable nacional estaría compuesta por la estructura de poder, “las pugnas interclasistas y la correlación de éstas con el comportamiento y funcionamiento del aparato burocrático corporativo y estatal, tanto en EE.UU. [..]” (Saxe-Fernández, 1980, pág. 100), como en América Latina.

Por último, la de carácter ideológico, que incluye las orientaciones, valores, actitudes, analogías y doctrinas desarrolladas por las diversas clases sociales y grupos de interés. En el caso de la intervención político-militar, Saxe-Fernández únicamente hace referencia a la probabilidad de una intervención de este tipo con México. Intervención que puede manifestarse de múltiples formas, las cuales habrán de esclarecerse desde la reflexión histórica y en relación con la dependencia estratégica. Por lo cual, esta última adquiere el carácter de variable dependiente (1980, pág. 100). Sin embargo, ésta no se circunscribe únicamente al caso de México, las múltiples intervenciones de EE.UU. en la región desde el siglo XIX permiten extender su análisis a toda Nuestra América.

Esa capacidad de intervención de EE.UU. en América Latina, y en otras latitudes, se sustenta, justamente, en la capacidad de modificar las políticas nacionales para adecuarlas a las necesidades de seguridad nacional norteamericana. Para ello, la asistencia para el desarrollo (ayuda técnica y económica) es pieza clave para lograr los cambios que requiere el imperialismo norteamericano. Además, se engarza con instituciones internacionales de clase como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que, con asesoría técnica, reorganizan la economía, reorganizan el trabajo y la producción en favor de los intereses del bloque en el poder de EE.UU., que tiene también su extensión en el bloque político y económico de los países latinoamericanos.

Por último, la asistencia militar (técnica, venta de armas, adiestramiento, colocación de bases militares, principalmente), es el cierre de pinza necesario para controlar y dominar a la población que será reestructurada. Para ello, son necesarias modernizaciones en el aparato coercitivo del Estado para reprimir, controlar y reorganizar a la sociedad. Pero, además, también contribuye a la reproducción del capital norteamericano y sobre todo, al aparato industrial-militar-tecnológico estadounidense.

La asistencia militar, implica un tipo específico de dependencia y subdesarrollo, su característica principal es el “uso irrestricto de la fuerza como mecanismo de poder” (Tellería Escobar, 2019, pág. 128). Se desarrolla, entre otros aspectos por que transmite cierto sistema de valores, formas de pensar y prácticas. Por lo tanto, cuando América Latina importa armamento, importa también un tipo específico de pensamiento y de prácticas que adquieren, además, una resignificación de su empleo relacionado al contexto de cada escenario, en donde se delinean amenazas y enemigos.

En resumen, la dependencia estratégica, vista de forma histórica y dialéctica, remite no sólo a las necesidades materiales de EE.UU. en la fase actual del capitalismo, sino también a las estrategias que delinea el bloque en el poder estadounidense y que se materializan en políticas concretas hacia los países latinoamericanos en particular. Esas políticas económicas, militares, e ideológicas profundizan las condiciones de dependencia y subdesarrollo, que permiten a los EE.UU. continuar la extracción de recursos estratégicos, reorganizando a los países, sus Estados, sus leyes, y creando la fuerza militar necesaria para contener, controlar y dominar a la población.

El análisis de las cuatro variables antes descritas excede a este artículo por lo que profundizaremos en la variable internacional y en la dinámica de las relaciones político-económicas y estratégicas centradas en dos procesos paralelos: la creciente militarización de América Latina y el Caribe y el control de los recursos estratégicos a la luz de la Seguridad Hemisférica.

Imagen 2. https://navylive.dodlive.mil/category/community/history-heritage/page/7/

 

Seguridad Hemisférica

Borón (2014), Suárez Salazar (2007) y Rodríguez Rejas (2017) coinciden en que EE.UU. tiene un largo proceso de recomposición de las estrategias de seguridad nacional desde la década de los ochenta del siglo XX y que desemboca en el establecimiento de las bases del “nuevo orden panamericano” y la identificación de las distintas amenazas entre las que se encuentran el narcotráfico, la migración, las redes transnacionales de extremistas, amenazas emergentes desde el espacio y ciberespacio, las pandemias, desastres naturales y la pobreza, por mencionar algunos. Esta identificación de las amenazas se da en un contexto internacional de creciente competencia interimperialista, con crisis económica, colapso climático en curso y declive de grandes yacimientos petroleros.

La Estrategia Nacional de Seguridad para el Nuevo Siglo, lanzada en 1998 por EE.UU., recoge los lineamientos de los Documentos de Santa Fe (1980) y Santa Fe II (1988). La estrategia para América Latina se centró en continuar con el fortalecimiento de la democracia, modernización de la Organización de Estados Americanos (OEA), el libre mercado, el comercio intrarregional y el flujo constante de recursos estratégicos.

El Documento de Santa Fe IV (2000) se centró en las “nueve D” y ubicó a 1993 como el año en que “comenzó a acelerarse la declinación” de EE.UU. Las nueve D son:

1. Defensa
2. Drogas
3. Demografía
4. Deuda
5. Desindustrialización
6. Democracia populista posterior a la guerra fría
7. Desestabilización
8. Deforestación
9. Declinación

 

Este documento planteó cuatro ejes fundamentales para la defensa estadounidense: control de los estrechos Atlánticos; el uso del Canal de Panamá; una ruta sureña segura alrededor del Cabo de Hornos; seguridad de que los países del hemisferio no son hostiles a las preocupaciones de seguridad nacional y que los recursos naturales del hemisferio estén “disponibles para responder a nuestras prioridades nacionales. Una ‘Doctrina Monroe’ si quieren” (Documento de Santa Fe IV). China aparece ya como uno de los principales problemas de carácter estratégico en la región.

Uno de los temas fundamentales, pues comienza a concretar la estrategia estadounidense hacia la región, es el combate a las drogas y el narcotráfico. Critican la “guerra contra las drogas” de la administración Clinton, pues sólo “alimenta la corrupción” en los países en donde se ha ayudado a combatir al narcotráfico. Desde este documento, ya desliza al narcoterrorismo, como una de las “amenazas a la civilización occidental” y a EE.UU. en particular.

Otra de las estructuras creadas por EE.UU. para posicionar la lucha contra el narcotráfico a nivel regional en forma militarizada, fue la Reunión Ministerial de Defensa de las Américas. En la reunión de 1995, el general estadounidense McCaffrey, quien era comandante en jefe del Comando Sur, expuso que el fin de la guerra fría había llevado a EE.UU. a cambiar la orientación y naturaleza de sus fuerzas armadas y como un “apéndice del Norte”, también los militares de América Latina debían atravesar por esa orientación y transformación hacia operaciones de apoyo regional, protección del medio ambiente, administración colectiva de fronteras, operaciones humanitarias y operaciones contra el narcotráfico.

Carlos Montemayor mencionó que este fue un punto fundamental para la nueva concepción de la seguridad hemisférica pues revelaba otro tipo de globalización:

Al sometimiento financiero, industrial, diplomático, sobrevenía ahora en nuestros países el sometimiento a las nuevas estrategias militares. A la apertura comercial de los mercados correspondía un nuevo ajuste de fronteras desde la perspectiva de la teoría de seguridad continental. Ahora se trataba de convertir a los ejércitos latinoamericanos en una especie de fuerzas de complemento capaces de coordinarse con el que sería en el futuro el único cuerpo propiamente militar del continente: el ejército estadounidense (Montemayor, 2007, pág. 102).

 

De esta forma, las últimas dos décadas del siglo XX implican una reorganización casi total de la agenda regional y la definición de las distintas amenazas por parte de EE.UU. y establecieron las bases para el “nuevo orden panamericano”. Una de las formas mediante las cuales procedieron a establecer este nuevo orden fue con las Cumbres de Jefes de Estado y Cumbre de las Américas. Con estas cumbres, EE.UU. tuvo por objetivo crear consenso con la clase política latinoamericana vinculando libre comercio, desarrollo, seguridad y democracia.

Toda esta reestructuración de la presencia de EE.UU. en la región y los avances hechos en las primeras dos décadas del siglo XXI, es a lo que Rodríguez Rejas (2017) denomina “norteamericanización de la seguridad”. Dicha noción implica tácticas de desestabilización y guerra (económica, cultural, psicológica y militar) como forma de hacer política; transformaciones legales e institucionales que restringen libertades, criminalizan la participación política, facilitando el control de la población; exaltación y difusión de la violencia y la guerra mediante medios masivos de comunicación para construir la idea sobre quién es el enemigo, legitimando con ello intervenciones en terceros países o justificando procesos de represión selectiva de las disidencias; formas específicas de militarización nacionales y regionales vía planes e iniciativas de seguridad que promueven e internalizan la guerra; judicialización de la política o lawfare, desplazando la política como mecanismo de organización de la vida pública y de regulación de conflictos (Rodríguez Rejas, 2017, págs. 17-120).

 

Militarización en América Latina y el avance de EE.UU. en el siglo XXI

Hablar de militarización en América Latina y el Caribe, implica hablar de las innumerables intervenciones y agresiones militares estadounidenses en la región desde el siglo XIX de las cuales dio cuenta en una excelente investigación Gregorio Selser (2010). Pero también implica hablar del poder excesivo que han tenido los militares en la política interna de la región, ya sea mediante dictaduras militares o golpes de Estado para restaurar la democracia. También implica hablar sobre la incidencia de los militares en las políticas internas y en la administración pública. Otro aspecto de este fenómeno es la asistencia militar otorgada por EE. UU, en forma de apoyo logístico, cursos de entrenamiento militar e ideológico y de recursos para adquisición de armamento. En lo que va del siglo XXI, la militarización se expresa en las estrategias del Comando Sur, en el despliegue de la Cuarta Flota, una amplia diversidad de ejercicios conjuntos e instalación de infraestructura. Las expresiones más acabadas son los planes de seguridad: el Plan Colombia (ahora Plan Paz Colombia, que no deja de tener un contenido miliar), la ASPAN y la Iniciativa Mérida en México, y en la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI) en Guatemala, Honduras y El Salvador.

EE.UU. continua el proceso de colocación militar en el continente. En lo que va del siglo XXI el país que más bases militares tiene es Panamá con doce, le sigue Perú con diez bases de empleo militar y policial, Colombia con nueve, México y Honduras con tres y Paraguay con dos. La zona que más bases militares tiene es el Gran Caribe, pues suma las de Colombia, Centroamérica, México y Las Antillas. Este proceso se extiende en el Cono Sur con la probable colocación de tres bases militares en Argentina: una en la provincia de Neuquén, con miras a controlar uno de los yacimientos petroleros más importantes de los últimos años (Vaca Muerta), otra base más en Ushuaia en la provincia de Tierra de fuego y en el norte, en la Triple Frontera, la cual estaría colocada ahí donde se encuentra una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Se suma a este proceso el ejercicio militar denominado “Operación América Unida” en la Amazonía brasileña, en la cual se incluyó a Colombia y Perú, con la instalación temporaria de una base militar en la ciudad de Tabatinga, en el estado de Amazonas, Brasil (Romano, Lajtman, & García Fernández, 2017). La meta esperada con esta base es la “ayuda humanitaria”, además, no deja de ser relevante que se instala en un territorio con presencia importante de biodiversidad, agua, minerales e hidrocarburos, recursos estratégicos para el imperialismo estadounidense.

Este proceso de militarización, que se incrementa tendencialmente desde la década de los setenta, es consustancial al desarrollo del capitalismo monopolista hasta la segunda década del siglo XXI, que sigue en su fase imperialista y que, a decir de Morales (Morales Domínguez, 2019), cumple varias funciones:

1. Contribuye al incremento de la ganancia de monopolios en general y de un grupo especial de industriales-militares.
2. Sirve de potente medio de influencia monopolista-estatal sobre el proceso de reproducción social.
3. Sirve de instrumento de hegemonía económica y política a nivel mundial (Morales Domínguez, 2019, págs. 103-104).

 

No es nuevo que el gobierno estadounidense –y en ello también las empresas petroleras más importantes– tengan en su agenda la búsqueda de la desestabilización venezolana. A la guerra económica contra dicho país, se suma la colocación de bases militares a lo largo y ancho del continente y la conformación de una “media luna” en los países aledaños: Colombia, Perú, Brasil y Argentina si se instalan las nuevas bases. Se suman también las bases en el Caribe y la estrategia del Comando Sur que no deja de mencionar que uno de sus principales objetivos es el cambio de régimen en Venezuela (Comando Sur, 2019). El comandante Kurt Tidd en su informe ante el Congreso estadounidense en 2017 expresó que, si bien el continente está “estable”, la situación venezolana podría provocar una crisis humanitaria que podría requerir una intervención a nivel regional pues “afecta a toda la región” (Tidd, 2017). Al respecto, uno de los países que tiene un avance sustancial en el proceso de militarización es Colombia, aliado militar de EE.UU. y que cuenta con un enorme apoyo militar estadounidense vía el Plan Colombia.

Según datos de Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), uno de los países con alto gasto militar como porcentaje del PIB es Colombia pues tuvo el 3.4% en 2016, le sigue Ecuador con 2.2%, Uruguay con 2%, Chile con 1.9%. De los países con el índice más bajo son Venezuela con 0.3%, Guatemala con 0.4% y, Nicaragua y México con 0.6% (SIPRI, 2018).

Fuente: SIPRI, 2018.

A lo anterior, se suma la ayuda económica y militar que reciben los países latinoamericanos por parte de EE.UU. y de las distintas agencias que participan de este apoyo militar, sobre todo del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La asistencia militar, es el brazo coercitivo que acompaña al capital monopolista estadounidense que, en el marco de la estrategia de Seguridad Hemisférica, se posiciona en aquellos países en donde existen recursos minerales estratégicos y en donde EE.UU. tiene un grado de dependencia importante en su suministro.

Según datos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la asistencia económica y militar a todo el continente en 2014 fue de 2,366.2 millones de dólares, siendo Colombia Haití y México los que concentraron el 46% de la asistencia total. Para 2016, año en el que entró Donald Trump a la presidencia, la asistencia militar y económica para toda la región fue de 2,478.19 millones de dólares y los mismos tres países concentraron el 43% de la asistencia total. Para 2018 la asistencia para la región en general, muestra una leve caída y es el último dato que da USAID de asistencia militar, aunque para 2019 sí hay dato de asistencia económica.

 

Asistencia militar y económica de EE.UU. a América Latina 2014-2018 (millones de dólares)
País	2014	2015	2016	2017	2018
América Latina y el Caribe	2363	3059	2478	2596	2460
Colombia	479	744	433	418	447
Haití	369	408	453	461	351
México	239	351	188	306	274
Guatemala	101	186	180	202	228
Honduras	151	153	184	248	228
El Salvador	108	112	158	154	160
Perú	72	79	95	96	125
República Dominicana	248	247	225	137	102
Nicaragua	148	317	140	133	97
Jamaica	87	71	73	82	84
Brasil	58	50	75	71	70
Costa Rica	40	50	52	57	49
Paraguay	31	29	25	34	38
Panamá	26	20	22	25	34
Ecuador	12	14	14	18	29
Venezuela	18	21	15	23	21
Fuente: USAID, 2020.

 

Borón (2014) ya había señalado la importancia del Gran Caribe para EE.UU. y mencionó que esta subregión está dividida por dos grandes estrategias imperialistas en México y Centroamérica y la segunda estrategia es el Plan Colombia. Si separamos los datos de asistencia económica y militar por subregiones, la región del Gran Caribe es la que tiene mayor importancia en la asistencia militar y económica.

 

Asistencia militar en porcentaje y por subregión (2014-2018)
Subregión	2014	2015	2016	2017	2018
Gran Caribe	38	44	30	37	35
Centroamérica	30	38	25	32	30
Sudamérica	27	25	33	28	30
Caribe	8	5	4	4	5
Fuente: USAID, 2020.

 

Asistencia económica en porcentaje y por subregión (2014-2019)
Subregión	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gran Caribe	56	50	65	71	70	66
Centroamérica	30	30	36	43	45	44
El Caribe	26	20	29	29	25	22
Sudamérica	32	41	25	22	25	28
Fuente: USAID, 2020.

 

La subregión del Gran Caribe, conformada por los países que se señalan al inicio, (México, Centroamérica, El Caribe) conforman la subregión que mayor importancia tiene para EE.UU. y se incrementa más si agregamos Colombia. Esta asistencia militar y económica acompaña los procesos de acumulación de capital, despojo y reestructuración productiva, sobre todo enfocada al sector manufacturero (Morales, 2015) y a sectores estratégicos en esta subregión. Pero también, el interés imperialista por mantener el dominio en los paraísos fiscales del Caribe insular (Ramírez Kuri, 2019).

En la última Estrategia del Comando Sur, se mencionan a las organizaciones criminales transnacionales y organizaciones extremistas violentas como una amenaza a la seguridad ciudadana, la estabilidad regional y la seguridad nacional de EE.UU. Por otro lado, continúan poniendo a Rusia y China como potencias extranjeras que debilitan “los principios de la democracia, la soberanía, los derechos humanos y el Estado de derecho” (Comando Sur, 2019) usando influencia económica y propaganda de desinformación. El Comando Sur menciona que los medios a emplear para contrarrestar las amenazas y construir un hemisferio estable, seguro y con valores compartidos serán sus propios recursos, sin especificar cuales, así como autoridades jurídicas que incluyen: interacciones, presencia, educación, capacitación, intercambio de información e inteligencia, el intercambio de personal y ejercicios. Por lo cual, es de esperarse que los ejercicios, acuerdos de capacitación, venta de armas, acuerdos de intercambio de información de inteligencia aumenten con instituciones de EE.UU.

Respecto a este rubro, hay una partida presupuestal denominada “Hemisferio Occidental” y está compuesta por varios programas, entre los que destacan: Financiamiento Militar Extranjero, Control Internacional de Narcóticos y aplicación de la ley, y No Proliferación, Lucha contra el terrorismo, desminado y programas relacionados. Este rubro representó 282.2 millones en 2017, 273.5 millones en 2018 y en 2019, 46 millones, dentro de los cuales, destaca el rubro del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), mejor conocida como la Escuela de las América que, de estar en Panamá, pasó a Fort Benning en EE.UU. (Security Assitance Monitor, 2018).

Este aspecto es fundamental en la conformación del capital monopolista estadounidense y se expresa en la conformación histórica de sus relaciones con el mundo. Como mencionó Magdoff (1969), desde la década de los setenta EE.UU. acentúa la competencia por territorios considerados importantes por sus recursos estratégicos lo que requiere del control político y militar de amplios territorios. En este caso, América Latina, dada su cercanía territorial, sus recursos minerales y naturales, se torna importante para el capitalismo estadounidense y, sobre todo, para que su economía siga funcionando y sea competitiva a nivel internacional.

 

Control de recursos estratégicos en el siglo XXI

Borón (2014) rescata algunos elementos geológicos y minerales que son imprescindibles para cualquier análisis sobre economía política y sobre el capitalismo, en tanto que es un modo de producción que tiende a producir mercancías y a incorporar los bienes comunes al circuito del capital. En este sentido hay seis recursos que debemos tener en cuenta: agua dulce (para 2025, 1,800 millones de personas vivirán en países o regiones padeciendo escasez absoluta de agua); petróleo (las predicciones más optimistas mencionan 2056 como el año en que se acabaría el petróleo a tasas de consumo actuales); gas natural (se agotaría hacia 2070); fosfatos (esenciales para acelerar el crecimiento de las plantas, un elemento fundamental para la producción de alimentos. Se produce en EE.UU., China y Marruecos. Las reservas oscilan entre los 50 y cien años); carbón (es la reserva más grande de combustible fósil y podría durar hasta 188 años, pero ocasionando un efecto devastador en el mundo por su efecto invernadero); tierras raras (son un conjunto de 17 minerales de uso extendido. El 97% de las reservas probadas está en China) (Borón, 2014, pág. 282).

Michael T. Klare (2003), mencionó que con el fin de la Guerra Fría, la importancia de los recursos estratégicos en la elaboración de las estrategias de seguridad nacional de las principales potencias, entre ellas EE.UU., puso en el centro de ésta el control de los recursos estratégicos desde una lógica militar pues su distribución mundial desigual y la creciente escasez de ciertos recursos en un capitalismo avanzado en fase imperialista, hace necesario su control por parte de empresas y potencias mundiales.

Una de las características de los recursos naturales estratégicos es que van en relación a su escasa disponibilidad, a que son insustituibles y desigualmente distribuidos. Y por otro lado, “debe[n] ser clave para el modo capitalista de producción” (Fornillo, 2014, pág. 114). Por último, cuando se define como estratégico es porque contribuye al mantenimiento de la hegemonía regional y/o mundial de un Estado según las proyecciones estratégicas delineadas por éste (ibíd.).

La caracterización de un recurso considerado como estratégico se ajusta a las lógicas de acumulación de capital. Esta construcción conceptual es dinámica e histórica, pues los intereses de las principales potencias cambian. En lo que va del siglo XXI se considera con mayor importancia el agua dulce como un recurso estratégico.

Por otro lado, en las distintas estrategias delineadas por EE.UU. tanto la de Seguridad Nacional, como la de Defensa Nacional, así como la del Comando Sur, encargado de proteger desde Centroamérica hasta la Tierra de Fuego, todas, consideran ya una estrategia de contención de dos potencias rivales: China y Rusia. Además, ponderan la importancia de América Latina.

El Comando Sur en su texto 2017-2027 Estrategia del Teatro, menciona en sus conclusiones:

En términos de proximidad geográfica, comercio, inmigración y cultura, no hay otra parte del mundo que afecta más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe. Los desafíos transregionales que debemos abordar proveen oportunidades para la integración de nuestras actividades con nuestros copartícipes regionales y para vincular nuestros esfuerzos colectivos al apoyo global (Comando Sur, 2017, pág. 12).

 

En su estrategia para el 2018, el Comando Sur también menciona que “Las naciones de América Latina y el Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad y futuro económico de Estados Unidos. Los intereses de largo plazo de Estados Unidos son mejores satisfechos por un hemisferio de naciones democráticas, estables y seguras”, agregando que es mejor si se comparten “gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de mercado (Comando Sur, 2018).

Según la CEPAL, en 2005 América Latina poseía el 25% de bosques mundiales, 40% de la biodiversidad del planeta, 35% de las tierras de la región están destinadas a fines agrícolas. Sólo América del Sur, dispone del 28% de los recursos hídricos mundiales, 34% del cobre mundial, 30% de bauxita, 41% de níquel, 29% de plata y posee el 35% del potencial energético de la región (Ruiz-Caro, 2005).

Rodríguez Rejas (2017) apunta que la región latinoamericana no aparecía como área de interés en los documentos oficiales ni a fines de los ochenta, ni en los noventa. Este silencio oficial, se contrapone con los hechos y sobre todo con la estrategia expansiva estadounidense a largo plazo. Estamos hablando de que desde la década de los ochenta del siglo pasado hay un replanteamiento de las estrategias de dominación, subordinación, injerencia y apropiación de recursos estratégicos por parte de EE.UU., potencia que se niega a dejar su posición hegemónica.

La dependencia estratégica estadounidense de recursos naturales localizados en América Latina es alta para cierto minerales como el cobre; fluorita, usada en la industria acerera; grafito, usado en la industria de la construcción, la minería, en la industria mecánica y medicina; el molibdeno, necesario para hacer aleaciones y crear aceros más resistentes a la corrosión y más durables; el niobio, necesario para la producción de coltán que se ocupa en aparatos electrónicos, así como el litio, plata y plomo, usado en la industria armamentista, minera y diversas industrias manufactureras; el oro; el tungsteno usado en la minería y en la industria del petróleo, en la metalmecánica y en aparatos eléctricos; y el zinc, usado en la industria aeroespacial, la minería y en aparatos electrónicos principalmente.

Estos minerales están distribuidos de la siguiente manera en los países latinoamericanos en porcentaje de las importaciones totales estadounidenses.

 

Minerales y porcentaje por países, 2017
Mineral	País	%
Cobre	Chile	51
	Perú	6
	México	13
Fluorita	México	45
Grafito	México	34
	Brasil	7.3
Litio	Chile	55
	Argentina	45
Molibdeno	Chile	79
	México	28
Niobio	Brasil	84
Plata	México	53
	Perú	28
	Bolivia	3
Plomo	México	22
Oro	Perú	18.5
	México	26
	Colombia	15
Tungsteno	Bolivia	37
Zinc	Perú	74
	México	8
Fuente: Rodríguez Rejas (2017, págs. 190-191).

 

Llaman la atención el cobre extraído de Chile, Perú y México, el cual equivale al 70% del total de importaciones estadounidenses. El grafito extraído de México y Brasil equivale al 41.3%. El caso del litio es aún más alto, el 100% del litio que entra a EE.UU. viene sólo de Chile y Argentina, porcentaje similar al del molibdeno. El caso de la plata de México, Perú y Bolivia, países que durante la colonia fueron exportadores de plata hacia España, siguen exportándola y en conjunto equivale al 84% del total de las importaciones estadounidenses. El oro proveniente de México, Colombia y Perú equivale al 59.5% del total de importaciones estadounidenses y en el caso del zinc de Perú y México, equivalen al 82% del total de importaciones (Rodríguez Rejas, 2017, págs. 190-191).

Pero además de esta situación los países latinoamericanos se encuentran entre los primeros lugares de producción y también dentro de los primeros lugares de reservas mundiales. Según información elaborada por Rodríguez Rejas (2017), Chile ocupa el primer lugar en producción mundial de cobre y tiene el primer lugar en cuanto a reservas; en Litio es el segundo productor y para 2017 era el primer lugar en reservas. En Molibdeno es el tercer productor y el tercero en reservas y en oro ocupa el catorceavo lugar en producción, pero el cuarto en reservas.

Perú es el segundo productor de cobre y el tercer lugar en cuanto a reservas. El segundo productor de plata y el primero en reservas, el cuarto productor de plomo y el primer lugar en cuanto a reservas, el quinto productor de oro y el octavo en reservas y el tercer productor de zinc y el tercero en reservas.

Bolivia es el cuarto productor de antimonio y es el tercer lugar en cuanto a reservas. En bismuto es el cuarto productor y el segundo en reservas, el quinto productor de plata, el quinto productor en tungsteno e igual en reservas, el sexto productor en zinc y el octavo en reservas. En litio es el principal país con reservas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) contabilizó hacia febrero de 2019 un total de 9 millones de toneladas. El gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Juan Carlos Montenegro, informó que la empresa SRK había contabilizado mediante un estudio de modelaje numérico hidrogeológico, un total de 21 millones de toneladas, mismas que logró certificar (ABI, 2019).

Brasil es el tercer productor de grafito y el segundo en reservas, el primer productor de niobio e igual en reservas, el onceavo productor de oro y el sexto en reservas, el segundo productor de torio y el tercero en reservas y el treceavo productor de uranio. Argentina es el tercer productor de litio y el cuarto en reservas y debido al yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, sería la segunda reserva de gas no convencional en el mundo y la cuarta en petróleo no convencional.

México ocupa el onceavo lugar en producción de cobre y el tercer lugar en reservas. El segundo productor de bismuto y el segundo en reservas, segundo productor de fluorita y el segundo en reservas, en grafito es el sexto productor y el cuarto en reservas, en Molibdeno es el quinto productor y en plata el primer productor y el sexto en reservas.

Además del petróleo, uno de los recursos que cobra mayor importancia en siglo XXI es el agua. América Latina es una de las regiones con las mayores reservas de agua dulce en el mundo. Uno de los acuíferos más importantes es el del guaraní en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Justo en la provincia de Misiones, sobre éste acuífero que posee el equivalente al 20% de las reservas mundiales de agua dulce del mundo, los Estados Unidos colocarán una de las tres bases que se pretenden instalar en Argentina. Con las otras dos bases, EE.UU. pretende posicionarse sobre el petróleo, gas y agua argentinos.

En las fronteras entre Perú y Colombia, y la frontera colombo-venezolana se encuentra otra de las reservas más importantes de agua dulce de la región (Rodríguez Rejas, 2017, pág. 200) y, además, en la provincia de Puno, en Perú, se encontró una mina de litio, recurso que en las últimas décadas ha adquirido importancia. Esta mina encontrada por la empresa canadiense Plateau Energy estimó la existencia de 2.5 millones de toneladas, siendo siete veces superior a las minas en Bolivia y Chile, incluso las de Argentina y está por corroborarse las estimaciones de extracción (RT, 2018).

Recientemente el golpe de Estado perpetuado contra Evo Morales y el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) tiene, entre otras explicaciones el litio. En 2010, el Departamento de Energía, mencionó que

Se han descubierto nuevos recursos en Bolivia, el más grande del mundo. Los factores políticos y sociales pueden inhibir el desarrollo de los recursos bolivianos. La producción boliviana no debería ser requerida para satisfacer la demanda prevista a corto y mediano plazo (U. S. Department of Energy, 2010, pág. 112).

 

En ese mismo año, ya se sabía que Bolivia tenía el 70% de la reserva de litio del mundo. La demanda de litio mundial también creció, debido principalmente a la fabricación de celulares y mercancías electrónicas, pero también, con la entrada de automóviles híbridos. Jason Forcier, vicepresidente de soluciones automotrices de la empresa A123 recibió en 2009 249 millones de dólares en estímulos fiscales para construir miles de baterías de litio y mencionó que era justo comparar las reservas de litio de Sudamérica con las de petróleo de Medio Oriente. La razón: serán las baterías para la siguiente década (Abel, 2010). En 2017 Trump emitió una Orden Ejecutiva sobre una estrategia federal para garantizar suministros seguros y confiables de minerales críticos, entre los cuales, se encuentra el litio (Trump, 2017).

Tres empresas se estaban disputando la entrada a la producción de litio en Bolivia: la alemana Sistemas ACI que había logrado un acuerdo con el gobierno boliviano. Sin embargo, tras las protestas de poblaciones cercanas al salar de Uyuni, las cuales estuvieron encabezadas por el Comité Cívico de Potosí, el gobierno de Evo Morales canceló el acuerdo el 4 de noviembre de 2019. TBEA Group y China Machinery Engineering lograron un trato con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Estas empresas, junto con YLB estaban experimentando nuevas formas de extracción de litio y las ganancias estaban pactadas para ser compartidas. Por último, TESLA (EE.UU.) y Pure Energy Minerals (Canadá) mostraron interés por participar en Bolivia con el litio. No pudieron llegar a acuerdos y las ganadoras de las licitaciones fueron las empresas chinas (Prashad, 2019). Según el embajador chino en Bolivia, para 2025, China requerirá alrededor de 800 toneladas de litio por año (Pelcastre, 2019), lo que catapulta a Bolivia a nivel internacional como un territorio en disputa por las grandes potencias.

Los recursos estratégicos latinoamericanos tienen una importancia vital para EE.UU. y las principales potencias. Sin embargo, como se mencionó uno de los aspectos estratégicos de largo plazo para el imperialismo estadounidense no se queda únicamente en los recursos y su apropiación, también en el control de mercados, entre esos, destaca por su importancia geoeconómica, el petróleo y la generación de electricidad.

Imagen 3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAID-Logo.svg

 

Integración energética latinoamericana

Uno de los objetivos de EE.UU., es y ha sido abrir los principales mercados energéticos y ello tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional. El primer círculo geoestratégico lo conforman Canadá y México. Más allá de América del norte, existe el interés estadounidense de conformar una red energética a lo largo y ancho del continente.

EE.UU. delineó desde 2012 una política de integración energética para el continente denominada Connecting the Americas 2022. Esta estrategia tiene por ahora tres fases: la conexión de América del Norte con Centroamérica y en un futuro próximo con Colombia, la segunda fase es la conexión de Colombia, Ecuador, Perú y Chile y una tercera que conecte Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Los principales avances se encuentran en la liberalización del mercado energético mexicano y la construcción de gasoductos hacia Centroamérica. Sin embargo, esta estrategia tiene un antecedente directo en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que no sólo contemplaba infraestructura energética.

En 2010 México y EE.UU. emitieron la “Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI”. Esa franja fronteriza fue definida como un “área clave” de la llamada “seguridad energética colectiva” (Taylor, 2012). Dicho proyecto incluyó la generación e interconexión de electricidad y la exploración y explotación segura y eficiente de agua e hidrocarburos (petróleo y gas). El Council of Foreign Relations, uno de los mayores think tanks estadounidense, realizó un reporte en 2004 titulado América del norte. El momento de un nuevo enfoque en el que “recomendaba” lo que en los hechos comenzaba a aplicarse: ampliación de la frontera estadounidense hacia Centroamérica, mayor integración económica, apertura de los mercados energético, eléctrico y de telecomunicaciones (O’Neil, 2014), justo las reformas estructurales implementadas en el sexenio de Peña Nieto (2012-2018).

En el caso de México y Centroamérica los acuerdos avanzan en el sector eléctrico y de gas, principalmente. En 2015, México aprobó la creación de un gasoducto hacia Centroamérica, que pasaría por Honduras, Guatemala y El Salvador. Dicho proyecto se delineo para que comience a funcionar en 2019 y contó con el looby de la consultora en energía Green Momentum que promocionó el acuerdo. El sector energético incluye ahora una infraestructura en materia de electricidad, en la cual, México, mediante la Secretaria de Energía y la Comisión Federal de Electricidad están impulsando la integración energética de México con Centroamérica mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). Este proyecto es parte de un programa mucho mayor denominado Proyecto Desarrollo e Integración Mesoamérica. El siguiente paso es estudiar la viabilidad de la interconexión entre Panamá y Colombia, el cual ya comenzó.

Uno de los rubros que forman parte de la Alianza del Pacífico es el sector energético. En 2017 se llevó a cabo la Pacific Alliance Energy Forum organizado por EnergyNet. El esquema de integración pretende conectar Colombia y Ecuador, la construcción de una linea de transmisión entre Ecuador y Perú, y por último la conexión entre Perú y Chile. Esta interconexión concretaría el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SIEA).

El cambio de gobiernos de carácter progresista a gobiernos neoliberales cercanos a la política exterior estadounidense ha permitido que se continúen diferentes esquemas de integración, pero sobre todo de liberalización del mercado energético. En este sentido, las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Temer y Bolsonaro en Brasil sobre la explotación de las áreas del presal y las licitaciones para que empresas extranjeras inviertan en la extracción de hidrocarburos avanza, incluso con contratos similares a los que México permitió con la Reforma Energética y sus leyes secundarias.

El golpe de Estado en contra de Dilma que puso a Michel Temer en el gobierno de Brasil, trajo consigo una serie de ajustes económicos y la mayor apertura energética siendo el presal, uno de los yacimientos más importantes del país. En el presal se encuentran las principales empresas petroleras concursando por bloques petroleros y según las últimas estimaciones de reservas probables, es uno de los principales yacimientos de la región. Además de energéticos, se suma el agua dulce del país.

Wikileaks (s/f) filtró en un cable el interés e intervención de EE.UU. para acceder a información sobre las reservas de hidrocarburos en aguas profundas en Brasil (presal) las cuales rondan los 4 mil millones de barriles de petróleo y gas. Desde que se abrió el sector energético en Brasil, empresas como Chevron, Exxon, Repsol, Statoil, Royal Dutch, Shell, entre otras, comenzaron a participar en las licitaciones de agua profunda. Para marzo de 2018 las licitaciones de esa ronda dejaron una inversión para los siguientes años de más de 5 mil millones de dólares (Lajtman & Romano, 2018). En la ronda de licitaciones llevada a cabo en junio de 2018 ganaron Exxon, Chevron y Shell en consorcio con Petrobras y también Equinor (antes Statoil) con BP y Petrobras. La inversión que dejó esta ronda fue de 818.5 millones de dólares (Vollenweider & Lajtman, 2018).

Por otra parte, el gobierno de Bolsonaro, continúa profundizando las relaciones de dependencia con EE.UU., sobre todo en seguridad, con proyectos de infraestructura y acuerdos militares (Romano & Lajtman, 2020). En lo que va del 2020, Brasil puso a la venta las refinerias, para lo cual, Petrobras contrató a Ctigroup para vender el 50% de su capacidad de refinación: 1.1 millones de barriles por día, perdiendo soberanía energética (La República, 2019) e incrementando su dependencia de un sector altamente volátil.

En el caso de Argentina uno de los principales yacimientos a nivel mundial es el de Vaca Muerta. Este yacimiento es rico en gas shale o gas de esquisto y según información de la Energy Information Administration (EIA) de EE.UU., es la segunda reserva de gas shale mundial con casi 308 billones de pies cúbicos, superada tan sólo por la de China que posee 1,115 millones y es la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional (Chorny, 2017). Empresas como Exxon, Chevron, Pan American Energy y Shell, entre otras, ya están en el yacimiento de Vaca Muerta que, con los de EE.UU., juntarán el 30% de la oferta mundial de gas de esquisto (Idem.).

Desde 2016, el Wilson Center (s/f) tiene un proyecto en Argentina que pretende posicionarse como un recurso de investigación relevante para los funcionarios de gobierno argentinos, legisladores, inversionistas, diplomáticos y periodistas estadounidenses. Dentro de este proyecto, uno de los rubros más relevantes es el económico y el energético. Desde la llegada de Macri al gobierno en 2015, uno de los aspectos económicos importantes incluía la vuelta a los fondos internacionales otorgados por el FMI, la liberalización de la economía, medidas de recortes en el Aparato de Estado, recortes en materia de asistencia social, reforma laboral para flexibilizar la mano de obra, la desindustrialización progresiva del país y la liberalización del sector energético.

De este modo, la integración energética comandada y dirigida por los intereses de clase de las empresas petroleras y el capital financiero estadounidense se traducen en políticas públicas implementadas por el Estado estadounidense que pretenden vincular y conectar a todo el continente, no sin antes, destruir territorios completos, devastar mares, ríos, profundizando la explotación laboral como medida para aumentar las ganancias del capital monopolista estadounidense, acompañado de la expansión de la ayuda militar y económica de EE.UU. para lograr su reposicionamiento hegemónico.

Imagen 4. https://www.flickr.com/photos/jubilo/3928405577

 

A modo de cierre

Este artículo se profundizó en las relaciones de Estados Unidos y América Latina en términos de la dependencia estratégica que el imperialismo estadounidense tiene con ciertos recursos considerados estratégicos. Ello se complementa con el análisis de los cambios en la seguridad hemisférica, la militarización como un proceso histórico mediante el cual, el capital monopolista estadounidense profundiza las relaciones de dominación y explotación de la región, ya sea en términos de recursos naturales estratégicos, así como de fuerza de trabajo.

El aparato industrial-militar y tecnológico como categoría de análisis, vinculado a la dependencia estratégica, permiten visualizar el avance del imperialismo estadounidense y las distintas formas que adquiere éste en el siglo XXI, que no ha dejado de lado el golpe de Estado como uno de los mecanismos para modificar a las naciones latinoamericanas, ahora apoyado en las reformas judiciales que derivan en el lawfare y la implementación de guerras híbridas, como en Venezuela. La militarización en este sentido, cobra mayor relevancia porque acompaña procesos de acumulación de capital, de reestructuración productiva y de control y sometimiento de poblaciones enteras. Y a su vez, permite asegurar a la región, ya sea contra procesos contrahegemónicos como en Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, y también contra potencias extranjeras consideradas enemigas por EE.UU. como China y Rusia.

Un aspecto fundamental para el análisis histórico de la relación EE.UU.-América Latina es sin duda, el complejo militar-industrial. En el caso estadounidense, éste se desarrolló junto con el capital monopolista de Estado. El vínculo entre el aparato militar y la política de gobierno han crecido continuamente desde, por lo menos, la segunda guerra mundial hasta la segunda década del siglo XXI, conformándose como una tendencia en el capitalismo actual. Su estrecho vínculo contradictorio con capitales monopolistas, satisfacen las necesidades de incremento de la ganancia y a su vez concentran cada vez más el poder económico y político. Al mismo tiempo agudizan las contradicciones del capitalismo y sirven para sostener el orden imperialista al convertirse tendencialmente en un instrumento regulador del ciclo de reproducción de capital, el cual, constantemente entra en crisis.

México, Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica históricamente más cercanos al dominio imperialista estadounidense han avanzado en la integración energética con EE.UU., en la profundización de la militarización mediante acuerdos como el Plan Colombia, Iniciativa Mérida y la Estrategia de Seguridad para el Caribe que cuentan con entrenamiento de militares latinoamericanos y desde luego, compra de armas.

El proceso de acercamiento estratégico entre Brasil y EE.UU., será sin duda uno de los más importantes para el capitalismo estadounidense en franca confrontación económica con China, pero también, porque las empresas petroleras estadounidenses están cobrando relevancia en la extracción de hidrocarburos, en la venta de gasolinas y la construcción de infraestructura energética pero también en puertos, carreteras y aeropuertos.

Bolivia por su parte, cobró mayor relevancia por el proceso de industrialización que estaba llevando a cabo el gobierno de Evo Morales con el litio. Esa es, quizá, una de las razones detrás del golpe de Estado de 2019, así como la importancia geopolítica y geoeconómica que tiene sus reservas de gas.

Por último, analizando la asistencia militar y económica, los acuerdos energéticos y la existencia de Tratados de Libre Comercio en lo que denominamos Gran Caribe, exceptuando a Venezuela es visible un avance sustancial en las últimas dos décadas del siglo XX y en las dos primeras del XXI. Dicho despliegue muestra continuidades en la política exterior estadounidense hacia la región más allá de las administraciones republicanas y demócratas, ello no implica que no existan ajustes o relevancias en ciertos aspectos como la asistencia militar sobre la económica o mayor peso en profundizar asesoría y cambios en la justicia de los países latinoamericanos, como sucedió desde, por lo menos, el siglo XXI. Por lo mismo, es necesario un análisis histórico puntualizando las estrategias del imperialismo estadounidense hacia la región y matizando el análisis en cada país y subregión, pues ello permitirá un mayor conocimiento de la presencia del capital estadounidense, las estrategias que acompañan procesos de acumulación de capital y las contradicciones que acompañan al capitalismo monopolista imperialista.

Imagen 5. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Petroleo_de.jpg

 

Notas:

[1] Agradezco a Georgette Ramírez Kuri y Tamara Lajtman por sus comentarios y críticas al texto, sin embargo, soy responsable de las ideas expuestas en el artículo.

[2] Por “narcoinsurgencia” se refiere al vínculo de las FARC-EP con grupos del narcotráfico, además del ELN, guerrillas históricas en Colombia

 

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Cómo citar este artículo:

GARCÍA FERNÁNDEZ, Aníbal, (2020) “Dependencia estratégica, Militarización y control de recursos. La presencia de EE.UU. en América Latina (2014-2019)”, Pacarina del Sur [En línea], año 11, núm. 44, julio-septiembre, 2020. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Jueves, 18 de Abril de 2024.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1897&catid=14