El Estado Mexicano y la violencia. Interrogantes y reflexiones comparativas con América Latina

The Mexican State and Violence: A Comparative Approach to Questions and Considerations vis-à-vis Latin America

O Estado mexicano e a violência. Questões comparativas e reflexões com a América Latina

José Miguel Candia

Universidad Nacional Autónoma de México

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Recibido: 20-10-2022
Aceptado: 15-11-2022

 

 

Antecedentes: reordenamiento social y violencia

Los diarios del sábado 18 de enero de 2020 incluyeron dos notas que pueden leerse como una dolorosa síntesis y al mismo tiempo, como una expresión contundente de la situación de violencia que se vive en México. Solo con propósitos ilustrativos podemos citar los titulares de La Jornada y Milenio: “Comando ataca en Madera; quema casas y plagia a pobladores” “Llegaron en 50 camionetas a Las Pomas de Arriba y a Las Pomas de Abajo”. Y sobre lo ocurrido en otro hecho de violencia, el diario Milenio tituló: “Guerrero: matan a 14; 10 eran músicos”; “Los integrantes del grupo Sensación fueron hallados calcinados en una camioneta”.

¿Hace falta recordar la frustrada detención del Chapito Guzmán el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en un contexto de abierto desafío a los poderes públicos? ¿O la matanza de tres mujeres adultas y seis niños de la comunidad mormona de Chihuahua en noviembre de ese mismo año? Pensamos que no y que en todo caso son datos que deben quedar cuidadosamente consignados, en los registros que le dan cifras precisas a las consecuencias fatales de la violencia.

Los numerosos casos de apropiación de la autoridad local y del manejo de los asuntos municipales constituyen otro espacio de disputa entre los poderes formales y la implantación territorial y económica del crimen organizado. Las escenas, de abierta confrontación en localidades como Aguililla o Badiraguato y en ciudades de mayor gravitación económica y política como Ecatepec, Acapulco y Reynosa dejan testimonio de una lucha frontal por la administración del territorio y el control de los negocios locales.

La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda el 15 de octubre de 2020, en el aeropuerto de Los Ángeles, puso al gobierno de México en un duro predicamento. Era la primera ocasión en la cual la agencia anti-drogas de los Estados Unidos (DEA) solicitaba la aprehensión y el procesamiento, de un oficial con el más alto rango del ejército y extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Frente a una situación de hechos consumados, la posición del Estado mexicano se orientó al previsible control de daños, se demandó de las autoridades norteamericanas la liberación y el regreso al país del oficial detenido bajo el compromiso de continuar las indagaciones para determinar la inocencia o culpabilidad del general Cienfuegos. Una salida salomónica para no irritar al ejército que, sin embargo, disgustó a buena parte de la opinión pública que esperaba una actitud más firme por parte de las autoridades judiciales mexicanas.

No era la primera vez que un factor externo – la justicia o la diplomacia de Estados Unidos- ponía en entredicho la calidad de la lucha contra el narco en México o que se cuestionaba, abiertamente, la solidez profesional y la honestidad de las corporaciones policiales mexicanas y la autonomía y rectitud del Poder Judicial.

El fenómeno de la violencia en México, es objeto de constantes estudios, existe una abundante literatura institucional y académica que da prueba de ello. Las dependencias del Poder Judicial, las corporaciones de seguridad, el periodismo de investigación y las universidades suelen ser responsables de los análisis más detallados del tema. Ahora bien, el abordaje del problema de la violencia involucra a muchas disciplinas y admite interpretaciones diversas. Desde algunas lecturas que provienen de la psicología social, llueven las críticas y los cuestionamientos, a la difícil tarea de ponerle nombre y apellido a la tragedia. Sostienen que es como contribuir a potenciar el espectáculo de las peores manifestaciones de nuestra sociedad, sembrar el miedo y darle carne a la prensa internacional: México además de ser un país violento es una sociedad ingobernable. Puede haber algo de morbo en el estudio de estos temas, pero convengamos que es una monstruosa rutina para quienes siguen estos episodios con propósitos puramente informativos o con el fin de comparar y analizar la realidad mexicana con el cuadro de violencia que se registra en otros países de la región, Colombia por ejemplo.

No es casual que compartamos con cierta naturalidad, el argot de una subcultura que nos permite entendernos cuando cada uno de nosotros expresa definiciones graves, pero contenidas en una sola palabra. Todos sabemos de qué estamos hablando cuando decimos “encajuelado”, “pozolero”, “pozoleados”, “colgado”, “levantado”, “encobijado”.  Frente a esta realidad, no faltaron los intentos de encubrimiento por parte de las autoridades. Con el inicio del gobierno del presidente Peña Nieto en 2012, la Secretaría de Gobernación intervino para que los periódicos Reforma y El Universal, dejaran de publicar en primera página una pequeña tabla estadística con el recuento de las bajas mortales de la semana vinculadas a hechos asociados al accionar del crimen organizado: narcotráfico; secuestro y tráfico de personas y venta ilegal de armas de guerra.

Las estadísticas del horror pasaron a las páginas interiores de ambos medios de circulación nacional, poco críticos y como sabemos, de indudables nexos con importantes sectores patronales y representantes del sistema político, por lo que nadie sospechará de una campaña desestabilizadora. La cortesía nos ahorró el disgusto de desayunar con los cuerpos desmembrados de la semana sobre la mesa del restaurante. Pero las cifras del horror pasaron a las páginas interiores y con un poco de curiosidad y buena disposición, podíamos consultar y tener actualizado, el récord macabro de víctimas arrojadas por los enfrentamientos entre cárteles de la droga o de la confrontación de las bandas con las fuerzas de seguridad.

Cada bofetada mediática ampliaba y profundizaba el debate en los medios y en los ámbitos académicos. Por lo general la discusión iniciaba con una referencia inevitable a la situación que se vive en países cercanos. ¿Somos la réplica multiplicada de lo que ocurre en Guatemala y El Salvador?; El alien que se instaló en el territorio mexicano ¿es una especie de “estado islámico” que en lugar de imponer el Corán comercializa y difunde el consumo de estupefacientes? ¿Será que estamos recorriendo el mismo camino que inauguró el crimen organizado en Colombia hace más de 50 años?

Hay otro espacio de estudio y preocupación que no debe olvidarse. ¿En qué punto de la geometría política se entrecruzan la violencia del narco con la represión institucional a los movimientos ciudadanos y organizaciones populares? La muerte o desaparición de líderes campesinos, luchadores por los derechos humanos y dirigentes de los movimientos defensores del medio ambiente, trató de ocultarse detrás de conflictos “inter-bandas”. En este sentido el estudio sobre la violencia en México entraña una doble responsabilidad, identificar y dar entidad propia a las víctimas de la represión estatal de aquellas que responden, específicamente, al combate a los grupos que se mueven en el mundo de la delincuencia organizada.

Desde la teoría, buena parte de los investigadores académicos y periodistas especializados, centró el debate  en tres o cuatro hipótesis explicativas: a) Desbordado por la globalización, México se encuentra próximo a su balcanización como deriva inevitable de un “Estado fallido” que es incapaz de imponer el orden interno,  asegurar la impartición oportuna de justicia y ofrecer tranquilidad a sus ciudadanos; b) Ya es tarde para intentar controlar la situación cuando hay evidencias de estar frente a un “narco Estado” con intereses y objetivos que resultan funcionales para el mundo de las actividades económicas ilícitas y poco amigable para el resto de la población; c) Se trata de un “Estado ausente” que renegó, al menos parcialmente,  de algunas de sus funciones básicas – salud, vivienda, educación, seguridad – y que delegó en las actividades privadas y en la “sana” intervención del mercado, el papel fundamental de conservar la unidad interior y la resolución pacífica de los conflictos entre los actores sociales. d) Vinculada a la hipótesis anterior, se entiende que la debacle de la seguridad interior, el protagonismo descomunal de los negocios ilícitos y el desborde de la violencia, son el resultado del debilitamiento del antiguo Estado “priista-corporativo” que se construyó durante el régimen de la “post-revolución” y del sistema político del partido hegemónico. Las instituciones públicas del México neo-liberal explican el abandono de “territorios” sociales que son gradualmente ocupados por las reglas del juego del crimen organizado.

¿Qué alternativas se abren ante el desborde de la violencia? ¿Tal vez la protección que puede ofrecer la recomposición del “Estado mexicano del Bienestar” como parece impulsar el gobierno del presidente López Obrador? Con menos recursos de los que dispuso la economía mexicana hasta la denominada crisis de la deuda en 1982, este propósito, como logro histórico, parece bastante incierto, muy ligado a los precios del petróleo y al volumen de las remesas y también hay que decirlo, demasiado distante de las urgencias ciudadanas. Lo cierto es que mientras el discurso conservador clama por la implantación de una mano dura con suspensión de garantías individuales y pena de muerte, los sectores democráticos del país –prensa crítica, redes sociales, academia, organizaciones populares, fuerzas políticas de izquierda– tienen la obligación de generar y ofrecer, respuestas alternativas que sean superadoras de los atajos autoritarios y de las formas estatales cercanas a ciertas expresiones modernas del neo-fascismo.

 

Cambio de estrategia económica y crisis de representación social

La segunda mitad de los setenta mostraron los primeros síntomas de agotamiento del antiguo modelo de crecimiento apoyado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Las políticas arancelarias proteccionistas, el crédito barato y los numerosos subsidios a la producción cobijaron el nacimiento de un empresariado nacional robusto pero dependiente de la protección del Estado y prebendario de las instituciones públicas. A principios de los ochenta se reformularon buena parte de las políticas oficiales y se sentaron las bases de una nueva estrategia de crecimiento para México. Las décadas doradas del desarrollo estabilizador y de las tasas del seis por ciento de expansión del producto interno bruto habían quedado atrás. El gobierno del presidente Salinas de Gortari (1988-1994) fue el responsable de darle forma al nuevo programa económico. Al respecto, es oportuno mencionar algunos de los postulados principales de esas nuevas políticas para referir después las consecuencias de esos cambios estructurales en el ámbito del comportamiento político de los actores sociales y de la representación sectorial de los grupos de población más afectados.

Según Arturo Huerta (1993) el programa de gobierno de Carlos Salinas se estructuró alrededor de los siguientes ejes programáticos:

  1. Apertura externa destinada a: facilitar la entrada de importaciones para promover la competencia con los productores nacionales y acelerar la modernización del aparato productivo; promover el libre flujo de mercancías y capitales con el fin de estimular la inversión extranjera directa y potenciar la asociación entre corporativos nacionales y extranjeros.
  2. Desregulación de las actividades económicas dirigida a: eliminar trabas administrativas que afectan la libre movilidad de los factores productivos; desincorporar servicios públicos (carreteras; puertos; suministro de agua; generación de energía; etc.); crear condiciones que permitan al capital privado actuar como motor del conjunto de la economía.
  3. Desincorporación de empresas públicas con el propósito de: vender empresas y bienes públicos con el fin de abrir los espacios de inversión para el sector privado y estimular las inversiones empresariales en áreas estratégicas y de alta rentabilidad; reducir el déficit fiscal y sanear las finanzas públicas.
  4. Desincorporación y privatización bancaria destinada a: ofrecer seguridad al capital financiero nacional y extranjero para que invierte en el país y promover la modernización de ese sector (fusión de instituciones bancarias; ampliación de la cotización de las empresas en las bolsas de valores; agilización de trámites con unidades financieras extranjeras).
  5. Liberalización y privatización del ejido mediante la incorporación de reformas al Artículo 27 Constitucional. El objetivo fue propiciar la venta o la libre contratación de las tierras ejidales así como promover la asociación de los ejidos con propietarios particulares.
  6. Flexibilización en las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo. Se promovió una mayor movilidad de la fuerza laboral estableciendo normas flexibles de contratación y despido de empleados y trabajadores y se quitaron estímulos relacionados a la antigüedad del trabajador o a premios por asistencia y buen desempeño.

 

Un proceso de transformación estructural de esta magnitud no responde solo a urgencias coyunturales o a la pura necesidad de corregir desajustes en las finanzas públicas y buscar equilibrios en el sector externo. Se trata, por el contrario, de un proyecto con vocación epocal, destinado a moldear el futuro de la sociedad mexicana de acuerdo a patrones de acumulación y crecimiento alejados del “desarrollo estabilizador” y del proteccionismo estatal.

Es oportuno recordar que el Estado mexicano moderno se forjó a partir de una enorme legitimidad social y de un sólido andamiaje institucional. Ambas características quedaron consagradas con la promulgación de la Constitución de 1917 y con el establecimiento, años después, del principio de mandatos sexenales y “no reelección”, estos pilares le dieron una inusual estabilidad política en una región castigada por los golpes de Estado y la fragilidad de los gobiernos constitucionales.

Las instituciones derivadas del movimiento social de 1910 tuvieron, entre otros objetivos, el interés prioritario de consolidar un desarrollo capitalista moderno superando el atraso agrario, propiciando el surgimiento de una burguesía industrial y bancaria dinámica e incorporando a los trabajadores y empleados urbanos, a los beneficios del nuevo capitalismo mexicano. Al mismo tiempo, amplias capas medias lograban tener acceso a la educación y a niveles de consumo más alto.

La estrategia de crecimiento afianzada a partir de los años treinta se fincó en un sólido entramado político-institucional. Los postulados de la revolución mexicana ofrecieron un vasto repertorio ideológico y cultural a los gobiernos de la posrevolución. La promulgación de un marco jurídico, acorde a las necesidades de un país que iniciaba la senda del crecimiento, consolidó un régimen político y un sistema institucional, que se caracterizó por una sorprendente capacidad para asimilar y resolver, sin mayores sobresaltos, los conflictos intersectoriales y asegurar, al mismo tiempo, su propia continuidad sin modificar las normativas de la sucesión presidencial, en particular el principio de no reelección.

La estabilidad del sistema político mexicano y la consolidación de un vasto y complejo sistema de cooptación de la protesta social, se sustentó en cinco principios fundamentales: a. La incorporación del movimiento campesino a las propuestas oficiales a través de un agrupamiento corporativo subordinado a las políticas gubernamentales para el sector agropecuario. La Confederación Nacional Campesina (CNC) era el espacio de canalización de las demandas para ejidatarios, minifundistas y pequeños productores y la instancia de resolución de los conflictos por la tenencia de la tierra; b. La clase trabajadora industrial y la vasta burocracia que se formó al amparo del crecimiento de las instituciones públicas, encontraron en la consolidación de los sindicatos un espacio para canalizar sus demandas económicas y reclamar participación en el ámbito de la política. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) se transformó en el paradigma del sindicalismo oficial. La asignación de cargos de diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores, aseguraron la subordinación del movimiento obrero a las políticas oficiales y le permitió actuar a los gremios reconocidos, como barrera de contención de los sindicatos independientes; c. A los grupos definidos como “sectores populares”, un conglomerado heterogéneo en el cual confluían pequeños empresarios, trabajadores por cuenta propia, profesionales de diversas disciplinas y grandes representantes de la industria y el comercio, se los agrupó en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Este organismo, otro de los brazos del partido gobernante, cumplió funciones parecidas a los agrupamientos obreros y campesinos, ser polea de transmisión de los reclamos sectoriales y barrera de contención ante posibles desbordes populares; d. En 1929, por iniciativa del presidente Plutarco E. Calles, los sectores triunfantes del proceso de 1910, dieron nacimiento a la estructura política que debía contener a todas las parcialidades sociales y económicas. Este hecho constituye uno de los factores de mayor relevancia histórica en la consolidación del sistema institucional mexicano de la posrevolución.

La creación desde el Estado, de una estructura partidaria que se asumía como depositaria del legado histórico de la revolución mexicana y portadora de los principios doctrinarios de la Constitución de 1917, volvió casi innecesaria la competencia electoral y transformó en accesorios al resto de las fuerzas partidarias que a derecha e izquierda del sistema, pretendían disputar, en condiciones muy desventajosas el manejo de los asuntos públicos. El régimen de partido “hegemónico” se transformó en uno de los dispositivos que aseguraron la continuidad de los llamados gobiernos de la posrevolución y en garantía de resolución “hacia adentro” de los conflictos por el manejo del Estado; e. El principio constitucional de la “no reelección” de los presidentes oxigenó el sistema político y aseguró la oportuna rotación de los principales cuadros de la clase dirigente. En cada fin de sexenio se repetía el mito de matar al padre para reafirmar y alimentar la voluntad de sus hijos. Con ese sacrificio pactado, se reiniciaba el ciclo de gobierno a partir de las cenizas de la gestión precedente y se volvía a mirar el futuro con nuevas esperanzas. Todo quedaba en familia, pero todo parecía iniciar de cero.

Si una característica define al sistema político surgido de la revolución de 1910, es la notable capacidad de cooptar y resolver hacia su interior, los diversos conflictos que pueden presentarse en una sociedad con enormes desigualdades económicas y fuerte heterogeneidad estructural. Ese régimen, de curioso perfil de “partido casi único”, que supo combinar, con genial maestría, coerción y consenso según las demandas de la coyuntura, también supo castigar, con oportunidad y rudeza, cualquier asomo de autonomía obrera o popular. El disenso tenía límites y con la disciplina social no se juega y al respecto sobran las evidencias: la represión a la huelga ferrocarrilera de fines de los cincuenta; el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962; el cerco al movimiento de los profesionales médicos en la mitad de los años sesenta; la violenta represión del ejército al movimiento estudiantil en octubre de 1968 y de los grupos parapoliciales a los manifestantes de la comunidad politécnica el 10 de junio de 1971. Los hechos mencionados son algunos de los momentos en los que el Estado acudió al uso de la fuerza ante posibles “desbordes” sociales que se canalizaron por fuera de los espacios institucionales.


Imagen 1. Edificio y sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Ciudad de México, 2022.
Fuente: Armando Olivo Martín del Campo. (CC BY-SA 4.0).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comit%C3%A9_Ejecutivo_Nacional_PRI.jpg

 

Impacto del proyecto neo-liberal sobre las instituciones políticas

Con limitaciones y parcialidades políticas a veces indignantes, la sociedad mexicana se sentía protegida por sus instituciones, cada sector o grupo social sabía que había un puerto seguro al cual llegar y en el cual expresar sus reclamos. Los poderes fácticos reconocían que existía un Estado que dictaba reglas del juego y que garantizaba su cumplimiento. Pero el cambio de modelo económico maltrató a las antiguas instituciones, abrió fisuras, las debilitó, les quitó parte de su contenido y les hizo perder eficacia en una función primordial para la resolución acotada de los conflictos de puertas hacia adentro: la mediación de los poderes públicos entre actores sociales y grupos económicos. De esta forma se perdió el sentido de protección y el cobijo que amplios sectores sociales encontraban en las instituciones del Estado “nacionalista revolucionario”. El solidarismo entronizado como nueva ideología oficial y el “liberalismo social” como nueva matriz doctrinaria, resultaron insuficientes para sustituir el mundo patriarcal que daba certezas y sentido de pertenencia (Zermeño, 1997).

En este marco de debilitamiento relativo de las instituciones públicas, los gobiernos debieron afrontar, desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, la presencia dominante de los agentes del narcotráfico. El comercio de estupefacientes emergió con una fuerza inusitada y marcó con su accionar casi todas las actividades públicas. Infiltró a los sectores económicos - industriales, comerciales y financieros - contaminó y degradó los procesos electorales, jaqueó y corrompió a la justicia y subordinó a muchos candidatos y partidos políticos.

El “fenómeno narco” apareció en escena con rasgos novedosos, estas características deben ser identificadas para comprender su capacidad de actuar y condicionar a los sectores público y privado y entender el control territorial que ejerce en vastas regiones del país. Entre otros aspectos, hay que señalar los siguientes:

  1. Desde hace algo más de treinta años, el narcotráfico creció a escala internacional en proporciones descomunales, y lo hizo mediante un sistema transnacional de eslabonamientos que vinculan la fase productiva – siembra y cosecha – con la de producción (laboratorios y elaboración de la droga) y el transporte a los destinos finales. México quedó incorporado a esta división internacional del narcotráfico como estación de embarque y traslado de los estupefacientes a los principales destinos: Estados Unidos, Canadá y Europa.
  2. El comercio de estupefacientes y en general, el desarrollo de la economía criminal (tráfico de personas; trasiego de armas y combustibles) no es un fenómeno externo ni aislado del conjunto de la sociedad, se trata, por el contrario, de un emprendimiento económico de enormes dimensiones y con sólidos anclajes en sectores clave de la economía y de la política. Su presencia es innegable en el mundo de los negocios y las finanzas así como en las filas de las corporaciones de seguridad y en el poder judicial.
  3. El narcotráfico rivaliza con las actividades legales como el comercio a gran escala, las transacciones financieras y la compra-venta de propiedades y moneda extranjera y la producción de ciertos bienes primarios como alimentos e insumos básicos para la industria. Sus negocios se inscriben en la lógica de la acumulación de capital por despojo o desposesión. El hostigamiento y el desplazamiento de población campesina en ciertos estados y regiones, tiene el propósito de controlar el territorio con fines lucrativos mediante la ampliación de las áreas sembradas con cannabis o amapola y manejar sin la presencia de posibles competidores, las rutas de comercialización de la droga. Este nuevo “arreglo espacial” según la definición acuñada por David Harvey (2004) trastoca los antiguos límites entre municipios, comunidades campesinas, zonas urbanas de alta rentabilidad y terrenos de cultivo.
  4. La confrontación armada entre los organismos de seguridad del Estado y los cuerpos armados de los carteles no expresan una lucha entre “policías y ladrones” ni son la muestra trágica del resultado sangriento de desbordes violentos entre bandas, como se esmeran en mostrar algunos medios. Los enfrentamientos entre las instituciones de seguridad y las bandas del crimen organizado son la expresión más gráfica de la disputa entre el mundo de los negocios ilícitos y la economía legal y el propio Estado por el control de los circuitos productivos y de los territorios. La secuela de muertos, desaparecidos y mutilados son la deriva inevitable del uso de la violencia hasta sus últimos límites.

 

La lucha contra el narcotráfico. Las respuestas del Estado

A partir de la década de los ochenta los distintos gobiernos –desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto– han procurado erradicar o acotar el fenómeno del tráfico de estupefacientes, mediante estrategias represivas que redujeran el área geográfica de influencia o bajo control de los carteles. Carlos Fazio (2016; 2021) afirma que las tareas de rastrillaje y destrucción de sembradíos resultó una victoria pírrica, aún en los casos de las operaciones más exitosas. Las policías y el ejército, cuando era requerido para esas labores, lograron detectar y eliminar numerosas zonas de siembra. No obstante, la multiplicación de los campos cultivados y el apoyo tácito de las comunidades campesinas –beneficiadas por los precios de la droga– volvieron casi imposible la eliminación de las tierras sembradas. Como parte de las campañas de erradicación de los cultivos las fuerzas de seguridad procuraron asfixiar a las bandas con el establecimiento de retenes y el bloqueo de los principales caminos por los cuales se transportan los cargamentos de droga. También estas medidas representaron un logro transitorio, el tejido territorial del narco es mucho más complejo que la detección de caminos vecinales, la ruta de los cerros y el transporte aéreo de los enervantes muestran la presencia de una extendida red de colaboración que incluye autoridades municipales, gobiernos estatales, funcionarios federales, jefaturas militares de zona y comandancias policiales.

El papel de la población civil constituye otro aspecto relevante del tráfico de drogas. La colaboración que prestan grupos campesinos y los pequeños y medianos productores de la industria y del comercio, responde a razones objetivas que deben ser identificadas. La derrama económica que deja la siembra y comercialización de droga llega a estos sectores y se traduce en beneficios materiales tangibles. Cuando los recursos públicos escasean o se reciben con cuenta gotas, el aporte económico de las bandas ayuda a mejorar los ingresos de las familias campesinas y aliviar las condiciones de pobreza. Con frecuencia, los municipios logran cumplir sus metas en materia de realización de obras públicas y sostenimiento de los programas sociales, acudiendo a los fondos, que de manera encubierta, aportan los carteles.

Las tareas de inteligencia financiera procuraron interrumpir el circuito del lavado de dinero y detener los negocios de la delincuencia organizada en el área comercial, en el negocio inmobiliario y en la industria turística, en particular en el rubro de hoteles y restaurantes. Los logros en la detección de cuentas bancarias y de inversiones en propiedades fueron relativos, buena parte del dinero “negro” se blanquea en empresas formalmente constituidas, con razones sociales reconocidas y con nombre de accionistas acreditados en el mundo de los negocios o de la política.

La presión de la justicia estadounidense llevó la lucha al terreno de la “caza” de los principales líderes y organizadores de los negocios que promueven los carteles más activos. Los organismos de inteligencia norteamericanos se dieron a la tarea de identificar, hacer pública y reclamar la detención de los capos de los principales grupos criminales. Las autoridades judiciales y policiales mexicanas no pudieron soslayar un reclamo que se solicitaba de acuerdo a todas las normas jurídicas vigentes en ambos países, en materia de lucha contra el negocio de las drogas. El rastreo y la detención de los líderes, por lo general a cargo de efectivos del ejército o de la infantería de marina, dispuso de una amplia cobertura mediática y se le dio el uso político conveniente antes de proceder a la extradición. Más que la eficacia en términos de desarticular a las bandas, la detención de los líderes responde a una lógica de política internacional mediante la cual se procura conservar en buenos términos, la relación con los gobiernos de los Estados Unidos y calmar los reclamos del Poder Judicial de ese país, por los reiterados incumplimientos en materia de lucha contra el narco.

La decisión del presidente Felipe Calderón de involucrar de manera abierta y generalizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina en la lucha contra el narco cambió radicalmente las características del accionar represivo del Estado frente al desafío de los carteles. Si bien se mejoraron las tareas de inteligencia y se incrementó el tonelaje de drogas decomisadas también se multiplicaron los excesos en detenciones arbitrarias, apremios ilegales y muertos en supuestos enfrentamientos nunca aclarados. La muerte o desaparición de numerosos luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y protectores del medio ambiente, ha generado un justificado manto de sospecha sobre la existencia de un posible accionar represivo que actúa de manera oculta detrás del combate al crimen organizado.


Imagen 2. Represión a ambientalistas comunitarios.
Fuente: Tweet del Museo Memoria y Tolerancia, México @MuseoMyT
12 de noviembre de 2021, https://twitter.com/museomyt/status/1459276440395038721

Los hechos violentos de la localidad de Tlatlaya en el Estado de México, la ejecución extrajudicial de medio centenar de supuestos narcomenudistas en un rancho de Tanhuato como parte de la “Operación Jalisco” y la desaparición de 43 normalistas rurales en Iguala en septiembre de 2014, son episodios en los que se ven involucradas las fuerzas de seguridad y personas que pueden tener o no, vínculos con el narco, pero en cuya resolución se descubre la determinación previa de proceder a la  eliminación física del “enemigo”. En otros casos los hechos adquieren un tono menos transparente y la muerte o desaparición de representantes comunitarios o líderes sociales, puede atribuirse tanto al accionar de los grupos armados del crimen organizado como a los operativos que realizan las policías y el ejército. El asesinato del indígena náhuatl Samir Flores, en Cuernavaca, dirigente de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y opositor a la construcción de la termoeléctrica de la Huexca, fue atribuido a un grupo de agentes municipales o a personas armadas por empresarios de Morelos, interesados en que se lleve a cabo la obra. Más recientemente (27 de octubre de 2021) la desaparición de la indígena mixteca y defensora ambiental Irma Galindo Barrios, en el Estado de Oaxaca, expuso ante la opinión pública, un conflicto con las autoridades municipales debido a la instalación por parte de bandas de talamontes, de aserraderos clandestinos en la localidad de San Sebastián Atatlahuca, ubicada en la región de la Mixteca de esa entidad (La Jornada; 14-XI-21).

Según estimaciones confiables elaboradas por los organismos de derechos humanos, más del 99 por ciento de las desapariciones de personas en los últimos años, se produjeron a partir del año 2006, fecha en la cual el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a la delincuencia organizada. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MND) difundió un informe con datos aterradores sobre las víctimas de la violencia que fue entregado al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) con motivo de la visita que ese organismo realizó a México en noviembre de este año. La primera en los once años de existencia de ese organismo de la ONU.

Para el MND la cifra oficial de personas desaparecidas en hechos de violencia, algo más de 94 mil – según registros de manejo público - solo constituye un piso mínimo ya que toma como referencia los casos que han sido formalmente denunciados, sin considerar el sub-registro que existe en aquellas desapariciones que por temor, ignorancia de los procedimientos o falta de recursos, las familias no hacen públicas o no los manifiestan ante las autoridades.

 

El marco doctrinario de la guerra antinarcóticos

La lucha contra los carteles de la droga en cualquiera de sus modalidades – detención de los principales jefes; congelamiento de cuentas bancarias y decomiso de bienes materiales o destrucción de campos sembrados con enervantes - se inscribe dentro de una estrategia mayor que define conceptos tan delicados como determinantes, entre otros: el de enemigo interno, narcoterrorismo, estado fallido, nuevos asentamientos poblacionales y ocupación territorial.

El programa estadounidense para la lucha antinarcóticos en la región tuvo expresiones muy claras en el denominado Plan Colombia y en la Iniciativa Mérida (2007). Los acuerdos firmados en Yucatán reconocen un antecedente importante con la suscripción, en febrero de 2005, de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

En marzo de ese mismo año, el Pentágono hizo pública la actualización de las estrategias de intervención de las misiones de seguridad norteamericanas en países, regiones o zonas de riesgo por inestabilidad política, incremento del narcotráfico y la venta ilegal de armas o pérdida del control territorial por ingobernabilidad de Estados carentes de fortaleza política y eficacia administrativa (Rodríguez Rejas, 2017).

Las nuevas políticas de intervención norteamericana se sostienen en los siguientes postulados estratégicos: a. Ocupación de territorios y refuncionalización de esos espacios con el propósito de desplazar a los ocasionales ocupantes y ofrecer seguridad para las inversiones del gran capital local o extranjero; b. Subordinar los conceptos de soberanía, autodeterminación y seguridad nacional a las necesidades de las potencias dominantes y a la importancia de la ubicación geopolítica del país o región que deben ser ocupados (Colombia y México, en América Latina; Irak, Afganistán y Siria en Medio Oriente); c. Impulsar la asociación con Estados débiles o gobiernos vulnerables bajo el argumento de coordinar la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo, entendidos como dos términos de una misma ecuación; d. Promover la tercerización del conflicto cuando no es viable o conveniente la asistencia directa de unidades militares de los Estados Unidos. La contratación de mercenarios extranjeros o la preparación y adoctrinamiento de cuerpos paramilitares locales deben suplir a las tropas norteamericanas; e. Ampliar el concepto de enemigo, además de los carteles de la droga deben incluirse grupos terroristas, gobiernos “populistas radicales”, bandas traficantes de personas y fundamentalistas religiosos o bien Estados “delincuentes” cuando los gobernantes toleran o actúan como cómplices de la delincuencia organizada (recordar el antecedente de la intervención de la 82 División Aerotransportada en Panamá para derrocar al general Manuel A. Noriega; diciembre de 1989); f. Desarrollar todas y cada una de  las acciones de intervención dentro del concepto de guerras de cuarta generación lo que supone afrontar el conflicto de manera simultánea, en el plano militar, mediático y cultural, social y económico; g. Diseñar un discurso en el cual imagen y narrativa coincidan en un mensaje unívoco que otorgue legitimidad al Estado de excepción, la suspensión de las garantías individuales y las campañas de eliminación selectiva de “enemigos”.

 

El espejo latinoamericano

La implantación del fenómeno “narco” en la región es un dato abrumador de la vida cotidiana de nuestros países. El caso mexicano presenta cierta “atipicidad” si se lo analiza en términos comparativos, con algunos países de Centro y Sudamérica. En particular sobresale un aspecto que resulta notorio a ojos vista, la emergencia del tráfico de estupefacientes acompañado de la espiral incontenible de violencia y la brutal disputa por el control de las plazas, es relativamente reciente y responde en buena medida a tres variables principales: a. La ruptura, en la última década del siglo pasado, del acuerdo sostenido entre el Estado mexicano y los principales carteles de la droga que aseguraron un control consensuado de los estados y regiones del país. Los espacios para la compra-venta de enervantes estaban delimitados en base a los pactos sellados con las bandas criminales por lo cual las confrontaciones armadas y los ajustes de cuentas eran menos relevantes. El antiguo régimen “priista” supo acomodar las piezas de una actividad económica ilegal sin interferir en el normal desarrollo de los sectores empresarios aliados ni alterar el calendario de la vida político-institucional; b. El cambio de las condiciones internacionales modificó algunos de los aspectos de la agenda multilateral y el tema del tráfico de sustancias prohibidas quedó en igual jerarquía que asuntos de carácter prioritario para las grandes potencias, como el combate al terrorismo, el tráfico de personas y las migraciones ilegales y el trasiego creciente de armas de guerra. No es casual el uso generalizado, en los principales medios de comunicación, de un nuevo concepto político: narco-terrorismo; c. Como resultado de la identificación de nuevos “peligros” las antiguas estrategias de combate al comunismo fueron sustituidas por la lucha contra el narco. La fuerte presión de la justicia estadounidense y de la agencia anti-narcóticos (DEA) sobre los países latinoamericanos, obligó a los gobiernos de la región a emprender campañas de combate al tráfico de drogas con una mayor amplitud geográfica y un profundo y extendido trabajo de inteligencia policial y militar con el objeto de desarticular las redes financieras de los carteles y desactivar el lavado de dinero.

Existen en la región latinoamericana dos casos paradigmáticos en materia de producción, trasiego y comercialización de drogas: Colombia y Bolivia. Ambos países registran un vasto historial en actividades de esa naturaleza, para ninguna de esas dos repúblicas es novedad lo que la prensa mexicana parece haber descubierto hace algunos años y que explica la reiterada presencia de titulares de ocho columnas o de voces plañideras en los programas noticiosos de la televisión.

El Estado colombiano combatió durante años, el tráfico de drogas de manera desventajosa y sin lograr resolver la encrucijada que tejieron las dos principales figuras del crimen organizado en ese país, el cartel de Medellín y el grupo de Cali. La penetración de las bandas del narcotráfico en las diversas instancias del Poder Judicial y en distintos estamentos de las fuerzas de seguridad, volvieron ineficaces los esfuerzos por desarticular la red de producción, procesamiento y exportación de los enervantes y transformó en letra muerta el intento de erradicar el lavado de dinero y la vasta telaraña de empresas establecidas por los carteles.

En paralelo y debemos recordarlo porque no es un dato menor, la sociedad colombiana afronta un clima de violencia endémica que responde a factores políticos y económicos de larga data. La presencia de tres frentes guerrilleros (a las históricas FARC se le sumaron el ELN y el M-19 de abril) y la multiplicación de organizaciones para-militares debilitaron la presencia del Estado en amplias regiones del territorio nacional y dificultaron la posible concreción de acuerdos que redujeran la violencia y aminoraran el tránsito de la droga por las ciudades colombianas y el empaque y envío de los enervantes con rumbo al mercado norteamericano y europeo.

El ejercicio desbordado de la violencia –vale recordar el derribo de aviones civiles, voladura de edificios públicos y de grandes locales comerciales– por parte de los carteles de Cali y Medellín marcó un punto de máxima confrontación de las organizaciones criminales con el Estado. El cerco a las instituciones públicas se extendió al terreno electoral, es reconocida la pretensión de algunos capos de incursionar en la lucha política partidaria logrando en varias ocasiones, acceder a puestos legislativos y la no disimulada intentona del capo Pablo Escobar de presentar su candidatura a la presidencia de la república, todos estos factores generaron un escenario que supera con mucho, los peores momentos de descontrol del narco en México. El episodio más cercano a los hechos que se mencionan ocurrió en la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, el 17 de octubre de 2019 con el intento fallido de detener a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán Loera, máximo exponente del cartel de esa entidad federativa.

La creciente utilización de las rutas marítimas en reemplazo del transporte terrestre y aéreo para trasladar la droga a Estados Unidos tomando a México como estación de empaque y reenvío a través de la extensa frontera común, provocó una revalorización de los puertos colombianos del Pacífico. Ana Esther Ceceña y David Barrios (2021) señalan de manera precisa el reordenamiento geográfico que genera el cambio de las vías para el trasiego de estupefacientes. Al respecto afirman: “Las rutas de la droga han modificado la relevancia de los territorios, particularmente de los marinos, que son los que permiten mayor encubrimiento. El aumento en el consumo de cocaína diversificó los caminos de suministro, que transitaron desde la década de 1980 por distintas vías hasta abarcar en la actualidad todas las posibilidades geográficas. El gigantesco negocio, saldado con fortísimos procesos de violencia en toda la región, ahora privilegia el uso del Pacífico, en parte por su amplitud y en parte por tener una menor vigilancia, pero sin desestimar alternativas, de conformidad con los destinos que se quiere alcanzar”.


Imagen 3. La hoja de coca no es cocaina.
Fuente: Cocakintu de 4 hojas en la laguna Churup, distrito de Independencia, Cordillera Blanca, Perú.   
Roxana Sepúlveda, 8 de Agosto de 2019, (CC BY-SA 4.0).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kintu_de_4_hojas.jpg

En contraposición a las realidades de Colombia y México, la situación de Bolivia está definida por una historia profundamente marcada por factores culturales y costumbres regionales muy particulares que son respetadas tanto por los gobiernos como por los actores sociales. Algunas de sus características más relevantes son la producción milenaria de la hoja de coca y el consumo de la misma en la vida cotidiana de las familias bolivianas, en especial como alimento suplementario para las poblaciones campesinas y trabajadoras de ese país que viven en localidades ubicadas arriba de los tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Preparar una infusión o masticar la hoja de coca fresca ayuda a campesinos y pastores a recorrer grandes distancias y a los trabajadores manuales y mineros a tolerar la fatiga física y superar el sueño y la pérdida de atención.

El uso recreativo de la coca es tolerado y se comercializa por canales reconocidos, sin penalizaciones ni restricciones que solo afectan al polvo de coca, el derivado conocido como cocaína. No obstante, el Estado boliviano debió soportar la presión del gobierno de Estados Unidos en relación a dos temas clave: el control de la superficie sembrada con esta planta en El Chapare, la principal región productora de coca y la eliminación de los laboratorios de procesamiento de la hoja donde se obtiene el derivado que se consume en todo el mundo. En relación al primer requerimiento las respuestas de las autoridades bolivianas procuraron atender las demandas de la agencia anti-drogas de los Estados Unidos – y la presión del Departamento de Estado - sin dañar la economía de las familias campesinas. Se redujo el número de hectáreas sembradas pero se conservó un área cultivada que respeta los límites históricos.

En cuanto al desmantelamiento de los laboratorios clandestinos las exigencias fueron solventadas parcialmente, los gobiernos bolivianos desarticularon algunas de las principales redes de procesamiento de coca y pactaron con los carteles el pase a un segundo plano, menos visible, de aquellas instalaciones ubicadas en el oriente boliviano que no estaban identificadas. También fue controlado el flujo de cargamentos de la hoja que salen hacia las plantas procesadoras establecidas en Perú o en tránsito con destino a los laboratorios establecidos en Colombia. En este sentido, los señalamientos de la DEA y los reportes del Departamento de Estado, son mucho menores que en los casos mexicano y colombiano, y aún menos significativos que los cuestionamientos que suelen formularse a las autoridades judiciales de Guatemala y Honduras.

¿Será Bolivia el referente de un tratamiento factible y equilibrado del tema narco que satisfaga las demandas de Estados Unidos y que no requiera ninguna declaración formal de guerra a los carteles? En cuanto al tema de los desbordes de la violencia que agobia a otros países, la situación boliviana resulta más acotada y parece estar bajo control de las fuerzas de seguridad. Un dato revelador del que tal vez México y Colombia deban tomar nota. Sin desconocer las particularidades nacionales, puede ser el camino para lograr cierto equilibrio entre el control interno del tráfico de enervantes y las crecientes exigencias norteamericanas y que, al mismo tiempo, resulte compatible con la seguridad y salvaguarda de los bienes materiales de su población.

 

A modo de conclusión

La violencia en México no puede ser analizada y entendida al margen del proceso de acumulación capitalista en la actual etapa del patrón de crecimiento dominante en el país. Con notable similitud con la realidad que ofrecen otros países de la región, el entrelazamiento entre los dos espacios de competencia que rigen el mundo de los negocios, el de las actividades lícitas y reconocidas  desde el punto de vista jurídico, y el ámbito de las inversiones y movimientos de capital al margen de la ley, demandan un estudio minucioso de la manera en la cual el accionar de los carteles condiciona al conjunto de la vida social y de manera particular, impacta en las actividades productivas. Por caminos propios el historial sangriento de Colombia prefiguró el derrotero por el que transita México desde hace poco más de 20 años. El ciclo perverso de pactos y rupturas entre los carteles de Cali y Medellín con el Estado colombiano, guarda vasos comunicantes con las alzas y bajas de las políticas de seguridad de los gobiernos mexicanos. Aún están presentes las maniobras en zig-zag del presidente Salinas de Gortari con los capos de los grupos criminales de Tijuana y Sinaloa o la protección, durante el gobierno de Vicente Fox, al cartel capitaneado por Joaquín El Chapo Guzmán como estrategia de contención del llamado cartel del Golfo y su brazo armando conocido como “los Zetas”.

La generalización de la violencia y la constante acumulación de víctimas en zonas populares pero también en áreas urbanas de alta rentabilidad, más la presencia inocultable de dinero de procedencia ilícita, afectan el ritmo de vida y la rutina económica de vastas capas medias. Esferas como los negocios inmobiliarios, el comercio de ropa y electrodomésticos, el turismo y la gastronomía son sacudidos, una y otra vez, por la presencia del narco. Para amplios sectores de la población resulta cada vez más difícil ignorar el tema de la inseguridad y mirar hacia los costados ante evidencias físicas amenazantes de cuerpos colgados o mutilados y misteriosas desapariciones.

Si el panorama social que se describe, es desalentador, caben algunas preguntas. ¿Dónde se encuentra la autoridad del Estado y de las instituciones públicas federales o locales? ¿Y la presencia de las corporaciones de seguridad y de las autoridades judiciales? ¿Qué queda de las instituciones construidas por el Estado posrevolucionario responsables de cobijar a los ciudadanos, canalizar demandas y moderar el enojo social sin romper las vías oficiales de comunicación con las autoridades?

Podemos ensayar una respuesta unicausal a las interrogantes anteriores y afirmar que el poder del narco penetró al conjunto de la vida política y social por lo cual es imposible revertir la degradación de poderes públicos como la justicia y las fuerzas de seguridad o poner coto a la generalización de la violencia. La respuesta sería válida pero insuficiente, falta señalar el factor estructural que hemos mencionado más arriba, el crecimiento de las actividades ilícitas y de la inseguridad que la acompaña, obedece a mecanismos de acumulación íntimamente vinculados al funcionamiento del capitalismo mexicano y a la ruptura del antiguo pacto social que fijó reglas del juego compartidas por todos los agentes económicos y sociales.

El esfuerzo del gobierno del presidente López Obrador está orientado, en buena medida, a fortalecer y rearmar un tejido social degradado y revitalizar la presencia de las instituciones públicas en aquellas regiones del país menos desarrolladas. En estas acciones subyace un propósito sustantivo, no siempre enunciado como objetivo explícito: potenciar el crecimiento de esas geografías, abrir vasos comunicantes entre pueblos y localidades y quitarle atractivo y espacios de maniobra, al tráfico de enervantes y de personas. El diseño de una obra de alto impacto en el caribe mexicano, como el Tren Maya, responde a este postulado de impulso al desarrollo regional.

No sabemos el éxito que pueda alcanzar el programa de gobierno de la actual administración pero el intento de recrear, bajo nuevas y más difíciles condiciones, instituciones públicas cercanas a lo que fue el antiguo “Estado de Bienestar” mexicano, parece un objetivo más incluyente y totalizador, que centrar la lucha contra la delincuencia organizada y la violencia que la acompaña, en escaladas represivas, de consecuencias inmanejables.

 

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Cómo citar este artículo:

CANDIA, José Miguel, (2022) “El Estado Mexicano y la violencia. Interrogantes y reflexiones comparativas con América Latina”, Pacarina del Sur [En línea], año 14, núm. 49, julio-diciembre, 2022. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Domingo, 3 de Diciembre de 2023.

Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2073&catid=14