La Campaña del Desierto es el episodio que explica buena parte de la Argentina contemporánea. Entre 1878 y 1885, el Estado argentino —encabezado por el ministro de guerra y futuro presidente Julio Argentino Roca— organizó una ofensiva militar sobre los territorios al sur del río Negro que duplicó la superficie nacional, entregó millones de hectáreas a terratenientes vinculados al poder y redujo demográficamente a los pueblos originarios de la Patagonia en una proporción que la historiografía contemporánea califica cada vez más como genocidio.
El contexto: la frontera sur en 1870
En 1870, la línea efectiva de control del Estado argentino no llegaba mucho más al sur del río Salado y el centro de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que quedaba al sur y al oeste —la actual Patagonia, La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza— estaba bajo control de los pueblos originarios: mapuches, tehuelches, ranqueles, pehuenches, con una red diplomática y comercial que los historiadores llaman hoy «el país mapuche». Su economía era fundamentalmente ganadera, con intercambios regulares de vacas, sal, plumas y cueros con Chile y con las ciudades criollas. Las «malocas» —incursiones de jinetes indígenas sobre las estancias fronterizas— eran también parte del sistema, no su anomalía.
El Estado nacional, en pleno proceso de consolidación tras Caseros (1852) y Pavón (1861), necesitaba imperiosamente esa tierra. Tres motores la exigían: la expansión ganadera para el mercado británico de carne refrigerada; el temor estratégico a una expansión chilena tras la guerra del Pacífico; y la presión inmigratoria europea que debía asentarse en tierras prometidas.
Antecedentes: Rosas y la Zanja de Alsina
El primer intento de avance sobre la frontera había sido el de Juan Manuel de Rosas entre 1833 y 1834: una expedición que llegó hasta el río Colorado, arrasó algunas tolderías y estableció fortines, pero no desplazó la línea de control. Fue más demostrativa que efectiva.
En 1876, el ministro de Guerra Adolfo Alsina propuso un plan distinto: la Zanja de Alsina, un foso defensivo de 374 kilómetros excavado desde Italó (Córdoba) hasta Carhué (Buenos Aires), con torres de vigilancia cada tres leguas. Pretendía impedir las malocas sin avanzar militarmente: frenar antes que conquistar. La zanja se construyó parcialmente; Alsina murió en 1877 antes de terminarla. Su obra y su moderación murieron con él.
Roca: el plan ofensivo
El sucesor de Alsina en el Ministerio de Guerra, el joven general Julio Argentino Roca, cambió radicalmente la doctrina. En su célebre memoria de 1878 argumentaba:
«Mi opinión contra el sistema puramente defensivo de la zanja de Alsina es bien conocida. La mejor zanja, la mejor muralla, la mejor muralla para garantizarnos contra el indio, es la de darle una fuerte y constante batida, sin tregua alguna, hasta exterminarlo o arrojarlo al sur del Río Negro.»
La palabra exterminar está en el documento original. Roca no la escondió: era parte de la retórica que también empleaba la prensa porteña del momento —La Nación, La Prensa, El Nacional— para describir la campaña.
Las fases militares
El plan se ejecutó en dos grandes fases:
Primera ofensiva (1878-1879): cinco columnas militares partieron simultáneamente hacia el sur desde Azul, Carhué, Trenque Lauquen, Río Cuarto y Mendoza. El ejército sumaba unos 6.000 soldados equipados con fusiles Remington, que los pueblos indígenas —armados con lanzas y unas pocas armas de fuego— no podían enfrentar. En un año se tomó el control del territorio hasta el río Negro. Los principales caciques —Pincén, Baigorrita, Epumer— fueron capturados. Las tolderías fueron arrasadas; los sobrevivientes, arriados como botín.
Segunda ofensiva (1881-1885): tras la elección de Roca como presidente, las campañas continuaron hacia Chubut, Neuquén y el norte de Santa Cruz, y el oeste cordillerano. Se capturó al último gran cacique mapuche en armas, Sayhueque, en 1885.
Consecuencias demográficas
El censo indígena específico de 1872-1881 y los trabajos posteriores del antropólogo Diego Escolar y del historiador Enrique Mases permiten estimar que, de una población indígena pre-campaña de entre 20.000 y 35.000 personas, sólo sobrevivieron a la guerra y a sus secuelas inmediatas (hambre, epidemias en los campos de concentración, traslados forzados) alrededor de 14.000.
Los prisioneros fueron distribuidos como sirvientes en Buenos Aires, enviados como mano de obra a los ingenios azucareros de Tucumán, o confinados en campos como el de Valcheta y Martín García, donde la mortalidad superó el 50%. Las familias fueron sistemáticamente separadas: niños tomados como «huérfanos» por familias porteñas, hombres a los ingenios, mujeres al servicio doméstico. Es el núcleo de lo que el historiador Osvaldo Bayer y el equipo dirigido por la antropóloga Diana Lenton calificaron, en el informe Pueblos originarios y Estado (2010), como genocidio.
El reparto de tierras fue igual de sistemático. La ley 947 de 1878 y sus complementarias distribuyeron 42 millones de hectáreas entre 381 familias de terratenientes, en su mayoría bonaerenses vinculadas a la élite política. De ese reparto nacieron las grandes estancias patagónicas que todavía existen: los 900.000 ha del estanciero Antonio Leloir, los 400.000 ha de la familia Menéndez en Santa Cruz, los dominios de la Compañía Explotadora de Tierra del Fuego.
El debate historiográfico contemporáneo
Durante un siglo, la historiografía oficial argentina presentó la Campaña del Desierto como un episodio de construcción nacional: la incorporación de territorios «vacíos» y la consolidación del Estado. Bartolomé Mitre y Ricardo Levene, padres de la historiografía liberal, hablaban de «la obra civilizatoria».
Esa narrativa entró en crisis a partir de los años setenta. Los trabajos de Alvaro Barros (reeditado), David Viñas (Indios, ejército y frontera, 1982), Osvaldo Bayer, Marcelo Valko y las investigaciones antropológicas encabezadas por Diana Lenton, Walter Delrio y Diego Escolar mostraron dos cosas: que el territorio no estaba «vacío» sino que tenía una población estable con economía propia; y que la política oficial fue explícitamente exterminadora, no una consecuencia lateral de una guerra fronteriza.
En 2010 el Congreso argentino debatió la calificación jurídica del episodio como genocidio; el debate sigue abierto pero la academia mayoritaria ha adoptado la calificación. En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino en el caso «Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat» por incumplir obligaciones de restitución territorial históricamente derivadas de aquella campaña.
Lugares de memoria
Durante el siglo XX, la memoria oficial de la Campaña del Desierto se cristalizó en el Monumento a Roca de la Avenida Diagonal Sur en Buenos Aires (1941) y en el billete de 100 pesos argentinos que hasta 2020 llevaba su rostro. En 2020, la reforma monetaria de Alberto Fernández reemplazó a Roca por la ballena franca austral. El monumento de la Diagonal Sur sigue en pie; en 2021 un grupo de manifestantes mapuches lo cubrió con pintura roja —acto repetido varias veces— y el debate sobre su retirada es recurrente.
Desde 2007, cada 11 de octubre —víspera del antiguo «Día de la Raza»— las comunidades mapuche-tehuelches de la Patagonia convocan el Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, que en Bariloche, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia reúne a miles de personas. El contramonumento a la Campaña del Desierto instalado en el Museo de la Patagonia de Bariloche muestra los nombres registrados de las cautivas, los niños arrebatados y los prisioneros confinados.
Entender la Argentina actual —su estructura agraria, la concentración territorial de la Patagonia, el estatus jurídico pendiente de los pueblos indígenas, la identidad nacional construida sobre el eslogan «el desierto»— pasa por entender qué ocurrió entre 1878 y 1885 al sur del río Negro. El lenguaje también es parte de la memoria: el desierto no estaba vacío; se lo vació.
